Física, química y biología: ciencias aliadas para la degradación del plástico

Física, química y biología: ciencias aliadas para la degradación del plástico

¿Sabía que el plástico es uno de los materiales que más se usa en la actualidad? Imagine que suena su despertador, hecho de polipropileno o polietileno; lo apaga, se levanta y se va para el baño. Allí, limpia su boca con un cepillo de dientes hecho a base de PVC y cerdas de nailon, luego le agrega crema dental que está introducida en un empaque de plástico laminado, para después pasar finos filamentos de teflón diente por diente hasta retirar cualquier exceso. Por último, pero no menos importante, acaba el proceso con un enjuague bucal contenido en una botella PET. ¿Cuántos elementos fabricados con plástico contó en esta rutina?

El plástico, un polímero derivado de la industria petroquímica, ha sido un material sintético usado y alabado por las personas desde su aparición en los años 50 debido a su maleabilidad, versatilidad y resistencia. Sin embargo, su producción masiva ha ocasionado graves problemas ambientales como las montañas de desechos que navegan en los mares de todo el mundo contaminando el agua y causando la muerte masiva de peces debido a la ingesta de restos de esos elementos. Por este motivo, en 2018 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) aseguró que la presencia de este tipo de residuos en mares y océanos conforma una las seis emergencias ambientales más graves del planeta.

 

“Si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual”: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Preocupado por esta situación, Luis David Gómez-Méndez, microbiólogo, magíster en Microbiología, doctor en Ciencias Biológicas y líder del semillero Degradación en Polímeros Plásticos Contaminantes de la Pontificia Universidad Javeriana, conversó con Pesquisa Javeriana sobre su tesis doctoral, con la cual le apunta a integrar reacciones físicas, químicas y biológicas como alternativa para reducir el tiempo de degradación de los plásticos, que actualmente se estima va de 100 a 1.000 años.

Pesquisa Javeriana (PJ): ¿Cuál es la propuesta de su tesis doctoral? 

Luis David Gómez (LDG): Sabemos que los plásticos son de difícil biodegradación, pero mi pregunta era qué tratamiento previo se podría hacer para facilitar este proceso natural. En principio sabía que el tratamiento debía ser físico o químico y posteriormente tenía que pasar por una transformación biológica. Por eso decidí usar plasma -el cuarto estado de la materia-, que al ser sometido a descargas eléctricas, se ioniza y cambia las propiedades superficiales de muchos materiales. En este caso, láminas de polietileno de baja densidad (PEBD), un tipo de plástico.

En general, los plásticos son hidrofóbicos, esto significa que repelen el agua; sin embargo, al someterlos al plasma, logré modificar su superficie volviéndolos hidrofílicos para que tuvieran adherencia del agua. Con esto fue posible que los microorganismos, que necesitan ambientes húmedos para crecer y desarrollarse, hallaran una superficie húmeda en el plástico y se “pegaran” a él para intentar colonizarlo y, si su capacidad metabólica lo permitía, alimentarse de él.  El resultado: la capa superficial del PEBD tratada con plasma de oxígeno modificó su hidrofobicidad y rugosidad al descascararse. Estas dos condiciones fueron esenciales para el crecimiento microbiano. Este fue el pre-tratamiento físico.

PJ: También mencionó un tratamiento químico. ¿En qué consistió? 

LDG: En esta fase usé la fotocatálisis: una reacción química que usa el dióxido de titanio en presencia de luz ultravioleta, para generar moléculas reactivas que tienen la capacidad de degradar diversos tipos de contaminantes solubles en agua, como pesticidas o colorantes. La apuesta de esta técnica fue emplearla sobre un contaminante no soluble en agua: el PEBD. Al usar este método, obtuve un resultado impactante: la fotocatálisis generó huecos en la superficie del material lo cual es importante, porque una superficie porosa facilita la colonización de los microorganismos.

PJ: Entonces, ¿el plástico estaba listo para su descomposición?

LDG:  Después de usar las descargas de plasma y la fotocatálisis, lo sometí por cinco meses al hongo de podredumbre blanca, Pleurotus osteatrus, el cual es reconocido por degradar materiales tan complejos como la madera. Con esto esperaba que el microorganismo creciera sobre la superficie modificada del PEBD y lo degradara. El resultado fue interesante ya que conseguí que este proceso físico, químico y biológico, modificara propiedades mecánicas y químicas del PEBD en un 30%.

PJ: ¿Esta es una alternativa para minimizar el impacto que tienen los plásticos en el ecosistema?

LDG: Sí, ya que hay que pensar qué hacer con los millones de toneladas de residuos plásticos que están abandonados y hallar estrategias de degradación acelerada como la que propongo. También es necesario considerar otras alternativas; por ejemplo, hacer uso de plásticos biodegradables, los cuales emplean como materia prima fuentes naturales como celulosa o almidón. Además, hay que minimizar su uso, dejar de comprar tanto plástico y evitar las bolsas si no se requieren. Claro, son necesarias para colocar los residuos del baño o de la cocina, pero no son indispensables para llevar tres tomates y un plátano de la tienda de la esquina, para eso están las bolsas de tela.

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PJ: Según su respuesta, ¿también se trata de un problema cultural? 

LDG: ¡Por supuesto! Los plásticos surgieron en los años 50 y fue un ‘boom’ por sus características de maleabilidad, capacidad de estiramiento, de resistencia y durabilidad. Sin embargo, el problema empezó en los años 60 con la bonanza económica estadounidense, donde la gente empezó a asociar sus prácticas de derroche con la posibilidad de botar los plásticos, ya que estos se vendían como “desechables”. En ese momento no se proyectó ni el impacto medioambiental que estos causarían años después, ni el impacto cultural al introducirnos en una sociedad de pensamiento desechable: comprar y botar.

“Se estima que de 1950 a la actualidad se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plásticos y se calcula que para el 2030 la cifra llegue a 12.000 millones de toneladas”, afirma Gómez.

 

PJ: ¿Cómo se puede cambiar esta mentalidad?

Hay que hacerle entender a la gente que no necesariamente tiene que usar pitillos o colocarle tapa plástica a los vasos plásticos que usará por mucho, cinco minutos. Si puede, emplee vasos de vidrio o porcelana. Hay que interiorizar en nuestro cerebro las tres R: reutilizar, reciclar y reducir. Es necesario entender que el plástico sirve de muchas maneras, pero en la medida en que se pueda reutilizar, reciclar o reducir el consumo, se disminuirá su impacto ambiental.

PJ: Con relación a la actual crisis sanitaria, ¿cuál es el efecto del uso de los plásticos?

LDG: El impacto es altísimo. Debido a la pandemia por la Covid-19, el consumo de guantes, tapabocas y el hecho de que ahora muchos productos de consumo vienen envueltos en plásticos, cuando antes no lo estaban, ha disparado la generación de estos residuos.

PJ: ¿Qué hacer para mitigar sus efectos? 

LDG: En primer lugar, se debe disminuir el consumo de guantes quirúrgicos, por ejemplo, lavándose muy bien y frecuentemente las manos y emplear tapabocas de tela. En lo posible, comprar alimentos que no estén envueltos en plásticos, pero si lo están, darle un segundo uso a ese material. No obstante, el problema con los guantes quirúrgicos y tapabocas es que estos materiales, después de su uso, deben ser tratados como “elementos de riesgo biológico” por lo que requieren de un manejo especial: deben colocarse en bolsas rojas y no mezclarse con residuos ordinarios, pero en este momento donde su uso se ha masificado y están en la mayoría de los hogares, es muy difícil darle esa disposición… ¡Se están convirtiendo en residuos ordinarios al mezclarse con los residuos de cocina!

Finalmente, algunas alternativas de contención serían incinerar estos elementos en hornos especiales que no permitan que los gases salgan a la atmósfera, pero eso requiere de una infraestructura, logística, normatividad y, sobre todo, de una cultura del manejo de residuos, que no tenemos.

Fotos tomadas por Luis David Gómez en el Museo de la Extinción de Greenpeace en Bogotá.
Esta muestra presenta empaques plásticos que fueron abandonados. Muchos de ellos salieron del mercado hace más de 20 años y aún están intactos, contaminando el planeta.

Lo que viven las mujeres trans en un consultorio

Lo que viven las mujeres trans en un consultorio

Paloma* tiene 30 años, es alta, de tez morena, cabello oscuro y acuerpada. Dice que su lucha diaria es contra la discriminación, pues ha cargado con ella por más de seis años. La vive cada que accede a algún servicio de salud se siente segregada. Cuando va al médico nota cómo las miradas recorren su cuerpo, como si fueran un escáner con actitud amarillista. Esta situación, según el proyecto TranSer, evidencia las dinámicas de discriminación para con las mujeres trans que han permeado los servicios de salud.

La vida no es fácil para Paloma. Usan la palabra señor para referirse ella y el personal de salud lo hace de forma reiterativa. El portero se lo dice, luego lo repite la recepcionista al requerirla; a pesar del tono cortés, la enfermera la llama una vez más y el médico lo reafirma: ¡señor, cuénteme en qué puedo ayudarlo! “Llega un momento en el que uno ya no aguanta. Yo voy vestida de mujer, me identifico como mujer y soy una mujer. Entonces, ¿por qué me dicen señor?”, comenta Paloma.

Ser trans en sociedades caracterizadas por el poder hegemónico, patriarcal y machista históricamente ha implicado vivir bajo relaciones marcadas por la inequidad, la injusticia y la exclusión, dice Paula Andrea Hoyos, psicóloga e investigadora de la Pontifica Universidad Javeriana Cali, quien en el marco del proyecto TranSer (2019-2022), para el fortalecimiento de una sexualidad plena, satisfactoria y saludable en mujeres trans de Colombia, se ha dedicado a estudiar esta problemática desde diferentes aristas, una de ellas, las dinámicas de discriminación de estas mujeres en el sector salud.

La palabra trans es una gran sombrilla que acoge a quienes se identifican como transexuales, transgénero, travestis o transformistas. La investigación que está en curso hasta ahora ha trabajado con mujeres que se identifican como transexuales y transgénero; las primeras sienten un rechazo por sus órganos sexuales con los que nacieron y las personas transgénero solo ocasionalmente?: “yo no tengo problema con mis órganos sexuales, el hecho de que yo haya hecho mi tránsito a mujer no significa que odie mi genitalidad”, dice una de ellas.

El estudio ha tenido efectos de empoderamiento e incluso ha sido terapéutica para las participantes, comenta la profesora Hoyos. Con los resultados quieren hacer un llamado para construir procesos más dignos de atención en salud y sensibilizar sobre las diferentes necesidades de esta población que van más allá de prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) u otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como usualmente se ha comprendido. “No se trata de seguir hablando de cifras o epidemiologías, sino de lo que ellas requieren, por esto aquí son unas investigadoras más”, afirma Hoyos.

Según indican las cifras reportadas por Colombia Diversa, el país hace parte de las sociedades reproductoras de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTI. Entre enero de 2018 y junio de 2019 se presentaron 120 homicidios de personas con identidad diferente a la heteronormativa. Para la profesora Hoyos, son víctimas frecuentes de homicidios, abuso sexual; presentan mayor prevalencia de depresión y ansiedad, y, además, las barreras para acceder al sistema de salud se multiplican, pues no cuentan con servicios de género, ni con atención diferencial.

“Muchas de nosotras evitamos ir a la EPS; aunque quisiéramos ir preferimos automedicarnos para no someternos a la discriminación”, asiente Paloma y así lo pone en evidencia el estudio javeriano. Con la participación de alrededor de 139 mujeres de cinco ciudades del país –Cali, Armenia, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá–, los investigadores partieron de un abordaje hermenéutico interpretativo de las experiencias de mujeres trans en relación con los servicios de salud y fue a través de un trabajo de escucha activa y participativa que empezaron a identificar cuáles son sus necesidades.

Aunque el problema de la atención en salud es generalizado a nivel nacional, cuando se trata de personas trans los procesos son aún más difíciles. “Es una realidad de nuestro país, en el que frecuentemente se dilatan los tiempos de atención y consultas, pero, esto se perpetúa en poblaciones que se identifican de una forma diferente a lo que socialmente ha sido establecido como normativo”, afirma la investigadora.

Barreras y necesidades en la atención en salud

Según el estudio TranSer, las barreras que enfrentan las mujeres trans en relación con el acceso a los servicios de salud están directamente ligadas al estigma y discriminación, o en otros casos a las trabas para adquirir los tratamientos o procedimientos, por lo que recurren a consultar a otras fuentes para llevar a cabo su proceso de transformación, poniendo en riesgo su salud.

Las mujeres, según el estudio, coinciden en que frecuentemente perciben conductas discriminatorias por parte de los médicos, enfermeras, porteros, actitudes que se van replicando por las personas que vienen detrás (estudiantes de medicina, practicantes de enfermería, entre otros). “El problema está relacionado con las estructuras inequitativas e injustas frente a expresiones de género no hegemónicas, con la poca información por parte del personal de salud alrededor de lo que ellas sienten, y poca capacitación de cómo comprender mejor al ser humano, sus emociones y comportamientos, además de todo lo que implica la diversidad sexual y de género”, afirma la profesora Hoyos. Por esto, una de las insistencias de las mujeres trans, dentro de la investigación, es la necesidad de que los profesionales de la salud tengan los conocimientos y las competencias para acompañarlas.

Una de las cosas que ellas expresan reiterativamente es que sean diagnosticadas psiquiátricamente con una discordancia de género o disforia de género, lo que no es bueno para la salud ni el bienestar de la persona, expresa Hoyos. No obstante, explica que en el país se mantiene el criterio del diagnóstico para que una persona pueda acceder a procesos de reafirmación del género, ya sea la terapia hormonal y/o cirugías, bajo el discurso de que esta es una forma de confirmar la decisión que ha tomado la persona.

Esta etiqueta continúa perpetuando la discriminación y noción de las identidades trans como enfermedades. “Es importante que las personas se tomen el tiempo de pensar, si quieren, el cómo y el cuándo desean hacer el tránsito, es verdad, pero ellas no quieren estar en un proceso de dos años que las expone a las etiquetas psiquiátricas y menos quieren estar obligadas; ellas expresan requerir de un acompañamiento médico para informarse de forma idónea, al igual que un acompañamiento psicosocial con el que se sientan cómodas, aceptadas y seguras, no enfermas”, comenta la investigadora.

Así, es una prioridad la atención de mujeres trans en términos de salud, indica la investigación. Para ese fin debería haber fortalecimiento de la educación universitaria integral, diseño de rutas de atención con enfoque diferencial, seguimiento al consumo de sustancias psicoactivas por la relación que existe entre la hormonización y la reducción de deseo sexual y los estados de ánimo, dado que pueda presentarse que algunas mujeres trans recurran al consumo de algún tipo de sustancia para “compensar” los efectos secundarios del proceso, explica Hoyos.

“Para ellas, el construirse y expresarse como las mujeres que desean es muy importante, por eso recurren, usualmente, a edades muy tempranas a la autoformulación y automedicación, sin ningún acompañamiento idóneo, esto puede traer graves consecuencias para su salud, incluso puede llevarlas a la muerte” dice Hoyos.

La terapia hormonal requiere ser manejada de forma profesional y bajo buenas prácticas clínicas. De aquí que, tal como invita la investigación, las valoraciones médicas y psicosociales deban estar orientadas a la reducción de riesgos, la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres trans, pues el acceso a un servicio de salud digno es un derecho que no se debe vulnerar. Al respecto, Paloma es insistente al decir que el camino ha sido difícil y falta trabajar muchísimo.

En Colombia no solo discriminan por el género y la orientación sexual, también lo hacen por la etnia o por el status socioeconómico, dice Hoyos, pero ser diferente hace parte de la naturaleza y, de la vida misma: “es verdad que nos hace falta información y educación en todo lo que implica la diversidad de género. Sin embargo, como seres humanos también debemos comprometernos con las acciones cotidianas, construir relaciones más amorosas, cooperativas, respetuosas y legitimadoras de las diferencias”

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Ingeniería javeriana, protagonista en la preservación de la memoria artística española

Ingeniería javeriana, protagonista en la preservación de la memoria artística española

Gracias a la versatilidad que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un ingeniero colombiano y su equipo lograron hacer el recorrido histórico de más de 16.000 obras artísticas españolas, entre ellas Las Meninas, de Diego Velásquez.

Andrés Navarro Newball, ingeniero de sistemas y computación, miembro del grupo de investigación DESTINO de la Pontifica Universidad Javeriana Cali, participó en el proyecto titulado ‘Desarrollo de un sistema de geolocalización narrativa para el seguimiento del patrimonio artístico durante la guerra civil y la posguerra española’, el cual se ve plasmado en una web participativa global con información sobre los datos básicos y características físicas de cada creación artística, con un número designado para su identificación y una lista informativa sobre organismos de incautación y devolución, propietarios, fechas, ciudades y referencias de cada una.

El profesor Navarro, especializado en Redes y Comunicaciones de la Universidad ICESI, explicó así el proyecto: “se desarrolló un mapa interactivo en tiempo real que detalla la realidad geográfica del país y permite hacer seguimiento a las obras durante este período de la historia ibérica, para conocer su recorrido y su lugar de destino. Se demarca el recorrido respectivo dentro o fuera del país, y se actualiza de manera permanente para saber si han continuado en movimiento o conocer propietarios que hayan podido quedar con ellas”.

El proyecto tiene una doble perspectiva. La primera, catalogar las obras salvadas durante le guerra y contrastarlas con su destino en la posguerra, así como hacer un seguimiento de aquellas que salieron del país durante ese período. La segunda, y como ya se mencionó, generar un sitio web de investigación participativa, que garantizara la geolocalización, digitalización, interactividad y comparación que permite la museografía hipermedia avanzada. Para Navarro, Máster en Ciencias de Computación y Realidad Virtual de University of Hull, “la relevancia de este proyecto también se aloja en que el arte español es conocido en todo el mundo, y ha marcado momentos sumamente importantes en nuestra historia como sociedad”.

De obras de arte españolas reconocidas al nivel mundial se encuentra Las Meninas, de Diego Velázquez que data del año 1656. De acuerdo con la información obtenida en el proyecto, actualmente se encuentra en el Museo El Prado, pero durante la guerra civil fue evacuada a Ginebra, Suiza, en febrero de 1939. Regresó al país en septiembre del mismo año, y desde entonces se ha conservado en el mismo museo, siendo factible ver todo su recorrido en el mapa interactivo en tiempo real.

Este patrimonio artístico se encuentra marcado por la propaganda del franquismo sobre la destrucción masiva de obras por parte de los republicanos. Por esto, se optó por realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las obras salvadas y su destino, para clarificar la labor desarrollada por todos aquellos que lucharon para su preservación y cuidado. Ejemplo de ello es la obra Expulsión de los Mercaderes del Templo, de El Greco, de la cual se sabe cuál fue todo su recorrido dentro y fuera de España.

Esta actualización de información permite saber por cuáles ciudades pasaron con exactitud y dónde se encuentran las obras de arte de Francisco de Goya, como La Familia de Carlos IV o La Última Comunión de San José de Calasanz, ubicadas en el Museo El Prado y Museo Calasancio de los Padres Escolapios respectivamente; evacuadas también a Ginebra, Suiza, en 1939 y devueltas a España posteriormente.

“Al llegar de mi doctorado y retornar a la universidad, fui contactado por investigadores de España, especializados principalmente en Ciencias de la Información y Narrativa Hipermedia; requerían en ese momento un responsable de tecnología, quien fuera el encargado de desarrollar diversos proyectos. El primero fue Aventura Chimú en el Museo de América de Madrid, disponible en YouTube. Dado su éxito, se continuó con este”, comenta Navarro. Así, se inició una relación entre Javeriana Cali y la Universidad Complutense de Madrid, que se materializa en una colaboración internacional e interdisciplinar mutua por el uso de las TIC. “Logramos una sincronía y entendimiento entre dos lenguajes totalmente diferentes, gracias a la disposición y trabajo con Arturo Colorado e Isidro Moreno, principales líderes el proyecto en España y miembros de la universidad, así como de diversos gestores culturales, pues se entiende también que la exigencia fue muy alta”, puntualiza el ingeniero.

Se involucraron también investigadores de Alemania, Bélgica, Brasil, Ecuador, México y Países Bajos en los cuatro años que tardaron las dos primeras fases de este proyecto. Actualmente, son alrededor de 12 personas que actualizan el mapa de manera permanente, y se puede solicitar ser miembro por medio de un formulario que se encuentra en la misma la página web.

Además, se contó con la colaboración de estudiantes de pregrado de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Javeriana Cali, quienes encontraron una oportunidad de acercamiento y apoyo a la investigación y programación. Asimismo, tres estudiantes de México lo apoyaron, que participaron en Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del programa Delfín y realizaron una pasantía de investigación internacional en la universidad.

Cuando se le pregunta a Navarro por qué un ingeniero puede interesarse por la gestión del arte y la cultura, su respuesta se acompaña de buenos recuerdos: “es una influencia de mi madre, ella siempre inculcó en mí este amor por el arte, es parte de aquello que nos permite conocernos más como sociedad, así como nuestra historia”, asegura el Doctor en Ciencias de Computación de University of Otago.

Este especialista hizo una invitación a pensar y proponer más proyectos de esta índole en el país: “estos proyectos generan apropiación y pertenencia, debemos conocernos como sociedad, y qué mejor que el patrimonio cultural y artístico. En Colombia sería totalmente pertinente desarrollar uno igual, pues muchos pueden desconocer las influencias artísticas e históricas del país y de las regiones”.

¿Por qué los colombianos incumplen las normas en la cuarentena?

¿Por qué los colombianos incumplen las normas en la cuarentena?

Después de una contención de tres meses, tiempo en el que el aislamiento preventivo ha sido la medida esencial para hacer frente a la situación de salud pública generada por la COVID-19, el viernes 19 de junio las críticas por la pérdida de control de la ciudadanía y el inesperado desorden social se hicieron más visibles, pues en ese día se registraron más de 80 casos de aglomeraciones en diferentes almacenes como resultado del primer día sin IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Esta alternativa, dirigida a la reactivación de la economía, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cumplió con el objetivo y superó los $5 billones en ventas con un crecimiento del 158% del comercio. Sin embargo, el cumplimiento de las normas de bioseguridad recomendadas se vio afectado. Las fotos y los videos que circularon en redes sociales y páginas web lo evidenciaron: centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena estaban saturados de personas.

¿Error del Gobierno, de las personas que salieron a comprar o de los establecimientos que no estaban listos para acatar las normas de bioseguridad? Esta no es la primera vez que se quebrantan las normas a lo largo del tiempo de aislamiento. Quitarse el cubrebocas, no lavarse las manos, no respetar el distanciamiento social, celebrar fiestas clandestinas, iglesias resistentes a cerrar las puertas, caravanas para despedir a seres queridos, medios de transporte publico atestados de gente son acciones que distan mucho de ser las recomendadas por las autoridades y que han quedado al descubierto durante la cuarentena.

Como expone el profesor javeriano y psicólogo del comportamiento, Wilson López, el ser humano parece haberse convencido de que su especie goza de una superioridad racional que lo lleva a tomar las mejores decisiones según sus expectativas y se vanagloria de su capacidad para medir riegos, costos, beneficios y tomar óptimas decisiones de forma ‘objetiva’. Sin embargo, “esta es una verdad a medias”, dice el experto.

Si las personas quisieran tomar decisiones con una rigurosidad que esté basada en el estudio de costos y beneficios reales, “tendríamos que andar con calculadora en mano, sacando probabilidades y combinando todas las variables posibles para saber lo que es mejor o no, y, aun así, muchas variables quedarían por fuera”, dice López y complementa que contrario a lo que algunos creen, las decisiones que toma el ser humano incluyen un componente importante de sesgos que explican la irracionalidad de algunos de sus comportamientos. En este caso actos que ponen en riesgo la salud de los demás y la propia.

Es por esto que estudiosos en economía del comportamiento, apoyados en fundamentos psicológicos, han querido entender cuáles son dichos sesgos que llevan a las personas a elegir alternativas que no siempre son las más atinadas.

¿Por qué se incumplen las normas?

El histórico economista Adam Smith, hace más de 250 años, reconoció algunos de estos sesgos que influyen en la toma de decisiones irracionales y que se adaptan justo a la situación actual. Dentro de estos aparece el exceso de confianza, el autocontrol o ahora llamado por los economistas ‘sesgo del presente’, entre otros.

Este exceso de confianza, en palabras del profesor López, se ve representado actualmente en casos como la persona que salió una vez, se expuso al virus, no le pasó nada y por tanto vuelve a salir. Algunos dicen, por ejemplo: ¡A mí no me va a pasar nada porque eso es mentira o no es tan grave!, ¡salí y todo está bien, así que puedo volver a salir sin problema!, ¡el virus no me da a mí porque yo tengo buenas defensas y tomo bastante jengibre!

El otro sesgo del presente al que se refiere Smith es hacer las cosas inmediatamente sin pensar en el largo plazo. A propósito, decía el economista, “el placer que disfrutaremos dentro de diez años nos interesa muy poco en comparación con el que podemos disfrutar hoy”, razón por la cual, como explica López, una persona, por ejemplo, hace una fiesta con un grupo considerable de amigos en la cuarentena, por complacencia momentánea a pesar de los riesgos futuros que esta decisión pueda ocasionar.

A estos sesgos se unen otros que la investigación en psicología ha identificado y que se hacen evidentes por estos tiempos. Al respecto, el psicólogo López dice que es necesario incluir variables como la pobreza, “estas variables contextuales son muy relevantes a la a la hora de hablar de si la gente sigue o no las reglas, ya que van a preferir salir a buscar comida para mantener a su familia que no salir, esto sin hablar de las condiciones de vivienda que tienen muchos de ellos”, dice el investigador.

También está el sesgo en la toma de decisiones generado por la frecuente saturación de información. “Las redes sociales, por ejemplo, son un desastre y con todo lo que allí se mueve, es difícil elegir correctamente”, explica el psicólogo. Aquí entra en juego la labor de los líderes de opinión y figuras públicas para que reconozcan el poder que tienen sobre la comunidad que los sigue. “Estas personas para muchos son ejemplo del comportamiento a seguir y a replicar. De esta manera ellos deben evitar la distorsión de información, ser responsables con lo que comunican y, mejor, ser promotores de buenas prácticas”, añade.

Por otro lado, están las constantes contradicciones de los líderes políticos y gobernantes, quienes generan confusión alrededor de las reglas que los ciudadanos deben seguir, pues no saben a quién obedecer, y otro de los factores influyentes al momento de decidir si seguir o no la norma es la complejidad de las reglas, “porque si estas son muy complicadas y difíciles de seguir, bien sea por las competencias motrices, cognitivas, habilidades, etc., de las personas, no las van a cumplir”, argumenta.

Por último, dentro de los muchos que hay, está el sesgo de las emociones. “Sabemos que las situaciones de crisis como la actual, provocan el incremento de la ansiedad, la depresión, entre otros trastornos que explican las toma decisiones desafortunadas”, advierte el investigador, y dice que todos estos sesgos hacen que motivar el cumplimiento de reglas sea mucho más difícil.

¿Cómo incentivar el seguimiento de las normas?

Hay dos tipos de normas, explica el economista y miembro del Laboratorio Javeriano de Investigación Conductual, Alexander Gotthard. Una de ellas es la norma como decreto o mandato, es decir, esas que están escritas en la ley. La otra: el entendimiento común de lo que es deseable en un grupo social, más allá de leyes, decretos y demás. La interiorización especial de esta última tiene un gran peso para que el virus no se propague de forma exponencial y tenga resultados críticos.

Para López y Gotthard no basta solo con la comunicación de decretos, que pueden ser hasta difíciles de entender. “Es necesario que cada persona de la comunidad asuma la responsabilidad de cuidado como un compromiso consigo que tiene beneficios para los demás”, dice el economista y en común acuerdo López comenta, “se trata de generar una construcción social de autocuidado”.

¿Cómo se logran estos objetivos?

Wilson López insiste en que el cumplimiento de las normas puede ser más eficaz si el Gobierno Nacional multiplica esfuerzos para suplir las necesidades de los habitantes en condiciones menos favorables y así evitar movilizaciones incontrolables en busca de la subsistencia diaria. Además, y en esto coinciden ambos investigadores, la comunicación es un elemento fundamental para hacer un buen manejo del virus cuando todos salgan a las calles.

Además, opina Gotthard, se debe promover una comunicación que todo el tiempo recuerde los pasos a seguir y que las personas sientan que están siendo parte esencial en el proceso de recuperación del país.

¿Qué debe tener el componente comunicativo? Los expertos recomiendan

  • Este componente esta basado en la educación.
  • Las reglas deben estar expuestas de forma clara y ser accesibles a toda la ciudadanía.
  • Evitar la amenaza, “si no cumples, las autoridades te hacen cumplir de formas que pueden llevar incluso a la muerte”.
  • Cuando la persona no cumple las reglas debe saber que esto trae consecuencias. Castigar con multas altas es una buena opción, siempre y cuando se identifiquen adecuadamente los comportamientos negativos.
  • Como sociedad hay que facilitar el cumplimiento de conductas: el Gobierno, ofreciendo todas las medidas sanitarias en diversos espacios, señalizando y comunicando con frecuencia, y los ciudadanos corrigiendo a quienes actúen de forma inapropiada amablemente.
  • En la comunicación tiene que estar claro el daño que ejerce un ciudadano a la comunidad cuando no se cuida. La culpa puede ser un factor estratégico e incluso necesario, pues nadie quiere ser responsable de los males de otros.
  • Mucho se habla de las personas que incumplen las normas y son noticia a diario, pero, mostrar y reconocer los actos positivos es de gran importancia para que los que estén alrededor sean replicadores y luego ellos se conviertan también en ejemplo.

El profesor Gotthard a partir de experimentos previos puede decir que a las personas les interesa más que no los vean haciendo lo incorrecto a que los vean haciendo lo correcto, pues no quieren despertar repudio social. En ese sentido, es valioso aplaudir a los que hacen bien las cosas para que se motiven y lo continúen haciendo, y llamar la atención sobre los que no lo hacen para que cambien ese comportamiento negativo.

Aislamiento de mayores de 70 años: ¿debería ser una decisión consensuada?

Aislamiento de mayores de 70 años: ¿debería ser una decisión consensuada?

Desde el lunes 1 de junio se inició la flexibilización de la cuarentena indicada por el presidente Iván Duque en el marco del aislamiento por la COVID-19. El mandatario indicó que se permitiría la salida de los mayores de 70 años, quienes podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana durante 30 minutos y con todos los protocolos de seguridad. También extendió el aislamiento obligatorio para los mismos hasta el 31 de agosto.

Estas medidas suscitan diversas preguntas frente a la autonomía decisoria de los adultos mayores en estas circunstancias. Esto es analizado por el profesor de la facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, Sergio Trujillo García, quien reflexiona sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad con la llegada de la COVID-19 desde una mirada del comportamiento humano. Este especialista lleva más de 20 años trabajando con ancianos en diferentes hogares de Bogotá y municipios aledaños, y al ser el director de la práctica en el énfasis de Inclusión Narrativa con sus estudiantes de últimos semestres, ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas mayores, para así comprender sus posturas.

Para este psicólogo es importante aclarar que a la hora de tomar decisiones que afecten a las personas mayores se deben tener en cuenta sus perspectivas y sentimientos, abrir espacios de conversación donde ellos hagan parte de la toma de medidas que los involucren. “Nada sobre nosotros sin nosotros” es un dicho común que fundamenta esta idea, es primordial que no se decida nada sobre ellos, nada que los afecte a ellos, sin que sean tenidos en cuenta, explica.

También considera las diferencias que separan a cada adulto mayor y en ese proceso atenuar los estereotipos que se generan alrededor de ellos. “En nuestra sociedad hay unos prejuicios acerca del envejecimiento que nos hacen pensar que toda persona mayor está enferma, se está deteriorando y se va a morir; toman vejez y enfermedad como si fueran sinónimos”, comenta. Aunque efectivamente hay ancianos que dependen de otros para vivir en la cotidianidad, hay muchos que son autónomos y por lo tanto no se puede juzgar a los unos por los otros. “En un extremo estarían los adultos mayores dependientes, en el otro los adultos mayores autónomos, y en la mitad distintos grados de independencia. Cuando hablamos de trabajar con ellos no podemos tomar decisiones que los cubran a todos porque son muy diferentes, cada uno tiene unas particularidades muy especiales y tomar decisiones pensando en que todos son iguales es erróneo y arbitrario”, complementa Trujillo García.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, un tercio de los adultos mayores en Colombia necesitan de sus actividades laborales para conseguir dinero y solo uno de cada tres logra pensionarse, lo que significa que muchos de ellos dependen económicamente de su autonomía laboral para tener acceso a una vivienda, servicios de salud, alimento, etc. Por esta razón, al decir que esta decisión se toma por el bienestar de los ancianos, no se reconoce que muchos de ellos no solo tienen la autonomía para salir, sino que además lo necesitan. “El derecho a la decisión, a la organización o a buscar de alguna manera mejorar la calidad de la vida a través del ejercicio de la libertad, es fundamental para los viejos y las viejas”, afirma el especialista.

En ocasiones se genera un paralelo con los niños, no solo porque se da una infantilización de los ancianos con apodos como “el abuelito” o “la ancianita”, lo cual limita su autonomía e invalida la capacidad que tienen de tomar decisiones sobre su propia vida, como sucede con los menores de edad. “Cuántas veces los padres de familia maltratan a los pequeños, pero les dicen que es por su propio bien y se tienen que aguantar. Lo mismo pasa con algunas de las decisiones para los adultos mayores, en los que ellos deben pensar que como lo están haciendo ‘por su propio bien’ entonces deben obedecer, pero al hablar con ellos están inconformes, les argumentan que como son más vulnerables están buscando la calidad de sus vidas, entonces es por su bienestar que lo hacemos, pero la realidad es que muchos de ellos quisieran vivir menos tiempo con tal de vivir bien”, complementa el investigador.

Además de esto, el Ministerio de Salud ha encontrado que a la fecha el grupo de los mayores de 70 años infectados por la COVID-19 en el país equivale alrededor del 10%, lo cual demostraría un efecto positivo de la cuarentena, sin embargo, las cifras de estrés, depresión y ansiedad en esta población se han disparado principalmente por el aislamiento, ya que muchos de ellos estaban acostumbrados a llevar vidas activas y a tener visitas frecuentes de sus familiares mientras que ahora se limitan a estar encerrados.

En esa medida el investigador aclara que la posición del gobierno de aislar a los mayores de 70 años no sucede desde una mirada egocéntrica, simplemente están operando desde una perspectiva diferente mediante la cual consideran esta opción como la más efectiva. Sin embargo, esto no significa que sea la mejor para el mantenimiento de la calidad de vida de todos los ancianos. Por esto, las últimas decisiones del gobierno colombiano resultan alentadoras para los adultos mayores, pues procuran respetar su autonomía y darles la posibilidad de salir de cada cierto tiempo con todos los cuidados recomendados. “Medidas que atenúan, pero no satisfacen el respeto por su dignidad, pues incluso comentan, como nuestro Rector de la Javeriana, que no ellos no son mascotas ni rebaño y que pueden autorregularse”, complementa Trujillo García.

Incluso dos de los afectados por la medida fueron el ex candidato presidencial Humberto De La Calle, y el ex alcalde de Cali, Maurice Armitage, quienes con otras personalidades interpusieron una tutela que busca tumbar esta medida de forma definitiva pues como se lee en la misma, estos decretos “están basados en un paternalismo inaceptable que no emplea con el conjunto de la población, por lo cual lo que se busca lograr con la medida no es válido y por lo tanto es inconstitucional, el aislamiento obligatorio para la población mayor de 70 años es una medida discriminatoria y desproporcionada.”

Como explica el investigador, “esta nueva decisión rebaja un poco una tan autoritaria como la anterior, y aunque crearon el decreto con la mejor intención de aplanar la curva y mitigar la pandemia, ciertamente en su momento se creó, no solo de manera inconsulta, sino que particularmente estricta para las personas mayores, para quienes es doloroso que los jóvenes tomen decisiones sin consultarlos y esto logra afectarlos en el largo plazo,” reconoce.

Por esta razón el psicólogo extiende una invitación a ser empáticos como sociedad con los adultos mayores, tener la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro y de esa manera ir construyendo un diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a todos por igual. “No es que haya una imposibilidad de comunicación, sino que se puede construir a través de la escucha activa y una mirada empática que favorezca la comprensión de la vida de los ancianos”, finaliza Trujillo.

La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

La ciencia le dice no a la cadena perpetua para violadores

Los titulares son aterradores: A la cárcel profesor de escuela de fútbol que abusaba sexualmente de sus alumnos, Capturan abogado comprometido en abuso sexual y pornografía infantil, A prisión hombre que secuestró, abusó y asesinó a una niña de nueve años… Las cifras que muestran el panorama de la situación no son para nada optimistas: según Medicina Legal, entre enero y abril del año pasado (2019) se reportaron más de ocho mil casos de este delito. Aunque en la mayoría de estas denuncias el victimario es familiar del menor o lo conoce, lo que de entrada ya limita la denuncia, más del 80% de estos casos no pasa de la indagación preliminar y las víctimas terminan sin ser reparadas y nuevamente puestas en peligro ante su agresor.

El monstruo existe. Está ahí. Ha estado desde hace muchísimos años, cada vez toma más fuerza y nada parece controlarlo. Por eso, para el gobierno y algunos congresistas lo único que se podría hacer es aprobar el proyecto de Acto Legislativo 21 de 2019 del Senado, acumulado con el proyecto de acto legislativo 047 de 2019 de la Cámara, que busca modificar la Constitución para darle hasta cadena perpetua a quienes abusen sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Según sus defensores, este proyecto garantizará y protegerá definitivamente los derechos de los menores, y así se solucionaría un problema que parece infinito.

Pero esa misma propuesta ha generado debate en el país desde hace más de una década, pues para varios expertos las penas dispuestas para este delito ya son lo suficientemente altas y coinciden en decir que se trata de un acto facilista que no le atina al blanco. Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia y profesor del área de derecho penal de la Universidad de los Andes, asegura que una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad. Según él, “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia haciendo creer que ya hubo una intervención del problema, pero detrás de eso están absolutamente descuidadas y no intervenidas las causas del delito”.

El profesor Norberto Hernández, tutor del semillero en derecho penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, califica esta medida como una cortina de humo y afirma que la propuesta obedece al uso del nefasto populismo punitivo. La razón, según él, es que “este tipo de iniciativas son utilizadas por los gobiernos para generar votos y aceptabilidad política, más en tiempos de crisis como el actual, generando en el pueblo una percepción de seguridad que no es cierta”.

A la fecha el proyecto ha pasado por siete de los ocho debates necesarios en el Congreso para ser aprobado. Aun así y suponiendo que sea votado a favor en último debate, algunos expertos en derecho penal como Hernández aseguran que existe una alta probabilidad de que la Corte Constitucional declare inexequible esta pena, “por lo que esto puede significar un mal uso del tiempo y recursos legislativos invertidos en una propuesta que no tiene viabilidad”, afirma el profesor.

Y es que incluso quienes redactaron el proyecto saben que la cadena perpetua es un trato cruel, inhumano, degradante, inconstitucional desde muchos puntos de vista y además viola tratados internacionales de derechos humanos. Por esa razón, decidieron aclarar en el proyecto que la pena, después de cumplidos 25 años de prisión, puede ser revisada para determinar si la persona condenada continúa recluida o pasa a otra medida sustitutiva de la pena como la libertad condicional.

Pero la inconstitucionalidad no es el único problema que tiene el proyecto, porque la investigación científica ha demostrado que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, y asegura que esta medida no es más que un despropósito político por su ya comprobada ineficacia.

 

Ni viable ni funcional

Uno de los argumentos del acto legislativo para instaurar la cadena perpetua es la reincidencia o la reiteración del delito por parte del victimario, o sea la probabilidad de que una vez salga en libertad, después de pagar su pena, vuelva a abusar sexualmente de algún menor. Esa preocupación queda justificada en el papel al explicar que, en los últimos años, ha habido un alto incremento de delitos sexuales y violentos en contra de niños, niñas y adolescentes. Pero lo que hay que tener en cuenta también, como explica el profesor Manuel Iturralde, ¿de dónde? es que “las denuncias por este tipo de delitos han aumentado de manera notable, pero no hay estudios rigurosos que expliquen por qué ha sido así”. Con esto, el experto se refiere a que el hecho de que haya más denuncias no responde al interrogante de si los victimarios son reincidentes o no.

Pero vamos más allá. En 2005 en Colombia se expidió una ley que castiga el abuso sexual seguido de la muerte del menor con 60 años de prisión – una de las penas más altas en el país – y rebajas de hasta 20 años por estudio, trabajo o enseñanza. El abogado Reyes reflexiona con un ejemplo de una persona condenada justo en el momento en el que salió dicha ley: “si tiene 30 años y logra reducir la pena, saldrá de la cárcel en el 2045. De tal manera que el primer momento en el que vamos a saber si la ley expedida en el 2005 funcionó y se evitó la reincidencia será a partir del 2045, cuando esta persona tenga 70 años y salga libre”. Por esa razón, según Reyes, antes de aprobar tal proyecto el Congreso debe darse la oportunidad de verificar si su última gran reforma legislativa funciona, y agrega que “asumir anticipadamente, 25 años antes, que la ley no va a servir para que con base en esto se incrementen las penas es, a mi modo de ver, populismo punitivo”.

Por otro lado, es claro que en un estado social de derecho, específicamente el colombiano, la finalidad de la detención carcelaria es la de resocializar a las personas privadas de la libertad, pero eso no se logra hoy en día por las precarias condiciones del sistema penitenciario colombiano. “Si actualmente no logramos la resocialización en un sistema que no tiene cadena perpetua, mucho menos lo vamos a poder hacer con la cadena perpetua, e implementar esta medida agudizaría la crisis”, indica el profesor javeriano Hernández.

 

Hacinamiento carcelario

Las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad en Colombia vulneran constantemente sus derechos fundamentales. Bruno*, un recluso de la cárcel La Modelo de Bogotá, ha visto con sus propios ojos la desigualdad y la corrupción que cobijan al sistema penitenciario del país. Cuenta que allí hay gente que gracias a sus recursos puede hacer compras en el expendio oficial de la cárcel, adquirir tarjetas para hacer llamadas y acceder a ciertas comodidades. Pero al mismo tiempo, él asegura que “de forma ilegal, especialmente en los patios donde hay hacinamiento y debido a la corrupción, hay personas que pueden comprar una celda adjudicada de forma exclusiva, así tengan que sacar a dos o tres personas que estaban ahí y hacerlas dormir en los pasillos”.

Llegó a la cárcel en 2017 por cuestiones muy diferentes a la violencia sexual contra menores, y desde que puso un pie ahí se dio cuenta de la crisis: “debido al hacinamiento nos tocaba esperar en fila para ir avanzando hacia la zona del patio donde había menos humedad. Si yo hubiera tenido dinero, seguramente habría llegado directo a una celda, pero no. Luego de un tiempo se hizo el esfuerzo y logré comprar un espacio para vivir con dos personas más”. Bruno asegura que no todos los internos cuentan con esa suerte. Incluso hay personas que no pueden pagar por una celda y tienen que dormir en los baños, al lado de los inodoros, que muchas veces no tienen agua y sus colchonetas terminan llenas de deshechos humanos. Es tanta la gente que ni siquiera hay cupos para trabajar, hacer otro tipo de actividades o incluso caminar por el patio.  En cuanto a la alimentación, dice que ha venido mejorando progresivamente, pero que los alimentos no cumplen con las porciones adecuadas y a veces pueden estar crudos.

Está demostrado con la experiencia estadounidense que, contrario a lo esperado, “las personas que están condenadas a cadena perpetua son muy problemáticas por algo racionalmente normal y es que no tienen nada que perder”, asegura Hernández, quien coincide con la postura de Iturralde: “pueden ser personas que se vuelvan aún más antisociales, mucho más reacias a seguir órdenes e incluso negadas a recibir un proceso de resocialización”.

A esto hay que añadirle el costo económico que representa para el sistema el encarcelamiento de una persona. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), una persona privada de la libertad puede costar aproximadamente dos millones de pesos mensuales, es decir, 24 millones al año, y no hay suficiente dinero para hacerlo sostenible. En los países nórdicos, donde hay menor comisión y reincidencia del delito, las cárceles tienen un modelo ejemplar. En Noruega, la prisión de alta seguridad de Halden lo representa: tiene tan solo 258 internos con penas no mayores a 30 años y con todas las condiciones dignas para estar ahí: espacios físicos adecuados, talleres altamente especializados, acompañamiento profesional personalizado, ayuda de las empresas para conseguir empleo y funcionarios cualificados con especialidad en el manejo del sistema penitenciario. Como en Colombia no existe nada parecido a esto, los expertos coinciden en que es iluso creer que con las condiciones y recursos con los que se cuenta actualmente pueda generarse la resocialización dentro de una cárcel.

Por último, y como punto esencial de lo que se espera con esta medida hay que mencionar que para varios expertos, contrario a quienes defienden el proyecto, la prisión perpetua para violencia sexual contra menores no garantiza ni protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluso puede resultar peligroso para la víctima. Por un lado, y aunque como dice la senadora Angelica Lozano, “imaginarlo suene aberrante”, delitos como el homicidio podrían llegar a ocultar el abuso sexual, pues al cometer un crimen que tiene menos años de condena como el homicidio, el atacante podría abusar sexualmente y luego recurrir al asesinato para que sea condenado por este último y así evitar la cadena perpetua. Por otro lado, el abuso sexual, al ser un delito cometido dentro del entorno familiar o cercano del menor, puede incrementar la impunidad por la omisión de denuncias para evitar las consecuencias de la cadena perpetua.

En palabras de Yesid Reyes, “es imposible hablar de que se protege la vida de un niño al encerrar en la cárcel de por vida a quien cometió el delito cuando la vida del niño no estuvo protegida previamente”. Para no ir muy lejos, a modo de llamado de atención, Ómar Bravo, doctor en psicología y profesor de la Universidad ICESI, recuerda el imborrable caso Garavito: “la pregunta es ¿qué pasa en una sociedad en la que decenas de niños y niñas pueden ser victimizados sin que esto genere un escándalo? ¿Por qué el alboroto solo se genera cuando se identifica esta monstruosa brutalización?”.

 

¿Qué medidas tomar?

No hay discusión en que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe primar en la sociedad y los actos de violencia contra ellos no son justificables. Sin embargo, la dignidad humana no puede ser sacrificada en un estado social de derecho. “Lo que tenemos que entender es que hay unas necesidades especiales de una población que ha sido victimizada y hay una serie de garantías de derechos que debemos respetar. Son dos problemáticas que debemos atender”, asegura Luis Vélez Rodríguez, profesor de derecho penal y criminología de la Universidad de Manizales.

Considerando las medidas que se deben tomar cuando el delito ya se ha cometido, los expertos aseguran que la apuesta del sistema penal debe estar encaminada a la resocialización y acompañamiento de las personas privadas de la libertad para que puedan reinsertarse a la sociedad y evitar que vuelvan a cometer el delito. Para esto, insisten en que es necesario pensar en una política criminal basada en la resocialización y no en el populismo punitivo e incremento de penas que de por sí ya son altas.

Adicionalmente, los programas de protección a víctimas tienen que fortalecerse, pues una de las preocupaciones centrales dentro de la administración de justicia es la operatividad del sistema vigente. Tal como dice Gloria Carvalho, representante de la alianza para la niñez, “el proceso de investigación contra un agresor sexual puede durar hasta siete años y la administración de justicia en ese sentido es negligente”, y eso sin profundizar en que el 94% de los casos que dice Carvalho quedan impunes y hacen parte de la cifra negra de criminalidad al nunca ser conocidos por el sistema judicial.

Antes que pensar en la condena hay que preocuparse por la impunidad, y para acabarla totalmente es necesario primero fortalecer los mecanismos de investigación judicial especializada para la niñez, así como garantizar la formación de los jueces para la adecuada aplicación de las medidas de justicia. Por eso, los científicos afirman que es mucho más sensato ocuparse de intervenir las causas del delito, que finalmente es lo único que puede evitarlo, y así realmente proteger los derechos de los niños. Además, en este proceso hay que prestarle mayor atención al hecho de que el 83% de los victimarios son personas que pertenecen al entorno familiar o íntimo de las víctimas, de las cuales en su mayoría son mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en los núcleos familiares?, ¿se está haciendo el debido seguimiento? Es necesario buscar una solución real a ese problema antes de que los derechos de los menores sean vulnerados, insiste Carvalho.

La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes es un monstruo que, sin discusión, hay que atacar. Sin embargo, los expertos se mantienen en que no vale la pena perder el tiempo en proponer falsas soluciones que al final terminan dándole largas a una problemática que requiere de otras acciones puntuales. Algunas recomendaciones de los investigadores para prevenir este delito se basan en el seguimiento a los núcleos familiares vulnerables, así como una mayor inversión social destinada a educación sexual y reconocimiento de comportamientos que puedan ser señal de abuso. También se podrían tener en cuenta medidas como el fortalecimiento del ICBF, de canales de atención a víctimas y campañas de reivindicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sea como sea, es muy importante que los congresistas que están votando el proyecto tengan en cuenta estas propuestas y la investigación científica para tomar decisiones que logren cambios significativos.

*Nombre ficticio por solicitud de la fuente.

Bogotá y Seúl: bajo el lente del crecimiento metropolitano

Bogotá y Seúl: bajo el lente del crecimiento metropolitano

Mulas que atraviesan la ciudad rodando sobre rieles de madera y placas de acero eran la imagen que tenían los bogotanos de uno de sus primeros sistemas de transporte durante 1820: el tranvía. Aunque icónico, este desarrollo colonial fue remplazado una década después por el Tren de la Sabana, que conectaba a los cachacos con el Magdalena a la altura de Puerto Salgar y con pueblos aledaños, como Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha y Engativá.

Con los años, el crecimiento urbano de la capital y el desarrollo de su infraestructura vial y de vivienda hicieron que se sustituyeran estas alternativas de movilidad por un sistema de transporte masivo: Transmilenio y flotas de buses públicos y privados, que conectan Bogotá con su área metropolitana ―22 municipios, entre ellos La Calera, Sopó, Cajicá y Chía―. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta área pasó de tener siete millones de habitantes en 2005 a nueve millones en 2015.

Así, con el propósito de comparar el sistema de planificación urbana de Bogotá con el de países ya experimentados y proyectar su crecimiento, el arquitecto David Burbano, con Doctorado en Periferias y Sostenibilidad Urbana y docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, seleccionó a Seúl por ser una ciudad semejante a la capital colombiana en materia de crecimiento poblacional, demográfico y económico, pero disímil en cuanto a la formulación de proyectos de infraestructura.

Burbano contactó a sus colegas Choi Junyoung, Ph.D. en Planeación Urbana de la Universidad de Hanyang, y Vanessa Velasco, magíster en Administración y Planeación Urbana de la Universidad de Seúl, para conocer más de cerca la historia urbana de Corea del Sur, la caracterización de macroproyectos de vivienda en la capital coreana, entre ellos el proyecto urbanístico Pangyo, ubicado en la ciudad de Seongnam, muy cerca de la capital, y su impacto en las zonas metropolitanas.

Con estos datos, Burbano elaboró una matriz cualitativa para comparar las divergencias y similitudes entre Bogotá y Seúl, y entre los proyectos Pangyo, en Seongnam, y Ciudad Verde, en Soacha, a partir de las siguientes categorías: arquitectura, tiempo de construcción del proyecto, población habitante, sostenibilidad medioambiental y tecnologías empleadas.

Luego de un año de trabajo, el docente javeriano encontró que, si bien ambos países com- parten una densidad poblacional similar, los colombianos tienen más espacio para habitar que los coreanos. Esta información responde- ría a los altos niveles de densificación que tiene Seúl en comparación con Bogotá: proyectos de más de 20 pisos de altura para poblaciones superiores a las 100 000 personas, es decir, más personas en menos espacio.

En materia de planificación urbana, Burbano halló una discrepancia significativa entre ambas ciudades. A diferencia de la desarticulada administración del área metropolitana de Bogotá, de acuerdo con el investigador, el gobierno de Seúl es el responsable de liderar megaproyectos intermunicipales: adquirir tierras; formular, ejecutar y supervisar las obras; e interconectar cada una con la infraestructura de las periferias, lo que garantiza acceso a sistemas de transporte público, alcantarillado, zonas verdes y mercados.

Los municipios del área metropolitana de Bogotá son Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Soacha, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá.

Lo anterior sugiere la necesidad de que el gobierno distrital diseñe modelos de asociación municipal para potenciar el desarrollo, el crecimiento y el alcance urbano de Bogotá. Uno de los resultados de la investigación, por ejemplo, arrojó que el proyecto Ciudad Verde no ha impactado positivamente en el crecimiento de la metrópoli ―a diferencia de Pangyo, en Seongnam―, debido a la precaria articulación con sistemas estructurantes metropolitanos, la inexistencia de una adecuada infraestructura de transporte público masivo y la poca preservación de estructuras ecológicas.

En la actualidad, Bogotá cuenta con extensas zonas verdes que le permiten proyectar megaobras articuladas con sus periferias y amigables con el medio ambiente, lo que no ocurre en Seúl, debido a su alta emisión de CO2, producto de su industria tecnológica. Esta es una buena noticia para el país, según Burbano, en la medida en que se aceleren los planes de desarrollo municipal consignados en la Ley 9.ª de 1989, las megaobras no superen los seis años de ejecución y se diseñen mecanismos de concertación regional entre los municipios
y las grandes ciudades para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrio territorial.

“Es necesario tener una voluntad política fuerte para generar mecanismos de integración metropolitana a nivel de decisiones de políticas integrales repartidas entre municipios”, concluye Burbano.


 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
Estudio comparativo entre los macroproyectos formulados en Colombia, con los new town o nuevas ciudades, desarrollados por operadoras urbanas en Corea

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
David Burbano González

COINVESTIGADORES:
Choi Junyoung y Vanessa Velasco
Facultad de Arquitectura y Diseño

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:
2015-2016

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COVID 19 y “quedarse en casa”: un posible riesgo ante la violencia intrafamiliar

COVID 19 y “quedarse en casa”: un posible riesgo ante la violencia intrafamiliar

Dora-gaitanLa casa es el lugar de convivencia entre personas. No obstante, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha denominado hogar al lugar de muestreo para los censos nacionales que permiten tipificar a las familias colombianas. De ahí que estos datos infieran una relación directa entre: casa, hogar y familia.

Según el Observatorio de la Familia, para el Consejo de Estado la familia ha sido considerada como la organización social mas importante de las personas y se constituye por “vínculos de consanguinidad o afinidad entre los miembros” (Tipologías de Familias en Colombia: Evolución 1993 – 2014). En 2019 se amplió esta comprensión, integrando el hecho de que las familias son “en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera habitual”. En este sentido, es concebida como ese referente de apoyo, cuidado y cercanía afectiva o emocional; y para una sociedad será el sostén y promotor de desarrollo del individuo.

Ahora bien, resulta que no todas las familias cumplen con el referente mencionado. Esa casa-hogar que se espera sea segura, termina siendo un espacio de riesgo, particularmente para las mujeres que viven situaciones de violencia intrafamiliar. Por lo anterior, quedarse en casa se convierte en una medida que las ha expuesto a condiciones de riesgo, ya que deben cohabitar cada día con quien las agrede, lo que termina siendo paradójico ante una medida de cuarentena que propende por el cuidado individual y colectivo.

A la fecha, contamos con datos inquietantes durante la cuarentena. Para el 7 de abril, según cifras de la Fiscalía General, dentro de la casa sus parejas habían asesinado a 12 mujeres; y según el artículo de El Tiempo titulado El crimen en tiempos de coronavirus y cuarentena del 13 de abril, las “denuncias formales recibidas por la Fiscalía por violencia intrafamiliar han caído en más del 70%, mientras que las llamadas a la Línea Púrpura por presuntos casos de violencia intrafamiliar han aumentado en cerca de un 211%”.

Estos datos desmitifican la idea absoluta de la casa-hogar y la familia como un lugar seguro, haciendo un llamado a la ciudadanía para estar atentos de las familias en cuya interacción se presentan situaciones de violencia, entendiendo que ésta tiene muchas manifestaciones. La más lamentable es el feminicidio, la más evidente es la violencia física (23%), pero la más inadvertida, normalizada y por la que se inicia el ciclo de violencia, es la violencia psicológica con un 50%, siendo la más consultada en la Línea Púrpura; seguidas por la económica (19%), la sexual y patrimonial con un 4% cada una y la verbal (1%) (Tomado del artículo Violencia de género en tiempos de encierro, otro desafío para Bogotá, 29 marzo).

A continuación, unos indicadores para que reconozcas si vives violencia en tu casa o conoces a alguien que pueda estar presentándola (Violentómetro, ONU y USAID):

Ten cuidado si: te hace bromas hirientes, te chantajea, miente, engaña, te culpa, descalifica, ridiculiza, ofende, te humilla en público, te intimida, controla o prohíbe cosas o verte y hablar con personas.

Intenta alejarte si: destruye tus artículos personales, te manosea, genera caricias agresivas, te golpea “jugando”, te pellizca o araña, te empuja o jalonea, te cachetea, te patea o encierra, te aísla de personas cercanas.

Pide ayuda si: te amenaza con objetos y armas o te amenaza de muerte, te fuerza a tener relaciones sexuales, te viola o abusa sexualmente, te mutila. Alerta, puede llegar al asesinato.

Si necesitas ayuda:
En la Pontificia Universidad Javeriana tenemos el Protocolo de Violencias y Discriminación y también podemos orientarte desde:

El Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la Vicerrectoría del Medio Universitario con el servicio de Escucha Activa y ofertas virtuales grupales de acompañamiento.

A nivel Distrital:
Línea Púrpura 018000112137
Whastapp: 3007551846
Línea 123 /
Fiscalía: Línea 122
ICBF: Línea 141
A nivel Nacional: Línea 155

*Dora Cecilia Gaitan Hidalgo, Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. Actualmente psicóloga del Centro de Asesoría Psicológica y Salud de la Vicerrectoría del Medio de la Pontificia Universidad Javeriana.

Interdisciplinariedad ante la pandemia y el confinamiento

Interdisciplinariedad ante la pandemia y el confinamiento

Un panel de expertos convocado por la revista Lancet evidenció la importancia del trabajo interdisciplinario para dar respuesta en forma eficiente a los diversos y crecientes problemas que surgen en medio de esta pandemia. Creemos que la necesidad de este llamado surge de una conceptualización fracturada del ser humano, una separación arbitraria y artificial de la salud física y la salud mental, que genera problemas a la hora de producir acciones para afrontar las múltiples consecuencias derivadas de los temas de salud en general y en particular de la crisis ocasionada por el Covid-19, las medidas de aislamiento y la recesión económica que empieza a vislumbrarse. Resulta evidente que necesitamos una perspectiva interdisciplinar, multidimensional y ecosistémica para dar soluciones que atiendan a la complejidad creciente del problema.

Aunque para muchos profesionales y para las entidades internacionales de salud resulta clara la artificialidad de la separación entre la salud física y psicológica, un anacronismo reduccionista del dualismo mente/cuerpo, aún encontramos dificultades para articular en la práctica un concepto integral de salud, que se refleje en acciones efectivas en la formación, la investigación, el desarrollo de políticas públicas y, en especial, en la articulación del trabajo de profesionales en diversos campos de actuación.

La actual situación que atraviesa el mundo es un buen ejemplo de cómo las dinámicas comportamentales (los hábitos de alimentación de un grupo poblacional), pueden tener efecto en la salud (la trasmisión de un virus y el número creciente de muertos e incapacidad de respuesta del sistema de salud), la economía (la pérdida de empleos y quiebra de empresas, el deterioro de los ingresos de los trabajadores), la política (el deterioro de las democracias y las amenazas contra los derechos humanos, entre otros), la seguridad (el incremento de hurtos y otros delitos, parcialmente relacionados con la búsqueda de alimento y del aseguramiento de condiciones mínimas de supervivencia) y en las condiciones de riesgos denominados psicosociales, que favorecen el despliegue de comportamientos como el consumo de sustancias, los conflictos de pareja, las diversas formas de violencia intrafamiliar e incluso violencias que surgen de la convivencia en comunidades que, de nuevo, inciden en la salud, la economía, la política y otras áreas de la vida humana.

Consideremos un ejemplo, Perú, que a pesar de ser uno de los países de Latinoamérica que más oportuna y estrictamente estableció límites en el confinamiento, se ha convertido en el segundo país con mayor número de casos de COVID-19 del continente. Para entender esto, debemos tener en cuenta algunas dinámicas comportamentales.

Por ejemplo, el hecho de que sólo cerca de una quinta parte de las familias del país cuenten con un refrigerador se relaciona con la necesidad de buscar constantemente comida fresca, aunque quizás ¿es el aprecio por la comida fresca la que facilita que las familias no cuenten con refrigeradores? Las compras de los alimentos se realizan en mercados que se convirtieron rápidamente en focos de contagio, esta situación se empeoró con las restricciones que estableció el gobierno, buscando enlentecer la pandemia, en la apertura de estos mercados, que lejos de cumplir su cometido llevó a concentrar la aglomeración. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que también influyen el hacinamiento, la informalidad y otras tantas variables que serían imposibles de enumerar. Es claro cómo las dinámicas para adquirir bienes básicos, la forma como preparamos nuestros alimentos y hasta los mismos elementos de nuestra dieta, pueden tener un efecto directo en la transmisión de un virus, incluso cuando este no se transmite en la comida.

Estamos presenciando cómo la expansión de un virus y las medidas que se han establecido para contenerlo están incidiendo en un aumento sistemático de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, así como también de la violencia, el consumo de alcohol y las conductas de autolesión. Se ha reportado un aumento en los factores de riesgo en salud tales como desconexión social, pérdida del sentido de vida, sensaciones de agobio y agotamiento por el cambio en las condiciones laborales, angustia ante la pérdida del empleo, baja de ingresos, deterioro de la calidad de vida y problemas derivados de la dificultad de elaborar duelos luego de las pérdidas al no seguir rituales culturales. Estos aspectos psicológicos tendrán una repercusión directa en la salud y la economía, dando inicio de nuevo a un ciclo de interacciones múltiples que se alimentará de forma permanente.

En el contexto de una visión ecosistémica, interdisciplinar, diferencial y multidimensional aparecen un sin número de preguntas y desafíos de investigación. Por ejemplo, estudiar la eficacia diferencial de las intervenciones en telesalud, en particular la teleorientación, como estrategia mediadora en la promoción y prevención de la salud, y la telemedicina, como herramienta para desarrollar el trabajo terapéutico, evaluando su utilización en atención psicológica, contención emocional e incluso acompañamiento. Se identifica también la necesidad de evaluar el efecto que tiene la mediación virtual en el desarrollo de vínculos afectivos y su efectividad como alternativa para el fortalecimiento de redes de apoyo social, al igual que los efectos del teletrabajo en la salud.

De igual modo, estas perspectivas también exigen nuevas condiciones. Es ineludible diseñar nuevas infraestructuras de conocimiento, organizacionales, tecnológicas e incluso sociales que permitan la evaluación, intervención e investigación interdisciplinaria. Es necesario establecer controles éticos sobre el quehacer de los profesionales y demarcar los límites de lo que podemos hacer, en cuanto al efecto que tiene en las comunidades, en razón de su eficacia y efectividad. El uso que se le ha dado a las tecnologías como estrategia de evaluación de la expansión del virus abre un debate sobre la privacidad, lo cual tiene también importantes connotaciones psicológicas y sociales.

Igualmente, es preciso pensar estrategias de comunicación y de rendición de cuentas a la sociedad. En este sentido, hoy, como nunca, estamos viendo que los procesos de transferencia responsable de conocimiento son una parte determinante de la supervivencia de la sociedad. Se ha hecho certera la necesidad de fortalecer las estrategias de comunicación, de manera que permitan, en forma más inmediata, conocer las necesidades de las personas y las comunidades, identificar sus carencias y recursos, y hacer un seguimiento a la compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales que tienen.

Estamos, por tanto, ante un momento en el que se requiere asumir una perspectiva ecosistémica, multidimensional, interdisciplinar y transdisciplinar, que permita generar, desde ese mismo enfoque, investigación e intervención, de forma que sea inevitable un dialogo entre académicos y profesionales de diversos campos y se construyan soluciones que realmente den cuenta de la compleja y critica coyuntura que estamos transitando.

*Wilson López López: Profesor titular de la Universidad Javeriana. lopezw@javeriana.edu.co
**Pedro Pablo Ochoa: Director del equipo de respuesta psicológica frente al Covid-19 en Colombia. Colegio Colombiano de Psicólogos.

¿Se volvió viral la clase media?

¿Se volvió viral la clase media?

Cada vez más los colombianos tienen acceso a bienes y servicios que solían estar reserva- dos para unos pocos. Si antes esto no ocurría y ahora sí, ¿eso qué quiere decir?”, se preguntaron dos investigadores javerianos. “Uno, que ha habido movilidad social. Dos, que la clase media ha crecido y que la proporción de los pobres ha disminuido. Esas son las buenas noticias”, afirma la socióloga Consuelo Uribe Mallarino. “La mala”, continúa el economista Jaime Ramírez Mo- reno, “es que el crecimiento de la clase media se puede perder si las condiciones que les ayudaron a ascender no se mantienen”. Y, en el medio, ambos constatan que si no hubiera tanta desigualdad en el país, la clase media hubiera crecido aún más.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras que en 2002 el 50 % de la población era pobre y el 16 % pertenecía a la clase media, en 2017 el porcentaje de los pobres descendió casi a la mitad (27 %), y la clase media subió casi al doble (31 %). Los investigadores javerianos parten de esta cifra, pero quieren llegar más allá. Quieren saber cómo son los que han llegado allí, cuál es la trayectoria de la gente cuyos padres no eran de clase media y que ahora puede acceder a educación universitaria o tener conectividad en sus casas o en sus teléfonos móviles, y cuáles son sus prácticas de consumo y las ideas políticas que van asociadas a ese mayor poder de compra.

“Notábamos que la clase media crecía y queríamos saber de dónde venían los que estaban llegando”, dice Uribe Mallarino, “por eso uno de nuestros artículos se llama ‘De cómo llegamos aquí’”. Desde 2005, Uribe se ha dedicado a estudiar la movilidad social. En sus primeros análisis sobre la estratificación socioeconómica en Bogotá, encontró que aunque son parte de una política pública de tarifación ―que se aplica a los servicios públicos―, los estratos socioeconómicos han contribuido a la segregación socioespacial de Bogotá y, peor aún, “hemos trasladado los estratos a la manera como nos relacionamos entre nosotros, con efectos sobre las representaciones de las diferencias sociales, de manera que se estratifican los colegios, el hablado, hasta los centros comerciales, todo lo cual afecta la mezcla social”, explica.

Cuando se alió con el profesor Ramírez, su mirada se concentró en la evolución de la clase media. “Si tu suerte está demasiado atada a tu hogar de nacimiento, no hay movilidad, no hay oportunidad de ascender; está definido que la suerte de tus padres será la suerte tuya”, explica Uribe. Y así, identifican- do las probabilidades de movilidad, es posible establecer la situación de desigualdad de una sociedad, complementa.

Aunque en Colombia existe la tendencia a confundir clases y estratos sociales, los investigadores se centraron en las primeras, definidas como un grupo de personas con un conjunto de características e interrelaciones a partir de la autoidentificación.

Con base en narrativas logradas en grupos focales y entrevistas, lograron construir las características de quienes se consideran de clase media: han tenido más oportunidades en la vida que sus padres, así como más posibilidades de acceder a la educación ―y a una educación de buena calidad―; han tenido buen entrenamiento para conseguir mejores empleos en posiciones administrativas o de coordinación, lo cual les ha dado una mejor remuneración; y se autodefinen como perseverantes, emprendedores, éticos y consagrados a sus trabajos. Pero también se consideran vulnerables, por el desempleo y la inestabilidad laboral. Y se quejan de que no hay nada para ellos de parte del Estado: ni subsidios ni bonos, solo más impuestos. Cada reforma tributaria parece estar destinada a afectarlos más.

Su llegada a este nivel no ha sido gratuita. Responde a esfuerzos de sus padres, que sacrifican sus vidas por brindarles mejores oportunidades. Para los miembros de la clase media, la educación es una inversión a futuro. “Observamos que en ocasiones, en familias de varios hijos, la movilidad se había dado gracias a que el hermano mayor no estudia, sino que trabaja para pagarles la educación a sus hermanos menores, y ellos son los que hacen la movilidad”, explica la coinvestigadora Liany Katerin Ariza Ruiz. Esto indica otra característica: la solidaridad intrafamiliar que se conjuga con el sacrificio de las personas.

La educación es un componente fundamental para la movilización social: promueve la transición de los hijos de familias pobres hacia la clase media.

Los investigadores señalan que el nivel educativo, la ocupación, los ingresos que esta procura, las políticas públicas de contexto y las características de las familias de origen son los elementos que pueden explicar la conformación de clases en Colombia. Lo que intriga es por qué, si parte de la población pobre ha ascendido a clase media ―lo que significa acceso a créditos, mejores ofertas en educación, colegios bilingües, consumo de ropa de marca, computadores o celulares―, lo hace en medio de una alta concentración del ingreso.

La perspectiva de movilidad social ayuda a explicar esta paradoja, porque permite observar la desigualdad en un periodo más largo que una sola generación, sostienen los investigadores en uno de sus artículos publicados en una revista científica. Ha habido mejoras en la concentración del ingreso, pero estas han sido más lentas y menores que en otros países de América Latina, aunque con impacto en las nuevas generaciones.

En este sentido, el seguimiento de la movilidad social debe insertarse en las políticas públicas que se preocupan por la desigual- dad social. Al respecto, varios analistas de las clases sociales afirman que una clase media fuerte incide en un gobierno más responsable y en un mayor crecimiento económico. “La expansión de la clase media en Colombia es un hecho, al tiempo que el país, al igual que otros en la región, ingresa al grupo de naciones con ingresos medios”, continúan los investigadores. Si bien hay un progreso, son necesarios mayores esfuerzos para disminuir la concentración del ingreso en el país y mejorar las oportunidades a través de la política social. Los investigadores también proponen volver al análisis de clases socia- les para examinar la desigualdad social. “No unas clases en conflicto, en guerra, sino una manera de ver los conglomerados sociales como poseedores de distintos niveles de capital económico, social, cultural y relacional”, explica Uribe. “Las clases se forman en las interrelaciones entre ellas, el destino de unas prefigura la suerte de las otras, en relaciones de poder, y no como en el tema de la estratificación, en donde pareciera que cada una va por su lado”, complementa Ramírez.

“Lo chévere de la investigación”, concluye Uribe, “fue la construcción entre varias disciplinas que hicimos del tema: sociología, economía y antropología trabajaron juntas en una problemática de alta relevancia. Y, en este caso, esta construcción nos ayudó a descubrir que pertenecer a la clase media es una condición frágil, como pequeñas islas en un mar de desigualdades”.


Para leer más
Uribe Mallarino, C. y Ramírez Moreno, J. (2019). Clase media y movilidad social en Colombia. Revista Colom- biana de Sociología. 42(2). 229-255. doi.org/10.15446/ rcs.v42n2.50749

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:
La expansión de la clase media colombiana como expresión de movilidad social

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Consuelo Uribe Mallarino y Jaime Ramírez Moreno

COINVESTIGADORA:
Liany Katerin Ariza
Instituto de Salud Pública
Facultad de Ciencias Sociales
Instituto de Salud Pública y Departamento de Sociología Grupo de investigación Política Social y Desarrollo y grupo de investigación Gerencia y Políticas en Salud

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN:
2015-2018

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