Hace más de 300 años, la isla de Barú se convirtió en el refugio de un grupo de cimarrones, hombres negros, fuertes y de mirada profunda, que huyeron de las murallas de Cartagena. Se trataba de una comunidad afrodescendiente que escapó de los conquistadores españoles con el fin de preservar sus costumbres, reivindicar sus derechos y ser un pueblo libre. Con los años, cuidadora de sus tradiciones, la comunidad de Barú se dedicó al cultivo de coco, ciruela, papaya, níspero y yuca; a la pesca y a la celebración de fiestas patronales al ritmo de tambora.
Sin embargo, fue hasta la abolición de la esclavitud en 1851 que el pueblo barulero pudo comprar siete caballerías (2961 hectáreas) para formalizar la propiedad de sus tierras. Aunque el quilombo de sonrisas blancas y manos laboriosas se apropió e instaló en la isla, hoy, cerca de tres siglos después, la comunidad ancestral aún le reclama al Estado el reconocimiento de la titularidad de sus predios.
En septiembre de 1969, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), señaló que “los predios que existían en la isla de Barú habían salido del patrimonio del Estado y eran de propiedad privada”. Esta decisión, el desconocimiento de la pertenencia de las tierras a sus habitantes originales y el crecimiento acelerado del turismo durante los últimos 30 años han cercado y reducido el asentamiento de la comunidad afro un 20 %, modificando drásticamente el ecosistema y transformando las prácticas culturales de la población.
El contexto territorial de Barú
Estudiar las dimensiones territoriales, históricas, sociales y ambientales de los baruleros fue la primera fase de un proyecto que inició en 2011. Un equipo de investigadores, tesistas y practicantes visitó Barú e implementó un trabajo cartográfico para dar cuenta de la existencia de esta comunidad y de su relación patrimonial con la tierra. Allí encontró una población profundamente arraigada a sus costumbres, responsable del legado ancestral de preservar su territorio, inmersa en conflictos con el Estado y con la industria hotelera por la ocupación de sus predios, y estrechamente vinculada con el ecosistema, que está en riesgo debido a la tala de manglares, bosques secos y la erosión marino-costera.
“Este es un tema dramático en términos ambientales, porque las intervenciones humanas están fragmentando los ecosistemas”, afirma Johana Herrera, ecóloga y líder de la investigación. “Es un tema complejo en términos sociales, porque a pesar de que las lagunas marino-costeras contribuyen a la regulación de agua dulce para la comunidad de Barú, otros actores las desecan para construir playas”, continúa Herrera, quien actualmente es la directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana.
Ante esta situación, en 2015 se desarrolló el diplomado Herramientas para la Autonomía Territorial, con el fin de proporcionar a los baruleros lineamientos conceptuales y metodológicos que les dieran alternativas para proteger su territorio. Luego de este ejercicio y de la reflexión de la comunidad, en junio de 2017 el Consejo Comunitario de Barú le solicitó a la ANT iniciar el trámite de titulación de su territorio. Sin embargo, en abril de 2019, la ANT negó la petición, por tratarse de un área insular privada. En respuesta, el Consejo Comunitario interpuso en enero de 2020 una tutela ante el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, demandando al Estado y a la ANT por su negligencia en el procedimiento.
Según el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Javeriana, aún hay pendientes al menos 271 solicitudes de titulación colectiva a nivel nacional, de las cuales 132 están en el Caribe colombiano.
Un trabajo con y para las comunidades
Conscientes de la negativa de la entidad territorial, en 2019 los investigadores iniciaron la tercera fase del proyecto, para contribuir con documentación académica y jurídica al proceso legal, a favor de la comunidad. “Encontramos que estas tierras sí son susceptibles de titulación colectiva y que el manglar, el bosque seco y las lagunas marino-costeras estarían mejor preservadas bajo figuras de administración y manejo en las que participe la comunidad”, puntualiza Herrera.
Durante la investigación, y por solicitud del pueblo de Barú, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) entregó en noviembre de 2019 el Concepto E-2019- 562045, en el que confirma que los baruleros son una comunidad ancestral y que, en tanto el Estado no proporcione protección, estaría expuesta a una extinción cultural.
“Si no se titula colectivamente el territorio, la comunidad puede desaparecer; eso es matar al pueblo, acabar con un legado, destruir una cultura. Eso significa arrasar con todo, porque la vida del nativo es su tierra y sus ecosistemas”, afirma Ruby Arcila, gestora del Consejo Comunitario de Barú y habitante de la isla, quien a su vez hace un llamado a la conservación y preservación del territorio.
Por el momento, la comunidad avanza en un proceso de consciencia social sobre la titulación colectiva y la preservación de sus tradiciones, mientras que el Observatorio gestiona recursos para capacitar a jóvenes de la región, con los objetivos de profesionalizar sus prácticas ancestrales y mejorar sus actividades de pesca, lectura de instrumentos cartográficos, restauración del ecosistema, entre otros aspectos.
“Las comunidades locales tienen un conocimiento ecológico tan sofisticado como el que nosotros tenemos a partir de los métodos basados en la ciencia. Hay un saber que reside en la racionalidad de la gente de Barú y que está en diálogo con nosotros, los investigadores. A eso lo llamamos en el Observatorio co-construcción de conocimiento”, precisa Herrera.
La titulación colectiva es el derecho que tienen las comunidades afrodescendientes a administrar legalmente su territorio.
Documental sobre Barú: 300 años de historia afrodescendiente
Para leer más: Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (2020). Barú: Territorio colectivo desde 1851. Análisis ambiental y cartográfico 2020. Bogotá: Rights Resources-Consejo Comunitario de Barú-Pontificia Universidad Javeriana.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Tenencia colectiva en las playas, áreas de bajamar y manglares de Barú.
INVESTIGADORES PRINCIPALES: Johana Herrera Arango y Manuel Pérez Martínez
COINVESTIGADORES: María José Arrieta, Paula Kamila Guerrero, Lina María Cortés, Dicky Pacheco, Ruby Arcila, Ivonne Vargas, Mónica Narváez, Cristian Guerrero y Elías Helo
INVESTIGADORES JURÍDICOS: Silvio Garcés, Óscar Chávez, Juan Fernando Sánchez. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos Pontificia Universidad Javeriana. Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú B20
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2011-2019
1 comentario
Muy informativo y bueno su documental. Hay que continuar este trabajo