Democracia en la era del algoritmo

Colombia se encuentra en pleno proceso electoral, una coyuntura en la que la ciudadanía define quiénes liderarán el rumbo nacional durante el próximo cuatrienio. En este escenario, las plataformas digitales se han consolidado como ejes determinantes tanto para los aspirantes a cargos de elección popular como para el electorado. Mientras los candidatos utilizan estos espacios para estrechar vínculos con su base mediante narrativas audiovisuales, los ciudadanos recurren a ellos en busca de información crítica. El objetivo de este consumo digital es doble: forjar un criterio sólido que permita decidir, primero, si ejercerán su derecho al voto y, segundo, por cuál propuesta se decantarán. 

Hoy, la producción de contenidos en el ecosistema digital representa un desafío crítico para los actores políticos. El material multimedia y textual que circula en estos espacios no solo busca visibilidad, sino consolidar una interacción orgánica con la ciudadanía a mediano plazo. En consecuencia, las campañas suelen priorizar el entretenimiento y las apelaciones emocionales sobre el rigor informativo o las posturas programáticas. Esta estrategia responde a una necesidad imperativa: generar recordación y capturar la atención del usuario, evitando que el mensaje se pierda en la inercia del scroll infinito. 

Bajo esta dinámica, la proliferación de contenidos desinformativos se ha vuelto sistemática. Ante el escaso rigor con el que gran parte de los usuarios examina la información en sus dispositivos, la mera replicación de un mensaje por múltiples cuentas suele interpretarse como una garantía de veracidad. Este fenómeno incentiva el consumo y la viralización de dichos contenidos a través de interacciones (e. g. como comentarios, likes o reposts) que el algoritmo capitaliza. Así, la plataforma actúa como una caja de resonancia, proyectando el mensaje original hacia las redes de contacto de quienes interactuaron con él y amplificando su alcance de manera exponencial. 

¿Quién tiene la responsabilidad frente a esta situación que afecta negativamente la deliberación política? Para abordar esta cuestión, es importante considerar al menos tres actores. El primero es la ciudadanía. Las personas, como miembros de la sociedad, deben comprender cómo sus acciones repercuten en la comunidad y asumir los deberes que les corresponden dentro de la democracia colombiana. Estas responsabilidades no se limitan únicamente al entorno físico, sino que también abarcan el ciberespacio. Por ello, comparto tres recomendaciones para quienes usan redes sociales: Primero, si creen que el contenido que consumen incita a la violencia contra otros grupos sociales o políticos, repórtenlo a la red social. Segundo, si el contenido político que ven busca generar emociones intensas, eviten comentarlo, darle "me gusta" o compartirlo. Por último, se recomienda verificar la veracidad de la información antes de participar en discusiones relacionadas con contenido político. 

El segundo grupo responsable corresponde a los partidos y movimientos políticos que avalan a los candidatos. Actualmente, es común que quienes se postulan opten por no afiliarse formalmente, buscando distanciarse de las agrupaciones tradicionales. Para ello, conforman estructuras burocráticas temporales que dificultan la rendición de cuentas, pues estos equipos desaparecen al concluir la campaña. En consecuencia, el costo político por el uso indebido de las redes sociales es mínimo, dado el carácter transitorio de estas entidades. Los partidos, en cambio, poseen una mayor permanencia en el tiempo. Por esta razón, deberían intervenir de forma proactiva, vetando públicamente los mensajes de los candidatos que respaldan cuando estos incitan a la violencia. Omitir esta acción es desatender la obligación intrínseca de toda organización política: salvaguardar las instituciones democráticas. 

El último sector que debe asumir responsabilidades ante este entorno que amenaza a las democracias son las redes sociales. Tras el escándalo de Cambridge Analytica, estas plataformas implementaron diversas medidas, como la incorporación de verificadores de datos, para controlar el abuso de sus servicios. A pesar de ser necesarias, estas acciones resultaron insuficientes frente a los constantes desafíos del entorno digital. Actualmente, la situación se ha vuelto aún más compleja, ya que varias empresas tecnológicas han flexibilizado sus mecanismos de supervisión de usuarios, argumentando que una mayor regulación podría afectar la libertad de expresión ciudadana. Parecería que sus intereses económicos son más importantes que la protección de las instituciones democráticas.     

Si bien las transformaciones tecnológicas han contribuido a optimizar nuestra calidad de vida, es necesario advertir sobre los efectos adversos que pueden vulnerar el bienestar de las comunidades. En este contexto, corresponde a todas las personas y organizaciones reconocer que la democracia no se limita a un conjunto de normas orientadas a proteger libertades o promover la competencia política. Constituye, asimismo, un valor esencial que implica aceptar la diversidad y acatar el resultado electoral, incluso cuando este no favorezca a una de las partes. Resulta imperativo que, independientemente de nuestras diferencias, coincidamos en la urgencia de preservar dicho valor democrático.