may 10

INICIA CAPACITACIÓN A SOBREVIVIENTES DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS DENTRO DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO QUE VIVE COLOMBIA

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, en asocio con la  Cátedra Bancolombia, y la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, inició la Capacitación en Proyectos Productivos a Sobrevivientes de Artefactos Explosivos, dentro de los cuales se encuentran miembros de la  policía nacional, ejército,  armada, y población civil.

La capacitación se desarrollará desde el sábado 07 de mayo de 2016, hasta el 23 de julio del mismo año, con  una intensidad de 48 horas, las cuales serán repartidas en bloques de 4 horas cada sábado.

Esta capacitación tendrá como base la Pontificia  Universidad Javeriana, Edificio Gabriel Giraldo S.J. Calle 40# 6-23 Sala de Audiencias 1er piso, y se adelantara en  horario de 9:00 a.m. a  1:15 p.m.

PROYECTO VICTIMAS – PROGRAMACIÓN

ELECCIÓN DEL NOMBRE

LOCALIZACION_PROYECTOS

TALLER ELECCIÓN DEL NOMBRE

Documentos bloque 21 de mayo

OBJETIVOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

ESQUEMA GENERAL DEL DOCUMENTO


Documentos Clase #4 Fecha 28 de mayo 

Presentación Valor Agregado

Presentación Competencia Directa

Presentación Canales de Distribución


Creación de empresas

Cronograma

Comunicado:

Buenos días para todos.

De manera respetuosa solicito a cada uno de ustedes (Sobrevivientes y voluntarios) enviar el RESUMEN EJECUTIVO de sus proyectos A MAS TARDAR EL MIERCOLES 29 DE JUNIO  DE 2016.

Si el documento se envía el jueves, ya no será recibido, pues estos resúmenes se deben entregar a los jurados, para que ellos tengan el tiempo necesario para conocer los proyectos y realizar en su momento las preguntas pertinentes.

Este resumen debe tener MAXIMO 350 palabras, debe estar escrito en UNA SOLA HOJA, ESPACIO SENCILLO y debe contener los siguientes ítems:

Nombre del Proyecto:

Nombre del creador y/o autor  del Proyecto (Sobreviviente)

Nombre del Escriba (Voluntario acompañante)

Población Objeto:

Objetivo(s) del proyecto

Descripción del proyecto

Logros que se esperan

Limitaciones

Valor Social del Proyecto: Es decir ¿Cómo colabora su proyecto al país?

¿Cuánto vale el proyecto? (Recuerden que NO puede valer más de 5 millones de

pesos.

Contacto

Favor TODOS los documentos deben ser enviados SIN ERRORES DE ORTOGRAFIA, Y CON UNA ADECUADA REDACCIÓN. Si existen errores en estas áreas favor LOS VOLUNTARIOS REVISAR para que los documentos sean entregados de manera adecuada, pues en caso de presentar fallas en estos puntos, el resumen no podrá ser entregado a los jurados.

 ENVIAR  cada resumen a los correos: construyendoconvictimas@gmail.com,

proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co

Cualquier inquietud favor llamar o escribir a sus docentes, o comunicarse

con la firmante al # cel 3014897532

 Muchas gracias

 Clara Rocio Wilches Flórez  

ACLARACIÓN   ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO CAPACITACIÓN SOBREVIVIENTES

Apreciados , buenos días, les informo ya han enviado algunos documentos, y se observa el importante trabajo que se ha realizado hasta la fecha, por ello respetuosamente quienes ya tienen su trabajo, y excede el  número de páginas solicitadas, por favor no preocuparse por esto, ya que si el documento está bien respaldado y documentado es mejor para todos.

Así que dejemos como  número mínimo de páginas  7

La anterior decisión se considera es la mejor , de acuerdo a los trabajos ya enviados que son el de Don Ángel y el de la Sra Ismaelina, trabajos en donde se nota  esmero, dedicación y gran responsabilidad.

Cualquier inquietud favor comunicarse por este medio, muchas gracias

Clara Rocio Wilches Flórez

Programa Especial
3208320 Ext 5220
proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co

CLASE FINANZAS PARA NO FINANCISTAS

Impresión

Viabilidad financiera

TIPS PARA TENER EN CUENTA PRESENTACIÓN 23 DE JULIO DE 2016-ULTIMO DIA DE CAPACITACIÓN SOBREVIVIENTES ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
Buenos días, informo a continuación lo que se debe tener en cuenta para presentación del próximo 23 de julio de 2016
La exposición debe ser de 10 minutos , no puede ser mayor a este tiempo, ya que los jurados realizaran preguntas y/o comentarios, lo cual también requiere un tiempo importante.
Se debe tener en cuenta que en la presentación se observe y explique el ORGANIGRAMA, así como el PRESUPUESTO DEBIDAMENTE DESGLOSADO
Sumado a lo anterior se debe explicar en pocas y concisas palabras lo referente a la responsabilidad social del proyecto, así como al tema de protección ambiental o mitigación de algún problema ambiental que se presente en la zona y que con su proyecto disminuya o se acabe.
Deben ensayar sus presentaciones, para no alargarlas , se acabe el tiempo y no hagan hincapié en las fases primordiales de su proyecto.
No deben olvidar la población objeto, es decir porque es esta población y no otra la escogida
Deben destacar las cualidades de su proyecto,  porque razón  su proyecto , es mejor que otros similares,
Deben informar ¿Cual es el PLUS de su proyecto?

POR OTRA PARTE, TODAS LAS PRESENTACIONES, deben ser entregadas a sus profesores a mas tardar el MIERCOLES 20 DE JULIO, favor llamarse entre si, es decir voluntarios sobrevivientes , o sobreviviente -voluntario, para ponerse de acuerdo.
Deben enviarlas con sus TRABAJOS COMPLETOS Y CORREGIDOS, a los correos :  construyendocon victimas@gmail.com, proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co
Las personas que no entreguen su documento (proyecto debidamente corregido y finalizado) así como la presentación, NO EXPONDRÁN SUS PROYECTOS, y por lo tanto NO SE GESTIONARAN LOS MISMOS.
Cualquier inquietud favor contactar al voluntario que lo acompaña o comunicarse con el 3014897532

Mayor información, comunicarse al siguiente correo proyectovictimaspuj@javeriana.edu.co, o puede llamar a los números 3208320 Ext 5197/5236/5220


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oct 23

Por: Esteban Jaramillo Aramburo

Con la reciente expedición de la ley 1676 de 2013, la cual entró en vigencia el pasado 21 de febrero de 2014, el Congreso de la República modificó de forma sustancial el régimen de las garantías en Colombia, al contener dichas normas un nuevo régimen de garantías mobiliarias.

Ampliar el acceso al crédito es el objetivo principal de la ley, para lo cual establece el legislador una serie de modificaciones tendientes a flexibilizar el régimen de las garantías, específicamente en lo relativo a su concepto, bienes que pueden ser objeto de las mismas, y, sobre todo, con la inclusión de mecanismos de ejecución extrajudicial y cambios importantes en el sistema de registro.

Si bien el objetivo de buscar alternativas que permitan un mayor acceso al crédito, sobre todo a personas –naturales y jurídicas- que pretendan desarrollar iniciativas empresariales, debe ser valorado, las herramientas de flexibilización deben ser analizadas con detenimiento, en la medida que su inserción en nuestro sistema legal puede resultar problemático.

En primer lugar, para efectos de determinar si un bien puede ser considerado como garantía, acude la ley al concepto funcional de la figura, en el entendido que toda operación que tenga como objeto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante, estará contenida dentro del concepto de garantía mobiliaria[1]. Así, es posible predecir que uno de los efectos principales de la ley 1676 será el aumento significativo de las operaciones garantizadas, gracias a la variedad de bienes que pueden ser ofrecidos como respaldo del cumplimento de las obligaciones[2], superando buena parte de las restricciones de la prenda.

En relación con el registro, se crea un sistema unificado –operado por Confecámaras- que pretende centralizar la información sobre la constitución, modificación y extinción de las garantías mobiliarias, registro éste que tendrá carácter público y deberá establecer mecanismos sencillos para su consulta. Así mismo, dispone la ley que el orden en que se efectúe el registro será el que determine la prelación de créditos, modificando de tal forma el sistema actual en lo que tiene que ver con acreencias de las que son titulares entidades públicas, por ejemplo[3]. Las modificaciones indicadas, partiendo de las limitaciones a las facultades de calificación de los funcionarios de registro contenidas en la misma ley[4], podría conducir a una indeseable afectación de los derechos de los acreedores.

Finalmente, la ley 1676 modifica el sistema de ejecución de las garantías, al contener disposiciones que regulan: (i) la ejecución judicial de las garantías[5], imprimiéndole a las mismas el trámite de la realización especial contenido en el Código General del Proceso; (ii) la posibilidad ejecutar la garantía extrajudicialmente, ante las Cámara de Comercio y los Notarios, y (iii) el pago directo, consistente en la facultad que tiene el acreedor de satisfacer su crédito con el bien dado en garantía. Estas modificaciones, si bien contribuyen a la descongestión judicial y al eficiente desarrollo de los negocios, implican modificaciones importantes en nuestro sistema legal, al derogar, por ejemplo, la prohibición del pacto comisorio.

Esperamos que las herramientas que contiene la ley 1676 de 2013 sirvan para lograr un mayor acceso al crédito, en provecho del desarrollo económico del país. Sin embargo, la experiencia indica que la implementación de figuras que en principio resultan extrañas al derecho nacional, debe ser muy cuidadosa, pues de lo contrario terminarán chocando con las ya establecidas, generando la inoperancia de ambas. En ese sentido, es complejo el trabajo que le corresponde al Gobierno Nacional en la reglamentación de la ley de garantías mobiliarias.

“La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente”  


[1] Art. 3. Ley 1676 de 2013.

[2] El art. 3 amplía los bienes objeto de garantía a: “(…) la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean presentes o futuros, corporales e incorporales, o sobre bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria (…)”

[3] Art. 56. Ley 1676 de 2013.

[4] Art. 39. Ley 1676 de 2013.

[5] Art. 61 Ley 1676 de 2013.

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oct 16

Por Nadia Carolina Mendieta Chacón
Profesora  Departamento de Derecho Procesal

Para los indiciados, el efecto de lo previsto en sentencia C-799 de 2 de agosto de 2005, en la cual fue Magistrado Ponente el Doctor Jaime Araujo, no ha sido tan claro como debería ser. Esto, ya que si bien se sostuvo en dicha ocasión que de conformidad con los lineamientos constitucionales el derecho de la defensa no tiene un límite temporal y en consecuencia, se activa desde que se tiene conocimiento de la existencia de una investigación en contra, las facultades del investigado para ejercer su derecho de defensa desde la etapa de indagación preliminar se ven limitadas por argumentos inválidos.

En el pronunciamiento antes aludido se sostuvo que, “no permitir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia una investigación en su contra, tenga ésta el carácter de pre- procesal o procesal, es potenciar los poderes investigativos del Estado sin razón Constitucional alguna en desmedro del derecho de defensa de la persona investigada”. Subrayas fuera de texto original.

De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional, una persona que tenga conocimiento de que existe investigación penal en su contra está en pleno derecho de acudir a la Fiscalía que conoce de su caso y, en ejercicio del derecho de defensa, solicitar copia de la denuncia que dio inicio a tal indagación y de los elementos con que cuenta la Fiscalía. Sólo contando con dicha información y documentación el indiciado podrá tener certeza sobre las razones por las que se le investiga y así edificar su estrategia defensiva.

A pesar de que esta interpretación es la que resulta acorde a los derechos fundamentales del indiciado, y de que un entendimiento distinto implica que la persona se convierta en objeto del proceso penal y no sujeto como en teoría debe ser, se viene adoptando una postura que parte de dos consideraciones principales, a mi juicio erradas. La primera es que al indiciado no se le puede facilitar información sobre los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la investigación en su contra, ni los elementos materiales probatorios con que cuenta la Fiscalía, ya que la etapa de indagación preliminar es reservada. La segunda consideración que se expone usualmente es que el momento procesal para efectuar la entrega de información al cuestionado es la audiencia de formulación de acusación, en la cual la Fiscalía hace el correspondiente descubrimiento probatorio.

Al respecto, frente a la primera consideración considero pertinente resaltar que si bien se puede entrar en una exposición sobre las características del sistema penal acusatorio colombiano, para concluir que el secreto no es un elemento esencial del proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia T-2011-497 de 24 de marzo, con ponencia del Doctor Edgardo Villamil fue clara al exponer que, “ni la Constitución o ley establecen ningún tipo de reserva en la fase de indagación”. Así las cosas, sostener que el indiciado, en etapa de indagación no puede obtener copia de la denuncia o de los elementos con que cuenta la Fiscalía, toda vez que dicha fase es reservada, es usar un argumento que no sólo carece de fundamento normativo, sino que cercena el derecho de defensa del indiciado.

Por su parte, frente a la segunda consideración, cabe indicar que los artículos 336 y siguientes de la Ley 906 de 2004 regulan la acusación y el correspondiente descubrimiento probatorio que ha de hacerse por parte de la Fiscalía. En particular el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal acá aludido prevé que en el escrito de acusación que ha de presentarse ante juez competente para adelantar el juicio, la Fiscalía debe exponer los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se investiga al cuestionado, y descubrir las pruebas. Es entonces, en principio, en la audiencia de formulación de acusación que la defensa tiene la oportunidad procesal de conocer el escrito de acusación que existe en su contra con los anexos correspondientes. Con todo, en ninguna parte se limita la posibilidad de que tal exposición, necesaria para construir la estrategia defensiva de la persona cuestionada, sea exclusivamente en audiencia de formulación de acusación. Es decir, mal se haría en negar que la Ley 906 de 2004 establece un momento procesal para que se entreguen los hechos y elementos materiales probatorios al indiciado. No obstante, lo que acá se sostiene es que dicha oportunidad procesal no es camisa de fuerza que impida que se le faciliten los datos pertinentes para ejercer a defensa al investigado, antes de la acusación.

Todo lo anterior para sostener que, salvo mejor criterio, aquella persona que se entere de que es investigada por la Fiscalía, estando dicho trámite en etapa de indagación, puede solicitar a quien conozca de su caso que le informe de los hechos por los cuales es indiciada, requerir que le facilite copia de los elementos materiales con que se cuenta y obtener tales datos. Ello, ya que no hay impedimento normativo para que la Fiscalía no acceda a tal requerimiento. Por el contrario, facilitar dicha información garantiza el respeto a lo previsto en la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y la ley colombiana.

No está de más recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-127 de 2011, con Ponencia de la Doctora Maria Victoria Calle indicó,

la Corte ha sido unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación”.

La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente. 

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oct 10

Por  Gustavo Zafra Roldán. Profesor Titular Facultad de Ciencias Jurídicas . Pontificia Universidad Javeriana.

Se han venido manejando por algunos de los altos funcionarios del Estado, como globos de ensayo, una, y otra como propuesta formal, la idea de unificar calendarios electorales de todas las elecciones dizque  para ahorrarse unos pesitos, y la otra la sobre representación de los antiguos territorios nacionales, o sea Vichada, Vaupés, Guainía, Putumayo, Casanare y Amazonas, Arauca.
En el caso de la unificación de elecciones, la fórmula que funcionó con la reforma constitucional de 1968, produjo el callejón sin salida institucional del 19 de Abril de 1970, donde electoralmente estuvimos al borde del abismo por la crisis de legitimidad que rodeó esa elección, y que dio nacimiento a la guerrilla del M19, con todo los delirios que el país conoce, incluyendo la crisis  del holocausto del Palacio de Justicia, del cual no hemos podido recuperarnos. Si esto sucedió sin elecciones de alcaldes y gobernadores, el salpicón electoral que produciría la unificación no parece sensato. Por qué no mirar mejor las experiencias norteamericanas, españolas, francesas, escandinavas, británicas, suizas, italianas, alemanas de democracias estables que todas separan sus elecciones locales y regionales de las nacionales, y las de congreso de las ejecutivas en el régimen presidencial ,como es el nuestro?
Sin mencionar las dificultades constitucionales de la propuesta, ponemos de presente que las agendas locales son diferentes de las nacionales y al elector no debe confundírsele con unas y otras. Una descentralización prudente que se está pidiendo por los organismos internacionales, se verá afectada, porque en Colombia no tenemos partidos fuertes y creíbles, lo que pasará serían alianzas electorales circunstanciales alimentadas con presupuestos públicos de todos los niveles. No creemos que esto sea conveniente.
Tampoco parece conveniente en los antiguos territorios nacionales sobredimensionar su participación en el Senado, en territorios donde el Estado no puede garantizar que organizaciones ilícitas y grupos con prácticas de corrupción pueden encontrar el terreno abonado. Hay estudios sobre esto?. Lo dudamos. Y si es la cuota inicial de lo de la Habana pues debe decirse claramente. La reformitis territorial electoral puede producir serios desajustes. No será mejor hacer la reforma de los partidos primero y esperar un tiempo que ésta se decante, antes de modificar los mapas electorales?
Somos conscientes que el caso de San Andrés y Providencia es diferente y debe tener una salida distinta.

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sep 24

Por Andrés Téllez Núñez

Cuando se discute qué es el derecho en los primeros semestres de universidad casi siempre surgen las divisiones tradicionales para tratar de dilucidar su significado y con mayor razón las preguntas típicas: ¿cuál es la diferencia entre derecho positivo y derecho natural? ¿Cuál es la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo? ¿Cuál es la diferencia entre derecho público y derecho privado?

Los temas no son nuevos pero siempre generan inquietud entre los profesores y los estudiantes y por lo menos en el ámbito académico las respuestas son más fácilmente proporcionables que en la realidad profesional.

En las facultades de derecho típicas las áreas de conocimiento se dividen según esos esquemas y esas divisiones que las más de las veces corresponden a razones de tipo administrativo prueban que el derecho como ciencia que lidia con la conducta humana tiene siempre un sustrato económico, es decir, cómo puede aprovecharse de mejor forma el recurso escaso dentro de un ámbito de justicia y orden, valores jurídicos fundamentales. Lo mismo podría afirmarse del derecho público: todo derecho es público.

Aproximarse al derecho desde una perspectiva económica, no importa el ordenamiento jurídico de que se trate (si civil, penal o administrativo) entiendo su última razón como la averiguación de la justicia en la asignación del recurso escaso permitiría no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista profesional, abordar la creación, la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas de manera mucho más eficiente.

La pregunta sobre el porqué y el para qué del derecho económico entonces parece tener no solo relevancia en un salón de clases.

Debiera tenerla siempre en el ámbito de cualquiera que sea la entidad que haga las leyes.

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jun 24

Por Edgar J. Munévar Arciniegas
Director del Departamento de Derecho Procesal

Posiblemente estamos viviendo en Colombia una de las más complejas crisis de la Administración de Justicia, no solo porque el sistema parece a punto de colapsar o porque cada día se evidencian más algunos desaciertos en la forma como nuestras leyes, empezando por la Constitución Política, diseñaron la  elección de nuestros  Jueces o la inconveniente participación de ellos en la designación o proposición de algunos altos cargos del Poder Público  sino porque el Estado está mostrando toda su incapacidad para poner en marcha iniciativas legislativas que se supone están creadas para mejorar la Administración de Justicia.

Produce honda tristeza y preocupación ver como hace ya dos años se sancionó la Ley 1564 de 2012, es decir el Código General del Proceso, con el cual muchos creímos que por fin nos estábamos acercando a un sistema más expedito, más moderno, con herramientas propias del mundo en el que vivimos y empezamos entonces a prepararnos en las Universidades, en las agremiaciones profesionales, en los diversos foros académicos para estar listos a utilizar tan esperada herramienta y resulta que hasta el momento nos están dejando con los crespos hechos. Que es lo que realmente pasa? No lo sabemos, que es falta de presupuesto, que es falta de voluntad política, que es falta de efectividad del Consejo Superior de la Judicatura, etc., de todo nos dicen o de todo se escucha, pero lo cierto es que el pasado 22 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender el cronograma de aplicación del Código General del Proceso y seguimos en esa desesperante incertidumbre de no saber cuando y donde se aplica o que código o ley se aplica, pues surgen todo tipo de interpretaciones gracias a la falta de coherencia y sincronización de nuestros poderes públicos.

No desfallecemos en nuestra Facultad en  creer y apoyar que algún día podremos realmente ejercer la profesión basados en un sistema y en  una legislación confiable, moderna  y efectiva  que brinde a todos los ciudadanos la Seguridad Jurídica que tanto anhelamos pero que en este momento vemos tan lejana,  abstracta y utópica, pues realmente es muy difícil por no decir imposible informarle e a un justiciable, a un cliente, cuando es que su caso se va a cerrar, ya que hasta el más sencillo de los conflictos puede tomar años y años en manos de diferentes operadores judiciales.

Estamos padeciendo además el infortunado invento de los juzgados de descongestión y de los juzgados de ejecución y no lo digo tanto por los jueces titulares de los Despachos sino por la temporalidad de dichas figuras, que no les da tiempo de estudiar un expediente cuando ya se cierra el juzgado y toca reasignarlo a otro, con la consabida nueva demora que como siempre tiene una víctima: el justiciable.

Pero las crisis son sinónimo de oportunidades y en el Departamento de Derecho Procesal queremos aprender de la crisis para hacer todo lo posible por aportarle a nuestra País ideas, proyectos que nos puedan ayudar a construir a producir un mejor Derecho. Somos capaces, tenemos que ser capaces.

En este momento el Departamento tiene muchos retos que vamos a asumir. Lo haremos con calma, con reflexión, con auto crítica y abiertos a recibir iniciativas y comentarios de todos ustedes. Quisiéramos participar de cuanto proyecto nos plantean, pues casi todos nos suenan de la mayor relevancia pero no es fácil asumir todo a la vez, de manera que iremos avanzando en la medida de las reales posibilidades.

Estamos resueltos a crear un programa de posgrado, de manera que ya estamos analizando las diversas posibilidades, pensando incluso que un primer año de especialización sea el paso previo a una maestría.

Vamos a seguir trabajando con ahínco en todo lo relacionado con las víctimas, campo en el que el Departamento ha sido protagonista  de la mano de mi antecesor, nuestro actual señor Decano.

Vamos a participar con la Cámara Legal de la Andi de un interesante proyecto que busca proponer reformas legislativas simples pero eficaces, el cual  cuando tengamos totalmente diseñado se los informaremos para que se vinculen activamente al mismo. También vamos a participar de un proyecto sobre Derecho y Tecnología.

En próximos días les daremos a conocer el programa definitivo del PRECONGRESO DE DERECHO PROCESAL, que como ya es tradicional se realizará en nuestra Facultad en el próximo mes de agosto  como  antesala del XXXV Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Será un honor y un privilegio trabajar en equipo con todo el Departamento,  con toda la comunidad de profesores y alumnos que somos la  Facultad y por supuesto con tantos aliados en el sector público y privado y con tantos amigos de otras casas de estudio y agremiaciones profesionales.

“La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente”  

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jun 16

María Carolina Olarte Olarte

La semana anterior, confluyeron en el espacio público del centro de Bogotá dos sucesos fundamentales para la democracia: la demanda por parte de varias víctimas de la violencia por la efectividad de sus derechos fundamentales y la preparación de la plaza pública para las elecciones presidenciales. En los medios, la relación entre estas dos cuestiones fue planteada como una problemática sobre el uso del espacio público. No obstante, la complejidad que presentan las relaciones entre democracia y lo público del espacio no fue abordada. Quisiera entonces proponer una lectura del espacio público como un lugar en constante flujo y construcción, como un lugar en donde la esfera pública adquiere contenido.

A inicio del mes de mayo un estimado entre 300 y 400 víctimas del conflicto armado ocuparon la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Entre ellos se encontraban personas desplazadas provenientes de diferentes regiones, desplazados que se asentaron en Bogotá desde hace algún tiempo, varias personas en situación de discapacidad y menores de edad. El 20 de mayo en horas de la noche la fuerza pública desalojó a esta población –entre 300 y 500 miembros de la policía y el ESMAD. Durante el desalojo algunas personas se opusieron. Líderes de los desplazados informaron a los medios que el empleo de la fuerza fue sorpresivo ya que habían acordado irse del lugar al día siguiente por su propia voluntad. El 21 de mayo varios de los ocupantes estaban de nuevo en la plaza –cerca de 200 personas desplazadas de acuerdo con el censo realizado por funcionarios de la Alcaldía. Afirmaron que no se irían hasta hacerse visibles para las instituciones y obtener una garantía de que la demanda por sus derechos recibiría una respuesta efectiva. Una de sus principales solicitudes es un subsidio para iniciar proyectos productivos que les permita, como lo anotó uno de sus líderes,  salir del “estado de mendicidad” y vulnerabilidad en el que se encuentran y poder ser autosuficientes. El sábado 24 de mayo, un día antes de celebrarse las elecciones presidenciales, consintieron en desalojar la plaza pacíficamente para la instalación de las mesas de votación luego de reunirse con delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de otras entidades del gobierno nacional y local para definir soluciones frente a su situación.

La cuestión del espacio público atraviesa la anterior narración. Sin embargo no es claro a primera vista qué se concibe, desde un enfoque de derechos, como espacio público. Al respecto propongo tres tesis sobre el espacio público en el contexto de democracia y de dificultad para la realización de derechos en nuestro país.

1. El espacio público no constituye una categoría o una entidad predefinida de manera absoluta: Si bien el espacio público tiene una dimensión física parcialmente permanente –toda vez que puede ser modificada mediante, por ejemplo, intervenciones artísticas o arquitectónicas – su dimensión política en tanto espacio abierto de encuentro, convivencia y visibilidad es dinámica porque, entre otras razones, permite la expresión de quienes a pesar de ser formalmente ciudadanos no tienen acceso efectivo a las garantías fundamentales. Esta perspectiva sugiere que el carácter público del espacio no está fijo, sino que se construye, se realiza mediante el ejercicio de derechos fundamentales y se opone a otras concepciones de espacio público para las que solo hay un uso específico y legítimo para este tipo de espacio y el cual no admite su ocupación como forma de demandar derechos. Esta última concepción choca con un enfoque de derechos y conduce a que los desplazados sean pensados como transgresores de lo público antes que constructores del mismo en la medida en que se asume que el uso de canales de expresión diferentes a los formalmente establecidos necesariamente mina su agencia política. Por el contrario, una concepción del espacio público que reconozca que ocupaciones como la de la Plaza de Bolívar buscan no solo exigir derechos sino hacer visible la exigencia misma, reafirma el lugar político que las personas desplazadas tienen en la Constitución Política.

2.  La esfera de lo público también se construye en el espacio público. En la medida en que la ocupación por parte de víctimas del conflicto dinamiza los procesos de reconocimiento y realización de derechos al visibilizar sus falencias, dicha ocupación no solo no desconoce el carácter público del espacio sino que da contenido a lo público entendido como articulación democrática de los derechos y su realización. Adicionalmente, la presencia de las víctimas en el espacio público es una expresión de su rechazo al lugar de mera supervivencia al que el conflicto y la violación de sus derechos las han conducido, y al hacerlo modifican las condiciones en las que sus demandas por un lugar para vivir adquieren significancia. En contra de una posición que justifica de plano el desalojo forzado del espacio público, entender este espacio como una red de relaciones en tensión permite aproximarse a los desplazados en la Plaza como actores políticos que activan el debate democrático sobre los derechos y no como víctimas pasivas definidas solamente a partir de su necesidad de ayuda humanitaria. Por el contrario, negar de plano a las personas en la Plaza mediante desalojos que apelan a la fuerza hace depender la legitimidad de sus demandas del espacio que ocupan y no de la situación crítica de derechos que enfrentan.

3. No es la negativa a usar los canales existentes lo que convierte a una ocupación del espacio público en una vía violenta. Los discursos públicos e institucionales que afirman sin mayores precisiones que la ocupación de la Plaza de Bolívar – así como las protestas en general – constituyen vías violentas o de hecho deben clarificar esta última noción porque la ambigüedad en su invocación no permite diferenciar qué se está entendiendo por violencia y qué por legítima protesta. Esta ambigüedad puede conducir a limitaciones desproporcionales del derecho a la expresión y a la protesta. Como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “[n]aturalmente las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión”. Así, es importante precisar que no toda ocupación del espacio público es una vía violenta por sí misma o por el solo hecho de que no constituya uno de los medios formalmente reconocidos para demandar la protección de derechos.

A partir de las tesis esbozadas sugiero que la relación entre el deber del Estado de proteger la integridad del espacio público y la vindicación del derecho a la protesta mediante la ocupación del espacio público no es antagónica. Defender el espacio público en este contexto equivale a proteger a quienes en situación de vulnerabilidad reconfiguran la esfera de lo público mediante sus exigencias de realización de sus derechos fundamentales e implica la necesidad de buscar de soluciones diferentes al desalojo forzado. Lo contrario sacrifica la construcción democrática de la esfera pública y re-victimiza a quienes han tenido que soportar las peores violencias del conflicto. Así, cuando en escenarios de conflicto o post-conflicto los canales instituidos para la participación han sido cooptados por el miedo, son inaccesibles o simplemente no tienen la capacidad para dar visibilidad a situaciones graves de violación de derechos, defender el espacio público significa ante todo reconocer que las expresiones de protesta en y a través del espacio público contra la violencia de la inequidad y la normalización de la precariedad resultan constitutivas y no antagónicas de lo público.

“La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente”  

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jun 9

Por Juan Camilo Contreras J.

El llamado que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) hace a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el mismo llamado que desde muchos sectores se le hace a esta última entidad. Hoy 5 de junio, el Director de la ANTV le reclamó a la SIC  el espacio para desarrollar su competencia en materia de regulación de la televisión en Colombia; y en consecuencia le solicitó suspender la medida cautelar dictada dentro de un proceso de competencia desleal entre los canales privados de televisión y los cable operadores en el país.

Y aunque en el estado natural de las cosas en nuestro país no es extraño encontrarse con la SIC asumiendo competencias en los casos más mediáticos, el enfrentamiento entre los canales RCN y CARACOL contra los cable operadores que retrasmiten su señal sí nos deja algunas inquietudes:

  1. Para que la SIC decretara las medidas cautelares debió primero comprobar, de manera sumaria, la violación a un derecho o interés protegido; lo cual hace (en parte) al verificar que efectivamente los canales privados tienen un derecho conexo sobre sus señales para prohibir o autorizar su retrasmisión. La pregunta que queda en el aire es: ¿si la SIC  se dio al trabajo de revisar las normas sobre derecho de autor para comprobar la existencia de un derecho sobre la señal, por qué decidió omitir la existencia de un límite a ese tipo de derechos previsto expresamente en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001?
  2. La carga prevista en el artículo 11 mencionado, desde cualquier punto vista resulta en una limitación al derecho exclusivo sobre las señales de televisión, toda vez que obliga a los cable operadores a retrasmitir dichas señales; es decir, limita el derecho conexo de los canales de forma que éstos no podrán prohibir la retrasmisión de sus señales. Toda vez que si la ley obliga a alguien a actuar, mal podría un ciudadano prohibir dicha actuación. Otra cosa, es la discusión sobre los pagos que se deban o no se deban hacer por la retrasmisión; sin embargo, tal conflicto no puede en ningún escenario llevar a la no retrasmisión, como de mala forma termina ocurriendo con la medida cautelar de la SIC.
  3. Ahora, ante la duda razonable que puede generar el enfrentamiento de dos normas de igual valor (recordemos que los países miembros de la CAN tienen libertad absoluta para imponer límites a los derechos de autor y conexos), cabe preguntarse por qué es la SIC quien está dirimiendo este conflicto.
  4. Y esta última pregunta solo genera más dudas, toda vez que las funciones jurisdiccionales de la SIC no llegan hasta dirimir conflictos sobre derecho de autor, ni ostenta facultades regulatorias en materia de televisión.

Por supuesto siempre llegaremos al caballito de batalla de la competencia por actos de competencia desleal; que en este caso, como en muchos otros, solamente me lleva a concluir el desbordamiento de las facultades de la SIC.

Muchos hablaron de los riesgos de la “constitucionalización del derecho” en Colombia; hoy, en cabio, deberíamos hablar de la “superindustrialización del derecho”.

*Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

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jun 9

Por:   Andrés Fernando Ramirez Moncayo
Director del Departamento de Derecho Penal
El ser humano contemporáneo no pierde capacidad de asombro ante los avances tecnológicos. Todos, como niños sorprendidos en noche buena, parecen creer que se traspasan las fronteras del viejo planeta para arribar a un mundo mejor. A manera de ejemplo, por el hecho de tener acceso a todos los lugares del mundo desde el teléfono que está en el bolsillo, se creen superados nacionalismos del pasado. El imaginario desconoce la historia. Se olvida que escasos doscientos años atrás los hombres ofrendaban la vida por la libertad; se ignora, en los tiempos en que la preocupación del colectivo es poder observar la copa del mundo desde su tableta, que muchos mueren por las mismas nobles causas. La tecnología avanza, la barbarie permanece anclada en las miserias de la sociedad, la garra del oso ruso desgarra las carnes de Ucrania.

Desde las ciencias sociales, modelo ejemplar de conquista de la humanidad lo es la ciencia del Derecho Penal. Como fiel de balanza, con fundamento en la estructura lógica imponente de la dogmática jurídico penal, el pensamiento que nació en la mente de Beccaria y Carrara en Italia y de Von Fuerebach y Von Liszt en Alemania, se convirtió en la defensa del hombre ante los abusos del poder del Estado; en herramienta eficaz para disuadir al antisocial del delito, en el puente que permite resarcir los sufrimientos de la víctima, pero destáquese en aquello en lo que más brilla, es el instrumento más importante con el que cuenta el Estado para afirmar en los ciudadanos la conciencia jurídica del pueblo. El mensaje es claro: Cuando jueces probos emiten sentencia comunican que el delito no paga, que los delincuentes no pueden ser premiados por sus delitos.

Como respuesta de civilidad a la barbarie que azotó al mundo en el discurrir de la Segunda Guerra Mundial, nació el nuevo orden internacional,  brilló la luz de esperanza para una paz entre los pueblos. Con los juicios a los criminales de guerra se quiso enviar un mensaje didáctico: en la guerra no todo vale. En contraposición a la irracionalidad del holocausto nazi se impuso la racionalidad de autorizados académicos. Destáquese la voz de Claus Roxin. Para que no queden impunes los verdaderos criminales de guerra es necesario que sean responsabilizados quienes detentan el poder de mando en las organizaciones criminales, nace así, como regla eficaz de imputación, la autoría mediata en organizaciones estructuradas de poder.

Si las iniquidades del holocausto hicieron llorar al mundo, este debe continuar lamentándose ante la asombrosa y canalla magnitud del conflicto colombiano. Los actores del conflicto igualan y superan con creces la perfidia de los victimarios de Auschwitiz. Sería el colmo de la maldad que la totalidad de esos victimarios queden impunes; y se dice la totalidad, porque otrora al arropo de una dudosa ley de justicia y paz, bastante oscura en sus orígenes y ejecutoria, quedaron impunes los victimarios e indemnes las víctimas.

El fin de la guerra, anhelo y derecho constitucional de todos los colombianos, se convierte en presa que vilipendian los aspirantes al solio presidencial. Con sus enconosos discursos polarizan la opinión, fracturan el pueblo entre enemigos y amigos de la paz. Pero ello no es lo peor: no se sabe si son mentiras, si es inicua manipulación de masas orientada por asesores de dudosa reputación, si es por supina ignorancia: los mensajes de campaña contravienen cualquier estándar normativo internacional.

Destáquese la joya del palacio de los yerros. El Presidente candidato dice que los rebeldes podrán participar en política, salvo aquellos que son responsables por crímenes de lesa humanidad y graves atentados contra el Derecho Internacional Humanitario. Ante tamaña afirmación, respetuosamente desde la academia se le advierte: La conclusión lógica de su dicho es que solamente podrán tener asiento en el Salón Elíptico del Senado de la República los combatientes rasos, porque la Comunidad Internacional, la de la civilización, no tolera más la impunidad de autores mediatos como lo son los miembros del secretariado y demás cabecillas. Será que quien dirige nuestros destinos conoce el dislate de su afirmación o es otra de sus estrategias, pretende engañar a los de La Habana para luego traicionarlos como es su modus operandi. Señor Santos, por favor no engañe más a la opinión, la consecuencia de lo que usted propone es lo que su oponente manifiesta abiertamente. Valga la pena preguntarse: ¿quiénes son los que en verdad quieren trabajar por una paz que se forje en la solución de las iniquidades sociales?.

A manera de colofón; mucho tenemos que aprender de la hermana República de Perú, de su vigoroso poder judicial que puso tras las rejas a los rebeldes que azotaron al pueblo y a los dueños del poder que sin respeto alguno por los derechos del hombre los combatieron.

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jun 4

Por Ildiko Szegedy
(Profesora de Derecho)

La Unión Europea está en el proceso de negociar un tratado de comercio internacional -  el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – con los Estados Unidos. La Unión Europea es el inversionista extranjero más grande en los Estados Unidos (en 2010), el segundo más importante destino para los productos exportados de los Estados Unidos (en 2012) y el mercado más importante para los servicios exportados por los Estados Unidos (en 2010). El tema central de las negociaciones no es la disminución de las tasas aduaneras que ya hoy en día son considerablemente bajos. Sin embargo, para algunos sectores por ejemplo alimentos transformados, productos agrícolas y el sector del automóvil las tasas aduaneras siguen siendo una importante barrera al comercio bilateral. La preocupación central de las negociaciones es las barreras no arancelarias al comercio que son típicamente barreras regulatorias como las especificaciones técnicas o la regulación sanitaria/fitosanitaria. Hay un entendimiento común sobre la necesidad de armonizar estas regulaciones. Por otro lado, y especialmente en la Unión Europea, ciertos grupos de interés abogan por la protección de los derechos de los consumidores, y temen la degradación de la calidad de los productos ofrecidos en el mercado de la Unión. El tema no es ajeno en Colombia que a través de la implementación de sus tratados de libre comercio sufre, especialmente en relación con las economías desarrolladas, el impacto de estas barreras regulatorias. Para ampliar la información: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

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