Aunque la energía nuclear es una de las formas más limpias de generar electricidad y una fuente de aplicaciones médicas de gran importancia, su desarrollo sigue siendo una capacidad al alcance de pocos países: apenas 31 naciones operan reactores nucleares para producir electricidad, por ejemplo.
Colombia acaba de dar un paso decisivo para desarrollar este sector al aprobar en el Congreso la Ley Nuclear Átomos para la Vida. A la espera de sanción presidencial, esta ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), adscrita al Departamento Nacional de Planeación, un paso fundamental para ordenar el sector y abrir el camino al desarrollo de la industria nuclear en el país. El desarrollo de este proyecto de ley contó con una fuerte participación javeriana.
Una ley nuclear para ordenar el sector
La Ley Nuclear Átomos para la Vida establece por primera vez un marco legal integral para regular las actividades que involucren radiaciones ionizantes, materiales nucleares y materiales radiactivos en Colombia. En términos prácticos, su eje central es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, que será la autoridad encargada de regular, inspeccionar, otorgar licencias, imponer sanciones y verificar que las actividades nucleares se desarrollen bajo estándares de seguridad.
“Colombia nunca había tenido una ley nuclear; todo estaba en resoluciones. La regulación está dispersa entre el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud, las secretarías de Salud y el Servicio Geológico. La idea es unificarla en un ente independiente, con presupuesto propio y sin incompatibilidades, porque antes de construir un nuevo reactor hay que garantizar la seguridad y la protección radiológica”, explica Wilmar Rodríguez, profesor del Departamento de Física de la Pontificia Universidad Javeriana.
Aunque Colombia cuenta con un reactor nuclear desde 1965, operado por el Servicio Geológico Colombiano en Bogotá, su diseño y potencia lo limitan a fines académicos, no a usos médicos o industriales a escala. De hecho, el país es el único de América Latina que, pese a tener una instalación de este tipo, no produce a partir de ella materiales radiactivos utilizados en procedimientos médicos ni en aplicaciones industriales, una realidad que la aprobación de esta ley busca empezar a transformar.
La discusión comenzó en 2023 con mesas técnicas que reunieron a congresistas, entidades del Gobierno, asociaciones científicas, expertos del sector nuclear y universidades. Entre los participantes estuvieron varios profesores de la Universidad Javeriana: Camilo Prieto Valderrama, profesor de la Facultad de Ingeniería y director de la Red Nuclear Colombiana, fue uno de los líderes técnicos de la iniciativa. También participaron los profesores del Departamento de Física Julián Mateo Zutta Villate, Wilmar Rodríguez Herrera y José Antonio Sarta Fuentes, exdirector del reactor nuclear colombiano.
Para fortalecer la industria nuclear del país, primero es necesario consolidar el marco regulatorio que permitirá la Agencia y abrirá el camino para la construcción de un nuevo reactor de mayor potencia destinado a la producción de radiofármacos. “El ámbito nuclear es muy amplio. La medicina es solo una parte. Las tecnologías nucleares también tienen aplicaciones industriales, como la esterilización de alimentos y equipos médicos mediante radiación. La lista es larga, pero una de las banderas más relevantes de esta ley terminó siendo la producción de radiofármacos”, afirma Rodríguez.
Hacia la soberanía sanitaria y energética
En 2022, Colombia enfrentó una alerta por escasez de radiofármacos debido a paradas temporales en instalaciones nucleares internacionales, lo que evidenció su dependencia de insumos importados. Aunque el país cuenta con ciclotrones —máquinas aceleradoras de partículas que permiten producir algunos radioisótopos —, esta tecnología solo cubre una parte de la demanda. Otros materiales clave requieren un reactor de producción, distinto y de mayor potencia que la instalación de investigación que existe hoy en el país.
Una de las primeras aplicaciones que podría impulsar esta ley es precisamente la producción nacional de radioisótopos que no pueden obtenerse mediante ciclotrones —es decir, necesitan un reactor nuclear avanzado—, utilizados para producir radiofármacos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades, identificar tumores y afecciones cardíacas, e incluso atacar células cancerosas de forma dirigida, una capacidad relevante en un país que registró más de 651.000 personas viviendo con cáncer en 2024.
Wilmar Rodríguez, quien durante la discusión de la ley también representó a la Asociación Colombiana de Física Médica (Acofimet) como líder de la mesa de protección radiológica, señala que el desarrollo de la tecnología nuclear en Colombia debe avanzar de forma gradual, comenzando por la investigación y la producción de radiofármacos antes de llegar a la generación de energía. El objetivo es acumular experiencia, formar talento humano y fortalecer la infraestructura de seguridad. “Yo esperaría que, si los gobiernos le dan continuidad, en 10 o 15 años Colombia tenga un reactor para producir radiofármacos y, en unos 20 años, energía nuclear”, afirma.
Colombia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, lo que la hace vulnerable a sequías y fenómenos climáticos como El Niño. Aunque las energías solar y eólica son fundamentales para descarbonizar la matriz energética, su producción depende de factores variables como la radiación solar, el viento, los horarios y la capacidad de almacenamiento. La energía nuclear, en cambio, puede generar electricidad de manera continua sin depender del clima. Además, al no emitir dióxido de carbono durante la generación, aparece en distintos escenarios internacionales como una alternativa para reducir emisiones y complementar las energías renovables.
El sector nuclear colombiano ya sostiene cerca de 45.000 empleos, aporta alrededor del 0,25 % del PIB y mueve unos $3,6 billones al año entre aplicaciones médicas, industriales, científicas y de protección radiológica. Con una autoridad regulatoria independiente y reglas unificadas, la expectativa es que ese impacto pueda duplicarse en los próximos cinco años, antes de que incluso el país piense en reactores de mayor escala.
