jun 24

Por Edgar J. Munévar Arciniegas
Director del Departamento de Derecho Procesal

Posiblemente estamos viviendo en Colombia una de las más complejas crisis de la Administración de Justicia, no solo porque el sistema parece a punto de colapsar o porque cada día se evidencian más algunos desaciertos en la forma como nuestras leyes, empezando por la Constitución Política, diseñaron la  elección de nuestros  Jueces o la inconveniente participación de ellos en la designación o proposición de algunos altos cargos del Poder Público  sino porque el Estado está mostrando toda su incapacidad para poner en marcha iniciativas legislativas que se supone están creadas para mejorar la Administración de Justicia.

Produce honda tristeza y preocupación ver como hace ya dos años se sancionó la Ley 1564 de 2012, es decir el Código General del Proceso, con el cual muchos creímos que por fin nos estábamos acercando a un sistema más expedito, más moderno, con herramientas propias del mundo en el que vivimos y empezamos entonces a prepararnos en las Universidades, en las agremiaciones profesionales, en los diversos foros académicos para estar listos a utilizar tan esperada herramienta y resulta que hasta el momento nos están dejando con los crespos hechos. Que es lo que realmente pasa? No lo sabemos, que es falta de presupuesto, que es falta de voluntad política, que es falta de efectividad del Consejo Superior de la Judicatura, etc., de todo nos dicen o de todo se escucha, pero lo cierto es que el pasado 22 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender el cronograma de aplicación del Código General del Proceso y seguimos en esa desesperante incertidumbre de no saber cuando y donde se aplica o que código o ley se aplica, pues surgen todo tipo de interpretaciones gracias a la falta de coherencia y sincronización de nuestros poderes públicos.

No desfallecemos en nuestra Facultad en  creer y apoyar que algún día podremos realmente ejercer la profesión basados en un sistema y en  una legislación confiable, moderna  y efectiva  que brinde a todos los ciudadanos la Seguridad Jurídica que tanto anhelamos pero que en este momento vemos tan lejana,  abstracta y utópica, pues realmente es muy difícil por no decir imposible informarle e a un justiciable, a un cliente, cuando es que su caso se va a cerrar, ya que hasta el más sencillo de los conflictos puede tomar años y años en manos de diferentes operadores judiciales.

Estamos padeciendo además el infortunado invento de los juzgados de descongestión y de los juzgados de ejecución y no lo digo tanto por los jueces titulares de los Despachos sino por la temporalidad de dichas figuras, que no les da tiempo de estudiar un expediente cuando ya se cierra el juzgado y toca reasignarlo a otro, con la consabida nueva demora que como siempre tiene una víctima: el justiciable.

Pero las crisis son sinónimo de oportunidades y en el Departamento de Derecho Procesal queremos aprender de la crisis para hacer todo lo posible por aportarle a nuestra País ideas, proyectos que nos puedan ayudar a construir a producir un mejor Derecho. Somos capaces, tenemos que ser capaces.

En este momento el Departamento tiene muchos retos que vamos a asumir. Lo haremos con calma, con reflexión, con auto crítica y abiertos a recibir iniciativas y comentarios de todos ustedes. Quisiéramos participar de cuanto proyecto nos plantean, pues casi todos nos suenan de la mayor relevancia pero no es fácil asumir todo a la vez, de manera que iremos avanzando en la medida de las reales posibilidades.

Estamos resueltos a crear un programa de posgrado, de manera que ya estamos analizando las diversas posibilidades, pensando incluso que un primer año de especialización sea el paso previo a una maestría.

Vamos a seguir trabajando con ahínco en todo lo relacionado con las víctimas, campo en el que el Departamento ha sido protagonista  de la mano de mi antecesor, nuestro actual señor Decano.

Vamos a participar con la Cámara Legal de la Andi de un interesante proyecto que busca proponer reformas legislativas simples pero eficaces, el cual  cuando tengamos totalmente diseñado se los informaremos para que se vinculen activamente al mismo. También vamos a participar de un proyecto sobre Derecho y Tecnología.

En próximos días les daremos a conocer el programa definitivo del PRECONGRESO DE DERECHO PROCESAL, que como ya es tradicional se realizará en nuestra Facultad en el próximo mes de agosto  como  antesala del XXXV Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Será un honor y un privilegio trabajar en equipo con todo el Departamento,  con toda la comunidad de profesores y alumnos que somos la  Facultad y por supuesto con tantos aliados en el sector público y privado y con tantos amigos de otras casas de estudio y agremiaciones profesionales.

“La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente”  

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jun 16

María Carolina Olarte Olarte

La semana anterior, confluyeron en el espacio público del centro de Bogotá dos sucesos fundamentales para la democracia: la demanda por parte de varias víctimas de la violencia por la efectividad de sus derechos fundamentales y la preparación de la plaza pública para las elecciones presidenciales. En los medios, la relación entre estas dos cuestiones fue planteada como una problemática sobre el uso del espacio público. No obstante, la complejidad que presentan las relaciones entre democracia y lo público del espacio no fue abordada. Quisiera entonces proponer una lectura del espacio público como un lugar en constante flujo y construcción, como un lugar en donde la esfera pública adquiere contenido.

A inicio del mes de mayo un estimado entre 300 y 400 víctimas del conflicto armado ocuparon la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Entre ellos se encontraban personas desplazadas provenientes de diferentes regiones, desplazados que se asentaron en Bogotá desde hace algún tiempo, varias personas en situación de discapacidad y menores de edad. El 20 de mayo en horas de la noche la fuerza pública desalojó a esta población –entre 300 y 500 miembros de la policía y el ESMAD. Durante el desalojo algunas personas se opusieron. Líderes de los desplazados informaron a los medios que el empleo de la fuerza fue sorpresivo ya que habían acordado irse del lugar al día siguiente por su propia voluntad. El 21 de mayo varios de los ocupantes estaban de nuevo en la plaza –cerca de 200 personas desplazadas de acuerdo con el censo realizado por funcionarios de la Alcaldía. Afirmaron que no se irían hasta hacerse visibles para las instituciones y obtener una garantía de que la demanda por sus derechos recibiría una respuesta efectiva. Una de sus principales solicitudes es un subsidio para iniciar proyectos productivos que les permita, como lo anotó uno de sus líderes,  salir del “estado de mendicidad” y vulnerabilidad en el que se encuentran y poder ser autosuficientes. El sábado 24 de mayo, un día antes de celebrarse las elecciones presidenciales, consintieron en desalojar la plaza pacíficamente para la instalación de las mesas de votación luego de reunirse con delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de otras entidades del gobierno nacional y local para definir soluciones frente a su situación.

La cuestión del espacio público atraviesa la anterior narración. Sin embargo no es claro a primera vista qué se concibe, desde un enfoque de derechos, como espacio público. Al respecto propongo tres tesis sobre el espacio público en el contexto de democracia y de dificultad para la realización de derechos en nuestro país.

1. El espacio público no constituye una categoría o una entidad predefinida de manera absoluta: Si bien el espacio público tiene una dimensión física parcialmente permanente –toda vez que puede ser modificada mediante, por ejemplo, intervenciones artísticas o arquitectónicas – su dimensión política en tanto espacio abierto de encuentro, convivencia y visibilidad es dinámica porque, entre otras razones, permite la expresión de quienes a pesar de ser formalmente ciudadanos no tienen acceso efectivo a las garantías fundamentales. Esta perspectiva sugiere que el carácter público del espacio no está fijo, sino que se construye, se realiza mediante el ejercicio de derechos fundamentales y se opone a otras concepciones de espacio público para las que solo hay un uso específico y legítimo para este tipo de espacio y el cual no admite su ocupación como forma de demandar derechos. Esta última concepción choca con un enfoque de derechos y conduce a que los desplazados sean pensados como transgresores de lo público antes que constructores del mismo en la medida en que se asume que el uso de canales de expresión diferentes a los formalmente establecidos necesariamente mina su agencia política. Por el contrario, una concepción del espacio público que reconozca que ocupaciones como la de la Plaza de Bolívar buscan no solo exigir derechos sino hacer visible la exigencia misma, reafirma el lugar político que las personas desplazadas tienen en la Constitución Política.

2.  La esfera de lo público también se construye en el espacio público. En la medida en que la ocupación por parte de víctimas del conflicto dinamiza los procesos de reconocimiento y realización de derechos al visibilizar sus falencias, dicha ocupación no solo no desconoce el carácter público del espacio sino que da contenido a lo público entendido como articulación democrática de los derechos y su realización. Adicionalmente, la presencia de las víctimas en el espacio público es una expresión de su rechazo al lugar de mera supervivencia al que el conflicto y la violación de sus derechos las han conducido, y al hacerlo modifican las condiciones en las que sus demandas por un lugar para vivir adquieren significancia. En contra de una posición que justifica de plano el desalojo forzado del espacio público, entender este espacio como una red de relaciones en tensión permite aproximarse a los desplazados en la Plaza como actores políticos que activan el debate democrático sobre los derechos y no como víctimas pasivas definidas solamente a partir de su necesidad de ayuda humanitaria. Por el contrario, negar de plano a las personas en la Plaza mediante desalojos que apelan a la fuerza hace depender la legitimidad de sus demandas del espacio que ocupan y no de la situación crítica de derechos que enfrentan.

3. No es la negativa a usar los canales existentes lo que convierte a una ocupación del espacio público en una vía violenta. Los discursos públicos e institucionales que afirman sin mayores precisiones que la ocupación de la Plaza de Bolívar – así como las protestas en general – constituyen vías violentas o de hecho deben clarificar esta última noción porque la ambigüedad en su invocación no permite diferenciar qué se está entendiendo por violencia y qué por legítima protesta. Esta ambigüedad puede conducir a limitaciones desproporcionales del derecho a la expresión y a la protesta. Como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “[n]aturalmente las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión”. Así, es importante precisar que no toda ocupación del espacio público es una vía violenta por sí misma o por el solo hecho de que no constituya uno de los medios formalmente reconocidos para demandar la protección de derechos.

A partir de las tesis esbozadas sugiero que la relación entre el deber del Estado de proteger la integridad del espacio público y la vindicación del derecho a la protesta mediante la ocupación del espacio público no es antagónica. Defender el espacio público en este contexto equivale a proteger a quienes en situación de vulnerabilidad reconfiguran la esfera de lo público mediante sus exigencias de realización de sus derechos fundamentales e implica la necesidad de buscar de soluciones diferentes al desalojo forzado. Lo contrario sacrifica la construcción democrática de la esfera pública y re-victimiza a quienes han tenido que soportar las peores violencias del conflicto. Así, cuando en escenarios de conflicto o post-conflicto los canales instituidos para la participación han sido cooptados por el miedo, son inaccesibles o simplemente no tienen la capacidad para dar visibilidad a situaciones graves de violación de derechos, defender el espacio público significa ante todo reconocer que las expresiones de protesta en y a través del espacio público contra la violencia de la inequidad y la normalización de la precariedad resultan constitutivas y no antagónicas de lo público.

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jun 9

Por Juan Camilo Contreras J.

El llamado que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) hace a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el mismo llamado que desde muchos sectores se le hace a esta última entidad. Hoy 5 de junio, el Director de la ANTV le reclamó a la SIC  el espacio para desarrollar su competencia en materia de regulación de la televisión en Colombia; y en consecuencia le solicitó suspender la medida cautelar dictada dentro de un proceso de competencia desleal entre los canales privados de televisión y los cable operadores en el país.

Y aunque en el estado natural de las cosas en nuestro país no es extraño encontrarse con la SIC asumiendo competencias en los casos más mediáticos, el enfrentamiento entre los canales RCN y CARACOL contra los cable operadores que retrasmiten su señal sí nos deja algunas inquietudes:

  1. Para que la SIC decretara las medidas cautelares debió primero comprobar, de manera sumaria, la violación a un derecho o interés protegido; lo cual hace (en parte) al verificar que efectivamente los canales privados tienen un derecho conexo sobre sus señales para prohibir o autorizar su retrasmisión. La pregunta que queda en el aire es: ¿si la SIC  se dio al trabajo de revisar las normas sobre derecho de autor para comprobar la existencia de un derecho sobre la señal, por qué decidió omitir la existencia de un límite a ese tipo de derechos previsto expresamente en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001?
  2. La carga prevista en el artículo 11 mencionado, desde cualquier punto vista resulta en una limitación al derecho exclusivo sobre las señales de televisión, toda vez que obliga a los cable operadores a retrasmitir dichas señales; es decir, limita el derecho conexo de los canales de forma que éstos no podrán prohibir la retrasmisión de sus señales. Toda vez que si la ley obliga a alguien a actuar, mal podría un ciudadano prohibir dicha actuación. Otra cosa, es la discusión sobre los pagos que se deban o no se deban hacer por la retrasmisión; sin embargo, tal conflicto no puede en ningún escenario llevar a la no retrasmisión, como de mala forma termina ocurriendo con la medida cautelar de la SIC.
  3. Ahora, ante la duda razonable que puede generar el enfrentamiento de dos normas de igual valor (recordemos que los países miembros de la CAN tienen libertad absoluta para imponer límites a los derechos de autor y conexos), cabe preguntarse por qué es la SIC quien está dirimiendo este conflicto.
  4. Y esta última pregunta solo genera más dudas, toda vez que las funciones jurisdiccionales de la SIC no llegan hasta dirimir conflictos sobre derecho de autor, ni ostenta facultades regulatorias en materia de televisión.

Por supuesto siempre llegaremos al caballito de batalla de la competencia por actos de competencia desleal; que en este caso, como en muchos otros, solamente me lleva a concluir el desbordamiento de las facultades de la SIC.

Muchos hablaron de los riesgos de la “constitucionalización del derecho” en Colombia; hoy, en cabio, deberíamos hablar de la “superindustrialización del derecho”.

*Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

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jun 9

Por:   Andrés Fernando Ramirez Moncayo
Director del Departamento de Derecho Penal
El ser humano contemporáneo no pierde capacidad de asombro ante los avances tecnológicos. Todos, como niños sorprendidos en noche buena, parecen creer que se traspasan las fronteras del viejo planeta para arribar a un mundo mejor. A manera de ejemplo, por el hecho de tener acceso a todos los lugares del mundo desde el teléfono que está en el bolsillo, se creen superados nacionalismos del pasado. El imaginario desconoce la historia. Se olvida que escasos doscientos años atrás los hombres ofrendaban la vida por la libertad; se ignora, en los tiempos en que la preocupación del colectivo es poder observar la copa del mundo desde su tableta, que muchos mueren por las mismas nobles causas. La tecnología avanza, la barbarie permanece anclada en las miserias de la sociedad, la garra del oso ruso desgarra las carnes de Ucrania.

Desde las ciencias sociales, modelo ejemplar de conquista de la humanidad lo es la ciencia del Derecho Penal. Como fiel de balanza, con fundamento en la estructura lógica imponente de la dogmática jurídico penal, el pensamiento que nació en la mente de Beccaria y Carrara en Italia y de Von Fuerebach y Von Liszt en Alemania, se convirtió en la defensa del hombre ante los abusos del poder del Estado; en herramienta eficaz para disuadir al antisocial del delito, en el puente que permite resarcir los sufrimientos de la víctima, pero destáquese en aquello en lo que más brilla, es el instrumento más importante con el que cuenta el Estado para afirmar en los ciudadanos la conciencia jurídica del pueblo. El mensaje es claro: Cuando jueces probos emiten sentencia comunican que el delito no paga, que los delincuentes no pueden ser premiados por sus delitos.

Como respuesta de civilidad a la barbarie que azotó al mundo en el discurrir de la Segunda Guerra Mundial, nació el nuevo orden internacional,  brilló la luz de esperanza para una paz entre los pueblos. Con los juicios a los criminales de guerra se quiso enviar un mensaje didáctico: en la guerra no todo vale. En contraposición a la irracionalidad del holocausto nazi se impuso la racionalidad de autorizados académicos. Destáquese la voz de Claus Roxin. Para que no queden impunes los verdaderos criminales de guerra es necesario que sean responsabilizados quienes detentan el poder de mando en las organizaciones criminales, nace así, como regla eficaz de imputación, la autoría mediata en organizaciones estructuradas de poder.

Si las iniquidades del holocausto hicieron llorar al mundo, este debe continuar lamentándose ante la asombrosa y canalla magnitud del conflicto colombiano. Los actores del conflicto igualan y superan con creces la perfidia de los victimarios de Auschwitiz. Sería el colmo de la maldad que la totalidad de esos victimarios queden impunes; y se dice la totalidad, porque otrora al arropo de una dudosa ley de justicia y paz, bastante oscura en sus orígenes y ejecutoria, quedaron impunes los victimarios e indemnes las víctimas.

El fin de la guerra, anhelo y derecho constitucional de todos los colombianos, se convierte en presa que vilipendian los aspirantes al solio presidencial. Con sus enconosos discursos polarizan la opinión, fracturan el pueblo entre enemigos y amigos de la paz. Pero ello no es lo peor: no se sabe si son mentiras, si es inicua manipulación de masas orientada por asesores de dudosa reputación, si es por supina ignorancia: los mensajes de campaña contravienen cualquier estándar normativo internacional.

Destáquese la joya del palacio de los yerros. El Presidente candidato dice que los rebeldes podrán participar en política, salvo aquellos que son responsables por crímenes de lesa humanidad y graves atentados contra el Derecho Internacional Humanitario. Ante tamaña afirmación, respetuosamente desde la academia se le advierte: La conclusión lógica de su dicho es que solamente podrán tener asiento en el Salón Elíptico del Senado de la República los combatientes rasos, porque la Comunidad Internacional, la de la civilización, no tolera más la impunidad de autores mediatos como lo son los miembros del secretariado y demás cabecillas. Será que quien dirige nuestros destinos conoce el dislate de su afirmación o es otra de sus estrategias, pretende engañar a los de La Habana para luego traicionarlos como es su modus operandi. Señor Santos, por favor no engañe más a la opinión, la consecuencia de lo que usted propone es lo que su oponente manifiesta abiertamente. Valga la pena preguntarse: ¿quiénes son los que en verdad quieren trabajar por una paz que se forje en la solución de las iniquidades sociales?.

A manera de colofón; mucho tenemos que aprender de la hermana República de Perú, de su vigoroso poder judicial que puso tras las rejas a los rebeldes que azotaron al pueblo y a los dueños del poder que sin respeto alguno por los derechos del hombre los combatieron.

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jun 4

Por Ildiko Szegedy
(Profesora de Derecho)

La Unión Europea está en el proceso de negociar un tratado de comercio internacional -  el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – con los Estados Unidos. La Unión Europea es el inversionista extranjero más grande en los Estados Unidos (en 2010), el segundo más importante destino para los productos exportados de los Estados Unidos (en 2012) y el mercado más importante para los servicios exportados por los Estados Unidos (en 2010). El tema central de las negociaciones no es la disminución de las tasas aduaneras que ya hoy en día son considerablemente bajos. Sin embargo, para algunos sectores por ejemplo alimentos transformados, productos agrícolas y el sector del automóvil las tasas aduaneras siguen siendo una importante barrera al comercio bilateral. La preocupación central de las negociaciones es las barreras no arancelarias al comercio que son típicamente barreras regulatorias como las especificaciones técnicas o la regulación sanitaria/fitosanitaria. Hay un entendimiento común sobre la necesidad de armonizar estas regulaciones. Por otro lado, y especialmente en la Unión Europea, ciertos grupos de interés abogan por la protección de los derechos de los consumidores, y temen la degradación de la calidad de los productos ofrecidos en el mercado de la Unión. El tema no es ajeno en Colombia que a través de la implementación de sus tratados de libre comercio sufre, especialmente en relación con las economías desarrolladas, el impacto de estas barreras regulatorias. Para ampliar la información: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

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jun 3

Julián Daniel González Escallón[1]

Es altamente probable que exista un número de colombianos que ya tengan una meridiana claridad sobre el candidato por quién van a votar en la segunda vuelta, en la elección del Presidente de la República. Es muy probable, adicionalmente, que esos mismos conciudadanos hayan visto éxito en sus expectativas y sus candidatos se encuentren hoy en la recta final de la elección y, por supuesto, votarán de nuevo por ellos. Este escrito no es para ellos, porque ciertamente su conciencia ya está encaminada y su decisión tomada. Estas líneas tienen otro público, aquellos que todavía dudan, este público, según entiendo, tiene números bastante altos y muchas preguntas que responder en un tiempo muy corto.

Estos indecisos encuentran que ninguno de los dos candidatos de la segunda vuelta se ajustan a lo que un presidente de este país debería propender por ser. Existe una sección de la ciudadanía para quienes la posesión presidencial de alguno de los dos candidatos sería una razón de peso para pensar en emigrar a otros parajes. El problema es, entonces, si entregar el voto a su opositor para evitar una suerte de “mal mayor”. Al respecto de la doctrina del “mal menor”, tengo dos observaciones mediante las cuales un indeciso podría, eventualmente, tomar partido por uno de los dos candidatos, o por ninguno de ellos.

De una parte, bien podía tomarse el camino del mecanismo tal cual fue concebido y presentarse el día de elecciones con la firme convicción de no votar por ninguno de los dos. El voto en blanco, o el voto nulo funcionarían perfectamente bien para este propósito. La razón bien para votar en blanco o para la anulación que imagino es sencilla: ante dos candidatos que no representan para un elector cualquiera, ninguna diferencia entre ellos, o al menos una diferencia que motive a pensar que alguno es “mejor” candidato que otro, el voto debe ser nulo o en blanco como muestra de rechazo a ambas posturas o candidatos. Esta postura podría ser considerada deontológica, dado que responde a un juicio ético de la persona en el que encuentra que en la intimidad de su conciencia puede, o puede no, permitirse actuar de cierto modo o tomar cierto tipo de decisiones. La postura deontológica se ha asociado tradicionalmente con códigos morales muy estrictos, y en general, con posturas de cierto modo intransigentes.

Lo que cabría preguntarle a los defensores de esta posición es sobre su responsabilidad como ciudadanos, dado que si bien puede ser que en su fuero personal ellos consideren que no existe una razón por la cual ellos tengan que modificar su visión sobre uno u otro candidato, sí debería al menos existir algún tipo de responsabilidad en un sentido amplio con la comunidad, un esfuerzo al menos, de tratar de pensar fuera de sus valores y normas, para tomar una decisión. O de lo contrario, ¿es verdaderamente benigno un sistema dogmático que descarta de inmediato un posible rol de la moral como bienestar de la sociedad, si no se encuadra dentro de sus propias normas?

Por otro lado, están los pragmáticos, aquellos que condenan no tomar decisiones efectivas para obtener resultados puntuales y confirmables en el corto y mediano plazo. El valor por excelencia del pragmático es el resultado, y un pragmático clásico iría lejos por conseguir aquello que le parece es lo mejor, en este caso, el pragmático votará en contra de uno de los dos candidatos, entregando el sufragio a su contradictor, aún por razones profundamente morales, pero de efecto práctico.

Al Pragmático habría que preguntarle, qué tipo de compromiso democrático tiene alguien que vota en contra de una propuesta, en cambio de a favor de lo que encuentra adecuado. ¿No es eso un tipo de perversión del sistema y del valor intrínseco de la votación popular como medio de elección?, la actitud pragmática es además esencialmente maleable y manipulable, basta con hacerle creer que elije “el mal menor” para motivarlo a un resultado en otra vía.

Si bien no me atrevo a ofrecer respuestas correctas, creo que es esencial entender que cada acción tiene una consecuencia (soberana obviedad, cada vez más olvidada), y que con estas consecuencias, debemos vivir nuestras vidas, en conjunto e individualmente.

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[1] Abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, estudiante de Doctorado en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Sublíder del grupo de Estudios en Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del grupo de investigación de Ética aplicada, trabajo y responsabilidad social de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario.

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