feb 23

La opinión atenta al momento

Por: Augusto Ibáñez. Director Departamento de Derecho Penal

Obvio, todos los días se producen noticias. Algunas no pueden caer en el vacío, ni ser opacadas cuando han puesto a ‘pensar al país’ -han sido impactantes- con el ánimo del derecho a la no repetición, como bien se dice: el punto agobiante de la Corrupción y, por supuesto, la muy difícil situación de la implementación de los Acuerdos de La Habana y del Teatro Colón con las Farc-EP. Veamos:

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feb 21

La prueba en la corrupción
Por: Augusto Ibáñez

Al ritmo del dicho presidencial: ‘(…) nada está acordado, hasta que todo este acordado (…)’, nos parece que viene como anillo al dedo, como se dice comúnmente, para referirnos a la prueba de la corrupción y, como en la sentencia del ejecutivo, nos parece que todo quedó acordado con una parte del conflicto, entiéndase subversión, pero no con la que él representaba, dígase sociedad civil, en general; que no nos pase así con la corrupción que, buscando la prueba llamada reina, se deje de investigar por la razón, nada creíble, que siempre faltará un triz(a) –un poquitín- de prueba; el triz de prueba, como se verá, no es del factor de judicial, aunque el común piense –con el deseo- que es así. Un engaño. Un engaño de nosotros a nosotros mismos, un mito bien elaborado, pues la corrupción se vislumbra, se encuentra demostrada en el mundo fáctico y, por supuesto, es más grave que los ataques de la guerrilla. Qué paradoja.

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feb 9

Excluida magistratura de su Mandato

Por: Augusto Ibáñez
Director Departamento de Derecho Penal

Se vislumbraba,  como una premonición, la exclusión del proceso transicional al garante Constitucional de los Derechos Humanos, de las víctimas. Mala cosa.

El Señor Presidente de la República -me imagino, asesorado-  desde los micrófonos del Palacio de Nariño, dijo: ‘(…) “Yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente. Es obvio, es natural pero no es parte de los acuerdos”, expresó el Presidente y recordó que en la mesa de negociaciones se acordó “que la Procuraduría no iba a estar presente y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”. (…) dijo que “de todas formas la Procuraduría puede vigilar el comportamiento de todos los funcionarios públicos y ahí puede ejercer su control”. Es decir, según el dicho presidencial, de las funciones preventivas, de acompañamiento y control de la Procuraduría General de la Nación, se pasa a la meramente disciplinaria, con el agravante, como van las cosas, que la Procuraduría no tiene competencia para estudiar los comportamientos de los nuevos magistrados de la Justicia Transicional. Entonces nos preguntamos:¿la Procuraduría quedó fuera sin que la Constitución en su mandato se hubiese modificado? Raro.

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feb 3

Por  Augusto Ibáñez |
Director Departamento de Derecho Penal

Y, puso a todo el mundo a rezar; sí señoras y señores, empezamos en la era Trump; un empresario que en contienda electoral vence a los partidos políticos de tradición, llega a las primarias, a las elecciones y, sin que nadie lo creyera, es victorioso: el presidente de Estados Unidos de América. Y, repitamos, con las siguientes características de las que ya hicimos referencia: (i)  que el señor no es parte del partido; sí, pero se presentó dentro de él; (ii) que el señor no cuenta con la confianza de los miembros del mismo; pero es que los que no están en la jerarquía así lo desean; (iii) que la maquinaria del partido lo va a autoderrotar: imposible, cuenta con muchos votos de base del sistema americano; (iv) que está sacando, espantando el voto latino y, por supuesto, el del inmigrante; pues no, ya que venció en esos puntos de fuerza y, los inmigrantes ilegales no tienen derecho al voto; (v) que no comprende el mundo global y, va en contra de la cooperación, de los aliados; pues tampoco, pues le habla es al pueblo, que según su argumentación es el que tiene el poder real en Norteamérica; (vi) pero sí pertenece a la élite económica, jamás puesta en peligro; por eso, por eso, todos los americanos lo ven, como el punto de llegada, todos quieren ser como él; y, (vii) en fin, en fin.

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ene 30

Por Augusto Ibáñez
Director Departamento de Derecho Penal

Aunque se sostiene con ahínco que se ha acatado el Tratado de Roma, la realidad, como está demostrado, es otra

Nos tocó volver al punto jurídico. Las circunstancias obligan, ahora como constancia histórica, hacer un resumen de lo que he venido sosteniendo de siempre, sobre el tema de construir en debida forma la Jurisdicción Especial para la Paz, que con tanta esperanza habíamos aceptado, en principio, pero que con los días se ha ido desfigurando, al punto que ya casi no la distinguimos como tal.
Lo primero que se ha de reforzar y recordar es que cuando un conflicto internacional o no internacional toma la justicia como vía de resolución, lo que debe recrearse, no crearse, es la justicia misma; de suerte que al no hacerlo, no se atenta contra la justicia propiamente dicha, sino contra el Acuerdo mismo. Obvias son las razones.No se trata entonces de llevar la contraria, como coloquialmente se dice, sino que en la medida en que las inquietudes surgen, ellas se deben zanjar, proponiendo fórmulas, mostrando los inconvenientes, para construir sobre la aspiración de Colombia: La Paz. Y así se ha hecho.Resulta entonces, que el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, aquella a la que le corresponde la investigación y juzgamiento de los crímenes de gran calado global, dentro de los que se encuentran los de guerra y de lesa humanidad, entra en funcionamiento, cuando el Estado “no puede” o “no quiere” investigar o juzgar las vulneraciones realizadas por los perpetradores, cualquiera que ellos sean; y, “no puede”, se afirma, cuando no existen las estructuras judiciales o, “no quiere”, cuando teniéndolas se empeña en realizar cuanta maniobra exista para lograr en mucho o en poco la impunidad. Pues bien, en dicho Estatuto, negociado multilateralmente –ONU- y ratificado por Colombia, se encuentra dentro de sus cláusulas aquella que establece ‘Responsabilidad de los Jefes y Otros Superiores’[1]: ‘(…) a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento’. Transcripción extensa, pero al momento, por obvias razones, necesaria. Se ha de preguntar entonces si ¿existe duda en la materia o, forma laxa de interpretar la orden? No lo creo.Ratificado el instrumento, no solo se puso en vigencia normativa, sino que fue adoptado por la Corte Suprema de Justicia desde el caso Gabarra[2], cuando inicia la línea de jurisprudencia hoy vigente, advirtiendo: ‘En consecuencia, el debate sobre el dolo, el dolo específico, el dolo eventual, la connivencia y la aquiescencia, no deja de llamar la atención en la hora actual de la globalización e impone la obligación de guardar el estándar internacional’.
Ante las preocupaciones que despertaba el Acuerdo de Paz, se presentó, oportunamente – antes de la firma en el Teatro Colón- en trabajo conjunto, sustento doctrinario que poseía rutas de encuentro con el mandato internacional, ahora, por efecto de la ratificación, insisto, norma interna, llamando la atención acerca de algunos puntos, así: (i) ‘(…) el elemento de control efectivo (…) corresponde en el derecho internacional a una relación del subordinado con el superior, y no a la relación de este con el crimen cometido, como pretende la variación del estándar que [pretende] ocurre[3] incorporar el Acuerdo’; (ii) ‘(…) Distinto a lo pretendido en el Acuerdo, el concepto de responsabilidad del mando de las actividades realizadas por sus subordinados no se compone de un estándar de acceso a la información, sino a uno de actuación diligente que se materializa en el artículo 28 del Estatuto de Roma (…)’; y, (iii) ‘(…), el estándar de responsabilidad del mando en el Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc deberá contemplar esas condiciones –las expresamente indicadas en el artículo 28 del Estatuto de Roma- y no otras que, (…), puedan servir de puerta de escape para que un máximo responsable de los peores vejámenes se quede en la impunidad’. Qué agregar.
Pues bien, hace unos días la señora Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, en escrito que intitularon ‘El Acuerdo de Paz de Colombia Demanda Respeto, Pero También Responsabilidad’, toca los mismos puntos. Inicia con una frase que resume la postura del órgano de persecución: ‘La paz echa raíz con más fuerza cuando se planta con firmeza en el terreno de la justicia’ y para llegar a esa conclusión insta y recuerda al Estado Parte(en este caso, Colombia) que: (i) existe allí, en la Corte Global un ‘examen preliminar de la situación en Colombia’; (ii) la Justicia Especial ha de ser una ‘(…) rendición de cuentas por parte de los máximos responsables de los crímenes más graves, de importancia capital para las aspiraciones legítimas de las víctimas a la justicia (…)’; (iii) ‘La responsabilidad de mando es un concepto jurídico de gran alcance en virtud del cual puede responsabilizarse a un comandante de delitos no cometidos directamente por él o ella, sino por sus subordinados’; (iv) ‘ (…) conviene dejar claro el criterio jurídico aplicable a la responsabilidad de mando y redactar con cuidado su definición para que, cuando se incorpore en el derecho interno, esté al servicio de investigaciones y enjuiciamientos efectivos y genuinos. De conformidad con el Estatuto de Roma, (…)’; (v) ‘La responsabilidad de mando con arreglo al Estatuto de Roma es aplicable cuando un comandante tiene “bajo su mando y control efectivo” subordinados que cometieron los delitos. En ese sentido, no se requiere que el comandante en cuestión ejerciera control efectivo sobre la propia conducta delictiva (…) no es preciso demostrar para todos los casos de responsabilidad de mando otro tipo de consideraciones, como si el delito se cometió en la zona de responsabilidad del superior o si este tenía capacidad para dictar órdenes y para preparar y llevar a cabo operaciones en la zona precisa en que se cometieron los actos punibles (…) podrá enjuiciarse a un comandante si tiene a su disposición información que le hubiera puesto sobre aviso de los delitos, pero también en caso de que no hubiera hecho uso de los medios que tenía a su disposición para tomar conocimiento de los delitos (…)’; y, (vi) ‘(…) la CPI es una corte de última instancia’. Así las cosas, la suerte puede estar echada  pues, al parecer, no quieren  aprovechar el momento para la  corrección que las normas que pretenden aprobar ameritan.Así, aunque se sostiene con ahínco que se ha acatado el Tratado de Roma, la realidad, como está demostrado, es otra. Somos pues, una voz en el desierto.[1] Art. 28 Estatuto de Roma[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso No. 24448. Sentencia doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007).[3] Corrección fuera de texto

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ene 25

Si a usted lo tumban, se caen todos.

Por Augusto Ibáñez
Director del Departamento de Derecho Penal

No hace mucho estábamos frente al escándalo en el balompié. La noticia corrió y los efectos no se hicieron esperar: entendimos lo que es la universalización de la corrupción. Decíamos que no es novedad, cada actividad, por floreciente que sea, o tal vez por eso, engendra la corrupción, ya sea en el sector privado o, lo más grave, sin que en lo privado no lo sea, en el público.

Se ha dicho que el fenómeno que se volvió, parece ser, cultura de la corrupción, posee más efectos letales que la misma guerrilla y hasta que los desastres naturales. Una catástrofe.

Y ahora, otra vez, bandera de los organismos de control: en buena hora.

La normatividad para su persecución está desarrollada y, en gran dimensión; con un buen criterio crítico se dirá que no hace falta nada: encontramos desde instrumentos internacionales, hasta puramente domésticos. Así tenemos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Palermo y, ahora el denominado Pacto Global y, a nivel interno, el Código Penal y el Régimen Disciplinario.

Y, si como se observa, la regulación es, por lo menos, global, compleja y, de pronto, completa ¿cuál la razón para que el fenómeno no ceda? Pues, por el contrario, se ha visto socialmente atractiva…

¿Cuál la razón para que la supuesta contracultura de la corrupción
se vea como socialmente atractiva?

Leída así la frase parece que se debe reformular la pregunta: ¿cuál la razón para que la supuesta contracultura de la corrupción se vea como socialmente atractiva?

El cuestionamiento así formulado parte de que la corrupción es una contracultura, lo cual indica que constituye un comportamiento humano que contradice el mandato general de valores; una axiología contraria a lo general, lo que constituiría un atavismo, una antinomia. Una construcción teórica que todos repudian; un fenómeno, una visión que resta, niega lo que hegemónicamente es aceptable. Así se debería encontrar en el campo social.

Pero no, señoras y señores. Al contrario, si la palpásemos como contracultura, no estaría socialmente aceptada o no sería atractiva. No constituye una axiología, ni es minoritaria, ni mucho menos exótica; en la antípoda: vemos que es de aceptación social y de permisión en las esferas de decisión.

Las normas prohibitivas parecen no llegar, no cumplir su cometido; el mayor riesgo: cuando se asume la postura según la cual, qué importan unos cuantos años de cárcel o unos de desprestigio, si pasadas esas calendas la aceptación sobreviene y, hasta con aplauso, pues en el sentir común, también hay ingenio en el que no se deja imponer la ley; todos los días lo leemos.

¿Acaso, en verdad, el complejo social ha resistido el embate del dinero fácil? Desde el jefe de finanzas privadas que pospone un pago para recibir una comisión al final del ejercicio, hasta la coima que constriñe, como al árbol que se sacude para hacer caer los frutos. Y, de esa manera, en cada caso se evidencia un acto de corrupción.

Los efectos no se hacen esperar, desde la ausencia de servicios públicos, por los que todos pagamos, hasta la muerte por desnutrición de niños que tenían el derecho a la manutención; dantesco panorama. Realidad cruel.

Pero los efectos no interesan, nadie los notará pues arranca por los más vulnerables; una que otra carretera, una que otra escuela; uno que otro servicio de salud…. ¡¡qué importa!!

La cultura se propaga. Alto ahí. Así como existen la cultura de la violencia y la del narcotráfico, la de la corrupción está indemne.

Y se sanciona, se castiga, digámoslo gráficamente, se saca de circulación a una persona o a una empresa, pero ella vuelve, con la enseñanza de construir sobre el error… pues fue un error dejarse probar la falta. Y hasta ahí. ¿Pero qué pasó con los recursos? Se perdieron. Nada qué hacer.

Este diagnóstico es post, al daño y, se debe hacer: falta-castigo; pero debe existir uno previo: el ex ante; la construcción de la cultura del respeto por los recursos públicos y, en fin, por lo ajeno; alejar del círculo social aquella sentencia, entre otras cosas casi mágica que dice que Si a usted lo tumban (entendido como que lo pillan y pierde el puesto), se caen todos; una amenaza que impide la persecución y permite la distracción.

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may 10

INICIA CAPACITACIÓN A SOBREVIVIENTES DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DENTRO DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO QUE VIVE COLOMBIA

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en asocio con la  Cátedra Bancolombia, y la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, inició la Capacitación en Proyectos Productivos a Sobrevivientes de Artefactos Explosivos, dentro de los cuales se encuentran miembros de la  policía nacional, ejército,  armada, y población civil.

La capacitación se desarrollará desde el sábado 07 de mayo de 2016, hasta el 23 de julio del mismo año, con  una intensidad de 48 horas, las cuales serán repartidas en bloques de 4 horas cada sábado.

Esta capacitación tendrá como base la Pontificia  Universidad Javeriana, Edificio Gabriel Giraldo S.J. Calle 40# 6-23 Sala de Audiencias 1er piso, y se adelantara en  horario de 9:00 a.m. a  1:15 p.m.

PROYECTO VICTIMAS – PROGRAMACIÓN

ELECCIÓN DEL NOMBRE

LOCALIZACION_PROYECTOS

TALLER ELECCIÓN DEL NOMBRE

Documentos bloque 21 de mayo

OBJETIVOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

ESQUEMA GENERAL DEL DOCUMENTO


Documentos Clase #4 Fecha 28 de mayo 

Presentación Valor Agregado

Presentación Competencia Directa

Presentación Canales de Distribución


Creación de empresas

Cronograma

Comunicado:

Buenos días para todos.

De manera respetuosa solicito a cada uno de ustedes (Sobrevivientes y voluntarios) enviar el RESUMEN EJECUTIVO de sus proyectos A MAS TARDAR EL MIERCOLES 29 DE JUNIO  DE 2016.

Si el documento se envía el jueves, ya no será recibido, pues estos resúmenes se deben entregar a los jurados, para que ellos tengan el tiempo necesario para conocer los proyectos y realizar en su momento las preguntas pertinentes.

Este resumen debe tener MAXIMO 350 palabras, debe estar escrito en UNA SOLA HOJA, ESPACIO SENCILLO y debe contener los siguientes ítems:

Nombre del Proyecto:

Nombre del creador y/o autor  del Proyecto (Sobreviviente)

Nombre del Escriba (Voluntario acompañante)

Población Objeto:

Objetivo(s) del proyecto

Descripción del proyecto

Logros que se esperan

Limitaciones

Valor Social del Proyecto: Es decir ¿Cómo colabora su proyecto al país?

¿Cuánto vale el proyecto? (Recuerden que NO puede valer más de 5 millones de

pesos.

Contacto

Favor TODOS los documentos deben ser enviados SIN ERRORES DE ORTOGRAFIA, Y CON UNA ADECUADA REDACCIÓN. Si existen errores en estas áreas favor LOS VOLUNTARIOS REVISAR para que los documentos sean entregados de manera adecuada, pues en caso de presentar fallas en estos puntos, el resumen no podrá ser entregado a los jurados.

 ENVIAR  cada resumen a los correos: construyendoconvictimas@gmail.com,

proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co

Cualquier inquietud favor llamar o escribir a sus docentes, o comunicarse

con la firmante al # cel 3014897532

 Muchas gracias

 Clara Rocio Wilches Flórez  

ACLARACIÓN   ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO CAPACITACIÓN SOBREVIVIENTES

Apreciados , buenos días, les informo ya han enviado algunos documentos, y se observa el importante trabajo que se ha realizado hasta la fecha, por ello respetuosamente quienes ya tienen su trabajo, y excede el  número de páginas solicitadas, por favor no preocuparse por esto, ya que si el documento está bien respaldado y documentado es mejor para todos.

Así que dejemos como  número mínimo de páginas  7

La anterior decisión se considera es la mejor , de acuerdo a los trabajos ya enviados que son el de Don Ángel y el de la Sra Ismaelina, trabajos en donde se nota  esmero, dedicación y gran responsabilidad.

Cualquier inquietud favor comunicarse por este medio, muchas gracias

Clara Rocio Wilches Flórez

Programa Especial
3208320 Ext 5220
proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co

CLASE FINANZAS PARA NO FINANCISTAS

Impresión

Viabilidad financiera

TIPS PARA TENER EN CUENTA PRESENTACIÓN 23 DE JULIO DE 2016-ULTIMO DIA DE CAPACITACIÓN SOBREVIVIENTES ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
Buenos días, informo a continuación lo que se debe tener en cuenta para presentación del próximo 23 de julio de 2016
La exposición debe ser de 10 minutos , no puede ser mayor a este tiempo, ya que los jurados realizaran preguntas y/o comentarios, lo cual también requiere un tiempo importante.
Se debe tener en cuenta que en la presentación se observe y explique el ORGANIGRAMA, así como el PRESUPUESTO DEBIDAMENTE DESGLOSADO
Sumado a lo anterior se debe explicar en pocas y concisas palabras lo referente a la responsabilidad social del proyecto, así como al tema de protección ambiental o mitigación de algún problema ambiental que se presente en la zona y que con su proyecto disminuya o se acabe.
Deben ensayar sus presentaciones, para no alargarlas , se acabe el tiempo y no hagan hincapié en las fases primordiales de su proyecto.
No deben olvidar la población objeto, es decir porque es esta población y no otra la escogida
Deben destacar las cualidades de su proyecto,  porque razón  su proyecto , es mejor que otros similares,
Deben informar ¿Cual es el PLUS de su proyecto?

POR OTRA PARTE, TODAS LAS PRESENTACIONES, deben ser entregadas a sus profesores a mas tardar el MIERCOLES 20 DE JULIO, favor llamarse entre si, es decir voluntarios sobrevivientes , o sobreviviente -voluntario, para ponerse de acuerdo.
Deben enviarlas con sus TRABAJOS COMPLETOS Y CORREGIDOS, a los correos :  construyendocon victimas@gmail.com, proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co
Las personas que no entreguen su documento (proyecto debidamente corregido y finalizado) así como la presentación, NO EXPONDRÁN SUS PROYECTOS, y por lo tanto NO SE GESTIONARAN LOS MISMOS.
Cualquier inquietud favor contactar al voluntario que lo acompaña o comunicarse con el 3014897532

Mayor información, comunicarse al siguiente correo proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co, o puede llamar a los números 3208320 Ext 5197/5236/5220


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oct 23

Por: Esteban Jaramillo Aramburo

Con la reciente expedición de la ley 1676 de 2013, la cual entró en vigencia el pasado 21 de febrero de 2014, el Congreso de la República modificó de forma sustancial el régimen de las garantías en Colombia, al contener dichas normas un nuevo régimen de garantías mobiliarias.

Ampliar el acceso al crédito es el objetivo principal de la ley, para lo cual establece el legislador una serie de modificaciones tendientes a flexibilizar el régimen de las garantías, específicamente en lo relativo a su concepto, bienes que pueden ser objeto de las mismas, y, sobre todo, con la inclusión de mecanismos de ejecución extrajudicial y cambios importantes en el sistema de registro.

Si bien el objetivo de buscar alternativas que permitan un mayor acceso al crédito, sobre todo a personas –naturales y jurídicas- que pretendan desarrollar iniciativas empresariales, debe ser valorado, las herramientas de flexibilización deben ser analizadas con detenimiento, en la medida que su inserción en nuestro sistema legal puede resultar problemático.

En primer lugar, para efectos de determinar si un bien puede ser considerado como garantía, acude la ley al concepto funcional de la figura, en el entendido que toda operación que tenga como objeto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante, estará contenida dentro del concepto de garantía mobiliaria[1]. Así, es posible predecir que uno de los efectos principales de la ley 1676 será el aumento significativo de las operaciones garantizadas, gracias a la variedad de bienes que pueden ser ofrecidos como respaldo del cumplimento de las obligaciones[2], superando buena parte de las restricciones de la prenda.

En relación con el registro, se crea un sistema unificado –operado por Confecámaras- que pretende centralizar la información sobre la constitución, modificación y extinción de las garantías mobiliarias, registro éste que tendrá carácter público y deberá establecer mecanismos sencillos para su consulta. Así mismo, dispone la ley que el orden en que se efectúe el registro será el que determine la prelación de créditos, modificando de tal forma el sistema actual en lo que tiene que ver con acreencias de las que son titulares entidades públicas, por ejemplo[3]. Las modificaciones indicadas, partiendo de las limitaciones a las facultades de calificación de los funcionarios de registro contenidas en la misma ley[4], podría conducir a una indeseable afectación de los derechos de los acreedores.

Finalmente, la ley 1676 modifica el sistema de ejecución de las garantías, al contener disposiciones que regulan: (i) la ejecución judicial de las garantías[5], imprimiéndole a las mismas el trámite de la realización especial contenido en el Código General del Proceso; (ii) la posibilidad ejecutar la garantía extrajudicialmente, ante las Cámara de Comercio y los Notarios, y (iii) el pago directo, consistente en la facultad que tiene el acreedor de satisfacer su crédito con el bien dado en garantía. Estas modificaciones, si bien contribuyen a la descongestión judicial y al eficiente desarrollo de los negocios, implican modificaciones importantes en nuestro sistema legal, al derogar, por ejemplo, la prohibición del pacto comisorio.

Esperamos que las herramientas que contiene la ley 1676 de 2013 sirvan para lograr un mayor acceso al crédito, en provecho del desarrollo económico del país. Sin embargo, la experiencia indica que la implementación de figuras que en principio resultan extrañas al derecho nacional, debe ser muy cuidadosa, pues de lo contrario terminarán chocando con las ya establecidas, generando la inoperancia de ambas. En ese sentido, es complejo el trabajo que le corresponde al Gobierno Nacional en la reglamentación de la ley de garantías mobiliarias.

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[1] Art. 3. Ley 1676 de 2013.

[2] El art. 3 amplía los bienes objeto de garantía a: “(…) la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean presentes o futuros, corporales e incorporales, o sobre bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria (…)”

[3] Art. 56. Ley 1676 de 2013.

[4] Art. 39. Ley 1676 de 2013.

[5] Art. 61 Ley 1676 de 2013.

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oct 16

Por Nadia Carolina Mendieta Chacón
Profesora  Departamento de Derecho Procesal

Para los indiciados, el efecto de lo previsto en sentencia C-799 de 2 de agosto de 2005, en la cual fue Magistrado Ponente el Doctor Jaime Araujo, no ha sido tan claro como debería ser. Esto, ya que si bien se sostuvo en dicha ocasión que de conformidad con los lineamientos constitucionales el derecho de la defensa no tiene un límite temporal y en consecuencia, se activa desde que se tiene conocimiento de la existencia de una investigación en contra, las facultades del investigado para ejercer su derecho de defensa desde la etapa de indagación preliminar se ven limitadas por argumentos inválidos.

En el pronunciamiento antes aludido se sostuvo que, “no permitir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia una investigación en su contra, tenga ésta el carácter de pre- procesal o procesal, es potenciar los poderes investigativos del Estado sin razón Constitucional alguna en desmedro del derecho de defensa de la persona investigada”. Subrayas fuera de texto original.

De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional, una persona que tenga conocimiento de que existe investigación penal en su contra está en pleno derecho de acudir a la Fiscalía que conoce de su caso y, en ejercicio del derecho de defensa, solicitar copia de la denuncia que dio inicio a tal indagación y de los elementos con que cuenta la Fiscalía. Sólo contando con dicha información y documentación el indiciado podrá tener certeza sobre las razones por las que se le investiga y así edificar su estrategia defensiva.

A pesar de que esta interpretación es la que resulta acorde a los derechos fundamentales del indiciado, y de que un entendimiento distinto implica que la persona se convierta en objeto del proceso penal y no sujeto como en teoría debe ser, se viene adoptando una postura que parte de dos consideraciones principales, a mi juicio erradas. La primera es que al indiciado no se le puede facilitar información sobre los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la investigación en su contra, ni los elementos materiales probatorios con que cuenta la Fiscalía, ya que la etapa de indagación preliminar es reservada. La segunda consideración que se expone usualmente es que el momento procesal para efectuar la entrega de información al cuestionado es la audiencia de formulación de acusación, en la cual la Fiscalía hace el correspondiente descubrimiento probatorio.

Al respecto, frente a la primera consideración considero pertinente resaltar que si bien se puede entrar en una exposición sobre las características del sistema penal acusatorio colombiano, para concluir que el secreto no es un elemento esencial del proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia T-2011-497 de 24 de marzo, con ponencia del Doctor Edgardo Villamil fue clara al exponer que, “ni la Constitución o ley establecen ningún tipo de reserva en la fase de indagación”. Así las cosas, sostener que el indiciado, en etapa de indagación no puede obtener copia de la denuncia o de los elementos con que cuenta la Fiscalía, toda vez que dicha fase es reservada, es usar un argumento que no sólo carece de fundamento normativo, sino que cercena el derecho de defensa del indiciado.

Por su parte, frente a la segunda consideración, cabe indicar que los artículos 336 y siguientes de la Ley 906 de 2004 regulan la acusación y el correspondiente descubrimiento probatorio que ha de hacerse por parte de la Fiscalía. En particular el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal acá aludido prevé que en el escrito de acusación que ha de presentarse ante juez competente para adelantar el juicio, la Fiscalía debe exponer los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se investiga al cuestionado, y descubrir las pruebas. Es entonces, en principio, en la audiencia de formulación de acusación que la defensa tiene la oportunidad procesal de conocer el escrito de acusación que existe en su contra con los anexos correspondientes. Con todo, en ninguna parte se limita la posibilidad de que tal exposición, necesaria para construir la estrategia defensiva de la persona cuestionada, sea exclusivamente en audiencia de formulación de acusación. Es decir, mal se haría en negar que la Ley 906 de 2004 establece un momento procesal para que se entreguen los hechos y elementos materiales probatorios al indiciado. No obstante, lo que acá se sostiene es que dicha oportunidad procesal no es camisa de fuerza que impida que se le faciliten los datos pertinentes para ejercer a defensa al investigado, antes de la acusación.

Todo lo anterior para sostener que, salvo mejor criterio, aquella persona que se entere de que es investigada por la Fiscalía, estando dicho trámite en etapa de indagación, puede solicitar a quien conozca de su caso que le informe de los hechos por los cuales es indiciada, requerir que le facilite copia de los elementos materiales con que se cuenta y obtener tales datos. Ello, ya que no hay impedimento normativo para que la Fiscalía no acceda a tal requerimiento. Por el contrario, facilitar dicha información garantiza el respeto a lo previsto en la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la ley colombiana.

No está de más recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-127 de 2011, con Ponencia de la Doctora Maria Victoria Calle indicó,

la Corte ha sido unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación”.

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oct 10

Por  Gustavo Zafra Roldán. Profesor Titular Facultad de Ciencias Jurídicas . Pontificia Universidad Javeriana.

Se han venido manejando por algunos de los altos funcionarios del Estado, como globos de ensayo, una, y otra como propuesta formal, la idea de unificar calendarios electorales de todas las elecciones dizque  para ahorrarse unos pesitos, y la otra la sobre representación de los antiguos territorios nacionales, o sea Vichada, Vaupés, Guainía, Putumayo, Casanare y Amazonas, Arauca.
En el caso de la unificación de elecciones, la fórmula que funcionó con la reforma constitucional de 1968, produjo el callejón sin salida institucional del 19 de Abril de 1970, donde electoralmente estuvimos al borde del abismo por la crisis de legitimidad que rodeó esa elección, y que dio nacimiento a la guerrilla del M19, con todo los delirios que el país conoce, incluyendo la crisis  del holocausto del Palacio de Justicia, del cual no hemos podido recuperarnos. Si esto sucedió sin elecciones de alcaldes y gobernadores, el salpicón electoral que produciría la unificación no parece sensato. Por qué no mirar mejor las experiencias norteamericanas, españolas, francesas, escandinavas, británicas, suizas, italianas, alemanas de democracias estables que todas separan sus elecciones locales y regionales de las nacionales, y las de congreso de las ejecutivas en el régimen presidencial ,como es el nuestro?
Sin mencionar las dificultades constitucionales de la propuesta, ponemos de presente que las agendas locales son diferentes de las nacionales y al elector no debe confundírsele con unas y otras. Una descentralización prudente que se está pidiendo por los organismos internacionales, se verá afectada, porque en Colombia no tenemos partidos fuertes y creíbles, lo que pasará serían alianzas electorales circunstanciales alimentadas con presupuestos públicos de todos los niveles. No creemos que esto sea conveniente.
Tampoco parece conveniente en los antiguos territorios nacionales sobredimensionar su participación en el Senado, en territorios donde el Estado no puede garantizar que organizaciones ilícitas y grupos con prácticas de corrupción pueden encontrar el terreno abonado. Hay estudios sobre esto?. Lo dudamos. Y si es la cuota inicial de lo de la Habana pues debe decirse claramente. La reformitis territorial electoral puede producir serios desajustes. No será mejor hacer la reforma de los partidos primero y esperar un tiempo que ésta se decante, antes de modificar los mapas electorales?
Somos conscientes que el caso de San Andrés y Providencia es diferente y debe tener una salida distinta.

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