may 26

Por Andrés Téllez Núñez

La situación de seguridad internacional actualmente exige que los mecanismos del derecho internacional en materia de aseguramiento del orden y la paz internacionales que es un mandato contenido en la Carta de la Organización de Naciones Unidas se implemente de manera coordinada y diferente a como ocurrió a fines de los años noventa y principios de este siglo: es decir, si a inicios de 1999 con la crisis en la antigua Yugoslavia y a en 2002 y 2003 con la intervención de Estados Unidos en Afganistán e Irak respectivamente la opción fue claramente el uso de la fuerza física y militar, hoy ante la tensa situación que se vive en Irán, Siria y ahora, Rusia con su invasión y anexión de Crimea, la alternativa que se tiene en la mesa no es la del uso de la fuerza militar y física, sino la adopción de medidas sancionatorias que en conjunto pueden denominarse “guerra económica”.

Estas sanciones económicas previstas no solo dentro del ordenamiento internacional, sino también muy propias de los países y de organizaciones internacionales han probado ser supremamente efectivas para lograr objetivos de política exterior.

Aunque el resultado a lo largo de la historia no ha sido siempre exitoso, y en particular, en el caso de Crimea ahora anexada ilegalmente por Rusia, los economistas prevén que luego de sancionar a algunos bancos, congelar activos y hacer eficaces otros instrumentos sancionatorios, la economía rusa se contraerá en aproximadamente 1.8%.

Esto tiene que ver directamente con otra noción que ya no es difícil de entender desde el punto de vista del derecho económico internacional: que la fuerza militar y física poco a poco será usada más por los agentes débiles y la fuerza económica, es decir, la adopción de sanciones económicas por democracias y economías robustas, como ocurre con Estados Unidos y la Unión Europea.

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may 7

Por Joaquín Garzón

Se rumora que en los próximos días la Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del art 23 de la ley 1592 de 2012 que reformó la ley de Justicia y Paz eliminando el incidente de reparación integral y sustituyéndolo por el incidente de identificación de las afectaciones.

Esta reforma tiene enormes implicaciones para el país y para los derechos de las víctimas pues elimina la posibilidad de que busquen su reparación por la vía del proceso de justicia y paz.  Para comprender la trascendental decisión que está por venir es necesario exponer algunos elementos de contexto.

¿Qué es el Incidente de Reparación Integral en la Ley de Justicia y Paz?

Es una etapa procesal penal que también se encontraba en el marco del proceso penal especial de la ley 975/05, específicamente en el art 23, hacía parte de la etapa de juzgamiento y se surtía ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.  Su objetivo era que la víctimas pudieran presentar ante la Sala de Conocimiento sus pretensiones en relación con las posibilidades de reparar el daño que les han ocasionado los postulados.  Posteriormente, en la sentencia,  se fijaba la pena principal, accesoria, alternativa, las obligaciones de reparación moral, económica y la extinción de dominio de los bienes a que hubiera lugar.  Carga de la que eran responsables los postulados, solidariamente con los otros miembros del frente o bloque, subsidiariamente el Fondo de Reparación de las Víctimas y residualmente el Estado.

¿En qué consiste la Reforma que trae el art. 23 de ley 1592 de 2012 y cuáles son sus posibles implicaciones?

La reforma elimina el incidente de reparación integral por lo que la reparación y la restitución de tierras ya no podrán ser tramitadas por esta vía sino que tocará acudir a los procedimientos creados por la ley de víctima, es decir, se  sustituye la reparación judicial en un proceso penal por una administrativa (una tabla de valores fijos)

La decisión de dejar en firme este artículo tal como está podría tener las siguientes implicaciones:

1.  Los montos de las reparaciones de las víctimas por los daños sufridos serán  muy inferiores a los que los Jueces de Justicia y Paz estaban asignando conforme a los métodos de tasación que desarrollaron.

2. Las rutas de restitución de tierras que existían en el proceso penal especial pasan al trámite administrativo y judicial de restitución de tierras creado por la Ley de Víctimas.  Era limitada la posibilidad de restitución de bienes inmuebles a través del proceso penal especial, pero también resultada limitada la posibilidad a través del mecanismo de la Ley de Víctimas.  Sólo los bienes que cumplan lo estipulado por la Ley 1448/11 podrán ser restituidos y se perderán los avances en investigación que ya tenía la fiscalía en los procesos en curso donde se encontraban bienes inmuebles susceptibles de ser restituidos y que no cumplen los requisitos de la Ley de Víctimas.

3.  Disminución en la Seguridad Jurídica y la Confianza Legítima en el Estado.  Quienes tenían expectativas legítimas de acceder o someterse a la reparación en el marco del proceso de justicia y paz no lo podrán hacer.  Este cambio de reglas reduce aún más la confianza en las instituciones lo que resulta especialmente grave en un proceso  de justicia transicional.

4.  Modificación de los propósitos del proceso penal especial.  Además de identificar  los responsables penales, se buscaba la reparación-restitución a las víctimas.  Ahora, el proceso sólo tendrá como propósito la identificación de la responsabilidad penal y el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido.

Hay fuertes argumentos de sostenibilidad fiscal que respaldan la medida pues se cree que las reparaciones judiciales excederán por  creces el presupuesto nacional pero lo cierto es que nadie consultó con la opinión de los que se verán directamente afectados para cambiar las reglas del juego.  Ni siquiera pensaron en un régimen de transición que favoreciera a las víctimas que ya llevaban años en el proceso penal con expectativas legítimas de ser reparadas por esta vía.

Esperemos que la Corte Constitucional, en su sabiduría, medie en esta supuesta tensión entre el presupuesto nacional y la dignidad de las víctimas.

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