oct 23

Por: Esteban Jaramillo Aramburo

Con la reciente expedición de la ley 1676 de 2013, la cual entró en vigencia el pasado 21 de febrero de 2014, el Congreso de la República modificó de forma sustancial el régimen de las garantías en Colombia, al contener dichas normas un nuevo régimen de garantías mobiliarias.

Ampliar el acceso al crédito es el objetivo principal de la ley, para lo cual establece el legislador una serie de modificaciones tendientes a flexibilizar el régimen de las garantías, específicamente en lo relativo a su concepto, bienes que pueden ser objeto de las mismas, y, sobre todo, con la inclusión de mecanismos de ejecución extrajudicial y cambios importantes en el sistema de registro.

Si bien el objetivo de buscar alternativas que permitan un mayor acceso al crédito, sobre todo a personas –naturales y jurídicas- que pretendan desarrollar iniciativas empresariales, debe ser valorado, las herramientas de flexibilización deben ser analizadas con detenimiento, en la medida que su inserción en nuestro sistema legal puede resultar problemático.

En primer lugar, para efectos de determinar si un bien puede ser considerado como garantía, acude la ley al concepto funcional de la figura, en el entendido que toda operación que tenga como objeto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante, estará contenida dentro del concepto de garantía mobiliaria[1]. Así, es posible predecir que uno de los efectos principales de la ley 1676 será el aumento significativo de las operaciones garantizadas, gracias a la variedad de bienes que pueden ser ofrecidos como respaldo del cumplimento de las obligaciones[2], superando buena parte de las restricciones de la prenda.

En relación con el registro, se crea un sistema unificado –operado por Confecámaras- que pretende centralizar la información sobre la constitución, modificación y extinción de las garantías mobiliarias, registro éste que tendrá carácter público y deberá establecer mecanismos sencillos para su consulta. Así mismo, dispone la ley que el orden en que se efectúe el registro será el que determine la prelación de créditos, modificando de tal forma el sistema actual en lo que tiene que ver con acreencias de las que son titulares entidades públicas, por ejemplo[3]. Las modificaciones indicadas, partiendo de las limitaciones a las facultades de calificación de los funcionarios de registro contenidas en la misma ley[4], podría conducir a una indeseable afectación de los derechos de los acreedores.

Finalmente, la ley 1676 modifica el sistema de ejecución de las garantías, al contener disposiciones que regulan: (i) la ejecución judicial de las garantías[5], imprimiéndole a las mismas el trámite de la realización especial contenido en el Código General del Proceso; (ii) la posibilidad ejecutar la garantía extrajudicialmente, ante las Cámara de Comercio y los Notarios, y (iii) el pago directo, consistente en la facultad que tiene el acreedor de satisfacer su crédito con el bien dado en garantía. Estas modificaciones, si bien contribuyen a la descongestión judicial y al eficiente desarrollo de los negocios, implican modificaciones importantes en nuestro sistema legal, al derogar, por ejemplo, la prohibición del pacto comisorio.

Esperamos que las herramientas que contiene la ley 1676 de 2013 sirvan para lograr un mayor acceso al crédito, en provecho del desarrollo económico del país. Sin embargo, la experiencia indica que la implementación de figuras que en principio resultan extrañas al derecho nacional, debe ser muy cuidadosa, pues de lo contrario terminarán chocando con las ya establecidas, generando la inoperancia de ambas. En ese sentido, es complejo el trabajo que le corresponde al Gobierno Nacional en la reglamentación de la ley de garantías mobiliarias.

“La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente”  


[1] Art. 3. Ley 1676 de 2013.

[2] El art. 3 amplía los bienes objeto de garantía a: “(…) la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean presentes o futuros, corporales e incorporales, o sobre bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria (…)”

[3] Art. 56. Ley 1676 de 2013.

[4] Art. 39. Ley 1676 de 2013.

[5] Art. 61 Ley 1676 de 2013.

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jun 9

Por Juan Camilo Contreras J.

El llamado que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) hace a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el mismo llamado que desde muchos sectores se le hace a esta última entidad. Hoy 5 de junio, el Director de la ANTV le reclamó a la SIC  el espacio para desarrollar su competencia en materia de regulación de la televisión en Colombia; y en consecuencia le solicitó suspender la medida cautelar dictada dentro de un proceso de competencia desleal entre los canales privados de televisión y los cable operadores en el país.

Y aunque en el estado natural de las cosas en nuestro país no es extraño encontrarse con la SIC asumiendo competencias en los casos más mediáticos, el enfrentamiento entre los canales RCN y CARACOL contra los cable operadores que retrasmiten su señal sí nos deja algunas inquietudes:

  1. Para que la SIC decretara las medidas cautelares debió primero comprobar, de manera sumaria, la violación a un derecho o interés protegido; lo cual hace (en parte) al verificar que efectivamente los canales privados tienen un derecho conexo sobre sus señales para prohibir o autorizar su retrasmisión. La pregunta que queda en el aire es: ¿si la SIC  se dio al trabajo de revisar las normas sobre derecho de autor para comprobar la existencia de un derecho sobre la señal, por qué decidió omitir la existencia de un límite a ese tipo de derechos previsto expresamente en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001?
  2. La carga prevista en el artículo 11 mencionado, desde cualquier punto vista resulta en una limitación al derecho exclusivo sobre las señales de televisión, toda vez que obliga a los cable operadores a retrasmitir dichas señales; es decir, limita el derecho conexo de los canales de forma que éstos no podrán prohibir la retrasmisión de sus señales. Toda vez que si la ley obliga a alguien a actuar, mal podría un ciudadano prohibir dicha actuación. Otra cosa, es la discusión sobre los pagos que se deban o no se deban hacer por la retrasmisión; sin embargo, tal conflicto no puede en ningún escenario llevar a la no retrasmisión, como de mala forma termina ocurriendo con la medida cautelar de la SIC.
  3. Ahora, ante la duda razonable que puede generar el enfrentamiento de dos normas de igual valor (recordemos que los países miembros de la CAN tienen libertad absoluta para imponer límites a los derechos de autor y conexos), cabe preguntarse por qué es la SIC quien está dirimiendo este conflicto.
  4. Y esta última pregunta solo genera más dudas, toda vez que las funciones jurisdiccionales de la SIC no llegan hasta dirimir conflictos sobre derecho de autor, ni ostenta facultades regulatorias en materia de televisión.

Por supuesto siempre llegaremos al caballito de batalla de la competencia por actos de competencia desleal; que en este caso, como en muchos otros, solamente me lleva a concluir el desbordamiento de las facultades de la SIC.

Muchos hablaron de los riesgos de la “constitucionalización del derecho” en Colombia; hoy, en cabio, deberíamos hablar de la “superindustrialización del derecho”.

*Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

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