LA ACCIÓN DE REPETICIÓN Y EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA LEY 678 DE 2001

 

RESUMEN

Por regla general todo aquel que cause un daño a otro debe repararlo; sin embargo, no todo daño causado hace responsable a su autor, debido la exigencia en algunos casos, que el agente generador del daño haya actuado de una manera dolosa o culposa.

La responsabilidad del Estado pasó de ser una cuestión indiscutible a ser tema debatible. El artículo 90 de nuestra Constitución Política consagra la Responsabilidad del Estado, apoyada en el concepto de antijuridicidad (responsabilidad, siempre y cuando al particular se le produzca un daño que no tenga la carga de soportar).

La Responsabilidad de los funcionarios del Estado tuvo una evolución lenta, pero actualmente está totalmente aceptada y puede ser exigido el pago de indemnización al funcionario de manera directa o a través de la acción de repetición.

Según la ley 678 de 2001, la acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o ex funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos causados en ejercicio de funciones públicas o con ocasión a ellas, haya actuado con dolo o culpa grave, descartando así la responsabilidad por culpa leve o levísima. Lo anterior se fundamenta en que se deben castigar las actuaciones reprochables, pero no se puede llegar al extremo de causar temor para que el particular acceda a los cargos públicos por los eventuales perjuicios que en ejercicio de estos pueda causar.

Según esta ley, la finalidad de la acción de repetición es el interés público, comprendido como protección del patrimonio estatal, siendo un mecanismo útil para el control de la corrupción. Puede entenderse como un control por vía negativa, ya a través del castigo pecuniario a personas que ejercen o ejercieron funciones públicas se va obteniendo que las mismas eviten cometer conductas representativas de daño a los particulares que requieren de indemnización por parte del Estado. A su vez los principios rectores son los de moralidad y eficiencia, y los fines de la acción son preventivos y retributivos. A diferencia de lo que consagra la ley, consideramos que el fin último es puramente patrimonial, es conseguir la devolución de los gastos en los que ha tenido que incurrir el Estado por aspectos ajenos a el. Las finalidades de moralidad y eficiencia de la función pública son efectos derivados de su aplicación.

En la mencionada ley se contemplan las características principales de la acción de repetición, así como sus requisitos y aspectos procesales (hecho generador, sujetos activo y pasivo, caducidad, jurisdicción y competencia, medidas cautelares, procedimiento, y las diferentes formas de terminación del proceso, entre otros).

Dentro del mencionado desarrollo, la ley 678 de 2001 define el concepto de culpa grave y dolo, respecto de las conductas causantes del daño, dejando de lado la aplicación tradicional de los conceptos de la legislación civil. Se ha dado lugar así a que la jurisprudencia y la doctrina se pronuncien sobre formas de culpabilidad en materia administrativa.

Adicionalmente la ley contempla el llamamiento en garantía con fines de repetición, en todos los aspectos mencionados anteriormente, ya que los aspectos procesales enmarcan las diferencias entre las instituciones. Se considera este un mecanismo asimilable a la acción de repetición, por cuanto tiene sus mismos principios y fines con la diferencia que este llamamiento en garantía se presenta durante el proceso de responsabilidad que se adelanta contra el Estado por parte del particular, el cual es considerado una etapa previa a la acción de repetición, representando un evento de clara economía procesal...Presione Aquí Para Ver El Trabajo De Grado.

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