jun 16

María Carolina Olarte Olarte

La semana anterior, confluyeron en el espacio público del centro de Bogotá dos sucesos fundamentales para la democracia: la demanda por parte de varias víctimas de la violencia por la efectividad de sus derechos fundamentales y la preparación de la plaza pública para las elecciones presidenciales. En los medios, la relación entre estas dos cuestiones fue planteada como una problemática sobre el uso del espacio público. No obstante, la complejidad que presentan las relaciones entre democracia y lo público del espacio no fue abordada. Quisiera entonces proponer una lectura del espacio público como un lugar en constante flujo y construcción, como un lugar en donde la esfera pública adquiere contenido.

A inicio del mes de mayo un estimado entre 300 y 400 víctimas del conflicto armado ocuparon la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Entre ellos se encontraban personas desplazadas provenientes de diferentes regiones, desplazados que se asentaron en Bogotá desde hace algún tiempo, varias personas en situación de discapacidad y menores de edad. El 20 de mayo en horas de la noche la fuerza pública desalojó a esta población –entre 300 y 500 miembros de la policía y el ESMAD. Durante el desalojo algunas personas se opusieron. Líderes de los desplazados informaron a los medios que el empleo de la fuerza fue sorpresivo ya que habían acordado irse del lugar al día siguiente por su propia voluntad. El 21 de mayo varios de los ocupantes estaban de nuevo en la plaza –cerca de 200 personas desplazadas de acuerdo con el censo realizado por funcionarios de la Alcaldía. Afirmaron que no se irían hasta hacerse visibles para las instituciones y obtener una garantía de que la demanda por sus derechos recibiría una respuesta efectiva. Una de sus principales solicitudes es un subsidio para iniciar proyectos productivos que les permita, como lo anotó uno de sus líderes,  salir del “estado de mendicidad” y vulnerabilidad en el que se encuentran y poder ser autosuficientes. El sábado 24 de mayo, un día antes de celebrarse las elecciones presidenciales, consintieron en desalojar la plaza pacíficamente para la instalación de las mesas de votación luego de reunirse con delegados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de otras entidades del gobierno nacional y local para definir soluciones frente a su situación.

La cuestión del espacio público atraviesa la anterior narración. Sin embargo no es claro a primera vista qué se concibe, desde un enfoque de derechos, como espacio público. Al respecto propongo tres tesis sobre el espacio público en el contexto de democracia y de dificultad para la realización de derechos en nuestro país.

1. El espacio público no constituye una categoría o una entidad predefinida de manera absoluta: Si bien el espacio público tiene una dimensión física parcialmente permanente –toda vez que puede ser modificada mediante, por ejemplo, intervenciones artísticas o arquitectónicas – su dimensión política en tanto espacio abierto de encuentro, convivencia y visibilidad es dinámica porque, entre otras razones, permite la expresión de quienes a pesar de ser formalmente ciudadanos no tienen acceso efectivo a las garantías fundamentales. Esta perspectiva sugiere que el carácter público del espacio no está fijo, sino que se construye, se realiza mediante el ejercicio de derechos fundamentales y se opone a otras concepciones de espacio público para las que solo hay un uso específico y legítimo para este tipo de espacio y el cual no admite su ocupación como forma de demandar derechos. Esta última concepción choca con un enfoque de derechos y conduce a que los desplazados sean pensados como transgresores de lo público antes que constructores del mismo en la medida en que se asume que el uso de canales de expresión diferentes a los formalmente establecidos necesariamente mina su agencia política. Por el contrario, una concepción del espacio público que reconozca que ocupaciones como la de la Plaza de Bolívar buscan no solo exigir derechos sino hacer visible la exigencia misma, reafirma el lugar político que las personas desplazadas tienen en la Constitución Política.

2.  La esfera de lo público también se construye en el espacio público. En la medida en que la ocupación por parte de víctimas del conflicto dinamiza los procesos de reconocimiento y realización de derechos al visibilizar sus falencias, dicha ocupación no solo no desconoce el carácter público del espacio sino que da contenido a lo público entendido como articulación democrática de los derechos y su realización. Adicionalmente, la presencia de las víctimas en el espacio público es una expresión de su rechazo al lugar de mera supervivencia al que el conflicto y la violación de sus derechos las han conducido, y al hacerlo modifican las condiciones en las que sus demandas por un lugar para vivir adquieren significancia. En contra de una posición que justifica de plano el desalojo forzado del espacio público, entender este espacio como una red de relaciones en tensión permite aproximarse a los desplazados en la Plaza como actores políticos que activan el debate democrático sobre los derechos y no como víctimas pasivas definidas solamente a partir de su necesidad de ayuda humanitaria. Por el contrario, negar de plano a las personas en la Plaza mediante desalojos que apelan a la fuerza hace depender la legitimidad de sus demandas del espacio que ocupan y no de la situación crítica de derechos que enfrentan.

3. No es la negativa a usar los canales existentes lo que convierte a una ocupación del espacio público en una vía violenta. Los discursos públicos e institucionales que afirman sin mayores precisiones que la ocupación de la Plaza de Bolívar – así como las protestas en general – constituyen vías violentas o de hecho deben clarificar esta última noción porque la ambigüedad en su invocación no permite diferenciar qué se está entendiendo por violencia y qué por legítima protesta. Esta ambigüedad puede conducir a limitaciones desproporcionales del derecho a la expresión y a la protesta. Como lo ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “[n]aturalmente las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión”. Así, es importante precisar que no toda ocupación del espacio público es una vía violenta por sí misma o por el solo hecho de que no constituya uno de los medios formalmente reconocidos para demandar la protección de derechos.

A partir de las tesis esbozadas sugiero que la relación entre el deber del Estado de proteger la integridad del espacio público y la vindicación del derecho a la protesta mediante la ocupación del espacio público no es antagónica. Defender el espacio público en este contexto equivale a proteger a quienes en situación de vulnerabilidad reconfiguran la esfera de lo público mediante sus exigencias de realización de sus derechos fundamentales e implica la necesidad de buscar de soluciones diferentes al desalojo forzado. Lo contrario sacrifica la construcción democrática de la esfera pública y re-victimiza a quienes han tenido que soportar las peores violencias del conflicto. Así, cuando en escenarios de conflicto o post-conflicto los canales instituidos para la participación han sido cooptados por el miedo, son inaccesibles o simplemente no tienen la capacidad para dar visibilidad a situaciones graves de violación de derechos, defender el espacio público significa ante todo reconocer que las expresiones de protesta en y a través del espacio público contra la violencia de la inequidad y la normalización de la precariedad resultan constitutivas y no antagónicas de lo público.

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may 7

Por Joaquín Garzón

Se rumora que en los próximos días la Corte Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad del art 23 de la ley 1592 de 2012 que reformó la ley de Justicia y Paz eliminando el incidente de reparación integral y sustituyéndolo por el incidente de identificación de las afectaciones.

Esta reforma tiene enormes implicaciones para el país y para los derechos de las víctimas pues elimina la posibilidad de que busquen su reparación por la vía del proceso de justicia y paz.  Para comprender la trascendental decisión que está por venir es necesario exponer algunos elementos de contexto.

¿Qué es el Incidente de Reparación Integral en la Ley de Justicia y Paz?

Es una etapa procesal penal que también se encontraba en el marco del proceso penal especial de la ley 975/05, específicamente en el art 23, hacía parte de la etapa de juzgamiento y se surtía ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.  Su objetivo era que la víctimas pudieran presentar ante la Sala de Conocimiento sus pretensiones en relación con las posibilidades de reparar el daño que les han ocasionado los postulados.  Posteriormente, en la sentencia,  se fijaba la pena principal, accesoria, alternativa, las obligaciones de reparación moral, económica y la extinción de dominio de los bienes a que hubiera lugar.  Carga de la que eran responsables los postulados, solidariamente con los otros miembros del frente o bloque, subsidiariamente el Fondo de Reparación de las Víctimas y residualmente el Estado.

¿En qué consiste la Reforma que trae el art. 23 de ley 1592 de 2012 y cuáles son sus posibles implicaciones?

La reforma elimina el incidente de reparación integral por lo que la reparación y la restitución de tierras ya no podrán ser tramitadas por esta vía sino que tocará acudir a los procedimientos creados por la ley de víctima, es decir, se  sustituye la reparación judicial en un proceso penal por una administrativa (una tabla de valores fijos)

La decisión de dejar en firme este artículo tal como está podría tener las siguientes implicaciones:

1.  Los montos de las reparaciones de las víctimas por los daños sufridos serán  muy inferiores a los que los Jueces de Justicia y Paz estaban asignando conforme a los métodos de tasación que desarrollaron.

2. Las rutas de restitución de tierras que existían en el proceso penal especial pasan al trámite administrativo y judicial de restitución de tierras creado por la Ley de Víctimas.  Era limitada la posibilidad de restitución de bienes inmuebles a través del proceso penal especial, pero también resultada limitada la posibilidad a través del mecanismo de la Ley de Víctimas.  Sólo los bienes que cumplan lo estipulado por la Ley 1448/11 podrán ser restituidos y se perderán los avances en investigación que ya tenía la fiscalía en los procesos en curso donde se encontraban bienes inmuebles susceptibles de ser restituidos y que no cumplen los requisitos de la Ley de Víctimas.

3.  Disminución en la Seguridad Jurídica y la Confianza Legítima en el Estado.  Quienes tenían expectativas legítimas de acceder o someterse a la reparación en el marco del proceso de justicia y paz no lo podrán hacer.  Este cambio de reglas reduce aún más la confianza en las instituciones lo que resulta especialmente grave en un proceso  de justicia transicional.

4.  Modificación de los propósitos del proceso penal especial.  Además de identificar  los responsables penales, se buscaba la reparación-restitución a las víctimas.  Ahora, el proceso sólo tendrá como propósito la identificación de la responsabilidad penal y el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido.

Hay fuertes argumentos de sostenibilidad fiscal que respaldan la medida pues se cree que las reparaciones judiciales excederán por  creces el presupuesto nacional pero lo cierto es que nadie consultó con la opinión de los que se verán directamente afectados para cambiar las reglas del juego.  Ni siquiera pensaron en un régimen de transición que favoreciera a las víctimas que ya llevaban años en el proceso penal con expectativas legítimas de ser reparadas por esta vía.

Esperemos que la Corte Constitucional, en su sabiduría, medie en esta supuesta tensión entre el presupuesto nacional y la dignidad de las víctimas.

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