Colombia aún en deuda con el cuidado de niños, niñas y adolescentes

Colombia aún en deuda con el cuidado de niños, niñas y adolescentes

Dejar los hijos e hijas al cuidado de otro, ya sea un vecino, un conocido e incluso un familiar, mientras los padres salen a trabajar para llevar el sustento al hogar, puede ser una situación riesgosa para ellos.

Y, cuando ocurren casos de violencia contra los menores de edad o hay otro tipo de abuso emergen preguntas como, ¿y en dónde estaba el Estado?, ¿qué servicios de ayuda le estaba ofreciendo a las familias para mejorar el cuidado de sus menores, no exponerlos a tal peligro y aportar a una mejor calidad de vida?

¿Qué ha pasado con el cuidado de niños niñas y adolescentes en Colombia?

El hacinamiento en las viviendas, una infraestructura inadecuada y deficiencia en servicios como atención médica, comercio, comida, transporte y educación, así como otros aspectos de necesidades básicas insatisfechas no solo se exacerbaron con la COVID-19, sino que salieron de la penumbra.

Según el informe La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez, del 2021 -realizado por la organización Niñez Ya-, varios entornos en los que transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) se vieron afectados, poniendo en riesgo su bienestar con la experimentación de diferentes formas de violencia en medio del encierro y las nulas posibilidades de acceder a la educación por medio virtual.

Cuidado de niños, niñas y adolescentes en Colombia

El cuidado antes de la pandemia

Pero todas estas situaciones, que ocurren en el día a día de las familias colombianas y que siguen sumando tarjetas rojas en materia de protección y bienestar para los menores de edad, no aparecieron después de la pandemia, sino que ya venían ocurriendo históricamente.

Así lo pone en evidencia “La organización social del cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia: experiencias urbanas, una pesquisa en la que participaron más de veinte investigadoras  e investigadores de cinco instituciones del país, quienes durante seis años (2013-2019) analizaron la labor del cuidado de menores que se realiza en los hogares en Bogotá, Cartagena, Medellín, Bucaramanga y Cali.

Cuenta una de las investigadoras del proyecto y profesora del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, Amparo Hernández Bello: “nos preguntamos por la conservación de la vida de las nuevas generaciones, el papel de los hogares y el del Estado: ¿Cómo los grupos familiares cuidan a los NNA y cómo se articulan los hogares con el Estado, el mercado (quienes venden el servicio de cuidar), y la comunidad como red de apoyo para garantizar esta labor?”.

Las universidades Javeriana, Cartagena, del Valle, Industrial de Santander y la Pontificia Bolivariana se unieron para responder a estas preguntas. “Quisimos tomar las voces de quienes cuidan para saber cuáles son sus cargas, los tipos de actividades que realizan, los dilemas y angustias y las situaciones difíciles que genera el cuidar, y también escuchar a quienes son cuidados”, complementa Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, directora del Observatorio Javeriano de Juventudes e investigadora del proyecto.

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Lo que encontraron

Entendiendo el cuidado como aquellas acciones que promueven el bienestar humano, la investigación hace el llamado a que esta labor sea puesta en la agenda pública del país, pues no es un asunto que concierne meramente a las familias, especialmente a las mujeres; es una responsabilidad pública en la que el Estado desempeña un papel importante ofertando servicios sociales que reduzcan la carga a los cuidadores y les brinde una alta protección a los NNA.

“Hay mujeres trabajadoras (jefas de hogar) que tienen dificultades para acceder a las pocas ofertas de cuidado que existen, por la distancia, el transporte o la posibilidad de encontrar a una persona para llevarlos -a los NNA-, recogerlos y cuidarlos en las tardes”, añade Gutiérrez. “Es ahí cuando el Estado debe promover iniciativas para tener centros de actividades escolares y extraescolares que estén cerca del lugar de trabajo de las madres, entre otras acciones que favorezcan el bienestar de nuestros niños”..

Existen muchas similitudes entre las ciudades del estudio que según Gutiérrez responden principalmente a algunas características compartidas sobre el contexto urbano, tales como la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la desprotección o la baja cobertura de los servicios sociales.

Invisibilización y feminización del cuidado

En las zonas estudiadas el cuidado es invisibilizado, esto quiere decir que “si bien cuidar resulta un aspecto indispensable del bienestar, se asume como una labor privada y se desestima su contribución económica y social, por lo que no tiene reconocimiento social y económico y tampoco la protección social requerida, pese a las múltiples tareas que implica”, explica Hernández.

Asimismo, la experta reafirma la existencia de la naturalización de la división sexual del trabajo, estableciendo -casi que de forma obligatoria a nivel moral, social y cultural- que quienes cuidan en los hogares deben ser las mujeres.

Por otro lado, existe una gran tensión por situar a los hogares como escenarios principales de cuidado, desconociendo que esto no solo es responsabilidad de las familias, sino que hay otros sectores de la sociedad como las instituciones educativas, las organizaciones que promueven protección, el Estado y la población en general que influyen significativamente en la protección de los NNA.

El negocio del cuidado

En cuanto al papel de la mercantilización del bienestar, es decir, la necesidad de múltiples servicios privados de cuidado, explica Hernández que, “resulta de la insuficiencia o baja calidad de las acciones públicas en las que el mercado debe suplir la oferta que el Estado no provee”.

A estos servicios de cuidado privados pueden acceder solo quienes tienen los recursos económicos suficientes. La investigación revela que la posición social (estrato socioeconómico, nivel educativo, autonomía económica de la mujer y existencia de redes) es clave para la toma de decisiones frente al cuidado. “Quienes tienen más ingresos y una posición social más alta, pueden decidir si cuidan o no, tomar la decisión de quién cuida y en qué condiciones, lo que revela grandes inequidades frente a quienes no pueden decidir”, complementa la profesora Gutiérrez.

“Concluimos que el cuidado es central para la preservación de la vida y el sostenimiento económico y social, y en ese sentido es necesario trabajar desde una perspectiva pública y colectiva en acciones que acaben con la invisibilidad, la naturalización, la familiarización y la mercantilización del cuidado, rasgos principales que impiden la construcción de una sociedad cuidadora”, asegura Hernández.

¿Qué hacer para garantizar un mejor cuidado?

Con la intención de potenciar el bienestar de los menores del país, las recomendaciones de las investigadoras e investigadores inician por reconocer que el cuidado debe ponerse en la en la mesa de las políticas públicas, eliminar los mensajes que naturalizan el cuidado como un asunto de mujeres, aumentar la provisión de servicios sociales para NNA de salud, educación y recreación; mejorar la calidad de jardines infantiles e incluir jornada completa en colegios y actividades extracurriculares.

Asimismo, fortalecer la conciliación en la vida laboral y la vida familiar con equidad de género; compensar el cuidado en los hogares por medio de aportes a la seguridad social, subsidios, beneficios para cuidadores principales y reconocimiento social de la labor.

Por último, el camino planteado por los investigadores y expertos del proyecto invita a velar por el cumplimiento de lo que ya está establecido en la ley (licencias maternales y paternales de quienes participan del sector formal de la economía, cuotas alimentarias, etc.), así como democratizar el cuidado en la sociedad.

Educación, más que las notas: salud, paz y bienestar

Educación, más que las notas: salud, paz y bienestar

Cuando se trata de educación es normal que se midan aspectos como el desempeño académico o la deserción escolar, pero poco se habla de las causas que podrían estar afectando estos indicadores.

Temas como la salud, la convivencia pacífica e incluso las mismas condiciones físicas de la escuela se dejan de lado en las mediciones oficiales aun cuando son determinantes para un buen proceso educativo.

Estos factores de bienestar son los que permiten un estado físico y mental de tranquilidad para que los estudiantes puedan tener mejores rendimientos en sus estudios.

Frente a este panorama, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, y Escalando Salud y Bienestar, una organización especializada en estos temas, realizaron durante el último año el estudio Índice Welbin Colombia 2021.

En este informe participaron 1373 establecimientos educativos privados, oficiales, urbanos y rurales de los 32 departamentos, los cuales atienden a más de 774 mil niños, niñas y adolescentes, entre los que hay estudiantes con discapacidad, migrantes y población indígena.

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El Índice Welbin es un instrumento técnico y práctico para monitorear y mejorar las condiciones en los entornos escolares y mide cinco dimensiones con puntajes del cero al cien: políticas, planes y estrategias para el cuidado de la comunidad educativa; los entornos; la educación para la salud; los servicios de alimentación y nutrición; y las alianzas con actores comunitarios.

Según el Ministerio de Educación, en Colombia hay 18.644 establecimientos educativos

La investigación revela que gran parte de los niños, niñas y adolescentes estudiantes del país no cuenta con las condiciones mínimas en su entorno formativo.

El 57 % de los colegios oficiales y el 71 % de los rurales incluidos dentro de la medición no tienen agua potable para beber o preparar alimentos. Además, el 12 % de las instituciones educativas del país carecen de servicio de acueducto y sus fuentes de agua son subterráneas, superficiales o de lluvia. Además, en el 22 % de los colegios rurales falta agua para el lavado de manos.

El informe que demuestra que los colegios encuestados cumplen con solo el 55 % los estándares de salud y bienestar escolar.

Para Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, estos datos revelan grandes deficiencias en la educación de los niños del país. “Hay cosas que son básicas, es inadmisible que no estén y en cualquier colegio deberían ser la prioridad. En pleno siglo XXI deberíamos estar pensando en otras cosas, pero no hemos cumplido con los básicos como agua potable o baterías sanitarias”, dice.

Abadía hace un llamado a las autoridades nacionales para responder a las muchas necesidades que se viven en los colegios. “Se necesitan políticas y acciones urgentes del Ministerio de Educación que vayan en línea con las secretarías de educación para suplir estas deficiencias”, argumenta.

La investigación muestra que solo el 26 % de los colegios monitorea peso y talla de los estudiantes y el 42 % no tiene ningún estándar para promover la alimentación saludable y prevenir riesgos asociados.

También revela que solo el 60 % de los colegios evaluados sensibilizan a estudiantes sobre salud y cuidado menstrual; a pesar de que una de cada cuatro niñas ha faltado a clases por síntomas asociados a la menstruación, solo el 19 % provee materiales para su atención.

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¿Por qué evaluar el bienestar en los colegios?

Para Daniel Tobón, director de Escalando Salud y Bienestar, resulta fundamental conocer estos datos porque permiten el regreso normal a las clases presenciales, y más cuando por causa de la pandemia 3,5 millones de niños pasaron 18 meses sin asistir al colegio.

“Tenemos evidencia de que, por situaciones de salud, más o menos el 20 % de los niños desertan del colegio y, por ejemplo, puede subir hasta el 35 % en la población indígena. Las enfermedades gastrointestinales, respiratorias o depresión pueden explicar hasta el 20 % de la reprobación de año escolar y hasta el 25 % del ausentismo escolar. Son temas que tradicionalmente ocurren en estas edades”, explica el investigador.

Dentro del informe también preocupa la baja atención en salud mental, pues aunque el 88 % de escolares sufrieron de este tipo de afectaciones que pueden estar asociadas al aumento de 9 % de suicidios en el país, solo el 20 % de los colegios presta servicios para la identificación, derivación y atención para este tipo de situaciones y, en general, el 61 % de escuelas rurales y el 42% de los oficiales no tienen personal para acompañamiento psicosocial.

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Más bienestar, más rendimiento, mejores sociedades

Tobón expone que este tipo de evaluaciones apunta a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, lo cual repercute en su rendimiento escolar.

“Programas muy estructurados de salud y bienestar en otros países muestran que podemos aumentar el desempeño académico, disminuir los síntomas de depresión, tristeza, autolesiones, intentos de suicidio, peleas y otros comportamientos de riesgo”, añade.

Según el estudio, los colegios con programas de salud y bienestar escolar han demostrado disminuir la depresión y la tristeza entre un 5 % y un 6 %, reducir el ausentismo escolar entre un 20 % y un 60 % y aumentar los indicadores de desempeño académico entre 0.45 y 0.6 puntos según las evaluaciones.

Para Luz Karime Abadía, condiciones más adecuadas en los entornos académicos promueven sociedades con mejores hábitos.

“En la medida en que desde muy pequeños les enseñemos cómo tener hábitos de autocuidado y cuidado colectivo, como sociedad, vamos a estar mejor. Por ejemplo, si aprenden cómo alimentarse bien, saben sobre salud sexual y reproductiva o de la importancia de lavarse las manos y lavar los alimentos, todos vamos a estar mucho mejor”, señala.

Además, Abadía afirma que la salud y la educación son dos de las áreas más importantes para medir el bienestar económico, aspectos que promueven e impactan directamente en la desigualdad social.

“En este índice encontramos las grandes desigualdades que siempre son evidentes en Colombia y que están acentuadas en términos de los colegios que están ubicados en el área rural que en su mayoría son oficiales”, dice.

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¿Una responsabilidad de todos?

Esta evaluación también permite identificar la responsabilidad de los diferentes actores relacionados con el proceso educativo y cómo cada uno puede contribuir a generar mejores condiciones para los estudiantes.

“Para nosotros, como investigadores, el colegio es un ecosistema donde confluyen múltiples actores, programas y servicios. Al colegio le corresponden algunas cosas, a los estudiantes otras, las familias también deben involucrarse en hacer una alianza familia-escuela, a los puestos de salud, pero también muchas responsabilidades más arriba: secretarías de educación, de salud y por supuesto a nivel nacional tenemos grandes responsabilidades”, manifiesta Tobón.

Sin embargo, Abadía es enfática en que el gobierno nacional debe hacer más esfuerzos por ofrecer mejores condiciones de los colegios en el país. Dice que por más que los actores locales tengan iniciativas propias, aún hay deficiencias considerables en infraestructura y políticas para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

Aprender de las buenas experiencias

Un colegio público fue el mejor calificado del país en el índice Welbin, a pesar de que en su mayoría son los colegios privados y urbanos los que obtienen mejores puntajes. Es por ello que los expertos ven en el intercambio de conocimientos una estrategia que permita compartir las buenas prácticas.

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Tanto Tobón como Abadía esperan que esta medición sea un incentivo para que a nivel local y regional mejoren sus indicadores y las condiciones para los estudiantes.

“Nosotros aspiramos a que cada año los rectores sepan que viene el índice y que hay que responder la encuesta. De esta forma pueden empezar a hacer acciones en las dimensiones que tienen más rezago o un puntaje más bajo. Así, en la siguiente medición se puede comparar a fin de mejorar”, expone Abadía.

Ambos investigadores coinciden en que el aporte de la academia con este tipo de iniciativas es proporcionar información que tal vez los gobiernos regionales o el nacional no tienen capacidad de recolectar porque están implementando otros planes, pero que en el futuro, se podrían complementar para reconocer a quienes lo hacen bien y apoyar a quienes todavía tienen falencias.

“Necesitamos generar unos incentivos para decir: esto lo están haciendo muy bien, entonces reconozcámoslo, apoyémoslo, llevemos recursos de manera focalizada. No todo el mundo necesita agua, algunos necesitan conectividad, otros requieren sistemas de ventilación. Se trata de utilizar la información y yo creo que entre todos podemos hacer que esta rendición de cuentas sea mucho más precisa”, finaliza Tobón.

El Sol: energía para la educación en la Alta Guajira colombiana

El Sol: energía para la educación en la Alta Guajira colombiana

Esta nota se publicó originalmente en la edición 57 de Pesquisa con el nombre de El Sol: energía para la educación.

Encender un bombillo, usar el computador, prender el televisor o cargar la batería del celular son acciones cotidianas cuya perspectiva cambia drásticamente cuando usted está en una de las cientos de poblaciones donde solo hay electricidad durante escasas horas al día, que en Colombia son alrededor de 1710 localidades rurales, según los datos del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE).

En la Media Alta Guajira se encuentra una de estas zonas no interconectadas. En algún paraje dentro de esa hermosa “extensión desierta, bajo un cenit ardiente” que es el municipio de Uribia —como lo describe su himno—, a cinco horas en carro partiendo desde Riohacha, en el corregimiento de Taparragí, está Kuisa, una comunidad habitada por cerca de 900 wayúus.

Y aunque todos allí viven la escasez de energía eléctrica, podría decirse que los niños y jóvenes en edad escolar son los más afectados. Buena parte de las herramientas didácticas que facilitan el aprendizaje requieren de energía eléctrica: computadores, impresoras, proyectores, televisores y parlantes, sin contar con el apoyo que brinda una adecuada iluminación. Pero en la escuelas de Kuisa apenas disponían de 300 vatios al día, lo que les permitía conectar solo dos bombillos, un televisor y un parlante.

El Centro Etnoeducativo Nuestra Señora del Carmen de Kuisa es el único colegio de esa zona que tiene bachillerato aprobado por el Ministerio de Educación Nacional hasta 8.º, y actualmente busca que lo certifiquen hasta el grado 11.º. Funciona también como internado, pues hay niños y jóvenes que, dadas las largas distancias, no alcanzan a ir y volver a sus casas en el día. El colegio atiende a cerca de 80 niños internos y 270 de la comunidad; además, alberga a 14 profesores de diferentes regiones del país.

Mientras tanto, en las aulas javerianas

“Para la materia de Energía y Sostenibilidad le propuse a mi compañero Javier Areniz hacer un proyecto real para que, al terminar la materia, lo pudiéramos presentar a la convocatoria HAC Projects, Humanitarian Activities Committee, del Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE”, cuenta Johanna Castellanos, ingeniera mecatrónica y estudiante del Doctorado en Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, al recordar el origen de un proyecto que trascendió las aulas y que, en febrero de este año, logró llevar a la comunidad de Kuisa un sistema solar fotovoltaico (basado en paneles solares), por valor de 60 000 dólares.

A partir de 2019, Castellanos empezó a gestionar este proyecto de clase que, en efecto, ganó la convocatoria del IEEE, con la que obtuvo los recursos económicos necesarios y que acaba de ganar el primer puesto del Concurso de Proyectos Humanitarios, convocado por la Sociedad Mundial de Aplicaciones Industriales de la IEEE, tras competir con iniciativas de todo el mundo.

El Concurso Proyectos Humanitarios reconoce iniciativas que en su implementación propongan soluciones viables a problemáticas relacionadas con la energía, el agua, la salud, el saneamiento, el transporte y la agricultura; y que además tengan una mirada humanitaria y de apoyo a comunidades.

Desde sus inicios, gracias a la pasión del equipo, se fueron integrando otros estudiantes con los que compartían materias y que tras escucharlos se iban sumando activamente, como Jimena Gómez y Camilo Prieto. También Roger Pimienta, quien los conoció en la materia de Eficiencia Energética y que de inmediato se puso a su disposición para ayudar en el almacenamiento de equipos y en el apoyo logístico en La Guajira.

Las energías alternativas son una gran oportunidad de progreso para regiones tan abandonadas como esta”, comenta Pimienta, guajiro e ingeniero electrónico que actualmente cursa el Doctorado en Ingeniería en la Javeriana: “En el caso de Kuisa, pueden ayudar a cientos de niños a educarse y a lograr mejores oportunidades para sus vidas. De verdad que este tipo de proyecto cambia vidas. Por mi parte, también cambió la mía”.

Y aunque en buena medida el trabajo ha sido gestionado y ejecutado por estudiantes, es la suma de muchos esfuerzos, por ejemplo, de sus profesores. Desde el principio, el equipo obtuvo el apoyo de docentes investigadores en energía y energías alternativas, como Diego Patiño y Carlos Adrián Correa, de la Javeriana, y Gabriel Ordóñez, de la Universidad Industrial de Santander, quienes ofrecieron su asesoría y el respaldo institucional de las universidades.

“Las energías alternativas pueden ayudar a cientos de niños a educarse y a lograr mejores oportunidades para sus vidas. Este tipo de proyecto cambia vidas. Por mi parte, también cambió la mía”. Roger PIMIENTA, Estudiante del doctorado en Ingeniería.

panelsolarEste proyecto se realizó con la participación activa de la comunidad wayuu de Kuisa, para quienes este ha sido “un sueño hecho realidad”.

El resto de la magia la hace el Sol (y la ingeniería)

¿Dotar de energía eléctrica a una escuela usando paneles solares consiste en comprar los paneles e instalarlos en el techo? La respuesta es no. Elaborar un sistema fotovoltaico parte de identificar el recurso solar presente en La Guajira ―departamento con la mayor riqueza en este recurso en el país―, analizando información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para luego realizar un sinnúmero de ecuaciones.

Determinar el número y el tipo de paneles y baterías necesarios requiere calcular la cantidad de energía eléctrica que se consume por día en la escuela. La cosa se complica porque dentro del sistema también hay un ‘inversor’, que es un dispositivo que convierte la ‘corriente continua’ generada por los paneles en ‘corriente alterna’, que es la que puede ser usada en el sistema. Este inversor solo puede procesar cierta cantidad de energía al tiempo, y, si se sobrecarga, se daña. Por eso hay que identificar cuál es el pico de máxima potencia, es decir, el momento del día en el que ocurre el mayor uso de energía.

El funcionamiento correcto del sistema depende de hacer muy bien todos los cálculos. “Salón por salón, espacio por espacio, identificamos qué dispositivos se iban a conectar, a qué horas y durante cuánto tiempo. Con base en eso, se genera lo que nosotros llamamos la ‘demanda o el cuadro de uso energético’”, explica Castellanos.

La comunidad debe ser cuidadosa de no conectar cosas que no estaban contempladas en el diseño inicial, por ejemplo, “más celulares o una licuadora o electrodomésticos con motores, ¡es gravísimo!”, agrega la ingeniera. Por eso, el ejercicio con la comunidad involucró una socialización, de manera que ellos puedan usar correctamente su nuevo sistema fotovoltaico, el cual actualmente les provee 9 kilovatios por día (9000 vatios), a través de cuatro subsistemas (conjuntos de paneles, inversor/conversor y baterías) que alimentan de electricidad a seis aulas, un taller artesanal, la sala de informática, la cocina y los dormitorios.

«La instalación de los paneles solares significa un sueño hecho realidad, avance y progreso”, comenta Adelco Larrada Ipuana, autoridad ancestral de la comunidad de Kuisa. “Antes se tenía que tratar de hacer todo temprano, nuestros niños se tenían que acostar temprano y levantarse con la luz del día, lo cual limitaba el horario de clases. Ahora nuestros alumnos realizan sus tareas con tranquilidad y utilizan los medios tecnológicos que antes no podían usar”, complementa Larrada. El nuevo sistema, además, es permitirá implementar clases nocturnas de alfabetización y validación del bachillerato.

 Desde los trabajos de clase se gestan cambios para un país que busca transformaciones apoyadas en el conocimiento, la pasión y la empatía.

solar3Antes la comunidad disponía de 300 vatios al día, pero gracias al proyecto aumentó a 9000 vatios diarios, los cuales mejoran las condiciones educativas y posibilitan las actividades nocturnas

El equipo de estudiantes javerianos espera continuar aportando muchos más cambios a la comunidad de Kuisa, a través de la construcción de nuevos espacios físicos, dotación de equipos para la educación e, incluso, el desarrollo de un sistema de riego automático con el apoyo del Instituto Javeriano del Agua, para tomar el líquido de la laguna que lleva el mismo nombre de la comunidad y llevarlo hasta la huerta de la población.

Así, queda demostrado que desde los trabajos de clase se gestan cambios para un país que busca transformaciones apoyadas en el conocimiento, la pasión y la empatía. Y ello es posible cuando, como indica Johanna Castellanos, las aulas conectan el conocimiento con el territorio: “Algo que me parece muy bonito es que esta iniciativa, en su ejecución, ha sido sobre todo con estudiantes. Tú puedes hacer una realidad al descubrir que Lo que ves en el aula sí se puede llevar a una comunidad, que es posible hacer un cambio, transformar la vida de las personas. Me encanta inspirar a que otros se motiven a hacer cosas parecidas. Cada uno desde sus talentos y habilidades puede aportar”.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Mejorando las condiciones de educación de un colegio en La Guajira, Colombia.

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Johanna Castellanos, Diego Patiño y Gabriel Ordóñez.

COINVESTIGADORES: Javier Areniz, Roger Pimienta, Jimena Gómez, Jonathan Rodríguez, Camilo Prieto, Carolina García Valencia, Carlos Adrián Correa.

COLABORADORES: IEEE sección Colombia, IEEE subsección Santanderes, IEEE EDS Colombia, Ejército Nacional de Colombia, Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano y empresa WM SAS.

Doctorado en Ingeniería
Facultad de Ingeniería Pontificia
Universidad Javeriana
E3T
Universidad Industrial de Santander

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2019-2021

Exiliados y excluidos: así viven los venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia

Exiliados y excluidos: así viven los venezolanos LGBTI en las cárceles de Colombia

Es un triple estigma: ser migrante, venezolano y pertenecer a la población LGBTI en una cárcel de Colombia. La cruda realidad tras las rejas, en un país con 96.386 prisioneros –a julio de 2021, según el informe estadístico del Inpec– apiñados por los excesos del delito. Un entorno que se hace más azaroso cuando el recluso cumple esa triple condición.

Cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) indican que, de 1.995 venezolanos presos en el país, 33 se reconocen como población diversa. El dato, sin embargo, no refleja toda la realidad, pues muchos prefieren esconder su orientación sexual para no lidiar con nuevas violencias. Pero más allá de los números, las historias de estas personas encarnan dramas que apenas están empezando a contarse.

Hace unas décadas eran los colombianos los que migraban hacia Venezuela a causa del conflicto armado o en busca de mejores oportunidades en una nación boyante, gracias al petróleo. De acuerdo con expertos, fueron alrededor de cinco millones de colombianos los que se instalaron allá. Pero la actual realidad social y política del vecino país le dio la vuelta a esa moneda y ahora la diáspora venezolana suma 5,4 millones de migrantes, de los cuales casi dos millones se han asentado en Colombia.

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Los testimonios

Su inserción no ha sido fácil y menos a una sociedad donde la discriminación aparece en cualquier momento. Yahir Pérez* lo sabe y lo ha padecido, porque además de ser venezolano, es gay y está detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, que alberga otros 174 reclusos oriundos de su país.

Pérez nació en el Estado Lara, noroccidente de Venezuela. En medio de la asfixia económica de su familia y agobiado por la discriminación en su tierra dada su orientación sexual, se vino a Colombia hace tres años. Apenas llevaba unos meses cuando cayó preso.

La mayor parte de su encierro la pasó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. Allí sufrió más de la cuenta. Si en las cárceles regulares existe hacinamiento –a julio de este año rondaba el 18%, con una sobrepoblación de casi 14.800 personas– en esa URI podía multiplicarse por cinco, explica Yahir.

Cuando lo trasladaron a la cárcel La Modelo pasó tres días deambulando entre pasillos, sin ningún patio asignado y recibiendo todos los insultos imaginados por su orientación sexual. “Cuando llegué me ofendían mucho, me insultaban, no me dejaban entrar. Casi todos los días me decían groserías y eso que hoy estoy en el patio de convivencia, pero parece que no fuera así”, relata.

Según él, es común que a la comunidad LGBTI no le dejen entrar encomiendas o ropa íntima femenina, para quienes se reconocen como mujeres transexuales. La vida detrás de los barrotes ya es suficientemente difícil, pero lo es más si eres venezolano y de orientación sexual diversa. Es como un doble estándar xenófobo.

Alicia Bustos* también lo padeció. Tiene 27 años, es venezolana, madre de dos hijos y bisexual. Llegó a Colombia en 2015 y terminó detenida al intentar transportar droga a Brasil, por lo que ya completa seis años en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá.

Bustos se mueve con propiedad en ese lugar, que no está exento del hacinamiento estructural de las cárceles colombianas: con capacidad para 1.246 reclusas, en agosto de 2021 albergaba 1.785.

Esta penitenciaría cuenta con más de medio siglo de historia, tiene hasta cinco pisos y en el centro de esa mole abigarrada hay una cancha de baloncesto y unos juegos infantiles para atender a los hijos de las internas, que están enrejados y sin uso por la pandemia. Por su antigüedad en la cárcel, Alicia duerme en la cama de arriba del camarote.

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Son cerca de las nueve de la noche y el pabellón en el que ella se encuentra empieza a moverse de forma convulsionada. El bullicio de fondo es evidente.

–¿Qué está pasando en este momento?, le preguntamos.

–Estamos haciendo aseo, lavando ropa, bañándonos, algunas están haciendo arepas y otras por aquí están bailando.

Suena de fondo música festiva.

–¿Y por qué tan activas en este momento?

–Porque solo a esta hora sube el agua al piso en el que estoy. Si uno quiere hacer estas cosas en otro momento no se puede, porque no llega el agua.

A pesar de las rutinas de la cárcel, de estar muy lejos de sus hijos y sentirse ajena como migrante, Alicia reconoce que aun con las carencias, el Inpec le ha ayudado con lo mínimo en aseo. “Ellos les colaboran a los migrantes con un kit cada tres meses, que consta de dos rollos de papel higiénico, una afeitadora, un jabón de baño, una crema y un cepillo de dientes. La embajada de Venezuela en Bogotá solo vino una vez, en 2015, y no volvió. Los venezolanos estamos abandonados”, dice.

Hacinamiento

Los números de la sobrepoblación carcelaria en Colombia no son nuevos. Estas condiciones derivaron en reportes de organismos nacionales e internacionales sobre permanentes violaciones a los derechos humanos y tratos indignos, hasta llegar a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria que decretó la Corte Constitucional desde 1998, en la Sentencia T-153/98. Desde entonces ha habido múltiples pronunciamientos del alto tribunal de seguimiento a esta crítica situación.

Pese a ello, el país alcanzó un hacinamiento máximo histórico del 55% en 2016 y 2019, según datos de los investigadores colombianos Manuel Iturralde, Nicolás Santamaría y Juan Pablo Uribe, reseñados en su informe “Covid-19 y la crisis estructural de las prisiones de Colombia: diagnóstico y propuestas de solución”.

Las condiciones de sobrepoblación se han sostenido en las últimas dos décadas.

Esto sigue siendo un problema mayúsculo y se acentúa en algunas regiones, como en los distintos centros penitenciarios del noroccidente del país, donde se reporta en el informe estadístico del Inpec divulgado en julio de 2021, un hacinamiento del 42,3 %, con 3.451 reclusos sin cama. La cifra contrasta con los centros del viejo Caldas, donde apenas es del 5,1 %, con 568 internos sin dónde dormir.

 

 

Discriminación

Aunque los venezolanos son los extranjeros con mayor presencia en estos establecimientos (pues 8 de cada 10 migrantes provienen del país vecino, seguidos por los ecuatorianos con 4,9% y otros países como México, Costa Rica y Nicaragua, que no llegan al 2 por ciento), hasta el 26 de agosto sumaban 1.995 presos. La mayoría por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte ilegal de armas. Lo que representa una porción ínfima frente a los casi dos millones de migrantes que viven en el país.

Esas cifras muestran que los migrantes están lejos de ser los principales responsables de la inseguridad en Colombia.

No obstante, cada vez que las autoridades se enfocan en la nacionalidad de un detenido, refuerzan un peligroso imaginario cargado de xenofobia, que no solo lo deben soportar los migrantes en las calles, sino en las cárceles, y con mayor intensidad si hacen parte de la población LGBTI.

Ulises Miranda es caleña, transexual y defensora de derechos humanos de la comunidad diversa. A sus 50 años de edad, acaba de recuperar su libertad y ha sido testigo de todas las complejidades que ha tenido que afrontar la población diversa en cárceles como La Modelo en Bogotá o Jamundí, en el Valle del Cauca.

Según ella, cuando estuvo recluida en la capital de la República la ultrajaron más. La pandemia del coronavirus SARS-COV-2 atizó el estrés de los internos y los guardias, siempre hacinados, pero la discriminación permaneció intacta.

Como representante de la comunidad LGBTI en La Modelo tuvo que soportar toda suerte de vejámenes. “Sentía mucho temor. Por ser de derechos humanos me decían: ¿derechos humanos?, ¿un travesti, negro y caleño?”. “Además, me tiraban estiércol con orines”.

Ulises dice que a los venezolanos diversos les iba peor: “Hay mucha xenofobia hacia ellos, incluso de panameños, mexicanos y guatemaltecos. Son muy agresivos. En Jamundí también vi mucho trato despectivo, un desprecio por los venezolanos y ahora en la calle lo veo más: muchas chicas venezolanas trans en la calle sufren agresiones físicas y verbales permanentemente”.

Por su parte, la mexicana Alejandra Martínez, exreclusa de El Buen Pastor, es enfática en decir que a los venezolanos los agreden mucho más. “Como mexicana nunca sufrí discriminación”, dice, y recuerda que ser migrante en una cárcel es sufrir la soledad del encierro sin el consuelo de su familia porque no pueden visitarlas. Además, “a los migrantes nos cobran más caro los trámites judiciales por el solo hecho de no ser de este país”.

Alicia complementa: “A nosotras las venezolanas nos dan muy duro. Hoy, por ejemplo, estaba en la pasarela en un evento de modelaje y llegó una venezolana que baila muy bien y es muy bonita. Cuando la vi, tenía morados. No me acerqué a ella, porque no me gusta, como se dice acá, ‘comprar problemas’. Simplemente observé todo y le pregunté qué le había pasado y me respondió: que por ser venezolana, que por perra, que porque las venezolanas son perras”.

La rutina del vilipendio, se diría. Pero es apenas una situación de las tantas que deben encarar los migrantes venezolanos detenidos. Sin plata, lejos de casa, sin un gobierno que se preocupe por ellos, sin embajada que los represente y con el estigma en 33 de los casos de ser miembros de una comunidad históricamente excluida.

Reclusión en pandemia

De vuelta al hacinamiento, que todo lo complejiza, Ulises sostiene que en la cárcel a veces la cama es lo de menos, pues hay otras condiciones de indignidad que van en contravía de cualquier resocialización posible. La investigación de Iturralde, Santamaría y Uribe aporta ideas para entender lo que ocurre en la mitad de una pandemia. Su conclusión es que el sistema penitenciario no cuenta “con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de la población privada de la libertad y para propiciar su reintegración a la sociedad, que es su fin primordial”.

En esa línea, Leonardo Rodríguez Cely, psicólogo, doctor en criminología y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, añade que el hacinamiento, la deficiente atención en salud, la escasa oferta de programas especializados para la reintegración y el masificado trato inhumano contribuye a que los niveles de reincidencia sean muy altos. Un contexto que agrava las vulneraciones a la comunidad LGBTI y a los migrantes detenidos.

Linda Teresa Orcasita, psicóloga y experta en temas de género, pone el foco en otros asuntos claves: “La atención diferencial es necesaria en el contexto carcelario y más si estamos hablando de población migrante, pues allí existen diversas vulneraciones asociadas a diversos estereotipos vinculados al estigma y prejuicio sobre la población”.

Para ella ha venido aumentando el lenguaje discriminatorio y extendido, según el cual son los venezolanos el enemigo de hoy, lo cual refuerza las agresiones hacia esa población dentro de la cárcel. Y si esa población, además se reconoce diversa, todo se complica más.

En muchos casos la población LGBTI es víctima de abusos sexuales de internos, que erróneamente consideran dichas prácticas como “correctivas” de esas entidades de género y orientación sexual.

«Eso lamentablemente es una de las vulneraciones a los derechos humanos más graves que se comete contra ellos. La gente cree que eso se quita, que ser diverso es una moda o que se les va a pasar”, asegura la psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali.

Salud y hormonización

Como respuesta a las dificultades de la población LGBTI, en el informe de julio 2021 del Inpec asegura que ha venido trabajando en desarrollo de un enfoque diferencial que garantice la vida y la dignidad de esta población, tal como se promulgó en la Ley 1709 de 2014.

“En materia normativa y de jurisprudencia para el reconocimiento y la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas privadas de la libertad se han logrado varios avances”, dicta el documento al referirse a la Sentencia T-062/11 de la Corte Constitucional, por la cual se prohíbe a las instituciones penitenciarias restringir visitas íntimas, el corte de cabello, la tenencia de utensilios de belleza, entre otras disposiciones y sentencias.

Además, la Resolución 6349 de 2016 dio un mandato claro para la implementación de medidas especiales que permitan brindar condiciones de equidad y acceso a sus derechos en los centros penitenciarios. Frente a ello, la Dirección de Derechos Humanos y Enfoque Diferencial del Inpec explica que en el año 2019 los 132 establecimientos de reclusión del país elaboraron un reglamento interno, en consonancia con el enfoque diferencial.

En concreto, a través de la Dirección de Atención y Tratamiento –añadió la entidad en respuesta a una solicitud de información– desarrollan jornadas de autorreconocimiento dos veces por año en los establecimientos para identificar sus necesidades específicas y “adoptar programas y decisiones más acertadas para garantizar sus derechos fundamentales”.

Asimismo, la entidad sostiene que ha implementado medidas tendientes a “la visibilización, protección y garantía de los derechos de aquellas personas con orientación sexual e identidad de género diversa, específicamente en temáticas relacionadas con elementos de belleza, prendas de vestir y corte de cabello, criterios de clasificación para la ubicación, identificación, participación, requisas, trámite de quejas, reclamos y denuncias y visitas íntimas”.

Sin embargo, los testimonios recogidos para esta investigación periodística contradicen la versión institucional y, al contrario, evidencian un largo listado de vacíos por resolver que se vuelve más complejo cuando los internos son migrantes venezolanos. Gaby Luzardo, una mujer trans venezolana de 40 años, a quien capturaron llevando cápsulas de cocaína en su estómago y que estuvo detenida por cuatro años en las cárceles La Modelo, la Distrital de Bogotá y la de Acacías (Meta), advierte que la salud para la población LGBTI en Colombia es calamitosa.

En el famoso “patio milenio” de la cárcel bogotana, “decían que uno tenía que estarse muriendo más o menos para que lo sacaran del patio y si era de población LGBTI, peor”, afirma. Así lo vivió ella cuando se enfermó y recuerda que tuvo que pagar veinte mil pesos a un dragoneante para que la auxiliara. En la cárcel todo tiene un precio. Y sí que lo sabe la comunidad diversa, particularmente quienes están en proceso de transición de género.

Gaby, por ejemplo, no inició su proceso de hormonización en La Modelo pues este tratamiento, basado en el uso de medicación para modificar el cuerpo en función de la identidad de género autoreconocida, le salía demasiado caro. Las pastillas Activia 21, indicadas para ese proceso, le costaban en la cárcel cincuenta mil pesos, pero en la calle su costo promedio era de seis mil. Por ello, su “iniciación” se quedó en el maquillaje, el perfume, los tacones y la ropa femenina. Además, asegura que no tuvo asesoría ni acompañamiento para empezar este proceso, por ello lo hizo al salir de prisión.

Ulises Miranda agrega que en la cárcel de Jamundí su proceso de hormonización fue más benévolo. “Cuando se me olvidaba la cita médica, llegaba una enfermera al patio a decirme: vamos a que le den su medicación”. En cambio, cuenta que en La Modelo el trato fue siempre denigrante e indigno y que el cáncer de estómago que padecía apenas fue tratado con acetaminofén. “Eso es lo que hay, si quiere bien y si no de malas”, recuerda.

Pedro Ramos*, uno de los guardias del Inpec, sostiene que ellos también sufren por el hacinamiento y las precarias condiciones de las cárceles que custodian. “Nosotros trabajamos con las uñas, pero a pesar de eso a los internos se les acompaña en sus procesos de salud, en la medida de lo posible. Hay cosas de recursos que nosotros no podemos controlar”, y explica que los procedimientos quirúrgicos y hormonales para la población diversa no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, lo que dificulta los procesos de transición al interior de la cárcel: “Eso ha cambiado un poco, hoy en día las personas pueden acceder más fácil a estos servicios y hay casos de internos que han logrado hasta cirugías de senos después de interponer acciones legales”.

La psicóloga Orcasita señala que urgen medidas estructurales para atender a la población LGBTI que está en tránsito de su género. Si un sistema penitenciario como el colombiano no permite hacer las consultas médicas necesarias para desarrollar bien la hormonización de estos pacientes, eso puede derivar en efectos negativos para su salud.

De ahí la importancia, para Orcasita, de que los internos puedan tener un monitoreo real de sus procesos, no solo de hormonización, sino de pruebas de VIH, educación positiva en prácticas sexuales y dotación de preservativos. “No se trata de un acompañamiento a algo cosmético, es un asunto de salud desde una perspectiva sistémica”, puntualiza.

Y en esa mirada redonda sobre esta comunidad, no pueden perderse de vista los estragos del maltrato diario por su condición sexual. Ulises cuenta que alguna vez su amiga Alana fue ultrajada por la guardia, porque su nombre en la cédula era Eduardo. “¡Que yo soy Alana!”, les gritaba ella con voz fuerte e indignada, mientras sorteaba una requisa en su celda. “Cuál Alana ni qué mierda, usted se llama Eduardo. Lo que pasa es que no tiene las güevas bien puestas. Usted es un pobre güevón vestido de mujer”, le contestaban y, enseguida, un bolillazo.

Un trato diferente

Ulises y Alana coincidieron en 2020 en la cárcel de Jamundí. Apenas una historia más de las múltiples que no trascienden más allá de los barrotes, con sutiles o sustanciales diferencias, dependiendo de las diversas identidades sexuales que se autorreconocen en prisión. “El hombre gay no sufre tanta discriminación como nos toca a las chicas trans”, asegura Gaby Luzardo.

Estudios de género son concluyentes en que la diferenciación entre el trato dirigido por hombres y mujeres que se autodenominan LGBTI puede atribuirse a la legitimación social de los afectos que se les ha dado a las mujeres y que históricamente se les ha negado a los hombres, centrada en las relaciones de poder.

“Si voy tomada de la mano de una mujer en las calles, seguramente se va a asociar con que es mi mamá, mi hermana o mi amiga. Es decir, que no atenta tanto contra ese mundo hegemónico que existe, porque a las mujeres se nos permite socialmente la expresión afectiva mediada por los abrazos, los afectos y los besos. Pero, en los hombres es diferente. La norma social les enseña que deben distanciarse del afecto y validar socialmente su masculinidad que, en muchos casos, incluye denigrar y estereotipar”, dice la psicóloga Orcasita.

Y en un contexto carcelario, normalizar estos comportamientos de maltrato hacia la población diversa es la regla en las cárceles de hombres. Ulises lo dice mejor: “El problema es que quien se atreve a exigir respeto o a luchar por unas condiciones básicas de bienestar, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso muchas personas prefieren callar, aguantarse u ocultar su identidad para evitar más maltratos y violencia”.

La crisis se agrava más para los venezolanos que hacen parte de la población LGBTI privados de la libertad en Colombia, pues además tienen que sortear la ausencia de sus familias y los líos económicos de la supervivencia misma en la cárcel.

“Cuando no tenía ropa ni trabajaba haciendo uñas y tintes acá, me vestía con lo que me regalaban las visitas. A veces los que venían a visitar a mis compañeras traían ropita de más y me regalaban”, cuenta Alicia Bustos.

En la otra orilla, Pedro, el guardia del Inpec, asegura que no todo es tan rotundo: “A las personas LGBTI les preguntamos quién quiere que las requise. Eso lo respetamos y si tienen sus citas médicas o procesos de hormonización, hágale. Pero hay muchas cosas del otro lado que no se ven”.

Y agrega que son señalados permanentemente de ser “los malos”, y comprende que piensen así: “Nadie quiere vivir la experiencia de estar privado de la libertad y bajo las condiciones que implica estarlo. Pero lo que no dicen es que algunos utilizan su identidad diversa para ponernos al límite y a nosotros nos toca aguantarnos. Por poner un ejemplo, cuando vamos a hacer requisas, como a ellos no se les puede tocar, muchas veces son los que se encargan de encaletar cosas en su ‘cajón’ [partes íntimas]. O cuando se cortan y nos amenazan con la sangre diciendo que tienen VIH y que nos van a contagiar”.

Avances insuficientes

La tutela ha sido un instrumento legal frecuente para tratar de balancear la reiterada violación a los derechos de la población carcelaria. Uno de los antecedentes históricos que marcó el rumbo de los reclusos LGBTI en Colombia fue el caso de Marta Lucía Álvarez.

Desde 1994, a pesar de sus legítimos requerimientos, le fue negado el derecho a la visita íntima por ser lesbiana. Como reclamó sus derechos, la humillaron, golpearon y trasladaron a doce cárceles del país, así queda documentado a lo largo de su libro “Mi historia la cuento yo”.

En mayo de 1996 acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA que después de analizar el proceso determinó, en 2014, que el Estado colombiano debía eliminar toda forma de discriminación contra las personas LGBTI privadas de su libertad, al tiempo que reconoció la extensa cadena de violaciones a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

En 2016, ante la comunidad internacional, el Estado aprovechó la oportunidad para pedir perdón a la señora Marta Lucía Álvarez Giraldo por las afectaciones causadas, manifestándole además el compromiso y voluntad de repararla integralmente, así como para que hechos como estos no tengan ocurrencia en el futuro.

En 2017 se acordaron las medidas de reparación: compensación que incluye la indemnización tanto por daño material e inmaterial; un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; la publicación y difusión del diario de la víctima “Mi historia la cuento yo”, y medidas de no repetición que incluyen la modificación del Reglamento General Penitenciario y de los reglamentos internos de cada establecimiento de reclusión, entre otras.

Este pleito internacional abrió la puerta para que el Estado colombiano tratara de responder a los estándares de derechos humanos a nivel global, en relación con la población LGBTI detenida en cárceles.

Gustavo Pérez, representante de la Mesa de Seguimiento del caso Álvarez y miembro de Colombia Diversa, dice que, a pesar de múltiples retrasos, en 2019 por fin el Inpec adecuó su reglamento interno para atender esta obligación internacional y avanzar en los procesos de formación a sus funcionarios. “Estamos diseñando una metodología para hacer un seguimiento más sistemático de la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad y, de este modo, medir el impacto real del cambio de los reglamentos y procesos de formación”, cuenta.

Más allá de lo que dicen los nuevos reglamentos del Inpec o los avances en materia de sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional –en 2013, por ejemplo, reafirmó la visita íntima como un derecho fundamental–, lo cierto es que la discriminación abismal contra esta población no cesa.

Así lo revelan también los testimonios que fueron recogidos en diferentes centros penitenciarios de Colombia durante esta investigación periodística. En lugar de la protección que deberían tener, algunos internos manifiestan que los tipos y escalas de violencia se mantienen y varían según la cárcel, el patio o el sector en el que se encuentren o los niveles de hacinamiento, las jerarquías de poder entre unos internos y otros y si son hombres o mujeres.

Se trata de una normalización de la humillación por su identidad sexual o su lugar de origen. Y los venezolanos migrantes, diversos y detenidos sí que saben de ello.

* Nombres modificados para reservar la seguridad de las fuentes.

** Los datos entregados por el INPEC corresponden a agosto de 2021.

*** Nota: Esta investigación fue realizada como parte del especial periodístico de Consejo de Redacción: Salud en el exilio. Vea el artículo completo aquí.

https://consejoderedaccion.org/Especiales/salud-en-el-exilio/

No es digno vivir así, no es digno morir así: el debate de la eutanasia en Colombia

No es digno vivir así, no es digno morir así: el debate de la eutanasia en Colombia

“No es digno vivir así”, se dice alguien que está pasando por una larga y tortuosa enfermedad terminal; así que piensa en la eutanasia para acabar con su dolor. “No es digno morir así”, se dice alguien que está pasando por una larga y tortuosa enfermedad terminal; así que piensa en resistir hasta que su cuerpo aguante. Sobre la mesa se despliega el debate: la libertad de elegir cómo morir.

“Para unos, la eutanasia puede ser una forma digna de morir, pero para otros resulta indigno dependiendo de sus creencias”, explica Eduardo Díaz Amado, médico, doctor en Filosofía y director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana. “Hay que tener presente que en una sociedad plural y multicultural tenemos que respetar las diferencias. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional. Acá no se ha dicho que todos los que tengan una enfermedad terminal deben pasar por la eutanasia”.

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«Eutanasia – sufrimiento sin fin». Vivir o morir dignamente es un concepto personal y lo que debe garantizarse es la libre elección.

Díaz Amado se refiere a la sentencia que la corte emitió el pasado 22 julio en la que amplió el derecho a solicitar la eutanasia. Antes, solo quienes demostraran tener una enfermedad terminal -y cumplieran otros requisitos- podían aplicar al procedimiento, ahora puede hacerlo el paciente que padezca un intenso sufrimiento físico o síquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Es decir: se eliminó la condición de enfermedad terminal.

“En el marco del respeto por la dignidad humana no puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padece una enfermedad grave e incurable que le produce intensos sufrimientos, y ha adoptado (el paciente) la decisión autónoma de terminar su existencia ante condiciones que considera incompatibles con su concepción de una vida digna”, señaló la Corte Constitucional en un comunicado de prensa.

El homicidio por piedad

“En un sentido histórico, la eutanasia se ha referido a la muerte que se le ocasiona a alguien por piedad o misericordia. En la Edad Media, los caballeros tenían un cuchillo pequeño al que le decían ‘misericordia’, con el cual le daban muerte a quienes estaban malheridos. Era un acto de piedad”, recuerda Díaz Amado quien, además, es autor de la investigación La despenalización de la eutanasia en Colombia: contexto, bases y críticas.

En nuestro país el homicidio por piedad se condenaba con penas menores a las de los otros tipos de homicidio -con sanciones entre seis meses y tres años de prisión-, algo incomprensible para el ciudadano José Eurípides Parra, quien creía que terminar con la vida de alguien, de la forma que fuera, debía condenarse de la misma manera; así que entabló un proceso que en 1997 llegó hasta la Corte Constitucional, específicamente a las manos del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz (1937-2015).

“El resultado fue irónico”, apunta Díaz Amado.  “La corte dijo: ‘hay unas razones que justifican este proceder’, y fue más lejos, pues eliminó la pena para quien le ocasionara a otro la muerte por motivos de piedad y bajo ciertas circunstancias”.

Así, Colombia se convirtió en el primer país de mayoría católica que despenalizó la eutanasia con base en argumentos constitucionales, incluso antes de países que históricamente habían sido referentes en esta práctica, como Holanda, que lo hizo en el 2002.

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Las angustias de la eutanasia

Aunque el tema lleva décadas en un agitado debate, el Congreso sigue sin reglamentarlo. “La Corte Constitucional es la que ha tenido que ir dando puntadas para los desarrollos. En 2015 llegó la resolución del Ministerio de Salud que le indicó a las EPS cómo hacer el procedimiento – la corte se lo ordenó mediante la sentencia 970 de 2014-; en 2017, a través de la sentencia 544 vino el derecho de los menores para pedir la eutanasia; y la última sentencia es la que nos tiene hablando de la terminalidad”, explica Díaz Amado.

El experto, además, centra en el foco una amplia cantidad de preocupaciones que surgen ante la falta de normatividad. “¿Qué tal si se abusa? ¿Qué tal que cuando sea abuelito y no pueda hablar mi familia termine diciéndole al doctor que me hagan la eutanasia porque soy un estorbo? ¿Qué tal que el sistema de salud, para no pagar los tratamientos médicos, que son costosos, recomiende la eutanasia en vez del tratamiento? Hay angustias legítimas que hay que tener cuenta”.

Díaz Amado señala con inquietud que, de todas formas, así haya un marco legal que organice el asunto, se necesita más que eso: se requiere un cambio estructural en el sistema de salud y, además, en la relación del médico y su paciente.

“Estamos terminando una investigación con la Unidad de Epidemiología de la Javeriana y colegas de otras instituciones -como el Hospital Universitario San Ignacio, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital San José de Popayán-, sobre pacientes oncológicos terminales. Les hicimos entrevistas a ellos, a sus familias y a médicos sobre el tema del morir”, describe el médico.

“Muchos contemplan la eutanasia porque están desesperados, porque no los atienden bien. Se sienten abandonados. En el estudio vimos que sigue habiendo médicos que no hablan con sus pacientes. Uno diría que los médicos saben de la muerte, pero no, no hablan de eso, muchos lo evaden. Tenemos un cuerpo médico con el que habría que trabajar mucho todavía el tema de la sensibilidad frente al dolor, el sufrimiento y la muerte”, añade.

Y esta ausencia de empatía, quizás, se puede ver en el comunicado del Instituto Colombiano el Dolor, que reversó la eutanasia de Martha Sepúlveda luego de que se populariza una entrevista realizada por Noticias Caracol, en la que la paciente hablaba de su situación de forma tranquila, sin exhibir visiblemente un gran dolor.

“Eso va muy en la ética de nuestra época, donde si te ven sonriente en el trabajo, silbando, piensan que no trabajas, debes estarlo sufriendo. Lo mismo pasó con Sepúlveda, el hecho de que haya decidido su muerte de manera feliz no es argumento para quitarle el derecho de hacerlo, podemos llegar a la muerte felices”, puntualiza el director del Instituto de Bioética de la Javeriana.

La eutanasia: ¿Desde la ética, la ciencia, la religión o lo jurídico?

Díaz Amado propone el debate desde las posturas tradicionales, y plantearse preguntas en torno a ¿Por qué estamos en esta discusión? ¿Qué tiene que ver con nuestra época? “Antes los médicos decidían todo y desde el siglo XX hay una transformación de cómo se entiende la medicina y va hacia la autonomía de las personas. La constitución de 1991 establece, en el artículo 16, el libre desarrollo de la personalidad. En nuestro país la autonomía tiene un rango constitucional”, señala.

Según él, tanto los avances tecnológicos como la masificación en la prestación de salud cambiaron el escenario en el que el médico conocía y era amigo de toda la familia de su paciente, “ahora pasamos al médico que hace parte de una gran estructura burocrática y los pacientes quedamos chiquitos, perdidos; nos volvimos un dato. Ocurrió una alienación: dejamos de pertenecernos: somos un papel, un dato, un diagnóstico. Algunos lo llaman la deshumanización de la salud”.

Eso, según el especialista, fue trayendo un malestar que derivó en que cada persona encuentre mayor sentido en decidir por sí mismo, de manera autónoma, antes de seguir a ciegas una indicación médica. La decisión de una vida -o muerte- digna ya no estaba en manos de un médico.

¿Cómo reconciliarse?

Para Díaz Amado la cuestión pasa, más allá de los acuerdos jurídicos, por crear una cultura del respeto a la decisión de morir. “Necesitamos instituciones más sensibles, médicos y personal administrativo que tengan cuidado al decidir para responder a la situación de un paciente desesperado que de pronto lo que necesita es apoyo y acompañamiento, más que una eutanasia”.

Allí, señala el médico, los cuidados paliativos podrían entrar a jugar un papel importante. “Cuando hay buenos servicios de cuidados paliativos, las solicitudes de eutanasia disminuyen. Pero eso no quiere decir que porque los haya se le vaya a negar el derecho a morir de cierta manera a las personas”, aclara.

En Colombia, desde 2014 se encuentra vigente la Ley Devis Saavedra, que establece el derecho a recibir este tipo de cuidados, “pero para acceder al servicio siguen ocurriendo cosas como que una señora de 70 años deba hacer una fila en la madrugada para que le den un Dolex. Tenemos una especie de violencia estructural. Todo el que se haya enfermado sabe el calvario que significa ir al sistema de salud. Sería irónico que tuviéramos un excelente servicio de eutanasia en Colombia y continuáramos con un pésimo servicio de salud que no les brinda a los pacientes con enfermedades incurables o terminales el servicio que necesitan”, puntualiza Díaz Amado.

En 2015, una encuesta realizada por diferentes medios de comunicación reveló que el 73 % de los colombianos estaba de acuerdo con la eutanasia. Desde ese año, y hasta el 31 de agosto de 2021, según el Ministerio de Salud y Protección Social, se han realizado 157 eutanasias.

“El setenta y pico por ciento está de acuerdo porque se ha ido identificando con las personas que sufren por cuenta de una patología que es terminal o incurable, y que les ocasiona sufrimiento y dolor”, resalta el médico, y añade que “a pesar de los avances tecnológicos y los tratamientos de los que disponemos hoy; porque comparten la idea de que debemos decidir y nadie debe hacerlo por uno; además, esta cifra señala el divorcio entre la sociedad y ciertas autoridades desde la religión, el derecho y otros sectores que deberían preocuparse más por comprender qué significa esto que está pasando, escuchar a las personas y la época, que en solo oponerse”.

Preguntas y respuestas rápidas

Para finalizar, Eduardo Díaz Amado respondió algunas de las preguntas más comunes sobre eutanasia que hace la gente en redes sociales y en los buscadores de internet.

¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio?

La eutanasia se refiere a una muerte que se solicita a un médico en el contexto particular de una persona con enfermedad terminal, incurable o que le está ocasionando sufrimiento, mucho dolor y la haya llevado a considerar que su vida, de esa manera, no puede continuar.

El suicidio es una muerte que no necesariamente está enmarcada en lo que acabo de decir. A veces está relacionado con la depresión, con un estado en el que la persona ha perdido el deseo de vivir, aunque podría recuperarlo con algún tratamiento o el apoyo requerido. Aun así, algunos defienden la idea de que hay personas que podrían decidir no vivir más por diferentes motivos, más allá de estar sufriendo de alguna enfermedad física o mental.

¿Es diferente una eutanasia a un suicidio médicamente asistido?

El suicidio médicamente asistido es aquel que acude a la ayuda de un médico para que se dé, pero la persona que lo solicita no está en el marco de una enfermedad incurable que le ocasione sufrimiento y dolor.

Se habla de tipos de eutanasia directa, activa, pasiva e indirecta, ¿cuál es la diferencia?

Esa terminología ha entrado en desuso, pero sigue existiendo. Se habla de eutanasia activa cuando el médico hace algo -a través de una inyección, por ejemplo- para causar la muerte de una persona en estado terminal, que lo ha solicitado libremente y cumpliendo con ciertos requisitos. En cambio, en la eutanasia pasiva es dejar de hacer por el paciente todo o parte del tratamiento que se venía haciendo, y cuyo resultado será su muerte.

Carlos Gaviria Díaz, magistrado ponente de la sentencia C-239 de 1997 que despenalizó el homicidio por piedad en Colombia, decía que esa distinción no tenía sentido. Era como pensar que dejar de hacer era menos grave que hacer, pero que tenía mucho más mérito decir explícitamente que voy a hacer algo por conciencia y para liberar a alguien de un sufrimiento intolerable, de manera directa, a simplemente no hacer nada.

¿En qué consiste el concepto de muerte digna?

La muerte digna está ligada a los valores personales. Y creo que morir dignamente está relacionado con vivir dignamente. Parece una paradoja en el mundo de hoy: hay quienes viven indignamente no porque quieran, sino porque son pobres, no han tenido acceso a servicios, han vivido en condiciones indignas desde siempre, ¿cómo pretendemos curar eso en el último momento con una muerte digna?

Una muerte digna puede ser morir naturalmente luego de sufrir estoicamente. Pero otros pueden decir que es no pasar por ese dolor y que resulta mejor pedir ayuda para morir.

¿Quiénes deciden si se aplica o no una eutanasia? ¿Pasa por un comité?

La corte ha definido unos requisitos que verifican comités médicos. No toman la decisión, solo verifican. Regular la eutanasia es una ventaja porque la saca de la oscuridad, de la clandestinidad y se ayuda a evitar excesos y abusos. Ahora Minsalud debe recibir los reportes de cómo se hizo, cuál fue el proceso, así se regula y vigila.

¿Un médico puede rehusarse a aplicar la eutanasia?

Tenemos el derecho a la objeción de conciencia, un derecho a no hacer un procedimiento cuando eso atenta contra mis valores más profundos. Pasa con la eutanasia y el aborto. Nadie me podría obligar a hacer un procedimiento en contra de mis propias convicciones morales y éticas.

Lo que no quiere decir que se niegue el servicio…

Primero, el hecho de que un médico tenga ese derecho no significa que lo use como excusa para no brindar un servicio que es un derecho fundamental de las personas en Colombia; debe ser una verdadera expresión de mis valores; segundo, no me da derecho a decirle a alguien: mire, yo no hago una eutanasia y además regañarlo, insultarlo o agredirlo, como a veces también pasa con las mujeres que solicitan un aborto. La objeción de conciencia no da derecho de impartir castigos.

Tercero, se debe garantizar el derecho por parte de las instituciones (EPS e IPS) porque si no, se minaría y fracturaría la integridad moral de la medicina, es decir, el que las personas independientemente de sus creencias puedan confiar en sus médicos y que harán todo de acuerdo con las necesidades y valores de los pacientes. El sistema debe garantizar que, si un médico no lo hace, debe haber otro que lo haga.

 

Editorial: de la curiosidad a la solución de problemas concretos

Editorial: de la curiosidad a la solución de problemas concretos

La investigación no tiene como requisito exclusivo atender problemáticas inmediatas de la sociedad. La generación de nuevo conocimiento orientada por la curiosidad es tan necesaria como la investigación aplicada. Sobre todo, porque del primer tipo de indagación pueden surgir preguntas aparentemente lejanas de la cotidianidad, pero que podrían ser visionarias y dar respuestas a coyunturas, salvar vidas, transformar procesos sociales y optimizar modelos de negocios o simplemente enriquecer la vida humana a través del conocimiento. Y si no, ¿cómo se explica que, tras desatarse la pandemia, en menos de un año contáramos con vacunas para enfrentar la covid-19? Es muy claro: gracias a la histórica pesquisa sobre la evolución genética de virus que tienen como huéspedes diferentes especies de murciélagos y otros tipos de investigaciones, orientadas por la curiosidad, hoy se pueden desarrollar vacunas así de rápido.

Esas experiencias que buscan resolver un problema concreto a partir del conocimiento se conocen como ‘innovación’ y cuentan con caminos y métodos para transferirse desde la academia a la sociedad, al Estado o al sector empresarial. No son procesos sencillos ni de corto plazo. Se requiere, además de investigadores comprometidos y resilientes, de un entorno que los soporte, los acompañe y les facilite el extenso recorrido para llevar sus resultados de investigación a una solución puntual.

La comunidad javeriana sí que sabe de eso. Con más de quince años de trabajo promoviendo una cultura de innovación y emprendimiento, la Pontificia Universidad Javeriana se ha consolidado institucionalmente para que esas oportunidades lleguen al mercado y a las comunidades. No es gratuito que sea la primera universidad de Bogotá́ cuya Dirección de Innovación recibiera por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el reconocimiento como una Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

Esta certificación destaca la excelencia del fomento y la gestión en innovación de la universidad. Así mismo, le permite 1) acceder a beneficios tributarios por inversiones en estos campos, 2) participar en convocatorias y programas del Gobierno nacional en la búsqueda de recursos y 3) contribuir en el diseño de instrumentos y políticas publicas. Con este reconocimiento se destacan su trayectoria y los resultados tangibles que dan cuenta de sus aprendizajes.

Entre sus logros resaltamos las dos Spin-off creadas por profesores javerianos; el primer acuerdo interinstitucional de licencia de una patente suscrito con la Universidad de St. Louis de Estados Unidos, los licenciamientos con el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) de métodos diagnósticos y los dos centros de excelencia que lideran profesores de la Facultad de Ingeniería en Internet de las Cosas (IoT) y en big data con CAOBA, entre otros.

También, la transferencia a la Gobernación de Cundinamarca el dispositivo portátil basado en espectroscopía de absorción UV/VIS para identificar licor addulterado, con base en una tecnología que es el resultado de más de veinte años de trabajo de profesores de la Facultad de Ciencias. Una solución que tuvo sus orígenes en estudios de física básica, es decir, de preguntas orientadas por la curiosidad.

Sin embargo, no solo se busca impactar a la sociedad desde los desarrollos tecnológicos. La innovación social es otro camino trazado y muy arraigado en el espíritu javeriano. Este año, iniciamos la implementación de dos proyectos financiados por el Sistema General de Regalías que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

El primero pretende optimizar la oferta de atención virtual y multimedial en salud mental de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá, con profesores de la Facultad de Medicina en alianza con el HUSI. El segundo plantea desarrollar un software que permita la promoción de una cultura del cuidado en zonas vulnerables de Barranquilla, con la participación de investigadores de la Facultad de Filosofía en colaboración con la Secretaría de Educación del Atlántico y Purdue University.

Así, nos sintonizamos con las palabras del Dr. José Luis Larrea, presidente del Consejo Asesor de Deusto Social Lab, de la Universidad de Deusto (España), quien, durante la entrega del Premio Bienal Javeriano a la Innovación, en el XVI Congreso La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, destacó que “la innovación [en la Javeriana]nos sorprende con perfiles muy variados”. Por ello, su valor reside en reconocer que son diferentes sus metodologías y apuestas.

En esa versión de nuestro congreso de investigación se otorgó por primera vez el Premio Bienal Javeriano a la Innovación, para destacar la trayectoria en este campo de su comunidad académica: este reconocimiento fue entregado a Susana Fiorentino (Sede Bogotá), por el desarrollo de su tecnología DreemBio, fitomedicamentos contra el cáncer y enfermedades con componente inflamatorio, y a Luis Fernando Aguado Quintero (Seccional Cali), por su programa de investigación sobre Medición del Bienestar en la Niñez.

Nuestra estrategia para aportar a la construcción de país es continuar con la innovación, teniendo a la generación de nuevo conocimiento javeriano como instrumento. Así, nos sumamos a la apuesta de impulsar un ecosistema regional y nacional de innovación y emprendimiento, no solo desde los desarrollos tecnológicos, sino como un mecanismo para transformar las cotidianidades de las comunidades. Así, desde la ciencia, respondemos con un enfoque aplicado u orientado por la curiosidad científica.

¿Se ha preguntado qué sucede si un objeto cae en un agujero negro?

¿Se ha preguntado qué sucede si un objeto cae en un agujero negro?

Este texto se publicó originalmente en la edición 56 de Pesquisa Javeriana bajo el título de “Viaje sin regreso al interior de un agujero negro”.

Los físicos teóricos simplifican los problemas: inventan nombres curiosos, resuelven ecuaciones, investigan durante años, proponen modelos y discuten quién tiene la razón.

En el caso de los agujeros negros dicen que son los sistemas físicos más simples que existen. Y esto lo argumentan porque ―eso explican― los agujeros negros no tienen pelo. Sí: son calvos, rapados, pelones. Es decir, que así como las personas sin pelo se caracterizan por no tener pelo ―simple―, los agujeros negros se caracterizan tan solo por tres parámetros: masa (M), carga (Q) y momentum angular (L) ―simple―. Por ejemplo, a la atmósfera terrestre, que es un sistema físico, se le asignan magnitudes como masa, presión, temperatura, velocidad de rotación, entre muchas otras… O sea, es peluda: la atmósfera terrestre, como la inmensa mayoría de sistemas físicos, está compuesta por muchos pelos.

Durante más de setenta años, físicos de todo el mundo han investigado y pensado los agujeros negros, y una de las preguntas más recurrentes es qué pasa cuando un objeto cae adentro: ¿qué pasa con su información y sus características? ¿Se transforman? ¿Se pierden? Y si se pierde, por ejemplo, una estrella o un planeta o una galaxia, ¿la información que había de ese cuerpo ―sus características― se destruye? Si la respuesta es sí, la mecánica cuántica ―la rama que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, una de las piedras angulares de la física moderna― fallaría.

“Es casi un pecado. Si se pierde la información cuando un objeto cae a un agujero negro, se están rompiendo todas las leyes de la naturaleza. Ningún sistema físico, hasta ahora, se ha destruido completamente”, advierte Javier Cano, físico teórico y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana.

“Si se pierde la información cuando un objeto cae a un agujero negro se están rompiendo todas las leyes de la naturaleza”. Javier Cano

La paradoja de la pérdida de información

El nombre agujero negro lo acuñó, en 1969, el físico estadounidense John Wheeler. Y lo hizo porque, uno, estos sistemas físicos no se pueden ver (son negros) y, dos, porque son huecos en su interior (son agujeros).

Los agujeros negros son estrellas que pierden su combustible nuclear y se recogen ―como cuando da retortijones el estómago― y colapsan ―¡bum!― por efecto de la gravedad (colapso gravitatorio), generando una fuerza tan intensa que empiezan a arrastrar no solo su propia luz ―dejándolas negras― sino todo lo que hay alrededor.

“Nada puede escapar de un agujero negro”, escribió Stephen Hawking en Historia del tiempo: “Ni siquiera los astronautas imprudentes”. Hawking, a mediados de los setenta, descubrió que los agujeros negros emitían radiación y que esta era producto de la destrucción de los cuerpos que entraban en el agujero a través de su ‘boca’, lo que los físicos llaman horizonte de eventos. A esa emisión se le conoció como radiación Hawking, y por eso las leyes de la termodinámica,

desde entonces, son parte esencial del estudio de estos sistemas ―vistos como cuerpos que emiten partículas con un espectro térmico debido a la destrucción de los objetos tragados―. Mejor dicho, si un astronauta cae en un agujero negro no habría forma de saber algo de él, solo que se convirtió en radiación, en luz emitida por el horizonte de eventos: ni cenizas quedarían. Eso dijo Hawking.

“Nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera los astronautas imprudentes”. Stephen Hawking

Esas no cenizas o no pelo son el centro del debate sobre la paradoja de la pérdida de información: si se acepta que la información se pierde ―como propuso Stephen Hawking―, pues la mecánica cuántica estaría errada, y, si se acepta que no se pierde, ¿en dónde queda la información?

¿Qué pasa entonces?

Teniendo en cuenta lo anterior, los profesores y físicos teóricos Javier Cano y Walter Pulido ―el primero del Departamento de Física de la Javeriana, y el segundo del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia― hicieron una investigación en la que muestran el origen de la paradoja ―su formulación y antecedentes― y comparten las distintas soluciones que se han formulado hasta la actualidad.

Los investigadores revisan, explican ―a través de ecuaciones― y dividen las soluciones de la paradoja en dos ‘equipos’: el team Stephen Hawking, que dijo que se debía admitir que la información se pierde, y el team cuántico, representado por cuatro soluciones que piensan que la información se conserva: la de Preskill, el principio holográfico, la pared de fuego y la probabilidad de tunelamiento.

La primera consiste en cinco posibles respuestas planteadas por el físico estadounidense John Preskill: que la información se transmite por la radiación del agujero, que la información se retiene por un agujero negro ‘sobrante’, que la información sale en la radiación emitida al final, que la información no se envía por la radiación térmica y, por último, que la información escapa a un universo bebé (un agujero que se encuentra dentro del agujero).

“Cada dos meses se publican nuevas respuestas a la paradoja de la información, pero muchos se quedan en argumentos bonitos… Hacen falta las pruebas”. Javier Cano

Ahora, con base en la teoría de cuerdas ―que propone, en general, que las partículas están formadas por objetos extendidos unidimensionales (las cuerdas) ―, se formuló el principio holográfico, el cual propone que no hay una respuesta única y que las dos opciones de la paradoja son válidas (complementarias). Es decir, que cuando un observador mira el agujero desde fuera es testigo de cómo los objetos caen, se vaporizan y emiten radiación, en cambio; si un observador cae dentro del agujero “no nota ninguna temperatura ni incomodidad hasta que las fuerzas de marea se hacen finalmente tan fuertes que lo destruyen”, escriben los investigadores.

La tercera solución es la pared de fuego, que plantea que la boca del agujero (el horizonte de eventos) es una suerte de anillo de fuego que quema cualquier objeto que lo atraviesa y la información queda incinerada en el horizonte, sin perderse.

Finalmente, el modelo de probabilidad de tunelamiento ― “el que pretende salvarlo todo”, dice Cano― propone que la información atraviesa el horizonte de eventos y allí queda, y lo que hay que hacer es ‘tunelarla’ para recuperarla ―lo que aún no se ha explicado satisfactoriamente―.

“Sí, el trabajo de años y años nos ha llevado a nuevos enfoques, pero, hasta ahora, nadie ―nadie― ha hecho un cálculo real de las soluciones. Y es que cada dos meses se publican nuevas respuestas a la paradoja de la información, pero muchos se quedan en argumentos bonitos… Hacen falta las pruebas. Llevamos 47 años pensando en eso”, indica Cano.

Los investigadores concluyen que si bien no hay respuesta definitiva a la pregunta (a la paradoja), por ahora, sin duda el desarrollo de la teoría cuántica de la gravedad ―que integra la mecánica cuántica y la gravedad― llevaría a una respuesta, porque “nos permitiría saber cuál es la estructura del universo, conocer cómo está conformado y contar sus hilos”, explica Cano, que añade: “Y mientras eso pasa hay que seguir construyendo nuevos enfoques, nuevas partes para este monstruo de Franskenstein”.

¿Se pierde la información en el proceso de evaporación de los agujeros negros?, preguntan los físicos. “¿Cómo se relacionan el encubrimiento de la muerte y la alternancia del adentro? ¿A dónde fue a parar el vino que investigó salivas de la luna?”, pregunta el poeta Juan Gelman. No hay ninguna conclusión, por ahora.

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

La paradoja de la pérdida de la información en los agujeros negros

INVESTIGADORES: Javier Cano y Walter Pulido – Facultad de Ciencias – Departamento de Física – Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias – Departamento de Física – Universidad Nacional de Colombia

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2017-2018

 

                          

Investigadores comprobaron la teoría que un antropólogo colombiano postuló en los ochenta

Investigadores comprobaron la teoría que un antropólogo colombiano postuló en los ochenta

Esta nota fue publicada originalmente en la edición 57 de Pesquisa Javeriana con el título de El Bajo Magdalena y Venezuela, ligados genéticamente.

El legado de Carlos Angulo Valdés ha trascendido. Y es que, aunque muchos lectores quizás desconocen este nombre, hace referencia a uno de los antropólogos más importantes que tuvo el Caribe colombiano en los años ochenta del siglo pasado. En la actualidad, sus estudios se relacionan con el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana y el Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte.

Antropología y genética

Transcurría el año 1976, cuando la Universidad del Norte, en Barranquilla, contrató a Carlos Angulo Valdés, quien comenzó a consolidar la investigación arqueológica en esta universidad.

Por esa misma época, cuenta el profesor e investigador Alberto Gómez Gutiérrez, los genetistas de la Pontificia Universidad Javeriana “bajábamos de una suerte de torre de Babel y salíamos de nuestros encapsulados laboratorios para realizar la Gran Expedición Humana. Es decir, tomábamos la decisión de aproximarnos al trabajo de campo para conocer muy de cerca la labor de los arqueólogos”. Y aunque el antropólogo costeño no logró conocerse con los genetistas de la Javeriana, sí consiguió aportarles, a través de sus discípulos, el legado con el que actualmente se intenta dar evidencias que prueben algunas de sus hipótesis arqueológicas.

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“Angulo Valdés, desde la década de los ochenta, venía planteando y proponiendo una relación entre el Bajo Magdalena y la Orinoquia venezolana”, señala Juan Guillermo Martín, arqueólogo y director del Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte.

En esa época se atrevió a establecer dicha relación mediante el estudio y la documentación de cerámica con casi 3000 años de antigüedad que tenía una decoración muy particular: patrones lineales hechos sobre la arcilla fresca que representaban la fauna propia del Bajo Magdalena, elemento que coincidió con la cerámica analizada por unos colegas suyos en el Bajo Orinoco, en Venezuela, que presentaba el mismo tipo de decoración.

Desde ese momento, Angulo Valdés propuso una posible comunicación entre ambas sociedades, no solo por la similitud en la cerámica, sino por el procesamiento de algunas plantas empleadas para la alimentación, particularmente la yuca amarga.

A pesar de estas evidencias, la hipótesis de Angulo Valdés no se pudo corroborar completamente, por lo que, además de recibir muchas críticas, se le consideró un investigador osado para su tiempo. No obstante, estos reproches fueron zanjados, gracias al diálogo que generaron los genetistas de la Javeriana y los antropólogos de la Universidad del Norte.

El estudio interdisciplinar propiciado por los investigadores en estas dos áreas permitió analizar el ADN de los restos óseos humanos que habían sido encontrados en las excavaciones de Angulo Valdés y, para sorpresa de todos, se logró obtener evidencia genética y, de esta manera, corroborar por completo la asociación establecida, en su momento, con los ancestros de Venezuela. Así, la hipótesis trascendía la mera suposición y presentaba evidencia contundente con un hallazgo genético que sumaba a la certeza obtenida desde el punto de vista cultural.

“Angulo Valdés, desde la década de los ochenta, venía planteando y proponiendo una relación entre el Bajo Magdalena y la Orinoquia venezolana”.
Juan Guillermo Martín, Uninorte

ADN precolombino

El proyecto que llevan a cabo la Javeriana y la Universidad del Norte, titulado Bioarqueología del Magdalena, hace referencia específicamente al “ADN de los individuos que habitaron la región antes de la migración europea, es decir, antes del siglo XVI y previamente a la llegada de Colón”, según señala Gómez Gutiérrez. “Resulta que, alrededor del mundo, las diferentes poblaciones tienen una letra adjudicada a cada una de acuerdo con parte de su composición genética, es decir, una letra que indica la pertenencia a cierto grupo poblacional, oriundo de una determinada región, con características propias de la misma. Esto se conoce gracias a los estudios moleculares que, a lo largo del tiempo, han realizado los genetistas”.

En la América precolombina, por ejemplo, las letras adjudicadas son A, B, C y D para los genes que se encuentran en el citoplasma. Suponga que estas letras corresponden a su nombre, denominado en genética como haplogrupo. Pero usted también tiene unos apellidos, y a estos apellidos se les conoce como haplotipos, identificados con letras diferentes que se combinan con números. Como ejemplo, una persona de un haplogrupo B, con haplotipo 5g, sería B5g.

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Precisamente, el análisis de los restos óseos excavados en el Bajo Magdalena, específicamente en Malambo, permitió identificar ADN correspondiente a la variante B. La investigadora María Claudia Noguera, que está a cargo de los experimentos de ADN precolombino en el Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, explicó cómo lograron, desde el punto de vista genético, determinar la relación existente entre las poblaciones del Bajo Magdalena y de Venezuela:

“Tras la identificación del haplogrupo B en los restos óseos precolombinos de Malambo, comenzamos a establecer una serie de variantes que nos llevaron a determinar que se trataba de un haplotipo B2j; un haplotipo que solo se encontraba hoy en las bases de datos en un individuo de Venezuela en toda Suramérica, evidencia que pudimos obtener a partir de las revisiones bibliográficas realizadas en diversas bases de datos internacionales, que permitieron, a la vez, determinar la relación biológica entre estas dos culturas o poblaciones”.

Aporte social

Son varios los aportes sociales, de acuerdo con Gómez y Noguera, de este trabajo: quizás ha llegado el momento de comprender, tal y como argumentan varios pueblos indígenas y algunas comunidades católicas, que ‘todos somos hermanos’. Hecho que cobra relevancia una vez confirmada la hipótesis, mediante estudios de ADN, de que todos venimos de los africanos. Tal y como afirma Gómez Gutiérrez: “Hasta el finlandés más blanco del mundo es afrodescendiente”.

Para los arqueólogos Javier Rivera y Juan Guillermo Martín, docentes de la Universidad del Norte, son tres aportes importantes los que quedan para la región Caribe. En primer lugar, dar a conocer a la población la historia de los antepasados indígenas.

En segundo lugar, la riqueza cultural que reposa en la colección arqueológica del Museo Mapuka, de la Universidad del Norte, ubicado en la ciudad de Barranquilla, y cuyo auge se ha incrementado y extendido en toda la región Caribe.

En tercer lugar, ampliar la investigación arqueológica en la zona, pues históricamente ha sido un territorio muy inexplorado debido a la violencia padecida durante años y a las escasas o nulas inversiones por parte del Estado en temas de investigación. Para Rivera, el Caribe es importante porque “las poblaciones que vivieron en el altiplano tuvieron, sí o sí, que haber pasado por la costa Caribe”. Pero, lastimosamente, este hecho ha sido muy poco explorado.

Por último, el trabajo de estos investigadores deja en evidencia la importancia de la interdisciplinariedad y la relevancia de la investigación en ciencias sociales.

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Continuidad de la investigación

La historia es infinita, así como lo es su estudio. La publicación de estos investigadores sobre la comunidad precolombina de Malambo es la primera de cuatro lugares más que están en estudio actualmente en el Atlántico: Tubará, Valle de Santiago, Ciénaga del Guájaro y Barrio Abajo, en el centro histórico de Barranquilla.

Los investigadores de ambas universidades cuentan con los restos óseos de las excavaciones hechas en estos sitios y esperan publicar muy pronto resultados adicionales obtenidos del estudio del patrimonio genético precolombino.

Para leer más:
• Noguera Santamaría, M. C. et al. (2020). Análisis genético de restos humanos precolombinos del Bajo Magdalena sugiere una ruta migratoria y continuidad genética matrilineal en el norte de Suramérica. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 44(12).

Recuperado de https://raccefyn.co/index.php/raccefyn/issue/view/205/297

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:

Bioarqueología del Magdalena

INVESTIGADORA PRINCIPAL:

María Claudia Noguera Santamaría

COINVESTIGADORES:

Alberto Gómez Gutiérrez, Javier Rivera, Juan Guillermo Martín, Ignacio Briceño Balcázar
Instituto de Genética Humana
Facultad de Medicina Pontificia
Universidad Javeriana
Laboratorio de Arqueología
Universidad del Norte

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:

2016-2019

Ciencia para conservar la tradición alimentaria: ¡Ya circula Pesquisa 57!

Ciencia para conservar la tradición alimentaria: ¡Ya circula Pesquisa 57!

Descubrir si hubo relación entre los antiguos pobladores de lo que hoy conocemos como Colombia y Venezuela o entender cómo ha evolucionado el oído medio de varias especies de lagartos. Aunque estos dos propósitos no surgen de un enigma cuya respuesta sea vital en la actualidad para la continuidad de la existencia humana, hacen parte de la indagación científica.

“La investigación no tiene como requisito exclusivo atender problemáticas inmediatas de la sociedad. La generación de nuevo conocimiento orientada por la curiosidad es tan necesaria como la investigación aplicada”, así lo señala Luis Miguel Renjifo, vicerrector de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana.

En el editorial titulado De la curiosidad a la solución de problemas concretos, que presenta la edición 57 de Pesquisa Javeriana, Renjifo explica que el conocimiento generado por la curiosidad motiva preguntas aparentemente lejanas al contexto actual, pero que cuyo seguimiento puede resultar imprescindible en cualquier momento, “y si no, ¿cómo se explica que, tras desatarse la pandemia, en menos de un año contáramos con vacunas para enfrentar la covid-19? Es muy claro: gracias a la histórica pesquisa sobre la evolución genética de virus (…) hoy se pueden desarrollar vacunas así de rápido”.

En la nueva edición de Pesquisa Javeriana se reúnen tanto investigaciones motivadas por la curiosidad de la ciencia básica, como por las posibilidades de atender problemáticas actuales. Con gusto le presentamos qué puede encontrar en esta nueva entrega de la revista:

Si quiere descargar el PDF, puede hacerlo a través de este enlace.

Portada / Campesinos y científicos: dos sabidurías para enfrentar el cambio climático

Varios años de trabajo entre investigadores de la PUJ y campesinos de Boyacá lograron establecer no una relación de benefactor y beneficiario, sino de pares, pues la academia ha llevado soluciones al campo y los agricultores han complementado el conocimiento gracias a su sabiduría ancestral.

Así las cosas, pequeños agricultores de tres municipios boyacenses –Ventaquemada, Turmequé y Tibasosa– unieron su conocimiento con el de la ciencia para lograr una alimentación saludable y adaptarse al cambio climático. A través de diversos proyectos de investigación han trabajado para aportar a la seguridad y a la soberanía alimentarias, y a la dinámica de adaptación al cambio climático, que les ha pegado duro a los campesinos.

Ciencia profunda / El bajo Magdalena y Venezuela, ligados genéticamente

En los años ochenta, Carlos Angulo Valdés, antropólogo colombiano, planteó una relación entre la población prehispánica del bajo Magdalena y la Orinoquía venezolana. Su idea solo estaba soportada en la similitud entre cerámicas de estas poblaciones que datan de hace tres mil años, por lo que no pudo comprobar su idea. Ahora, investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad del Norte lograron identificar un vínculo genético a través del análisis de restos óseos hallados en su momento por Angulo Valdés, con lo que confirmaron su teoría.

Creación Artística / Aprender jugando para llegar al sol

¿Cómo enseñar la historia y arquitectura de las culturas maya, azteca, inca y tairona? Aunque los aprendizajes basados en el juego (ABJ) no son muy comunes en entornos universitarios, la profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la PUJ, Yenny Real, creó junto a sus estudiantes Camino al sol, un juego de mesa con el que profundiza de manera dinámica y lúdica en la enseñanza de la arquitectura prehispánica.

Paisajes Científicos / Un mundo pequeño con mucho ruido: El oído medio de los lagartos

Los biólogos Paola Sánchez y Julio Mario Hoyos, y el zoólogo Juan Diego Daza lograron caracterizar cómo han cambiado las estructuras del oído medio en diversos lagartos. “Tomamos los ejemplares y los pasamos por un procedimiento químico que nos permitió transparentar los especímenes y dejar visibles los huesos, como si fuera una radiografía, pero que se puede ver en 3D”, explica Paola Sánchez. “Esta investigación es una puerta de entrada a varias opciones de pregunta, por ejemplo, ¿cómo estas diferencias morfológicas podrían o no influenciar en la función del oído? O ¿esta evolución tiene alguna relación con los hábitos de los lagartos?”, resume Hoyos.

Javeriana Cali Investiga / Controlar los cultivos de arroz y su productividad, mejor desde el aire

Grandes extensiones de terreno y un tiempo entre cuatro y cinco meses son necesarios para producir una cosecha de arroz. El reto es lograrlo de la forma más productiva posible y responder oportunamente ante cualquier plaga, condición climática o inconveniente. Tres investigadores del Departamento de Electrónica y Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, y uno más del Instituto de Tecnología de Grenoble, en Francia, llevan año y medio trabajando en una tecnología que permite hacer seguimiento a cultivos de arroz usando imágenes multiespectro recolectadas con drones.

Investigar el país / Rastreando a los rastreadores

Las enfermedades arbovirales, aquellas transmitidas por artrópodos —como los insectos—, han sido muy recurrentes en la historia, afectando a amplias franjas de población en el mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo planteó un proyecto de investigación en el que participaron Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile con el objetivo de medir cómo estos países vigilan y responden ante el dengue, zika, chikunguña, fiebre amarilla (todas transmitidas por el mosquito Aedes aegypti) y malaria (transmitida por mosquitos del género Anopheles). ¿Cómo le ha ido a Colombia en esta vigilancia?

Jóvenes que investigan / El joven que investiga los usos medicinales de plantas endémicas

El abuelo de José María Velasco le inculcó la pasión por la botánica. Este hobby con el tiempo se convirtió en más que eso y la fascinación por las plantas lo llevó a estudiar cómo la uva caimarona y el corozo, cuando se incluyen en la dieta, pueden tener un efecto protector en enfermedades crónicas como alzhéimer, párkinson y esclerosis lateral amiotrófica. Conozca la historia de este joven investigador.

Ciencia y sociedad / El Sol: energía para la educación

En pleno siglo XXI es imposible pensar en educación de calidad sin acceso a, por lo menos, electricidad. Es por eso que un grupo de investigadores llevó paneles solares al Centro Etnoeducativo Nuestra Señora del Carmen de Kuisa, ubicado a cinco horas en carro desde Riohacha en el corregimiento de Taparragí.

“La instalación de los paneles solares significa un sueño hecho realidad, avance y progreso”, comenta Adelco Larrada Ipuana, autoridad ancestral de la comunidad de Kuisa. “Antes se tenía que tratar de hacer todo temprano, nuestros niños se tenían que acostar temprano y levantarse con la luz del día, lo cual limitaba el horario de clases. Ahora nuestros alumnos realizan sus tareas con tranquilidad y utilizan los medios tecnológicos que antes no podían usar”, complementa Larrada.

Novedades editoriales

Las desesperantes horas de ocio. Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900). Así se titula el libro escrito por Jorge Humberto Ruiz Patiño, quien estudió la función que desempeñaron el tiempo, el ocio y las diversiones en la construcción, transformación y legitimación del orden político republicano en Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX.

En esta investigación, publicada por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Ruiz documenta cómo los juegos de azar, las fiestas en chicherías, las riñas de gallos y las corridas de toros a la vieja usanza dejaron de estar vinculados con las fiestas civiles y religiosas, y se convirtieron en parte de los ritmos del día a día. Incluso la fisonomía de la ciudad se vio afectada por este proceso de transición: las antiguas plazas coloniales, en donde antes se reunía la población y tenían lugar las fiestas, fueron remplazadas poco a poco por parques, en los que se podía pasear, admirar los jardines, escuchar conciertos al aire libre y ver todo tipo de exhibiciones.

¿Cómo se divertían los bogotanos en el siglo XIX?

¿Cómo se divertían los bogotanos en el siglo XIX?

Esta nota se publicó originalmente en la edición 57 de Pesquisa con el nombre de Ocios coloniales y diversiones republicanas: tiempo, poder y entretenimiento en la Bogotá decimonónica

¿Cómo los cambios en las diversiones de una sociedad afectan su concepción del tiempo y contribuyen a la consolidación de un orden político y social? En su nuevo libro, Las desesperantes horas de ocio. Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900), publicado por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Jorge Humberto Ruiz Patiño estudia la función que desempeñaron el tiempo, el ocio y las diversiones en la construcción, transformación y legitimación del orden político republicano en Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX.

En 1849, año con el que inicia esta obra, no solo nació el primer Gobierno liberal de la era republicana, también se conmemoró, por primera vez mediante disposición normativa, el aniversario de la Independencia en Bogotá. Si bien esta fiesta patria pronto se integró a toda una serie de elementos lúdicos tradicionales, como las corridas de toros, el consumo de alcohol, los juegos de azar y las riñas de gallos, también se desligó de la celebración cívica colonial, y confrontó la legitimidad política y social de los festejos religiosos. De este modo, se dio inicio a una importante disputa por la representación y por el ordenamiento temporal de la sociedad republicana decimonónica.

Sin embargo, en lo que quedaba del siglo XIX, la élite de la ciudad fue adoptando nuevas actividades y formas de pasar el tiempo libre que estaban influenciadas por prácticas y discursos europeos que se apartaban de manera aún más radical de la tradición política y cultural de la nación. Pronto los ‛regocijos públicos′ de raigambre colonial dieron paso a los ‛entretenimientos públicos′ republicanos, que se salían de los tiempos y los límites establecidos por los tradicionales calendarios festivos.

La adopción de nuevas diversiones por parte de las clases adineradas impulsó la transformación de la idea del tiempo y la construcción y consolidación de un nuevo orden político y social. Más que un simple proceso de imitación, Ruiz propone que, en la capital, las nuevas actividades recreativas y de divertimento fueron el producto de un proceso de mutación, adaptación y síntesis. De hecho, la revisión y el análisis de diarios de viajeros, manuales de urbanidad, guías de la ciudad, almanaques, artículos de prensa, leyes, entre otros documentos, le permiten establecer que solo algunas de estas actividades eran novedosas, mientras que otras ya estaban presentes desde la Colonia y fueron modificadas para cumplir con unos ideales ‛civilizadores′.

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Este cambio trajo como consecuencia que los juegos de azar, las fiestas en chicherías, las riñas de gallos y las corridas de toros a la vieja usanza dejaran de estar vinculados con las fiestas civiles y religiosas, y se convirtieran en parte de los ritmos del día a día. Incluso la fisionomía de la ciudad se vio afectada por este proceso de transición: las antiguas plazas coloniales, en donde antes se reunía la población y tenían lugar las fiestas, fueron remplazadas poco a poco por parques, en los que se podía dar paseos, admirar los jardines, escuchar conciertos al aire libre y ver todo tipo de exhibiciones.

Aquellos festejos y actividades que no fueron adoptados y adaptados por las clases altas fueron considerados por el Estado como inadecuados, por su “barbarie e incitación al vicio y la ociosidad”. Mientras tanto, las nuevas formas de divertimento pasaron a ser entendidas como un tiempo de esparcimiento que era necesario para el perfeccionamiento del ciudadano ideal y civilizado. De este modo, hacia el final del siglo, los deseos de las clases privilegiadas bogotanas, la influencia europea y la visión de los extranjeros confluyeron en la consolidación de un nuevo orden temporal y de una nueva lógica social relacionados con el progreso, la razón y la eficiencia.

Gracias al esclarecedor trabajo de Ruiz, se logra entender cómo en la segunda mitad del siglo XIX ocurrió un importante proceso de transición que estuvo determinado por una creciente preocupación estatal por el destino de la sociedad, por el comportamiento de sus individuos y por las nuevas maneras en las que estos invertían su tiempo. Ya se está lejos de esas tan “mentadas desesperantes horas de ocio”, mencionadas por el Club Ciclista Bogotano en una nota de prensa de 1895, que tanto parecían preocupar a la élite capitalina. El nuevo ciudadano del siglo XX tendría que aprender pronto que el tiempo es oro, el oro es poder y el poder es desesperantemente fugaz.