En una región donde predomina el desierto, en sus zonas rurales la temperatura puede llegar a los 42° centígrados, el agua es escasa, hay energía solo unas horas al día y en sus carreteras solo pueden transitar automóviles todoterreno, vive alrededor de medio millón de colombianos, muchos de ellos indígenas wayuu. Se los encuentra dispersos en sus rancherías, viviendo el día a día cerca de sus muertos pero lejos de todo, de sus escuelas y de los servicios de salud.
Hasta La Guajira llegaron investigadores javerianos y de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, de Baltimore, Estados Unidos, para identificar preferencias y percepciones de los guajiros frente a los servicios de salud de los diferentes regímenes a los que podían estar afiliados.
Encontraron que, si bien valoran seguros de salud que cubren a la familia, en los que pueden elegir médicos y hospitales y acudir a especialistas en caso de necesidad, pareciera que no son capaces de dar el paso del régimen subsidiado al contributivo, aun cuando cuenten con los recursos necesarios para hacerlo.
¿Cómo llegaron a esta conclusión?
“El estudio fue realizado hace más de cinco años y la normatividad ha cambiado”, advierte Jeannette Liliana Amaya, profesora investigadora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.
En ese entonces los investigadores se desplazaron a La Guajira –cuna del vallenato– para adelantar una encuesta en la que entrevistaron a quienes actuaban como cabeza de familia de 400 hogares, mayores de 18 años y afiliados al Sisbén (Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales) en las categorías 1 y 2, que corresponden a la población más pobre y vulnerable. En los 44 corregimientos quisieron averiguar por qué el 9% de la población del departamento no estaba afiliado a régimen alguno, el 18% estaba en el régimen contributivo (afiliado a una EPS) y el resto, o sea, el 73%, en el régimen subsidiado.
De casa en casa y de ranchería en ranchería, con el apoyo de unas fichas con imágenes que representaban algunas de las preguntas y de un traductor que no solamente hablaba wayuunaiki sino que podía explicar los tecnicismos –palabras como ‘prima’ o ‘copago’–, tuvieron una primera idea demográfica de los encuestados: el 78% eran indígenas nativos wayuu, tres de cada cuatro entrevistados eran mujeres, el promedio de edad de quienes participaron en la encuesta fue de 40 años, solo el 10% estaba casado y cada familia se componía, en promedio, de cinco personas. Más del 80% tenía estudios secundarios y casi la mitad estaban desempleados. Sin embargo, la tercera parte de los encuestados ganaba más del salario mínimo de ese entonces.
Cuando profundizaron en la percepción sobre la salud, encontraron que valoraban cinco beneficios que tenía el régimen contributivo frente al subsidiado, entre ellos, el poder escoger el médico y el hospital de su preferencia, las incapacidades médicas remuneradas, el tiempo de espera para recibir atención médica y el servicio de oftalmología.
Pero en líneas generales, teniendo en cuenta los 15 atributos que se les presentaron para seleccionar su preferencia, “la población piensa que sería benéfico para ellos la cobertura familiar, poder escoger el médico, el especialista y el hospital, y tener cobertura fuera de la ciudad”, dice Amaya.
Sin embargo, la población no manifestaba interés por cambiarse al régimen contributivo. “Una de las razones por las cuales la población subsidiada no se afilia al régimen contributivo es porque no tiene un empleo formal y no se siente obligada a afiliarse, independientemente de que tenga la capacidad de pago”, continúa Amaya.
Y no se siente obligada, primero, porque percibe que los miembros de su familia están sanos y, segundo, porque no quiere perder los beneficios del sistema subsidiado, principalmente por los bajos costos.
Cuando los pobladores se sienten enfermos acuden a la medicina tradicional, la que tienen a mano como primera opción. “Tienen que sentirse muy mal para pensar en consultar un médico”, explica Amaya. “En La Guajira, las necesidades de atención y las creencias sobre la salud y la enfermedad son propias de su cultura, los desplazamientos son complicados, no tienen los recursos económicos y la búsqueda de atención en salud les implica dinero y tiempo, que muchas veces no tienen”.
Así mismo, el estudio confirma que para el Gobierno es difícil identificar a los ciudadanos que podrían asumir el pago del régimen contributivo, resultado que aplicaría a todo el país. “Desde el Gobierno no existe la posibilidad de obligar a la población informal que tiene la capacidad de estar en el contributivo a dejar el Sisbén”, explica Amaya. “El porcentaje de trabajadores informales es cada vez mayor y el control de los ingresos es complejo e inestable, lo que hace que la gente tienda a evadir la afiliación al régimen contributivo”.
La investigación continúa
En la época que hicieron el estudio, el Sisbén solo ofrecía atención básica en salud; por ello, los investigadores concluyeron llamando la atención de los tomadores de decisiones relacionados con la política en salud sobre los beneficios de tener más colombianos en el sistema contributivo.
“Desde el año 2009 se comenzó un proceso secuencial de unificación del Plan Obligatorio de Salud (POS) en busca de un mejor acceso y atención en salud para la población más vulnerable”, dice Amaya. Pero “unificar la operación de los regímenes contributivo y subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud no es sencillo porque implica un impacto en varios ámbitos: económico, social, político, legal y en la administración misma del sistema”. En esas están en el Instituto de Salud Pública.
Para satisfacer las necesidades en salud en La Guajira, será necesario diseñar un sistema de salud acorde con las creencias, costumbres y condiciones económicas y geográficas propias de este departamento. En torno a este tema, el Instituto de Salud Pública se ha enfocado en aportar los requerimientos para la adaptación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) en La Guajira para que incorpore las necesidades y los procesos de salud y enfermedad de las poblaciones indígenas y los territorios rurales dispersos, y para que garantice el acceso oportuno e integral en salud.
Por ahora, el reto está en que todos los colombianos puedan acceder a servicios de salud óptimos.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Identifying Barriers to move to better Health Coverage: Preferences for Health Insurance Benefits among the Rural Poor Population in La Guajira, Colombia
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Jeannette Liliana Amaya
COINVESTIGADORES: Fernando Ruiz, Antonio J. Trujillo y Christine Buttorff
Cendex, Instituto de Salud Pública,
Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Política y Administración en Salud,
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2011-2014