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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y LEGALES A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2017

  1. Novedades Jurisprudenciales

 DEBER DE LA CLÍNICA Y EL MÉDICO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA DE PROBAR LA LEX ARTIS, POR INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.

 A pesar de que por regla general la carga de la prueba corresponde al demandante, en materia de Responsabilidad Civil médica, la Corte ha dicho que se invierte para quedar en cabeza del médico y la entidad prestadora, quienes tienen a su cargo la obligación de llevar rigurosamente la historia clínica del paciente, so pena de incurrir en una presunción de culpa.

En un caso de Responsabilidad Civil médica oftalmológica la Corte determinó que el médico tratante y la entidad prestadora incurrieron en una mala praxis y en consecuencia los declaró civilmente responsables. Lo anterior, se deriva de que los agentes mencionados no lograron desvirtuar la presunción de culpa que la jurisprudencia les ha asignado, por omitir consignar en la historia clínica del paciente toda la información y los datos requeridos para asegurar la correcta prestación de los servicios médicos, lo que resultó en la grave afectación a la salud oftalmológica del paciente.

Para la Corte, la omisión del deber mencionado constituye un indicio grave determinante para encontrar probada la responsabilidad civil por culpa.

Sin embargo, el magistrado Luis Armando Tolosa critica el racionamiento de la corte, indicado que es muy peligroso encontrar probada la responsabilidad a partir de un mero indicio, sin necesidad de otros medios probatorios.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN CIVIL, 19 DE DICIEMBRE DE 2017. REF EXPEDIENTE:° 08001-31-03-009-2007-00052-01 MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

 LA CORTE SIENTA JURISPRUDENCIA RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

 La Sala Civil de la Corte consideró que con ocasión de un seguro de Responsabilidad Civil, la entidad aseguradora debe cubrir los daños tanto patrimoniales como extrapatrimoniales que fueron causados por su asegurado, así la póliza excluya expresamente la cobertura de daños extrapatrimoniales.

Al analizar el artículo 1127 del Código de Comercio, la Corte lo interpretó en el sentido de que se entienden cubiertos dentro del seguro de Responsabilidad Civil los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, tal y como lo consagraba la antigua redacción del mismo artículo.  Asegura la Sala que “cuando la norma en comento alude a «los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado» no se está refiriendo a la clasificación de los perjuicios (patrimoniales y extrapatrimoniales) dentro de la relación jurídica sustancial entre demandante y demandado en el proceso de responsabilidad civil, sino al detrimento económico que surge para el asegurado dentro de la relación que nace en virtud del contrato de seguro, los cuales son siempre de carácter patrimonial para el asegurado, independientemente de la tipología que se les haya asignado al interior del proceso de responsabilidad civil.”

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL, 12 DE DICIEMBRE DE 2017. REF: EXPEDIENTE 05001-31-03-005-2008-00497-01. MAGISTRADO PONENTE: ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

 

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE GRUPO RESPECTO DE LAS DISTINTAS CLASES DE DAÑO

La Corte clarifica que el término de caducidad de la acción de grupo es siempre de 2 años, pero el inicio del término dependerá del tipo de daño que se esté reclamando.

Dice la corte que el daño que se puede reclamar en una acción de grupo puede ser uno de tres tipos: 1) Instantáneo, que es el caracterizado porque se cristaliza totalmente una vez acaece el hecho que lo causa, sea éste continuado o instantáneo, 2) Diferido, que es el que se produce tiempo después de que se realiza o cesa la conducta dañosa, sea esta instantánea o continuada, o 3) Continuado, que es el que se materializa a través del tiempo, exteriorizándose durante un periodo prolongado, independiente de si la causa que lo genera es instantánea o continuada.

Así, para el daño instantáneo se debe aplicar la segunda parte del artículo 47 de la ley 472 de 1998, y los dos años empezarán a contar a partir de que cesó la conducta ilícita. Respecto del daño diferido, la Corte dice que el término empezará a contar a partir de que el daño se manifieste. Finalmente, respecto del daño continuado, los dos años empiezan a correr a partir de la última exteriorización del daño.

No obstante lo anterior, el Magistrado Luis Armando Vargas se aparta de la decisión de la Sala, pues dice que el criterio para determinar el inicio del término en los daños instantáneos debe ser la causa del daño, y no el daño resultante como tal. Por otra parte, respecto de los daños diferidos y continuados, su opinión es que el término debe correr desde que cesen los actos vulnerantes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL, 24 DE ENERO DE 2018. REF EXPEDIENTE: 11001-31-03-010-2011-00675-01. MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

 CAMBIO DE INTERPRETACIÓN DE LA CORTE, EN MATERIA DE PERSECUCIÓN DE BIENES OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO SI ESTOS FUERON MATERIA DE UNA PROMESA.

 Se celebra por parte del demandado un contrato de Fiducia Mercantil con base en el cual un bien raíz termina en cabeza de un patrimonio autónomo. Los accionantes, previamente, habían celebrado un contrato de promesa de compraventa con uno de los fideicomitentes, quien era propietario del inmueble, contrato de promesa que fue incumplido por el promitente vendedor, ya que recaía sobre el bien objeto del fideicomiso. Conforme a lo anterior, solicitan en una de sus pretensiones que, con base en el artículo 1238 del Código de Comercio, se decrete la extinción de ese contrato de fiducia, dado que se les está causando un perjuicio.

La Corte dentro de sus consideraciones indica que el interés que se tiene sobre un bien raíz por haber celebrado una promesa de compraventa basta para que en un futuro se pueda terminar el contrato de fiducia para así reconstituir el patrimonio del deudor. Argumenta que no es necesario que la enajenación haya sido la causa de la insolvencia. Es una interpretación novedosa que se le da al primer inciso del artículo 1238. Pero este no termina siendo el argumento fundamental de la Sala de Casación Civil ya que decide no casar la sentencia porque el demandante no logró aducir que que era un acreedor cierto e indiscutido al no poder probar que estaba presto a cumplir.

La decisión de La Corte fue no casar la sentencia.

 CAMBIO DE INTERPRETACIÓN DE LA CORTE EN MATERIA DE PERSECUCIÓN DE BIENES OBJETO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO SI ESTOS FUERON OBJETO DE UNA PROMESA.

La Sala indica que el interés que se tiene sobre un bien raíz por haber celebrado una promesa de compraventa basta para que en un futuro se pueda terminar el contrato de fiducia para así reconstituir el patrimonio del deudor.

Interpretando el artículo 1238 del Código de Comercio, la Corte concluye que no es necesario que la enajenación del bien sea la causa de la insolvencia del Fideicomitente, sino que la Fiducia se puede perseguir para reconstituir el patrimonio del deudor acreditando un interés sumario de relación  contractual de promesa entre el fideicomitente y su acreedor, así nada tenga que ver con la situación de insolvencia.

Sin embargo, es de resaltar que el argumento anterior no tiene incidencia en la resolución de la sentencia, ya que la corte encuentra que no se logró acreditar la condición de acreedor cierto es indiscutido, ya que no probó que estaba presto a cumplir sus obligaciones.

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL, 7 DE DICIEMBRE DE 2017 . REF EXPEDIENTE:  11001-31-03-012-1998-04834-01. MAGISTRADO PONENTE: MARGARITA CABELLO BLANCO

 2. Novedad Legislativa

 LEY 1878 DE 2018 QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO A LOS TÉRMINOS DEL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES.

 Artículos 3, 4 y 5 modifican los artículos 99, 100 y 102 del Código de la Infancia y la Adolescencia: cambia el procedimiento de carácter administrativo para denunciar, ejercer la vía gubernativa y acceder al juez.

Artículo 3: agrega  al artículo 99 la expresión “de cualquier persona”, dentro de los legitimados para iniciar un proceso de restitución del derecho.

Artículo 6 modifica el 103: Impone términos al proceso de restablecimiento del Derecho de los niños.  El término ahora es de 18 meses para el proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento, y si se excede el término se remite al juez de familia para que este decida de fondo en un término no superior a dos meses.

Adicionalmente remueven la expresión “ consagrada en el artículo anterior donde no se aplicaba cuando se haya homologado por el juez la declaratoria de adoptabilidad o decretado la adopción.”

Artículo 7 que modifica el 107:  ELIMINA EL PARÁGRAFO 1o. Dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la resolución que declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del niño, niña o adolescente, aunque no lo hubieren hecho durante la actuación administrativa. Para ello deberán expresar las razones en que se fundan y aportar las pruebas que sustentan la oposición.

Artículo 8 que modifica el artículo 108: Modifica la oportunidad para oponerse al proceso declaración de adoptabilidad, ahora será conforme al artículo 100.

·   Adicionalmente agrega que el defensor de familia deberá remitir el expediente al comité de adopciones de la regional correspondiente en un término no mayor a 10 días.

·   Agrega que una vez declarada la condición de adoptabilidad no podrá adelantarse ningún proceso de reclamación de paternidad, ni procederá el reconocimiento voluntario del niño, niña o adolescente y cualquier pacto en contrario generará nulidad o ineficacia de pleno derecho.

Artículo 9 que modifica el 110: Agrega régimen de salida del país para menores de edad cuando estén con uno de sus padres o con una persona distinta a los representantes legales, y dice que deberá contar con el permiso de sus dos padres. También agrega que si lleva residiendo 1 año o más por fuera no deberá contar con permiso si va a salir con alguno de sus padres, pero si no va a salir con alguno de ellos deberá tener el permiso del padre que ostente la custodia.

Artículo 10 que modifica el 124: agrega que será competente cualquier juez de familia del país en un proceso de adopción internacional.

Artículo 12 que modifica el 127: agrega que el niño adoptado por padres que residen en el extranjero continuará afiliado a la EPS que tenía antes de ser adoptado hasta tanto no salga del territorio nacional.

El artículo 13: establece las normas de transición aplicables a los procesos que ya se encuentran en curso.

Elaborado por: Isabela Hoyos González, Nicolás Mallarino Rubiano, Santiago Piedrahita Borrás y Valentina Tobón Olarte.

Miembros del Semillero de Departamento de Derecho Privado.

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oct 23

Por: Esteban Jaramillo Aramburo

Con la reciente expedición de la ley 1676 de 2013, la cual entró en vigencia el pasado 21 de febrero de 2014, el Congreso de la República modificó de forma sustancial el régimen de las garantías en Colombia, al contener dichas normas un nuevo régimen de garantías mobiliarias.

Ampliar el acceso al crédito es el objetivo principal de la ley, para lo cual establece el legislador una serie de modificaciones tendientes a flexibilizar el régimen de las garantías, específicamente en lo relativo a su concepto, bienes que pueden ser objeto de las mismas, y, sobre todo, con la inclusión de mecanismos de ejecución extrajudicial y cambios importantes en el sistema de registro.

Si bien el objetivo de buscar alternativas que permitan un mayor acceso al crédito, sobre todo a personas –naturales y jurídicas- que pretendan desarrollar iniciativas empresariales, debe ser valorado, las herramientas de flexibilización deben ser analizadas con detenimiento, en la medida que su inserción en nuestro sistema legal puede resultar problemático.

En primer lugar, para efectos de determinar si un bien puede ser considerado como garantía, acude la ley al concepto funcional de la figura, en el entendido que toda operación que tenga como objeto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante, estará contenida dentro del concepto de garantía mobiliaria[1]. Así, es posible predecir que uno de los efectos principales de la ley 1676 será el aumento significativo de las operaciones garantizadas, gracias a la variedad de bienes que pueden ser ofrecidos como respaldo del cumplimento de las obligaciones[2], superando buena parte de las restricciones de la prenda.

En relación con el registro, se crea un sistema unificado –operado por Confecámaras- que pretende centralizar la información sobre la constitución, modificación y extinción de las garantías mobiliarias, registro éste que tendrá carácter público y deberá establecer mecanismos sencillos para su consulta. Así mismo, dispone la ley que el orden en que se efectúe el registro será el que determine la prelación de créditos, modificando de tal forma el sistema actual en lo que tiene que ver con acreencias de las que son titulares entidades públicas, por ejemplo[3]. Las modificaciones indicadas, partiendo de las limitaciones a las facultades de calificación de los funcionarios de registro contenidas en la misma ley[4], podría conducir a una indeseable afectación de los derechos de los acreedores.

Finalmente, la ley 1676 modifica el sistema de ejecución de las garantías, al contener disposiciones que regulan: (i) la ejecución judicial de las garantías[5], imprimiéndole a las mismas el trámite de la realización especial contenido en el Código General del Proceso; (ii) la posibilidad ejecutar la garantía extrajudicialmente, ante las Cámara de Comercio y los Notarios, y (iii) el pago directo, consistente en la facultad que tiene el acreedor de satisfacer su crédito con el bien dado en garantía. Estas modificaciones, si bien contribuyen a la descongestión judicial y al eficiente desarrollo de los negocios, implican modificaciones importantes en nuestro sistema legal, al derogar, por ejemplo, la prohibición del pacto comisorio.

Esperamos que las herramientas que contiene la ley 1676 de 2013 sirvan para lograr un mayor acceso al crédito, en provecho del desarrollo económico del país. Sin embargo, la experiencia indica que la implementación de figuras que en principio resultan extrañas al derecho nacional, debe ser muy cuidadosa, pues de lo contrario terminarán chocando con las ya establecidas, generando la inoperancia de ambas. En ese sentido, es complejo el trabajo que le corresponde al Gobierno Nacional en la reglamentación de la ley de garantías mobiliarias.

“La copia y difusión del artículo completo está permitida siempre y cuando se haga sin ánimo de lucro y se reconozca la autoría y la fuente”  


[1] Art. 3. Ley 1676 de 2013.

[2] El art. 3 amplía los bienes objeto de garantía a: “(…) la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean presentes o futuros, corporales e incorporales, o sobre bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria (…)”

[3] Art. 56. Ley 1676 de 2013.

[4] Art. 39. Ley 1676 de 2013.

[5] Art. 61 Ley 1676 de 2013.

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jun 9

Por Juan Camilo Contreras J.

El llamado que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) hace a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), es el mismo llamado que desde muchos sectores se le hace a esta última entidad. Hoy 5 de junio, el Director de la ANTV le reclamó a la SIC  el espacio para desarrollar su competencia en materia de regulación de la televisión en Colombia; y en consecuencia le solicitó suspender la medida cautelar dictada dentro de un proceso de competencia desleal entre los canales privados de televisión y los cable operadores en el país.

Y aunque en el estado natural de las cosas en nuestro país no es extraño encontrarse con la SIC asumiendo competencias en los casos más mediáticos, el enfrentamiento entre los canales RCN y CARACOL contra los cable operadores que retrasmiten su señal sí nos deja algunas inquietudes:

  1. Para que la SIC decretara las medidas cautelares debió primero comprobar, de manera sumaria, la violación a un derecho o interés protegido; lo cual hace (en parte) al verificar que efectivamente los canales privados tienen un derecho conexo sobre sus señales para prohibir o autorizar su retrasmisión. La pregunta que queda en el aire es: ¿si la SIC  se dio al trabajo de revisar las normas sobre derecho de autor para comprobar la existencia de un derecho sobre la señal, por qué decidió omitir la existencia de un límite a ese tipo de derechos previsto expresamente en el artículo 11 de la Ley 680 de 2001?
  2. La carga prevista en el artículo 11 mencionado, desde cualquier punto vista resulta en una limitación al derecho exclusivo sobre las señales de televisión, toda vez que obliga a los cable operadores a retrasmitir dichas señales; es decir, limita el derecho conexo de los canales de forma que éstos no podrán prohibir la retrasmisión de sus señales. Toda vez que si la ley obliga a alguien a actuar, mal podría un ciudadano prohibir dicha actuación. Otra cosa, es la discusión sobre los pagos que se deban o no se deban hacer por la retrasmisión; sin embargo, tal conflicto no puede en ningún escenario llevar a la no retrasmisión, como de mala forma termina ocurriendo con la medida cautelar de la SIC.
  3. Ahora, ante la duda razonable que puede generar el enfrentamiento de dos normas de igual valor (recordemos que los países miembros de la CAN tienen libertad absoluta para imponer límites a los derechos de autor y conexos), cabe preguntarse por qué es la SIC quien está dirimiendo este conflicto.
  4. Y esta última pregunta solo genera más dudas, toda vez que las funciones jurisdiccionales de la SIC no llegan hasta dirimir conflictos sobre derecho de autor, ni ostenta facultades regulatorias en materia de televisión.

Por supuesto siempre llegaremos al caballito de batalla de la competencia por actos de competencia desleal; que en este caso, como en muchos otros, solamente me lleva a concluir el desbordamiento de las facultades de la SIC.

Muchos hablaron de los riesgos de la “constitucionalización del derecho” en Colombia; hoy, en cabio, deberíamos hablar de la “superindustrialización del derecho”.

*Profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.

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