Escuchar para transformar: la Javeriana y la centralidad de las víctimas a diez años del Acuerdo Final de Paz

Diez años representan apenas un instante en la historia de un país, pero constituyen un tiempo suficiente para comenzar a responder una pregunta fundamental: ¿qué significa construir paz después de la firma de un acuerdo que buscó transformar las causas históricas de uno de los conflictos armados más prolongados del mundo? 

La conmemoración de la primera década del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera constituye mucho más que un hito cronológico. Es una oportunidad para evaluar la capacidad del Estado, las instituciones y la sociedad colombiana de sostener un compromiso colectivo con la transformación de las condiciones que hicieron posible la guerra. También es un momento para reconocer que la construcción de paz no puede reducirse a la firma de un documento ni medirse exclusivamente a partir de indicadores de ejecución. La paz es, ante todo, un proceso político, ético y cultural que exige continuidad, aprendizaje institucional y una ciudadanía comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos. 

Durante esta década, el debate público ha estado marcado por narrativas contrapuestas. Mientras algunos sectores sostienen que la implementación del Acuerdo ha fracasado debido a la persistencia de las violencias y a los retrasos en el cumplimiento de varios compromisos, otros desconocen las profundas transformaciones institucionales que ha impulsado. Sin embargo, ambas lecturas resultan insuficientes cuando simplifican un proceso de enorme complejidad. La implementación del Acuerdo no puede analizarse desde la lógica binaria del éxito o el fracaso; requiere comprender simultáneamente los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten. 

Las cifras ayudan a dimensionar esta complejidad. Colombia registra actualmente más de 9,9 millones de víctimas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, lo que convierte este proceso en uno de los mayores retos de justicia transicional a nivel mundial. Paralelamente, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa la búsqueda de más de 124.000 personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. A ello se suma una arquitectura institucional inédita, integrada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda y el legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, creada para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.  

Todo ello hace parte de un proceso de implementación proyectado para quince años mediante el Plan Marco de Implementación, cuyo seguimiento ha sido acompañado por el Instituto Kroc, responsable de monitorear 578 compromisos derivados del Acuerdo Final. Estos avances no representan victorias menores; constituyen transformaciones estructurales que han redefinido la manera en que el Estado colombiano responde a una deuda histórica con millones de víctimas y han consolidado una institucionalidad sin precedentes para la construcción de paz. Al mismo tiempo, evidencian la necesidad de preservar la implementación como una política de Estado que trascienda los periodos de gobierno y las coyunturas electorales. 

En este escenario, las universidades ocupan un lugar estratégico. Su responsabilidad no se limita a producir conocimiento sobre el conflicto armado o a formar profesionales; están llamadas a propiciar escenarios donde la investigación dialogue con las experiencias de los territorios, las políticas públicas se enriquezcan mediante la deliberación académica y las voces históricamente excluidas encuentren espacios legítimos para incidir en la construcción del futuro. La universidad inspirada en la tradición educativa de la Compañía de Jesús, está llamada a ejercer un liderazgo ético que contribuya a fortalecer la democracia, promover la reconciliación y cultivar una cultura del cuidado fundada en la dignidad humana. 

Fue desde esta convicción que la Pontificia Universidad Javeriana, en alianza con la Contraloría General de la República, convocó el Congreso Internacional "10 años del Acuerdo Final de Paz: entre la firma y la realidad. Una década de retos y oportunidades", realizado los días 15 y 16 de julio de 2026. Más que un espacio para hacer un balance de la implementación, el Congreso propuso una reflexión sobre el lugar que ocupan las víctimas en la consolidación de la paz y sobre el papel que la academia puede desempeñar en la construcción de una sociedad más democrática, incluyente y comprometida con la no repetición. 

La decisión de dedicar el eje central del Congreso en la Universidad Javeriana al Punto 5 del Acuerdo Final, relativo a los derechos de las víctimas, expresó una apuesta institucional profundamente significativa. A diferencia de otros procesos de paz desarrollados en el mundo, el caso colombiano situó a las víctimas en el centro de la negociación y reconoció que la legitimidad de cualquier proceso de reconciliación depende de la garantía efectiva de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Este cambio de paradigma convirtió al Sistema de Paz en una de las innovaciones más relevantes de la justicia transicional contemporánea y reafirmó que la construcción de paz solo adquiere sentido cuando se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana. 

Como universidad de la Compañía de Jesús, la Javeriana ha sostenido históricamente que el conocimiento no puede permanecer aislado de la realidad social. Esta convicción, expresada por el rector, padre Luis Fernando Múnera Congote, S. J., atraviesa el sentido mismo del Congreso. La educación superior no solamente forma profesionales; tiene la responsabilidad de iluminar la realidad, promover el diálogo democrático y poner el conocimiento al servicio del bien común. 

Esta comprensión del papel universitario permitió que el Congreso trascendiera el formato tradicional de un encuentro académico. Durante dos días confluyeron investigadores, entidades del Sistema Integral para la Paz, organismos internacionales, organizaciones sociales, líderes territoriales, representantes religiosos, estudiantes y víctimas del conflicto armado. No se trataba únicamente de reunir expertos. 

El encuentro se basó en construir un espacio donde distintos saberes pudieran encontrarse en igualdad de condiciones para pensar colectivamente el país. 

En un momento histórico caracterizado por la polarización política y la fragmentación social, la Universidad asumió una función profundamente democrática: convertirse en escenario para la escucha rigurosa, el diálogo respetuoso y la deliberación pública. 

Las víctimas como horizonte ético de la construcción de paz 

Si existe una idea que atravesó de manera transversal las discusiones del Congreso Internacional en la Universidad Javeriana, fue la necesidad de recuperar el sentido profundo de una expresión que, con frecuencia, corre el riesgo de vaciarse de contenido por su uso reiterado en el discurso público: la centralidad de las víctimas. Más que una consigna institucional o un principio retórico, esta constituye una de las innovaciones éticas, jurídicas y políticas más significativas del Acuerdo Final de Paz. 

En efecto, el proceso de negociación colombiano introdujo un cambio de paradigma en el campo de la justicia transicional. A diferencia de numerosos acuerdos de paz en el mundo, donde las víctimas fueron entendidas principalmente como beneficiarias de programas de reparación posteriores a la terminación del conflicto, el Acuerdo Final las reconoció como fundamento de la negociación y criterio orientador de la implementación. Esta decisión se materializó en el Punto 5, dedicado a los derechos de las víctimas, a partir del reconocimiento de cuatro principios inseparables: el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. 

Desde esta perspectiva, el Congreso propuso una reflexión que trasciende el ámbito de la implementación normativa: reconocer que las víctimas no son únicamente destinatarias de políticas públicas, sino sujetas políticas y productoras de conocimiento. Sus experiencias han permitido documentar patrones de violencia, identificar las consecuencias de la ausencia estatal, construir procesos de memoria colectiva y formular propuestas para fortalecer la democracia y prevenir la repetición de las violencias. En otras palabras, la experiencia del sufrimiento también produce conocimiento social y político sobre la manera en que una sociedad puede reconstruirse después de la guerra. 

Esta comprensión orientó la arquitectura académica del Congreso, diseñada por el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vásquez Carrizosa. Los paneles dedicados al balance de los diez años del Acuerdo Final no limitaron la discusión a los avances jurídicos o administrativos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las conversaciones sobre justicia restaurativa, reparación integral, búsqueda de personas desaparecidas, memoria histórica y garantías de no repetición estuvieron permanentemente enriquecidas por las voces de organizaciones de víctimas, lideresas sociales, madres buscadoras y representantes de comunidades que han convertido el dolor en una fuerza transformadora para sus territorios. 

Esta decisión metodológica expresa una transformación profunda en la manera de comprender la producción de conocimiento dentro de la universidad. El Congreso propuso reconocerlas como interlocutoras indispensables para comprender las dinámicas de la guerra, evaluar los alcances de la implementación del Acuerdo y pensar las condiciones necesarias para construir una paz sostenible. De esta manera, la experiencia vivida deja de ocupar un lugar marginal dentro de la investigación para convertirse en una fuente legítima de conocimiento capaz de dialogar en igualdad de condiciones con el saber académico, jurídico e institucional. 

Esta apuesta encontró una poderosa expresión simbólica incluso antes de iniciar las deliberaciones académicas. En el centro del auditorio fue instalada una mándala construida colectivamente por organizaciones de víctimas, integrada por telares, fotografías, proyectos productivos, libros, tejidos y objetos de memoria provenientes de distintos territorios del país. Más que una intervención artística, la instalación constituyó una pedagogía de la memoria y del reconocimiento. Cada tejido hablaba de la capacidad de resistir; cada fotografía evocaba una ausencia que se niega al olvido; cada emprendimiento representaba el esfuerzo cotidiano por reconstruir proyectos de vida fracturados por la violencia. 

Con este gesto, la Pontificia Universidad Javeriana transformó el espacio universitario en un lugar de encuentro entre la investigación y la memoria. Los símbolos dejaron de ocupar un lugar periférico para situarse en el centro mismo del escenario donde se produciría el debate académico. No se trataba de ambientar el Congreso ni de rendir un homenaje protocolario a las víctimas. La decisión respondía a una convicción mucho más profunda: recordar que ninguna reflexión sobre la paz puede desarrollarse al margen de quienes han experimentado de manera directa las consecuencias del conflicto armado. 

En una época en la que las cifras, los indicadores y los balances de implementación suelen dominar el debate público, el Congreso recordó que la construcción de paz exige preservar una dimensión esencialmente humana. Las estadísticas permiten comprender la magnitud de la tragedia; las voces de las víctimas permiten comprender su significado. Es precisamente en ese diálogo entre la evidencia, la memoria y el conocimiento donde la universidad encuentra una de sus mayores contribuciones a la construcción de una sociedad más democrática, más justa y comprometida con la no repetición. 

Blanquita Monroy Varela, MAFAPO y la ética de la no repetición 

Hablar de la centralidad de las víctimas implica reconocer los rostros, las trayectorias y las luchas que han transformado el dolor en una fuerza capaz de interpelar a la sociedad y de ampliar los horizontes de la democracia. Entre ellas, la presencia de Blanquita Monroy Varela, integrante de MAFAPO —Madres de los Falsos Positivos de Colombia— y madre de Julián Oviedo Monroy, joven víctima de ejecuciones extrajudiciales, constituyó uno de los momentos más conmovedores y significativos del Congreso Internacional. Su intervención trascendió el testimonio personal para convertirse en una lección de dignidad, resistencia y esperanza. 

La historia de Blanquita es también la historia de cientos de madres que, frente a la desaparición, el asesinato y la estigmatización de sus hijos, se negaron a aceptar el silencio como destino. En lugar de permitir que el dolor las inmovilizara, decidieron organizarse, recorrer el país, dialogar con las instituciones, acudir a los tribunales, construir memoria y exigir que la verdad ocupara el lugar que durante años le fue negado. Desde MAFAPO, estas mujeres han demostrado que la búsqueda de justicia no nace del deseo de venganza, sino de una convicción profundamente humana: ninguna otra familia debería volver a atravesar el mismo sufrimiento. 

Esa ha sido también la convicción que ha orientado, durante varios años, el trabajo del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vásquez Carrizosa a través del proyecto La Verdad Restaura. Esta iniciativa ha consolidado un espacio de encuentro entre la academia, las instituciones y las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, partiendo de un principio que atraviesa el Punto 5 del Acuerdo Final: las víctimas no son receptoras pasivas de políticas públicas, sino sujetas políticas y constructoras de conocimiento. En este proceso, el Instituto ha acompañado ejercicios de memoria, diálogo restaurativo y formación que reconocen en las experiencias de las víctimas una fuente indispensable para comprender las causas de la violencia y fortalecer las garantías de no repetición. El Congreso Internacional fue, en este sentido, la continuidad de una apuesta institucional que entiende que la paz solo puede construirse cuando las voces de quienes han sufrido la guerra ocupan un lugar protagónico en la reflexión pública. 

Durante su intervención, Blanquita compartió una reflexión que conmovió profundamente al auditorio. Habló del respaldo que, en los últimos años, las madres de MAFAPO han encontrado en miles de jóvenes colombianos que han hecho suya la defensa de la memoria y de la verdad. Recordó con emoción los murales, las consignas y las manifestaciones ciudadanas que, en distintos lugares del país, comenzaron a repetir una frase que trascendió las calles para convertirse en un símbolo de reconocimiento colectivo: "Las cuchas tienen la razón". 

Aquellas palabras no representaban únicamente un gesto de solidaridad hacia un grupo de madres. Eran el reconocimiento de una verdad construida durante años de persistencia. Después de décadas enfrentando la indiferencia, la estigmatización y el negacionismo, las madres descubrieron que una nueva generación estaba dispuesta a escuchar su historia, a defender su dignidad y a reconocer que su lucha pertenece hoy a toda la sociedad colombiana. Como expresó Blanquita, ese abrazo de la juventud ha significado una reparación profundamente humana: la certeza de que la memoria no se extingue con el paso del tiempo cuando encuentra nuevas voces dispuestas a custodiarla. 

Ese diálogo entre generaciones constituye, quizás, una de las expresiones más esperanzadoras de la construcción de paz. Mientras las madres han dedicado años a buscar verdad y justicia, miles de jóvenes han comprendido que la defensa de los derechos humanos también implica hacerse responsables de una historia que no vivieron directamente, pero cuyos efectos continúan moldeando el presente del país. La memoria deja entonces de ser un ejercicio de evocación del pasado para convertirse en una responsabilidad compartida con el presente y el futuro del país. 

Al finalizar la primera jornada, quedó la sensación de que el Congreso había logrado algo que no siempre resulta posible en los escenarios públicos: reunir, alrededor de una misma conversación, a quienes han sufrido de manera directa la violencia, a las instituciones encargadas de garantizar sus derechos, a la academia y a organizaciones sociales que, desde distintos lugares del país, han acompañado la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Lejos de ser un espacio de confrontación entre visiones opuestas, el Congreso se convirtió en un ejercicio de escucha mutua, donde las diferencias dieron paso a una convicción compartida: la implementación del Acuerdo Final solo tendrá sentido si continúa reconociendo a las víctimas como el horizonte ético que orienta las decisiones del Estado y de la sociedad. En un país donde el dolor ha fracturado profundamente el tejido social, el diálogo entre las organizaciones de víctimas, las madres buscadoras, las instituciones del Sistema Integral, los organismos internacionales y la universidad demostró que la construcción de paz sigue siendo posible cuando la dignidad humana ocupa el centro de la conversación. 

Quizá esa fue la enseñanza más profunda del primer día. Mientras las cifras recordaban la dimensión de la tragedia y los paneles analizaban los avances y desafíos de la implementación del Acuerdo, las voces de las víctimas devolvían un sentido profundamente humano a cada reflexión. Su presencia recordó que la paz no se mide únicamente por el cumplimiento de indicadores o metas institucionales, sino por la capacidad de un país para escuchar a quienes durante décadas fueron silenciados y convertir esa escucha en decisiones concretas de justicia, reparación y no repetición. Al cerrar la jornada, más que respuestas definitivas, permanecía una certeza compartida: Colombia cuenta hoy con una institucionalidad que, pese a los enormes desafíos que enfrenta, continúa tejiendo caminos de esperanza junto a las víctimas, y con una ciudadanía que se resiste a aceptar el olvido como destino. Esa esperanza, construida desde la memoria, el diálogo y el compromiso colectivo, preparó el camino para la segunda jornada, en la que las espiritualidades, los símbolos y el encuentro interreligioso recordarían que la reconciliación también requiere sanar las dimensiones más profundas de la experiencia humana. 

Espiritualidades que cuidan la vida: el diálogo interreligioso como pedagogía para la paz 

La segunda jornada del Congreso Internacional amplió los horizontes de la reflexión sobre la construcción de paz. Después de un primer día dedicado al análisis de los avances, desafíos y oportunidades de la implementación del Acuerdo Final desde la perspectiva de la justicia transicional, los derechos humanos y la centralidad de las víctimas, el encuentro abrió un espacio para abordar una dimensión que, con frecuencia, permanece en los márgenes del debate público y académico: el papel de las espiritualidades como fuente de sentido ético para la reconciliación, el cuidado de la vida y la reconstrucción del tejido social. Lejos de constituir una conversación paralela, esta reflexión complementó las discusiones sobre verdad, justicia, reparación y no repetición, al recordar que la paz no solo requiere transformaciones institucionales, sino también la reconstrucción de los vínculos humanos, la confianza y la esperanza que hacen posible la convivencia democrática. 
 

La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, en articulación con el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vásquez Carrizosa, convocó el Encuentro Interreligioso por la Paz, un espacio que reunió a representantes de diversas tradiciones religiosas y espirituales para reflexionar sobre el papel que las comunidades de fe han desempeñado en el acompañamiento a las víctimas, la defensa de los derechos humanos y la construcción cotidiana de paz en los territorios. 

Más allá de un diálogo entre credos, el encuentro constituyó una apuesta por reconocer que las comunidades religiosas han sido, en numerosos lugares del país, uno de los pocos refugios para quienes han vivido el desplazamiento, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niños y niñas, las violencias basadas en género y otras graves afectaciones derivadas del conflicto armado. En muchas regiones donde la institucionalidad ha llegado de manera tardía o insuficiente, parroquias, iglesias cristianas, autoridades espirituales indígenas, procesos afrodescendientes y organizaciones ecuménicas han acompañado a las comunidades en el duelo, la búsqueda de personas desaparecidas, la defensa de la vida, la reconstrucción del tejido comunitario y la promoción de escenarios de reconciliación. 

La presencia conjunta de representantes de la Iglesia católica, iglesias protestantes, comunidades evangélicas, espiritualidades indígenas y tradiciones afrodescendientes hizo visible que, pese a la diversidad de sus expresiones religiosas, existe un horizonte ético compartido: la defensa incondicional de la dignidad humana. Desde sus distintas cosmovisiones, todas coincidieron en afirmar que la paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de confrontación armada, sino como la posibilidad de construir relaciones basadas en el respeto, la justicia, la solidaridad, la hospitalidad, el cuidado mutuo y el reconocimiento de la diferencia. 

Esta perspectiva dialoga profundamente con uno de los aportes más relevantes de los estudios contemporáneos sobre paz: comprender que la reconciliación no depende exclusivamente de acuerdos políticos o transformaciones institucionales, sino también de la reconstrucción de los vínculos sociales y de la capacidad de las comunidades para sanar las heridas que la violencia deja sobre las personas y los territorios. Allí, las espiritualidades desempeñan un papel irremplazable. No ofrecen respuestas jurídicas a los crímenes cometidos ni sustituyen las obligaciones del Estado; contribuyen a sostener la esperanza, a restaurar la confianza y a cultivar una ética del cuidado que reconoce la vida como el bien más valioso de cualquier sociedad democrática. 

Uno de los momentos más conmovedores del Encuentro fue el acto simbólico protagonizado por Blanquita Monroy Varela, quien abrió la ceremonia depositando las primeras botas de la iniciativa Mujeres con las botas bien puestas, un memorial que honra la memoria de las jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales y la lucha incansable de sus madres por la verdad, la justicia y la no repetición. Posteriormente, representantes de las distintas tradiciones religiosas entre ellas Monseñor Héctor Fabio Henao, caminaron hacia el centro del auditorio para depositar nuevas botas junto a ella. Aquel gesto silencioso trascendió cualquier diferencia doctrinal. Expresó una convicción compartida: el sufrimiento de las víctimas no pertenece únicamente a sus familias ni a las organizaciones que las acompañan; constituye una responsabilidad ética que interpela a toda la sociedad. 

En ese momento, la memoria dejó de ser un asunto privado para convertirse en un compromiso colectivo. Cada bota depositada evocaba una vida arrebatada por la violencia, pero también representaba la decisión de caminar juntos hacia un país donde los crímenes de Estado, las desapariciones forzadas y todas las formas de violencia nunca vuelvan a repetirse. El silencio que acompañó este acto no fue un vacío; fue un lenguaje compartido de solidaridad, reconocimiento y esperanza. 

El Encuentro Interreligioso también permitió comprender que la construcción de paz exige recuperar una categoría que durante mucho tiempo permaneció relegada de los análisis políticos y de las agendas institucionales: la ética del cuidado. Durante décadas, las respuestas al conflicto armado privilegiaron las dimensiones jurídicas, militares e incluso económicas de la paz. Sin embargo, la experiencia de las víctimas y el diálogo entre las distintas tradiciones espirituales recordaron que ninguna sociedad logra reconciliarse si no aprende, al mismo tiempo, a cuidar la vida en todas sus expresiones. 

Desde la perspectiva desarrollada por Carol Gilligan, la ética del cuidado cuestiona la idea de que los seres humanos somos individuos completamente autónomos que toman decisiones al margen de los demás. Por el contrario, parte del reconocimiento de una verdad profundamente humana: somos seres interdependientes. Nuestra existencia está sostenida por relaciones de cuidado mutuo que atraviesan la familia, las comunidades, las instituciones y la vida democrática. Reconocer esa interdependencia implica comprender que el sufrimiento de una persona nunca le pertenece exclusivamente a ella; interpela a toda la sociedad y compromete una responsabilidad compartida frente a su dignidad y bienestar. 

Esta perspectiva adquiere una fuerza particular en sociedades atravesadas por la violencia, donde el conflicto armado ha fracturado vínculos comunitarios, erosionado la confianza y naturalizado múltiples formas de exclusión. En estos contextos, cuidar deja de ser un asunto restringido al ámbito privado para convertirse en una práctica profundamente política. Cuidar significa proteger la vida amenazada, acompañar a quienes buscan a sus seres queridos, preservar la memoria frente al olvido, reconstruir las confianzas rotas, escuchar a quienes fueron históricamente silenciados y fortalecer las condiciones que hacen posible una convivencia democrática. Como ha planteado Joan Tronto, el cuidado constituye una responsabilidad pública que sostiene la vida en común y, por tanto, debe asumirse como uno de los pilares de toda democracia. 

Fue precisamente esta comprensión la que atravesó el Encuentro Interreligioso. Más allá de las diferencias doctrinales, las diversas tradiciones religiosas coincidieron en afirmar que la paz solo puede consolidarse cuando se convierte en una práctica cotidiana de cuidado hacia los otros y hacia la casa común. El gesto de depositar las botas junto a Blanquita Monroy no simbolizó únicamente un homenaje a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales; representó la decisión colectiva de asumir su dolor como una responsabilidad compartida. En aquel momento, el cuidado dejó de ser una noción abstracta para materializarse en un acto de reconocimiento, solidaridad y corresponsabilidad. 

Esta reflexión encuentra una profunda resonancia con la misión de la Pontificia Universidad Javeriana y con el trabajo que, desde hace años, desarrolla el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vásquez Carrizosa. Investigar, formar, escuchar e incidir no constituyen acciones aisladas; expresan una misma vocación universitaria orientada a cuidar la vida mediante la producción de conocimiento comprometido con la justicia social. La universidad, entendida desde esta perspectiva, no solo transmite saberes: cultiva relaciones, fortalece capacidades colectivas y crea las condiciones para que comunidades, instituciones y organizaciones sociales dialoguen en igualdad de condiciones alrededor de los grandes desafíos del país. 

El Congreso Internacional y el Encuentro Interreligioso demostraron que la universidad no sustituye las responsabilidades del Estado ni pretende hablar en nombre de las víctimas. Su contribución consiste en abrir espacios donde el conocimiento académico dialogue con la experiencia de los territorios, donde la investigación se nutra de la memoria de quienes han vivido la violencia y donde la reflexión crítica contribuya a construir políticas públicas más sensibles a la dignidad humana. Esa capacidad de tender puentes entre la academia, las organizaciones sociales, las comunidades de fe y la institucionalidad constituye una expresión concreta de la ética del cuidado: reconocer que la paz no se construye desde la autosuficiencia, sino desde la interdependencia, la corresponsabilidad y el compromiso compartido con la vida. 

Diez años después de la firma del Acuerdo Final, Colombia continúa enfrentando enormes desafíos. Persisten las violencias en numerosos territorios, miles de familias siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos, líderes y lideresas sociales continúan siendo asesinados o amenazados, y muchas víctimas aún esperan que los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición se materialicen plenamente. Sin embargo, las jornadas vividas en la Pontificia Universidad Javeriana dejaron una convicción que trasciende el balance de la implementación: la paz sigue siendo posible cuando una sociedad comprende que nadie puede reconstruirse en soledad. Como enseña la ética del cuidado, solo es posible sanar cuando reconocemos que nuestras vidas están profundamente entrelazadas y que el bienestar de cada persona depende también del bienestar de los demás. 

Quizá esa sea la enseñanza más profunda de estos dos días de encuentro. La paz no comienza con la firma de un acuerdo ni concluye con la expedición de una política pública. Comienza cuando reconocemos nuestra interdependencia y asumimos que el dolor ajeno también nos concierne. Comienza cuando una madre buscadora encuentra instituciones dispuestas a caminar a su lado; cuando un joven comprende que la memoria también constituye su herencia y su responsabilidad; cuando las diferencias religiosas se convierten en un lenguaje común para defender la vida; y cuando la universidad abre sus puertas para recordar que el conocimiento solo adquiere pleno sentido si contribuye a cuidar la dignidad humana.