Tercera Sesión - Viernes 25 de septiembre

Ponente 1

Edgar Antonio López

Licenciado en filosofía e historia. Filósofo. Magíster en filosofía. Magíster y doctor en teología. Entre sus áreas de investigación están: derechos humanos, justicia social, estudios bíblicos, interculturalidad y bioética. Profesor del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.

Abstract

Reconciliación, memoria y justicia en Colombia

La Asociación de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Trujillo (AFAVIT) congrega a los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada en norte del Valle del Cauca por grupos criminales y fuerzas del Estado colombiano a finales de los años 80 y comienzos de los 90, en el marco de la guerra contrainsurgente.

La política estatal de eliminar a toda costa cualquier posibilidad de instauración del socialismo en el país llevó a algunos miembros de las fuerzas del Estado a cooperar con bandas del narcotráfico presentes en norte del Valle del Cauca. Fue así como se desencadenó una práctica sistemática de desapariciones, torturas y asesinatos.

Alrededor de cuatrocientas personas, acusadas de colaborar con esta guerrilla, fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas por esa alianza regional establecida entre efectivos de la Policía y del Ejército con las estructuras criminales dirigidas por Diego Montoya y Henry Loaiza, narcotraficantes cuyos intereses coincidían con los esfuerzos del Estado por eliminar la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona.

Durante más de veinte años los familiares de las víctimas de esta masacre han adelantado una lucha por la justicia, la preservación de la memoria de sus seres queridos, la reparación integral y suficientes garantías de no repetición. Acualmente, la presencia permanente de bandas criminales como Los Rastrojos, la continuidad de las desapariciones y los asesinatos, la impunidad y la negligencia de la fuerza pública para proteger a la población civil mantienen a los miembros de AFAVIT bajo amenazas permanentes que dificultan su trabajo.

Entre mayo de 2012 y abril de 2014, con la asesoría técnica y el auspicio económico de la organización holandesa Kerk in Actie, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y la Iglesia Menonita de Colombia desarrollaron el proyecto de investigación ¿Creer en la reconciliación¿, en el cual participaron los miembros de AFAVIT en el desarrollo de una comprensión teológica de la reconciliación a partir de su experiencia traumática. Así como del trabajo que han desarrollado alrededor de la resistencia y la memoria.

Mediante la lectura comunitaria de textos bíblicos relacionados con la reconciliación se creó un espacio de reflexión para que los participantes ayudaran a establecer cuáles son las posibilidades reales de una reconciliación en casos tan complejos como el de la masacre de Trujillo. Los resultados de esta investigación pusieron en evidencia la relación que existe entre la experiencia de la reconciliación y el perdón, la solidaridad, la conversión, la memoria, la justicia punitiva, la justicia restaurativa y la misericordia; pero también con la venganza, el temor y la indiferencia.

La reconciliación es posible como restauración de las víctimas y de los victimarios, pero también de la sociedad misma. Para ello, el perdón ha de ser cultivado en la sociedad colombiana, a la vez como virtud moral y como virtud política. De otro modo, los acuerdos entre los actores armados no durarán y el resentimiento no superado podrá servir para que más temprano que tarde la violencia se manifieste de nuevo, haciendo brotar otra vez la muerte y el dolor en medio de la población.

La visión teológica de la reconciliación construida durante esta investigación busca comprometer a los creyentes en la preparación de la sociedad colombiana para interrumpir los círculos de violencia en que se halla atrapada y para recibir en su seno a quienes están dispuestos a abandonar la guerra; pero también pretende incidir en los ciudadanos y las ciudadanas para que vean la necesidad de adoptar una postura solidaria con las víctimas y comprometida con el destino de esta nación, históricamente reticente a la vida democrática.

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Ponente 2

Germán Montenegro

Arquitecto de la Universidad Nacional. Magíster en Paisajismo de la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Candidato a doctor del programa en Geografía de UPTC-IGAC. Investigador en temas de morfología, paisaje y crecimiento urbano desde la producción social del espacio edificado. Profesor del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana.

Abstract

Pensar desde abajo: Ordenamiento Local del Territorio ¿OLT¿ y conflicto

Coinvestigadores: David Burbano, Fernando Ramírez, Ana López Ortego, Gilberto Bello, Natalia Ramírez, Juan Sebastián Sánchez, Milton Edwin Lozano.                                          

La región del Magdalena Medio ¿RMM¿ posee características típicas de los territorios marcados por el conflicto armado: experiencia de vida basada en la supervivencia, resistencia y confrontación (guerrilla, paramilitarismo y narcotráfico); localización en los bordes de colonización disputados por la explotación de los recursos (petróleo, palma de aceite, ganadería intensiva, coca, oro, etc.); y baja o nula presencia del Estado. Esta ponencia considera que los procesos de organización comunitaria y de acciones colectivas populares, que han producido y auto-gestionado el territorio informal, constituyen un recurso de conocimiento fundamental para pensar la ciudad desde abajo. El objetivo principal es identificar estos procesos, con relación a tres categorías de análisis: tenencia de tierras, infraestructura social y productividad económica.

La hipótesis plantea que, al comprender esta ordenación desde abajo, se pueden entender las impotencias del OT pensado desde arriba, sobre todo en estas aéreas. El método adoptado fue esencialmente cualitativo, inductivo y comprensivo, e implicó fuertemente al trabajo de campo mediante talleres de memoria, talleres de proceso, entrevistas, observación sistemática y mapas sociales. A partir de esta experiencia, se identificaron las acciones que acertadamente han resuelto los problemas de construcción de los asentamientos, y con ellas, se armó el relato sobre las prácticas más recurrentes y exitosas. En consecuencia, un instrumento ¿OLT¿ se define en la secuencia de acciones coordinadas por una comunidad para la construcción colectiva y efectiva del territorio dónde vive. Los resultados muestran al final, acciones consecutivas identificadas como instrumentos ¿OLT: ajuste paulatino de la morfología urbana, relocalizaciones por mutación constructiva de madera al ladrillo, infraestructura de alcantarillado por frente de lote, pactos para la reserva de suelo comunitario, trueques de suelo, adaptaciones del terreno, etc.¿.

Al confrontar estas acciones con el correlato del Ordenamiento Territorial oficial, salen a la luz prácticas sociales de resistencia, de organización social y espacial, que explican la construcción de un territorio singular que podría ser técnicamente asistido desde su inicio.  Es por esto que éste debería ser considerado por quienes piensan de arriba hacia abajo, para evitar el absurdo de un "mejoramiento" de lo que ya es un hecho madurado. 

Ponente 3

Natalia Espinosa Rincón

Historiadora. Integrante del Grupo de investigación Región, conflicto y sociedades rurales de la misma universidad. Sus áreas de investigación incluyen, además, conflictos agrarios, socio-ambientales y violencia política y acciones colectivas y movimientos sociales rurales. Estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana.

Abstract

El movimiento social agrario frente a los diálogos de paz de la Habana

Coinvestigadores: Juan Guillermo Ferro

Para el movimiento social agrario la paz aparece como una oportunidad política para entrar en un nuevo escenario que le permita desarrollar su agenda por tanto tiempo bloqueada. La paz es una oportunidad política porque se supone que la movilización y la protesta social se podrán hacer en mejores condiciones, es decir, donde los actores sociales contestatarios, al no haber más guerra, no serían tratados y reprimidos como insurgentes o como criminales, o por lo menos tal trato se haría políticamente más difícil. Lo que se aspira, entonces, es a un escenario donde los conflictos sociales se den entre adversarios y no entre enemigos.

Ahora, tampoco hay ingenuidad sobre los beneficios de la paz. Un escenario de paz implica el desarrollo de una altísima conflictividad precisamente por todos los temas represados y todas las oportunidades de lucha social frustradas. En un posible futuro con paz el movimiento social agrario se va a enfrentar con viejos y renovados modelos de desarrollo de corte abiertamente anticampesino. Incluso, el modelo de desarrollo defendido por la administración Santos es una propuesta que claramente privilegia la gran empresa, el agronegocio y el monocultivo de exportación. Es decir, el presidente que actualmente defiende la paz no la defiende para poder cambiar de modelo de desarrollo, lo hace para poder profundizarlo, e incluso, para llevarlo a los territorios donde éste no había podido llegar por las condiciones propias de la guerra.

Sobre los movimientos sociales podríamos analizar muchas cosas pero en el caso que nos ocupa se trataría de mirar la relación entre las propuestas de paz del movimiento agrario y la política de paz del gobierno y de las FARC. En concreto, en esta ponencia veremos cómo ha sido la relación entre el movimiento agrario y el actual proceso de paz, cómo ha incidido en él y, a su vez, cómo se ha visto afectado. Para eso vamos a mirar tres dimensiones: 1. La dimensión política 2. Las propuestas de desarrollo (o las alternativas al desarrollo) 3. Las estrategias organizativas. Adicionalmente, queremos analizar cuáles podrían ser los escenarios políticos, resultantes de los acuerdos de paz, con fuerte impacto para los movimientos sociales agrarios.

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Ponente 4

Mario Enrique Morales

Comunicador social y periodista con maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus áreas de investigación incluyen culturas y narrativas mediáticas, comunicación, medios y cultura, comunicación política, televisión, cibercultura, observatorio de medios y calidad periodística. Director y profesor del Departamento de Comunicación, Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana. Columnista y analista de medios.

Abstract

Estándares de calidad periodística de los medios colombianos en el cubrimiento del proceso de paz

Coinvestigadores: Andrés Medina

Durante lustros periodistas y medios nos entrenamos para narrar eso que más parece una seña de identidad de las recientes generaciones: El conflicto armado interno. Intentos y fracasos sucesivos en negociaciones que buscaban acallar los fusiles hicieron mella en el alma nacional, su estado de ánimo, su resignación. Por eso en el cubrimiento de las negociaciones los temas seguían siendo los mismos: Tomas, bajas, operativos, secuestros y estadísticas, es decir la lógica del conflicto, en la que las rutinas periodísticas habían estado alineadas y entrenadas durante años con sus correspondientes y repetidas formas expresivas, centradas en la polarización, discriminación y victimización, contadas de manera episódica, discontinua y sin contextos profundos. Sin tejido narrativo.

La estrategia de relatos entre contendientes, polos opuestos y enemigos, propia del conflicto, se trasplantó sin mayores reservas a la discusión política, jurídica o sobre la forma como se desarrollaban los diálogos, es decir encuadrada en la confrontación, el disenso extremo y la polarización. Luego siguió la personalización, el unifuentismo, el machismo y la emocionalización mediática que ha terminado por afectar el desarrollo de las negociaciones.

Esos son algunos de los hallazgos que con la metodología de Observatorio de medios, basada en el análisis de contenido, deja el proyecto que sigue, de manera censal, las publicaciones y emisiones de los medios nacionales de prensa y televisión tanto privada como pública, para rastrear en las narrativas del proceso de paz los estándares de calidad periodística. Tiene como base una matriz de análisis asentada en las teorías contemporáneas del periodismo, y validada a lo largo de diez años, durante los cuales hemos analizado otros temas de la agenda mediática como salud, educación, seguridad ciudadana, relaciones internacionales, paramilitarismo, etc.

El proyecto trabaja con el objetivo de dejar insumos para el debate entre academia y medios sobre el encuadre, participación e incidencia de los cubrimientos periodísticos en el desarrollo del proceso de paz en La Habana.

Ponente 5

Vanessa Suelt Cock

Abogada, con especialización en derecho administrativo y doctorado en derecho público la Universidad de Salamanca (España). Sus áreas de investigación incluyen organización territorial del Estado, federalismo, desarrollo regional, descentralización y género, y regionalismo y estudios locales. Investiga en las relaciones de violaciones de DDHH y la explotación de recursos naturales. Profesora del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana.

Abstract

Asimetría territorial y paz

En esta ponencia me propongo exponer algunas relaciones entre el concepto de territorio (entendido este de modo amplio) y las expresiones étnicas diversas que han sido negadas en buena parte de la historia constitucional colombiana; así como la relación entre territorio y los factores que inciden en el inicio y permanencia del conflicto armado y cómo estas visiones de territorio han sido recogidas por el derecho público. En el primer aspecto he señalado que existe una asimetría en Colombia en las concepciones de territorio y que esto ya se evidencia en los reconocimientos legales que se han realizado partir de la Constitución de 1991 sobre territorio indígenas, territorios colectivos para la población afrodescendiente y zonas de reserva campesina.

La diversidad étnica impide una sola concepción del territorio, no obstante, el derecho público, a través del concepto de Estado Unitario ha creado una homogeneidad artificial que ha generado una problemática entre estas visiones y la del Estado central. Respecto del segundo punto teniendo en cuenta el informe de memoria histórica sobre "Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado" puede señalarse que entre otros factores del conflicto relacionados con el territorio están: el problema agrario; el narcotráfico; y la fragmentación territorial del Estado.

En el proceso de la actual negociación de paz, particularmente del concepto de paz territorial, se hace necesario evidenciar los conflictos relacionados con el territorio, en este sentido explorar las problemáticas generadas por la negación de la diversidad en el ámbito del derecho y entender como la disputas sobre territorio han sido factores del conflicto armado, así como la guerra ha cambiado la geografía colombiana. Comprender los conflictos en los conceptos de territorio, pero también la nueva territorialidad que adquiere con la guerra permitirá pensar en cómo materializar la paz territorial en los municipios colombianos.

Ponente 6

Yenly Angélica Méndez Blanco

Abogada de la Universidad Nacional. Egresada de la Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana.

Abstract

Derecho campesino al territorio, justicia y zonas de reserva campesina, el caso del Valle del río Cimitarra

El derecho al territorio viene siendo incorporado por los movimientos sociales campesinos, a la clásica reivindicación por el acceso a la tierra. El status de derecho que se le atribuye en el marco de la movilización legal como nueva expresión de las luchas sociales emancipatorias, remarca la vieja y cada vez más contundente aspiración de justicia de los movimientos sociales y campesinos. Las zonas de reserva campesina a su vez, vienen siendo comprendidas por el movimiento campesino que las defiende, como un mecanismo idóneo para la aplicación de tal derecho, de la reforma agraria, y con ello de una política de justicia social.

Las luchas sociales que les han dado vida desde hace 20 años, provocado una fuerte estigmatización y diversas constricciones contra el campesinado que las promueve, han puesto en evidencia la exclusión y el desconocimiento de su condición de sujetos políticos plenos. Pese a ello, también se ha demostrado la capacidad campesina para gestionar sus territorios al margen de la institucionalidad así como  el significativo valor de una resistencia propositiva que irrumpe en la agenda pública a través de la organización y movilización social, en busca de su pleno reconocimiento de derechos, en particular el derecho al territorio como derecho comunitario que engloba viejas y actuales reivindicaciones como el acceso y control a la tierra, las semillas, el agua y otros recursos estratégicos para sus modos de vida. 

A la vez, en el actual contexto en que se desarrollan diálogos de paz,  pese a las tensiones políticas que genera esta figura legal de ordenamiento a la que se oponen sectores terratenientes y defensores del modelo agroexportador, las zonas de reserva campesina representan un instrumento de construcción de paz desde y en los territorios rurales campesinos, a partir del fortalecimiento de la economía campesina, el ordenamiento ambiental y productivo, la participación en la planificación y ejecución de políticas públicas y reconocimiento pleno de derechos.

El caso de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra da cuenta de un proceso de territorialización campesina que comprende la implementación de un ordenamiento territorial y una reforma agraria campesinas. A través de ello, el campesinado organizado ha promovido un modelo sostenible de vida que rompe la hegemónica racionalidad económica y aplica una racionalidad ecológica desde la autonomía territorial. Este proceso que ha sido "blindado" con el reconocimiento legal de una zona de reserva campesina, contribuye a señalar los elementos constitutivos y fundamentos del derecho al territorio como derecho comunitario, como una experiencia de "justicia bidimensional", y la urgente necesidad de una reforma agraria territorial estructural a implementar en territorios campesinos a los que se debe reconocer su autonomía territorial.

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