¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

¿Cómo atender a un menor que ha sido víctima de abuso sexual?

“Tengo muy presente el caso de una niña que fue víctima de abuso sexual y su madre empezó a rechazarla después del evento”, cuenta Vanessa Suelt, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y una de las investigadoras del proyecto Atención a víctimas de violencia sexual. Según recuerda Suelt, esta madre que acudió al Consultorio Jurídico de la Javeriana no pudo volver a ver a su hija con los mismos ojos, y la relación que había entre ambas se disolvió. Aunque la profesora nunca tuvo contacto con la niña, sí pudo imaginarse el dolor que podría estar sintiendo no solo por el delito del que fue víctima, sino también por la pérdida de su mamá.

Lo más preocupante es que “este era un patrón que se veía mucho en las entrevistas con las mamás que iban al Consultorio a denunciar casos similares”, asegura la investigadora, quien añade que hasta ese momento no era consciente de lo que este delito causaba en el menor y en su círculo social. Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y coinvestigador del proyecto, agrega que, si bien ya se trabajaba desde el Centro de Estudios de Criminología y Victimología el tema de atención a víctimas, desde hace unos años empezaron a notar “una problemática con respecto a los casos de violencia sexual a menores que desbordaba la capacidad de los estudiantes del Consultorio Jurídico”.

Familia Conejo triste
Según Medicina Legal, en 2016 se practicaron 17.908 exámenes médico-legales a niños que habrían sufrido violencia sexual.

De acuerdo con Sampedro, el Consultorio debía adaptar su estructura y su atención para poder cumplir con los protocolos necesarios a la hora de tener contacto con personas que hubieran sido afectadas por delitos sexuales. Por eso, en 2011 los investigadores decidieron, por un lado, evaluar los casos recogidos por el Consultorio Jurídico a través de entrevistas semiestructuradas a los padres o acudientes de los niños y, segundo, identificar los criterios que orientan la atención a víctimas de abuso sexual a menores desde las directrices nacionales e internacionales. Todo esto con el fin de crear “un manual dirigido tanto a estudiantes de ciencias jurídicas como a autoridades judiciales y prejudiciales que presentan la misma problemática”, aclara Suelt.


Víctima: un concepto amplio

Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son aterradoras. En 2016 se registraron en todo el país 17.908 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual a menores de edad, lo que quiere decir que el 86% de las personas que sufren por este delito en Colombia tienen entre 0 y 17 años de edad. En 2017 los números siguen subiendo: solo en el primer trimestre se contabilizaron 4.315 situaciones similares. Además, se evidencia que los agresores más comunes, al representar el 44% de los casos, son los mismos familiares.

En el proyecto se deja claro que las consecuencias físicas y psicológicas del abuso sexual infantil afectan todas las áreas de la vida del menor. Pero, aunque el niño es claramente la víctima, no es la única persona que debe llamarse así. En Colombia, y gracias a la Sentencia C-516 de 2007 de la Corte Constitucional, se modificó la definición de víctima para así “incluir a las víctimas indirectas, los familiares y ampliar el concepto más allá de lo que contemplaba el sistema penal hasta ese momento”, asegura Sampedro.

Esto llevó a los investigadores a entender que, además de existir una atención diferencial entre el menor de edad y su familiar, también deben tenerse en cuenta factores como género, etnicidad, orientación sexual, nivel de vulnerabilidad, etc. Como lo describe la profesora Suelt, “nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

 

“Nos dimos cuenta de que era necesario ofrecer una atención integral, porque mientras lo jurídico busca más una persecución judicial del victimario, el campo psicológico trabaja en comprender a la víctima y orientarla adecuadamente”.

Vanessa Suelt
Investigadora principal


La lucha contra la revictimización

La victimología —que ha sido estudiada por los investigadores desde 1996, cuando se creó el Centro de Estudios de Criminología y Victimología de la Facultad de Ciencias Jurídicas— establece tres niveles de victimización. El primero es el daño que sufre la víctima directamente; el segundo es cuando tienen contacto con las instancias de control formal del Estado (Policía, Fiscalía, jueces, etc.), lo que genera una serie de consecuencias negativas por la mala atención, y el tercero hace referencia a la estigmatización, rechazo e incomprensión social que siguen al delito. “En pocas palabras, se trata de una revictimización tras otra”, dice Sampedro.

Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.
Los agresores sexuales más comunes de los menores, en un 44%, son los familiares.

En el caso de este proyecto interdisciplinar, se prestó particular atención al segundo nivel de victimización. Los investigadores de la Facultad de Psicología entrevistaron a los representantes legales de 26 menores víctimas de delitos sexuales cuyos casos fueron documentados por el Consultorio Jurídico durante un año. Además, se hizo lo mismo con funcionarios que trabajan en las diferentes instancias de control y expertos en el tema. Dicho proceso identificó que las personas son revictimizadas por las autoridades debido al desconocimiento de los protocolos internacionales y a la falta de políticas públicas que resuelvan la problemática.

La Corte Constitucional, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras autoridades nacionales e internacionales, han indicado ciertos estándares y protocolos como darles siempre prioridad a estos casos, evitar la evocación de los hechos dañosos en repetidas ocasiones y capacitar muy bien a los profesionales que atienden a las víctimas. Ahí radica la importancia del manual que resultó de esta investigación y que va dirigido tanto al Consultorio Jurídico como a otras instancias. En palabras de Sampedro, “con guías como esta sí es posible hacer un adecuado acompañamiento de las víctimas y así evitar que el daño recibido se haga más fuerte”.

Casos como el que impactó a la profesora Suelt aparecen todo el tiempo, pero este en particular la sorprendió “porque la madre había dejado de ver la figura infantil de su hija y había perdido la necesidad de protegerla”. El Consultorio es un espacio prejurídico en el que se brinda orientación legal a quienes llegan allí, por lo que la investigadora no supo cómo terminó esta historia. Sin embargo, insiste en que muchas de estas personas acuden a este lugar no solo con la idea de hacer pagar a su victimario por lo que hizo, sino con la esperanza de entender lo que les pasó y de encontrar un apoyo que las ayude a sobrellevar los daños.


Para leer más

Guía para la atención a víctimas de violencia sexual en escenarios jurídicos, en  https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/consultoriojuridico


 

INVESTIGADORES PRINCIPALES: Vanessa Suelt y Fernando Díaz
COINVESTIGADORES: Julio Andrés Sampedro, Consuelo Quiñones, Pilar García, Leonardo Rodríguez, María Consuelo Moreno y Javier Coronado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Psicología
Departamentos de Derecho Público y Derecho Procesal
Doctorado en Ciencias Jurídicas
Consultorio Jurídico
Área de Psicología Jurídica
Grupos de investigación Estudios en Derecho Público y Psicología Jurídica: Retos y Perspectivas
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2011-2013

Resistencias de comunidades frente a proyectos mineros

Resistencias de comunidades frente a proyectos mineros

La minería no solo ha provocado daños irreparables al medio ambiente, sino que está generando consecuencias devastadoras en la economía, las relaciones sociales, la salud de los campesinos colombianos, y está alterando su relación con la Madre Naturaleza. Así lo evidencian dos investigaciones realizadas por profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes se enfocaron en la realidad de los campesinos y comunidades étnicas colombianas para estudiar las implicaciones que ha tenido la extracción ilícita de minerales en el país.

“Las resistencias”

Como parte de su estudio doctoral, Flor Edilma Osorio y Aida Julieta Quiñones Torres realizaron una investigación-acción colectiva sobre las resistencias que se presentan en La Toma (Cauca) y La Colosa (Tolima), frente a los megaproyectos minero-auríferos que allí se están llevando a cabo. El estudio está vinculado a la tesis doctoral que adelanta la profesora Quiñones bajo la dirección de Osorio.

Uno de los procesos de investigación se realiza en el municipio de La Toma, con una población que ha sido víctima del conflicto armado y de la expansión minera. A este lugar llegaron una multinacional minera y otros foráneos con el fin de extraer oro. La investigadora relata que Ingeominas, entidad que para ese entonces era la encargada de entregar los título en este territorio étnico —responsabilidad que ahora recae sobre la Agencia Nacional de Minería—, lo hizo sin adelantar una consulta previa y sin solicitar los consentimientos informados requeridos para la extracción, por lo que se violaron los derechos de las comunidades y se configuró un hecho inconstitucional.

La investigación comprobó que, además de la multinacional y de los titulares foráneos, también llegó un grupo de personas con retroexcavadoras al río Ovejas, y generó de manera inmediata un grave impacto ambiental y social sobre las comunidades y sus territorios ancestralmente configurados. “Todo esto denota una estrategia de despojo o ‘vaciamiento del territorio’, como lo entendemos desde nuestro estudio. Con esto se puede advertir que, si no se pudo sacar a las comunidades por vía del desalojo pretendido en 2010 para entregarlo a multinacionales y otros foráneos, entonces se irrumpe con minería ilegal-criminal, para finalmente vaciar el territorio. Esta es una estrategia, ya que se envenenan las aguas, y quien se oponga es amenazado de muerte, como les sucede a los representantes del Consejo Comunitario de La Toma y a la Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales, siendo algunas de ellas igualmente integrantes del Consejo Comunitario y de otros consejos del norte del Cauca”, explica Quiñones.

Colonias de bacterias aisladas del agua de consumo las cuales indican contaminación de origen fecal.
Colonias de bacterias aisladas del agua de consumo las cuales
indican contaminación de origen fecal.

Así, las comunidades están viviendo esta situación sin una respuesta eficiente por parte de las instituciones gubernamentales, que deben velar por el cumplimiento de los derechos de las comunidades étnicas, argumenta la investigadora.

“Como resultado, observamos que, pese a todo lo que enfrentan las comunidades, estas han logrado posicionar su resistencia. En La Toma, además de ‘hacer resistencia’ como forma de oponerse, se ‘re-existe’, ya que no solo hay oposición, sino lucha por la vida, por su ancestralidad y por lo que dejarán a sus renacientes”, dice.

Por otro lado, continúa Quiñones, en Cajamarca (Tolima) existe una mina llamada La Colosa, donde también se ha levantado un proceso de resistencia de las comunidades. Dicha mina está en manos de una multinacional que no solo encuentra resistencia campesina, sino urbana: “allí también existe una resistencia ecorregional, ya que en otros municipios como Salento (Quindío) también rechazan este tipo de minería a gran escala, que se hace a cielo abierto. Actualmente la resistencia que hace la población en esta zona combina tanto lo político como lo jurídico y lo estético, que estuvo representado en las Marchas Carnaval, las cuales ya no solo se realizan en la ciudad de Ibagué, sino en muchos municipios del Tolima y Quindío”.

El estudio evidencia, pues, que la gente ha logrado consolidar su resistencia, y para posicionarla
ha creado ciertas estrategias como flujos comunicativos, gran cantidad de alianzas desde las cuales se fortalecen estos procesos y otras que buscan más transparencia en la información, concluye Quiñones.

Contaminación del agua en Bolívar

En el norte del país, la minería ilegal que se practica en Simití (Bolívar) ha hecho que el agua no sea apta para el consumo humano. Esa es la principal conclusión de la investigación que adelanta la integrante del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana, María Claudia Campos Pinilla, quien busca evaluar los efectos que causa la minería de oro en el agua de río Boque y establecer las posibles consecuencias en la salud de las personas.

Gracias a una convocatoria de la Compañía de Jesús, la docente llegó al corregimiento de Monterrey (municipio de Simití), para evaluar la calidad del agua que recibe la población y que es utilizada río arriba por mineros ilegales. Con el grupo investigador, decidió que su estudio sería más profundo que el que realizan las autoridades ambientales sobre los contaminantes que contienen las muestras del líquido.

“Las verdaderas concentraciones de contaminantes que afectan la salud de las personas no se está midiendo por parte de las autoridades, porque no se cuenta con la metodología. Nosotros, por ejemplo, utilizamos otras herramientas como los bioensayos, que son capaces, a través del contacto de organismos de la cadena trófica con el agua, de indicar si hay un efecto negativo sobre la flora y fauna del río y la salud humana a
largo plazo”, argumenta.

Los investigadores utilizaron además el Test de Ames, que mide la posibilidad de presencia de sustancias mutágenas, para explicar algunos problemas de salud que se pueden presentar en niños próximos a nacer, lo cual puede generar abortos y otras consecuencias a largo plazo en la población.

“También se aplicaron otros métodos para conocer la concentración de bacterias y virus de origen fecal que afectan de manera inmediata a la población, ya que la norma colombiana no contempla estos procedimientos”, afirma Campos. Además, se realizó una encuesta de morbilidad sentida a 150 personas, a través de la cual se pueden detectar los posibles efectos que tiene el consumo de esa agua o del pescado obtenido en esas fuentes. Todos los resultados de esta investigación se compartieron con la comunidad de Monterrey y con la alcaldía. Actualmente, la alerta es permanente para todos los habitantes de la región, pues el estudio concluyó efectivamente que el río está contaminado por heces fecales, cianuro y mercurio.


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Resistencias frente a los megaproyectos minero-auríferos, los casos de La Toma (Cauca) y La Colosa (Tolima).
INVESTIGADORES: María Fernanda Sañudo Pazos, Aida Julieta Quiñones, Alirio Cáceres Aguirre, Nicolás Vargas Ramírez, María del Carmen Muñoz
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2010-2014


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluación del efecto de la minería del oro en el agua de río Boque, sur de Bolívar, y en la salud de la población.
INVESTIGADORES: María Claudia Campos, Crispín Celis
COINVESTIGADORES: Nubia de Parra, Camilo Venegas, Marcela Duarte, Lorena Santos, María Juliana Arias, Alison Martín, Jennifer López, Andrés Ortiz
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2015-2016

Lo que cuentan los rieles del ferrocarril de La Dorada

Lo que cuentan los rieles del ferrocarril de La Dorada

Bajo el sol ardiente del Magdalena, untados de repelente de la cara hasta los pies, dos investigadores javerianos persiguen los rieles del ferrocarril de La Dorada, que funcionó desde 1881 hasta 1985, y del cual ahora solo quedan ruinas. Algunas estaciones se salvan, como la de Ambalema o la de San Felipe, pero los rieles no son continuos, están tapados por la maleza o por construcciones o, en el caso de Armero, por la avalancha que desapareció la población y que, de paso, interrumpió la vía férrea, lo cual marcó el ocaso del ferrocarril de La Dorada.

El 15 de diciembre de 1881, el ingeniero Francisco José Cisneros entregó el primer tramo de la carrilera, que iba desde el puerto de Caracolí, al norte de Honda, hasta el centro de la ciudad: poco más de kilómetro y medio de lo que luego sería la vía férrea de 111 kilómetros, entre La Dorada y Ambalema. El trazado cumplía una función clave, dado que el río Magdalena interrumpe la navegación por los famosos saltos —o rápidos— de Honda. Todas las mercancías y los pasajeros que en los siglos XIX y XX navegaban por el Magdalena desde el sur o desde su desembocadura hacia el interior del país debían bajarse antes de llegar a esta población colonial y continuar a caballo o en mula. El tren solucionaría y agilizaría este impasse geográfico.

Aunque algunas estaciones han sido remodeladas, como la de Ambalema, otras se encuentran en muy malas condiciones.
Aunque algunas estaciones han sido remodeladas, como la de Ambalema, otras se encuentran en muy malas condiciones.

Pero ya no hay más ferrocarril que recorra esta ruta, porque ahora son las tractomulas y los autobuses los que cumplen la función de transportar la carga por las carreteras del país. Solo quedan los restos, que estos dos arquitectos, docentes e investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana han empezado a recorrer para armar, como en un rompecabezas, todos los elementos que conformaron la línea férrea: estaciones, bodegas, campamentos y oficinas de los administradores. Los puentes de hierro, que hoy pueden verse desde las carreteras que los reemplazaron, oxidados y camuflados entre la naturaleza, develan la historia de lo que en su época fueron los rieles que transportaban buena parte de la economía del país.


“El esfuerzo por mantener
esos árboles genealógicos del
patrimonio industrial tiene de
por sí un gran valor”.
Carl os Eduardo Nieto,
investigador principal


La investigación respondió “cómo la articulación de diferentes elementos del ferrocarril conforma el territorio general”, explica Carlos Eduardo Nieto, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. También buscó “articular las diferentes estaciones, los puentes y todos los demás elementos que conforman el sistema, porque tienen sentido solo si pueden ser vistos en un contexto territorial, si tienen una incidencia en la construcción social e histórica de un territorio, si han logrado mantener o crear nexos con una comunidad específica”, continúa.


“Los saltos de Honda
caracterizan este tramo como
elemento natural ordenador
de la lógica territorial y de
la configuración urbana del
municipio, y el ferrocarril
acopló su estructura funcional
y técnica a esta determinante
superior del territorio”.
yenny Andrea Real,
coinvestigadora


Su colega Yenny Andrea Real le explicó a PESQUISA cómo, tras recorrer los 111 kilómetros, que hoy producen una gran nostalgia y forman parte del patrimonio cultural del país, se definieron cinco tramos con características geográficas y funcionales propias.

En un barrio mariquiteño los rieles simplemente separan las casas construidas recientemente.
En un barrio mariquiteño los rieles simplemente separan
las casas construidas recientemente.

Reconstruir la historia del ferrocarril de La Dorada implicó muchas horas en bibliotecas y archivos, búsqueda de planos y aerofotografías, lecturas y conversaciones con tolimenses y caldenses. “Fue reconstruir esa línea férrea, ubicarla y comprender cómo su desarrollo transformó el territorio a su paso”, dice la arquitecta Real.

Los investigadores concluyen que “para el caso de los ferrocarriles, el proceso histórico de desarrollo, madurez y muerte de una infraestructura tan importante como la del ferrocarril de La Dorada resume dilemas nacionales acerca de la idea del desarrollo del país y de la modernización de las dinámicas territoriales, así como de los errores cometidos por los encargados de la planeación de este tipo de proyectos”.


TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Valoración patrimonial del Ferrocarril de La Dorada, desde la transformación del territorio en el tránsito entre el bajo y el alto Magdalena.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos Eduardo Nieto
COINVESTIGADORA: Yenny Andrea Real
Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2014-2015

El rostro de la infancia en el  Valle del Cauca

El rostro de la infancia en el Valle del Cauca

Los derechos de la infancia y su incorporación en las políticas públicas han generado debates en la sociedad desde la política y la academia, en donde el bienestar de niños, niñas, adolescentes y familias juega un papel fundamental para el desarrollo del país. En el marco de esta reflexión, la Pontificia Universidad Javeriana Cali propicia la investigación con el fin de apoyar a las instituciones encargadas de coordinar las intervenciones de protección de la primera infancia, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

“Pensar sobre el quehacer de la entidad pública constituye una tarea importante para la comunidad académica, que ofrece vías de interpretación y resolución de los problemas sociales que acontecen en la sociedad vallecaucana”, explica el profesor Carlos Andrés Tobar, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

PESQUISA presenta los resultados de tres de las investigaciones realizadas que hacen énfasis en la relación entre la vulnerabilidad social, la niñez, la adolescencia y la familia, y que entregan elementos para comprender los factores de riesgo en el Valle del Cauca

Bien-estar en la infancia, más que bienestar

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Con base en un indicador socioeconómico que mide el bienestar de la niñez, los investigadores Ana María Osorio Mejía y Luis Fernando Aguado, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, confirman que departamentos como Vaupés, Chocó, La Guajira, Guainía y Vichada aún tienen un gran trabajo por delante. El indicador de exclusión social desarrollado por los profesores se centra en el binomio madreinfante, y mide el uso y acceso a bienes y servicios sociales claves durante la primera infancia. Está constituido por once variables, entre ellas, el nivel de lectura de la madre, la autonomía en la toma de decisiones, los cuidados prenatales, la visibilidad jurídica ante el Estado (registro civil de nacimiento del niño), el cuidado del niño, la estimulación temprana, el acceso a libros, la lactancia materna y el esquema de vacunación.

Los principales resultados mostraron que el mejor desempeño en el índice lo tienen Bogotá, San Andrés y Providencia, Antioquia, Quindío y Boyacá.

Según el investigador Aguado, “el problema es que el bien-estar del niño es visto desde una perspectiva económica que contempla una buena educación y salud para su transición a la adultez y su integración al mercado laboral, sin contemplar que la niñez es una etapa propia de la vida, en la que el niño tiene un desarrollo y unos derechos que deben ser garantizados por la Constitución”.

En consecuencia, la exclusión en la primera infancia abarca muchas dimensiones —no solamente salud y educación— que deberían ser tomadas en cuenta por quienes generan las políticas públicas.

Crianza y socialización

Con base en una encuesta realizada en la zona urbana de Cali, entrevistas a padres o cuidadores y el análisis de canales y programas de televisión, la profesora Adriana Rodríguez de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales investigó cómo los niños menores de tres años se constituyen socialmente en audiencias televisivas. Identificó que a medida que crecen, los niños generan un mayor vínculo con la televisión y con otros medios: “los niños entran en contacto con las tecnologías de comunicación desde edades cada vez más tempranas”, dice.

El análisis realizado encontró que el 89% de los niños menores de tres años ve televisión al menos un día a la semana, principalmente programas infantiles. El 11% restante nunca lo hace.

Muchos padres piensan que los productos audiovisuales que se ofrecen como ‘educativos’ contribuyen al desarrollo y estimulación del niño, pero no necesariamente hay evidencia científica que asegure que pueden cumplir con los objetivos que prometen.

Para la profesora Rodríguez, el proceso de constitución de audiencias es el resultado de un entramando de relaciones entre el mercado audiovisual, las regulaciones del Estado sobre los medios, el reconocimiento social de la primera infancia, la lógica del cuidado infantil y las prácticas de crianza, principalmente.

Ser padres

De la misma facultad, Jacqueline Garavito y César Fabricio Torres investigan las significaciones y competencias requeridas para ejercer la parentalidad en poblaciones en situación de riesgo social, específicamente en la zona de ladera de la comuna 18 de Cali. Para esto trabajaron con diez familias e identificaron que la precariedad económica, social y educativa juega un papel decisivo en la manera como se vive la parentalidad. Hay diferentes competencias parentales que tienen que ver con el apego, la empatía, la educación y la construcción de valores, las cuales quedan reorganizadas y jerarquizadas por una serie de exigencias del contexto donde ocurren, especialmente la necesidad de resolver necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.

La manera como se asumen los roles de padre, madre o cuidador, explica el profesor Torres, está anclada emocional y cognitivamente a las pautas de crianza de sus familias de origen, lo cual tiende a generar patrones repetitivos, que se modifican en la medida en que se tiene acceso a otras significaciones y experiencias de parentalidad. En su diálogo con las familias, los investigadores encontraron que la dimensión personal y el desarrollo del proyecto de vida de las madres y padres en este contexto social marginal —sobre todo de las madres— pasan a un segundo plano o se redefinen en función de la parentalidad, pues los recursos necesarios para realizarlos (tiempo, dinero, oportunidades de estudio o trabajo) deben ponerse al servicio de la crianza de sus hijos.

Ciencia entre la universidad y el Distrito Especial de Aguablanca

“Estoy convencida de que la investigación es el único camino que tenemos para hacer transformaciones sociales que nos permitan avanzar”, dice Sandra Muñoz, asesora de Asistencia Técnica a la Primera Infancia y Enlace Local del Sistema Nacional del ICBF. “Si no hay investigación nos estancamos. Aguablanca necesita a la Universidad Javeriana Cali para que nos oriente en procesos de transformación en la niñez”, enfatiza.

Aunque ha habido importantes avances en las políticas públicas que garantizan los derechos de la infancia en Colombia, aún se sigue pensando el tema sin considerar la información proveniente de los contextos y los grupos de referencia. El Estado y la sociedad, en un acto de corresponsabilidad, deben asegurar el bienestar de la niñez, contemplando a la familia como una institución social importante desde la cual es posible pensar horizontes de transformación, finaliza el profesor Tovar.

Para leer más

  • Osorio, A. M. y Aguado, L. (2015). ¿Cómo medir exclusión social en la primera infancia? Una propuesta de indicador aplicado al caso colombiano. En I. Tuñón (Ed.), Desafíos del desarrollo humano en la primera infancia. Buenos Aires: Biblos.
  • Minujin, A., Bagnoli, V., Osorio, A. y Aguado, L. (2015). Primera infancia, cómo vamos: Identificando desigualdades para impulsar la equidad en la infancia colombiana. Cali: Pontificia Universidad Javeriana.
  • Rodríguez, A. (2013). La constitución social de audiencias de la temprana infancia (Cali-Colombia) (Tesis doctoral). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México. Recuperada de https://rei.iteso.mx/ handle/11117/1276
El país visto y narrado a través de Cromos

El país visto y narrado a través de Cromos

Peluquería que se respete en este país tiene entre pelos y tocadores la revista Cromos. No importa si es una vieja edición, la mirada de aquel que espera su turno se pierde entre esas páginas que cuentan el cambio de vida que tuvo un famoso o aquello que piensan las reinas días antes de la coronación. Lo curioso es que esta revista, creada el 15 de enero de 1916 por los payaneses Miguel Santiago Valencia y Abelardo Arboleda (padre del jesuita José Rafael Arboleda, fundador de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana), es mucho más que eso. Sin exagerar, se puede decir que la historia de Colombia ha sido narrada en Cromos. Ningún investigador que estudie algún suceso centenario de este país puede obviar esta revista; muchos le han sacado provecho a su invaluable archivo fotográfico, por ejemplo, pero pocos le han dado el crédito que se merece.

Tal vez por eso, y aprovechando este importante aniversario, un grupo de profesores de la Javeriana decidió pasar las páginas de las 4937 ediciones de Cromos y adelantar el estudio El país visto y narrado en cien años de la revista Cromos (1916-2016).

Pero, ¿cómo abarcar 100 años de historia y revisar todas las ediciones de la revista que, salvo un par de semanas después del incendio de sus talleres el 9 de abril de 1948, nunca ha dejado de circular? Lo primero que hizo el equipo interdisciplinario de trabajo fue definir una agenda de diez temas de estudio, con el fin de construir un repositorio de información básico: las distintas líneas editoriales (es decir, entender los vaivenes de la revista según las afinidades políticas de cada director), la imagen gráfica, belleza, moda, vida social y cotidiana, cultura y literatura, Bogotá y las regiones, espectáculos, deportes y la publicidad como correlato de la revista. Dada la coyuntura que vive el país, los investigadores incluyeron, además, una línea de tiempo de guerra y paz, con los hitos que cubrió la revista desde la década de los cincuenta.

Por tratarse de un corpus de estudio tan desbordante, se definió como pauta metodológica la revisión de las ediciones especiales de aniversarios (20, 25, 50, 80, 90 y 95 años, principalmente). “Este barrido fue muy importante porque nos dio claridad sobre los hitos del cubrimiento, los autores que publicaban en Cromos y los temas que habían sido relevantes en la revista. Con esa guía, cada investigador se metió en la colección para ahondar en los temas correspondientes, porque obviamente es insustituible el contacto con la colección”, dice la comunicadora Maryluz Vallejo, líder de la investigación.

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En el levantamiento inicial de esta información, los estudiantes de los cursos de Historia Social de la Comunicación e Historia de la Comunicación de Masas cumplieron un papel fundamental, porque gracias a ellos no se quedó ningún mes sin explorar y empezaron a aflorar datos e imágenes significativas.

Los investigadores descubrieron, por ejemplo, que durante los primeros 30 años la revista publicaba novelas por entregas; en 1958 publicó completo, en una sola edición, El coronel no tiene quién le escriba (publicado como libro en 1961). Descubrieron que había gente que coleccionaba la revista por las piezas de arte que se publicaban en la portada. Era una pinacoteca. Descubrieron que a través de Cromos uno puede seguir el desarrollo de las grandes obras de infraestructura vial, el sistema ferroviario, los cables de comunicación, edificios, urbanizaciones, aviación, etc. Descubrieron que los reporteros de la revista recorrían el país y que la gente de las distintas regiones se veía en Cromos; paradójicamente, el Chocó y La Guajira fueron por años el foco de grandes reportajes de altísima calidad literaria, escritos, entre otros, por Gonzalo Arango. Estos reportajes exaltaban a la vez la exuberancia y las necesidades de las regiones. De otro lado, muchos intelectuales reconocen que en Cromos hicieron lecturas importantes, porque el existencialismo pasó por estas páginas, al igual que los grandes debates que se dieron en el país en relación con la revolución sexual y la píldora.

“Quienes han leído con atención la revista saben que hizo una apuesta editorial audaz, queriendo parecerse incluso a Paris Match, pero como la mayoría de los lectores buscaban solo las reinas y la farándula, quedó el estigma de que Cromos era una publicación ligera”, agrega la profesora Vallejo.

De hecho, la revista fue muy política desde sus inicios, cuando declaró su espíritu liberal afín al republicanismo. Cubrió la guerra con el Perú, la época de La Violencia, el Frente Nacional, el paro del 77, la toma del Palacio de Justicia, además de las primicias que dio en los distintos procesos de paz. Cuando se estaba dando la negociación con el M-19, sacó una de las primeras entrevistas con Jaime Bateman.

En 1982, Margarita Vidal, la directora de la revista de ese entonces, fue nombrada por Belisario Betancur como comisionada de paz. Así lo recuerda la propia periodista: “Él me llamó y me ofreció que fuera su representante en la Comisión de Paz. Y yo le dije: ‘Bueno, yo acepto, desde luego, sin pensarlo dos veces, presidente. Pero acuérdese que yo dirijo una revista y la revista tiene que cubrir el proceso de paz. Ahora, evidentemente, yo no voy a ser la fuente. No puedo serla. Pero mis periodistas investigarán y tendrán otras fuentes’. Y me dijo: ‘Claro, eso se entiende’. Y yo nunca di ni la hora. No podía. Pero ellos, mis periodistas, se averiguaban por todos lados lo que pasaba en el proceso: entrevistaban a los comisionados; la periodista Ligia Riveros se tiraba por las tapias, eso era la cosa más increíble. Se cubrió muy bien así, con ellos investigando por su cuenta. Ese fue el compromiso”.

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Obviamente, para estar a la moda había que mirar Cromos, pero como resalta el estudio, la revista ha sido más que eso. “Lo que hemos querido demostrar es que para contar la historia del país es necesario pasar revista a Cromos, literalmente, porque justamente ese balance de los temas blandos con los temas duros hizo que no fuera tan sectaria como otros impresos, sobre todo en la época del bipartidismo”, dice la coinvestigadora María Isabel Zapata, del Departamento de Historia.

A raíz de esta investigación han surgido trabajos de grado sobre moda y belleza, que son dos tópicos fuertes en la agenda de Cromos, pero también sobre la evolución del deporte o sobre Ricardo Arbeláez, el ‘loco Arbeláez’, que entre 1972 y 1974 tuvo una columna de humor político llamada ‘El Alacrán’. “Un día estaba en clase de Periodismo de Opinión hablando de los antecedentes del periodismo de humor político, y tras mencionar a Arbeláez, un estudiante alzó la mano y me dijo: ‘Profe, él es mi abuelo’. El estudiante estaba haciendo su trabajo de grado sobre otro tema y a raíz de esto le tocó cambiarlo, porque era importante rescatar la vida y obra de este personaje clave de nuestra tradición periodística”, comenta la profesora Vallejo.

También se han descubierto fotografías y ediciones que habían pasado inadvertidas, incluso para Darío Forero, director de arte de Cromos, que lleva en el medio más de 20 años. “Gracias a este trabajo descubrí una edición muy bella de esa Bogotá moderna, costaba 50 centavos y nunca le había prestado atención. Todavía la tengo en mi escritorio”, dice.

La relación que se ha tejido entre la academia y el medio ha sido otro aporte valioso de esta investigación. “La experiencia fue muy enriquecedora”, afirma la editora de Cromos, Gloria Castrillón, quien fue el puente entre el medio y la universidad para publicar el especial de aniversario. “Pueden parecer visiones distintas, pero yo creo que son complementarias. El ojo de un periodista no siempre coincide con el del académico; el académico tiene una mirada más profunda, aunque no significa que nosotros no la tengamos. Uno como periodista tiene el ojo más entrenado para encontrar hechos, fotos o elementos. Entonces terminan siendo miradas complementarias”.

Esta investigación, que narra la historia sociocultural, política y económica del país visto por la revista, a través de una lectura cruzada entre textos, imágenes y anuncios, fue posible gracias a que las facultades de Comunicación y Ciencias Sociales ganaron la convocatoria de apoyo a proyectos de investigación-creación, una línea reciente de la Universidad para el fomento de la producción artística y creativa. Además de la publicación de un libro que mostrará en detalle los resultados del estudio, los investigadores han utilizado soportes audiovisuales para contar la historia de Cromos

Ahora el reto, como dicen, es reivindicar la revista, lograr que la gente entienda que para contar la historia del periodismo en Colombia y la misma historia del país es necesario pasar por Cromos. Después de todo, y más en estos tiempos, cualquier medio no cumple 100 años.

Grano a grano:  un retrato de la informalidad

Grano a grano: un retrato de la informalidad

Lo primero que hace Noé Perilla en el día es ir por las mazorcas. Sale bien temprano de su casa, se protege del frío y camina hasta la plaza de mercado. Allí recorre los puestos de hortalizas y negocia el mejor precio; después va a la carnicería. Más tarde llega a su sitio de trabajo: un andén amplio en la calle 40 D sur con carrera 89 B en Patio Bonito, al sur de Bogotá. Su escritorio es un pequeño asador, sus implementos, un tarro de mantequilla, un cuchillo, un abanico improvisado para avivar las brasas. Siempre se viste con un delantal blanco y un sombrero para atender a los primeros clientes.

Su esquina es concurrida: rodeada de almacenes de muebles y algunas tiendas, Noé atiende a buena parte de los conductores de camiones que parquean frente a su puesto. Les vende mazorcas asadas y envueltos de maíz, a $1.500 cada uno, o, si el hambre es mayor, un corte delgado de carne asada a $3.000. Sus manos suelen impregnarse de pequeñas pelusas negras que desprenden del asador. “En un día puedo hacerme entre $20.000 y $15.000. Ahí medio se defiende uno, por fortuna me ayudan mis hijos”, afirma.

Noé es uno de miles. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), pertenece a los 5,7 millones de trabajadores informales que se identificaron como tal entre mayo y junio de 2016 (de ellos, cinco millones se encuentran en Bogotá). Al presentar el resultado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo promulgó como un logro: la estadística decía que la informalidad, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como toda actividad de trabajo sin la formalidad de contar con un contrato y seguridad social, había bajado al 47,8%.

“Hoy estamos viendo que el empleo en Colombia es 50% informal, 50% formal, pero hace cinco años las estadísticas mostraban que era 40% formal y 60% informal, lo cual ha sido un cambio importante”, aseguró en declaraciones a la prensa. Su afirmación, no obstante, tiene un matiz: se refiere a un periodo específico. Al mirar atrás, el panorama preocupa: a partir de los años noventa, Colombia se propuso entrar al mundo globalizado con firmeza. Y lo hizo dándole un nuevo enfoque a su economía.

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“Hubo un desestímulo enorme a la producción industrial y, particularmente, a los sectores industriales intensivos en mano de obra. Hubo también un desincentivo a la producción agropecuaria, agravado por estos procesos aperturistas, y un privilegio por actividades extractivistas que no son intensivas en mano de obra”. Con esas palabras, Román Vega, economista médico, estudioso de las políticas de salud y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, resume las causas que en los últimos 26 años han llevado a miles de colombianos a los brazos de la informalidad.

Vega lideró la investigación conjunta con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Estudio de caso de informalidad y acceso a la seguridad social, Colombia 2013, para estudiar el fenómeno de la informalidad y el acceso de su población a los servicios de salud. El trabajo contó con una fase de análisis estadístico y otra de grupos focales con las poblaciones informales.

El estudio detalló cómo, a finales de los años 80, Colombia implementó una serie de reformas económicas, políticas y sociales para volverse más competitiva en el nuevo panorama mundial, que comenzaba a profesar el libre comercio y la desregulación de los mercados; todo esto debido a la falta de recursos de los industriales para modernizar y multiplicar su producción, lo cual a su vez era producto del debilitamiento de la economía cafetera, agrícola e industrial, y de las políticas de liberalización y apertura económica impulsadas por agencias multilaterales en el marco de la globalización. “Es con el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), con todo el conjunto de medidas que se empiezan a adoptar, que inicia un proceso sistemático de cambio del modelo económico”, explica Vega.

Para ese entonces, Noé Perilla estaba muy lejos de Bogotá. Hijo de campesinos boyacenses, pasó buena parte de su vida buscando la fortuna en las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez. Alguna vez la encontró, otras, le fue esquiva. Pero su vida siempre estuvo del lado de la informalidad. Eso sí, con las gemas que encontraba y vendía les dio a sus siete hijos la educación que él no pudo disfrutar.

Progresivamente se hizo más difícil encontrar esmeraldas. Por un lado, las dinámicas propias del negocio impulsaron a más gente a encontrar la piedra que les aliviara las carencias; por otro, tras la muerte de Víctor Carranza, el ‘zar’ de las esmeraldas, buena parte del dominio quedó en manos de la empresa estadounidense Minería Texas Colombia. En los últimos tres años se restringió la búsqueda y la zona esmeraldífera comenzó a convertirse en sinónimo de crisis económica. Para Noé, esto se dio justo con la llegada de la vejez. “Nunca me he visto enfermo, pero tuve que operarme de las ‘vistas’. Gracias a Dios mi hijo me tiene afiliado en la EPS”, comenta.

EPS. Una sigla que se hizo infamemente famosa en los últimos 26 años. Como parte de las reformas a la economía, y debido a la crisis del sistema público de salud, Colombia liberalizó el sector, permitiendo la entrada de capitales privados. Así se privatizó la afiliación de la población a una empresa, que funciona como aseguradora, y la contratación de los servicios con hospitales y clínicas; mientras, para la población no afiliada al régimen contributivo, se garantizó un sistema subsidiado que protege a las poblaciones de escasos recursos. Desafortunadamente, la lógica del negocio permeó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud.

“Hay barreras de acceso de todo tipo, pero también problemas de calidad en la atención en salud en cuanto a la oportunidad, al trato y a la calidad técnica”, resume Vega, quien encontró que las más vulnerables son las poblaciones informales urbanas y, con mayor agravamiento, rurales: “Las EPS reciben un monto fijo de recursos y obtienen una renta mientras menos lo gaste. Por eso no solo controlan al médico en cuanto a lo que debe formular y qué problemas debe atender, también restringen la formulación, la solicitud de procedimientos diagnósticos, la remisión a especialistas. Generalmente contratan un prestador lejano al sitio donde vive el paciente y a una población pobre le es difícil movilizarse no solo por los gastos de transporte, sino por los costos de oportunidad que tiene la pérdida de tiempo”.

Estas poblaciones tienen además una muy precaria relación con el sistema pensional y de riesgos laborales. Todo se debe a otra reforma, impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para ‘flexibilizar’ el empleo: hacerlo más barato para ser competitivos. Para Vega, las consecuencias fueron contraproducentes: “Se golpean fuertemente las garantías de los trabajadores como la negociación colectiva, se desestimula la afiliación de trabajadores a sindicatos, se producen dinámicas de tercerización e intermediación laboral, se facilita el despido, con lo cual, debido a los bajos salarios, se hace imposible cotizar para pensiones y riesgos laborales, cuya gestión, como en el caso de la salud, también fue privatizada por la ley 100 de 1993”.

Noé cuenta que nunca ha abonado a una pensión y que en tres años, calcula, más gente vendrá a la ciudad: “El campo está abandonado”. Su día a día transcurre frente al asador hasta que se terminan los envueltos, la carne y las mazorcas, tratando de hacer “lo del arriendo y para comprar mis cositas”. Enfermarse no es una opción. Noé ha tenido que soportar las filas largas, las citas para el próximo mes y las quejas constantes de otros afiliados que, como él, viven el día a día, estiran los minutos y llegan con el dinero suficiente a fin de mes para apoyar a sus hijos con la esperanza de que no tengan que repetir su historia.

Para leer más

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2016). Empleo informal y seguridad social. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridadsocial

 

Justicia transicional:  las víctimas en el centro

Justicia transicional: las víctimas en el centro

El primer avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York a las 8:46 de la mañana. Los transeúntes levantaban desconcertados la mirada y quedaban boquiabiertos. El cielo de esa mañana estaba completamente despejado salvo por la gigantesca nube de humo negro que salía de una de las Torres Gemelas. 16 minutos después, y ante las cámaras de varios medios de comunicación que registraban en directo el hecho, otro avión envistió la torre sur. El mundo entero quedó perplejo al ver semejante explosión. Ya no quedaba duda de que esto no era un accidente, sino que se trataba un acto planeado para producir terror.

Ese trágico 11 de septiembre de 2001 “puso en el escenario internacional dos figuras de tipo jurídico para combatir al que es, desde ese momento, el gran enemigo de la sociedad: el terrorismo”, afirma César Torres Del Río, historiador y profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. La primera de ellas, la guerra civil mundial, se refiere a la “la victimización de la población civil bajo las acciones militares tanto de los Estados como de actores no gubernamentales”, explica. La segunda, el estado de excepción permanente, un mecanismo que, en palabras del académico, “le permite a los Estados violar la ley para que el statu quo se mantenga, es decir, para contener las movilizaciones sociales o el triunfo de la revolución”.

En Colombia, con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en 2002 y la implementación de la seguridad democrática, la situación política y social empezó a ir en consonancia con la inclinación guerrerista del contexto internacional. No obstante, en 2012 se iniciaron los diálogos en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de acabar la guerra de forma pacífica. “Las condiciones del presente me llevaron a problematizar la realidad del conflicto armado actual y a explicar por qué la justicia tradicional debería regir la búsqueda de una salida política negociada”, afirma Torres Del Río.

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Delito político y asilo: débiles,  pero en pie

El 1 de marzo de 2008, a la media noche, las Fuerzas Armadas colombianas dieron de baja a Raúl Reyes, el número dos de las FARC. La Operación Fénix supuso una crisis diplomática debido a que el campamento de Reyes estaba en territorio ecuatoriano y el gobierno de ese país no supo del operativo hasta después de efectuado. A los pocos días, dos guerrilleras sobrevivientes de la operación solicitaron asilo a Nicaragua, argumentando que en Colombia eran perseguidas políticas y que no tenían procesos por delitos comunes.

Aunque el país centroamericano optó por recibirlas en su territorio, de acuerdo con lo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en varias convenciones sobre el asilo, Colombia rechazó el acto al considerar que las mujeres eran terroristas. “Uno de los problemas de la categoría ‘terrorista’ es que es gaseosa, indefinible, si bien encontramos definiciones por doquier”, afirma el profesor Torres en su investigación, y agrega que esto ha dado fuertes golpes al delito político, definido como aquel que tiene una motivación altruista de tipo ideológico.

Así, después de consultar archivos de prensa que van desde 2002 hasta 2013, revisar sentencias de las altas cortes colombianas, analizar el Marco Jurídico para la Paz y la ley de justicia y paz y estudiar las convenciones panamericanas sobre el asilo político, Torres Del Río llegó a la conclusión de que el delito político debe permanecer en los códigos penales, incluso por encima de los estados de excepción y, por consiguiente, mantener el asilo diplomático y territorial “para asegurar la supervivencia de quienes se consideran opositores al Estado de derecho como tradicionalmente lo conocemos”. Este fue uno de los resultados del proyecto de investigación Shoah, corte penal y justicia transicional: Colombia ante el delito político y el asilo.

La apertura a la alternatividad penal

La shoah —término hebreo para referirse al genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial— llevó a un tribunal israelí a juzgar y condenar a muerte al exmilitar nazi Adolf Eichmann en 1961. Este juicio inspiró el modelo de justicia retributiva basado en la privación de la libertad que sigue imperando en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el delito político y sus conexos han sido incorporados a la justicia transicional, un mecanismo ‘restaurativo’ en el que se “considera que, con excepción de los crímenes de lesa humanidad (asesinato, secuestro, desaparición forzada, etc.), los delitos políticos son amnistiables y sus sanciones pueden pagarse por medio de estrategias que beneficien al desarrollo de las comunidades”, explica el profesor Torres.

De esa forma, y con el fin de lograr una paz sólida, en las negociaciones de La Habana las FARC fueron reconocidas como delincuentes políticos. “Sabemos que cometieron actos terroristas que yo mismo he reprochado en varias ocasiones. No obstante, no pueden ser igualadas con agrupaciones como el Estado Islámico, que sí pretenden transformar la sociedad mediante el terror”, aclara Torres, quien agrega que por la ruta del código penal jamás se hubiera encontrado una salida política negociada.

Por el contrario, el profesor asegura en su investigación que la justicia transicional es la indicada para guiar el posconflicto y que su efectividad “está sustentada en la historia”. Para él, los ejemplos de Sudáfrica, Ruanda, Argentina, Chile, la antigua Yugoslavia y demás lugares en los que la justicia restaurativa se implementó “podrían enseñarle a Colombia que las víctimas merecen la oportunidad de ser dignificadas”. El reto ya no es pensar en castigos enmarcados en la justicia tradicional, porque los esfuerzos están enfocados en la búsqueda de la verdad, la seguridad de la no repetición y la reparación. “Así se le garantiza a todo este conglomerado social que se puede coexistir, tal vez no reconciliado, pero sí sin que las armas estén de por medio”.

 

Formación ciudadana: aporte invaluable a la paz

Formación ciudadana: aporte invaluable a la paz

Las voces de niños y jóvenes hacen eco en Quibdó, Puerto Inírida, Barranquilla y Bogotá. Gracias a los estudios de caso que realizaron siete investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana en estas cuatro ciudades, Colombia tiene ahora la oportunidad de evidenciar cambios sustanciales en las comunidades por medio de prácticas innovadoras en formación ciudadana que adelantan los maestros en las regiones.

Luz Marina Lara Salcedo, doctora en educación y líder de la investigación que estudió prácticas educativas innovadoras en formación ciudadana a través de cinco estudios de caso explica que este proyecto surgió de la necesidad de analizar e identificar los ámbitos de trabajo de los maestros en sus prácticas de formación ciudadana: “queríamos conocer cuáles son los procesos de formación que los profesores privilegian, los objetivos e intencionalidades sociales y políticas que persiguen y caracterizar las corrientes y tendencias pedagógicas que fundamentan estas experiencias en formación ciudadana”.
Ricardo Delgado Salazar, sicólogo con doctorado en Niñez y Juventud, afirma que la base de la investigación son los estudiantes, porque se trata de “pensar la educación para la ciudadanía en el marco de la convivencia de los contextos escolares; también es pensar la formación del ciudadano hacia afuera, pues hay una estrecha relación entre escuela y ciudad”.

¿Qué es la formación ciudadana?

El profesor Delgado argumenta que la formación ciudadana hace alusión a un conjunto de capacidades que le permitan al sujeto participar constructivamente en el diseño de normas, instituciones y relaciones de convivencia. Asegura que con la enseñanza de estas bases se adquiere la capacidad de solucionar los conflictos de una manera constructiva para favorecer la convivencia en el marco de la diversidad.
Todo lo anterior confluye en que los ciudadanos sean los protagonistas de la toma de decisiones a nivel político. “Un elemento fundamental desde la educación ciudadana es poder movilizar unos sentimientos de afiliación y pertenencia a una comunidad política con el fin de construir colectivamente proyectos de país, de región, de localidad”, puntualiza.
Este propósito se evidenció en las instituciones educativas elegidas para la investigación. Los colegios y escuelas de estas cuatro ciudades tienen en común el interés por la formación ciudadana, independientemente del campo de formación de los maestros y de las asignaturas que enseñan. La relevancia de la investigación en sus territorios es la base para que los estudiantes generen acciones participativas e innovadoras en sus comunidades a partir de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales.

En Quibdó están ‘Historichoquiando’

Los alumnos juegan un papel fundamental en la documentación de su propia historia en Quibdó. El proyecto Historichoquiando, de la Escuela Normal Superior, está centrado en la enseñanza de la historia local. “Esta experiencia se enfoca en que los estudiantes conozcan y se acerquen a su territorio más inmediato. Lo que quieren es construir la historia de su barrio y de su comunidad desde las voces de los padres, de los abuelos, de los actores”, explica Delgado.
Para ello, y bajo la orientación de los docentes, los estudiantes de la institución desarrollaron acciones para indagar y conocer sobre el territorio que habitan. Por ejemplo, los jóvenes investigaron sobre mitos y leyendas y conocieron sobre los recursos naturales, las actividades económicas, laborales y agropecuarias de su entorno, lo que sirve, finalmente, para construir la memoria local de su comunidad.
Dicha experiencia se materializó en una especie de ‘museo viviente’, en el que los jóvenes cuentan con un archivo fotográfico sobre cómo se fue poblando el territorio, mapas y maquetas que ellos mismos levantaron, cuentos y leyendas que ellos mismos escribieron. “Los proyectos de aula y de investigación son la estrategia central para hacer la articulación entre teoría y práctica, lo cual desarrolla las competencias investigativas de los alumnos desde muy temprana edad”, finaliza Delgado.

Las Crónicas de una científica democrática, en Puerto Inírida

En la capital de Guainía se tomaron muy en serio la enseñanza de las ciencias naturales para proteger su territorio. En la Institución Educativa Custodio García Róvira, a raíz de las actividades de extracción de minerales que hay en el humedal Caño Terpel, una docente se dio a la tarea de enseñar a sus estudiantes a investigar sobre las consecuencias de las acciones de las empresas mineras sobre sus recursos naturales.

“La participación de los estudiantes se evidencia a través de talleres ambientales. Por ejemplo, ellos crearon unos lavaderos comunitarios para las comunidades indígenas, con el fin de evitar la contaminación al interior del caño. Además, el colegio tiene una revista virtual llamada Róvira TIC, en la que además de hacer denuncias, también promueve la participación de los jóvenes, el desarrollo humano y el desarrollo comunitario”, explica la profesora Lara.

Los investigadores exaltan que este caso es muy significativo porque muestra cómo la participación ciudadana promueve la cohesión social comunitaria y solucionar los problemas ambientales.

Barranquilla aprende de sus escenarios urbanos

En la Institución Educativa Técnica Distrital Elena de Chauvín, consideran que la ciudad es el lugar básico de aprendizaje para sus estudiantes. Por eso, a través de la pedagogía urbana como posibilidad de formación ciudadana, los alumnos estudian la historia de su localidad y su barrio. Con el proyecto Conociendo la ciudad a partir del transporte público, interpretan la lógica de la planificación urbana que conlleva este tipo de transporte.
“A través de este proceso aprenden de geografía, códigos, normas, parámetros de regulación del transporte público. Así fueron levantando sus mapas, su archivo fotográfico y realizaron videos”, puntualiza Delgado.

Bogotá como ‘un solo cuerpo’

Desde la enseñanza de las ciencias sociales, la educación artística y la educación física, los docentes de la Institución Educativa Distrital Agustín Fernández enseñan a sus alumnos “a crecer con derechos”. Desde 2009 se optó por los derechos humanos como la opción para desarrollar el concepto de ciudadanía y formar políticamente a los estudiantes.

En el proyecto No hay derechos sin los otros, por ejemplo, los estudiantes aprenden el significado de la libertad, y cómo, a través de la participación activa y de manera asertiva, es posible defender los derechos individuales y colectivos. “Desde la formación ciudadana ellos trabajan los principios de justicia, igualdad, diferencia, solidaridad”, anota la líder de esta investigación.

Uno de los maestros de dicha institución educativa afirma que “pensarse políticamente es la razón de ser de la formación ciudadana y la escuela es un escenario para la participación y la formación”. Esta frase define, en gran medida, los estudios de caso que realizaron los investigadores de este proyecto. Ellos consideran que estas experiencias permiten señalar que la formación ciudadana es un elemento crucial para poder resolver los conflictos de manera constructiva en estos tiempos en los que Colombia busca la paz.

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Territorios afrocaribeños: una titulación colectiva aún incierta

Territorios afrocaribeños: una titulación colectiva aún incierta

Las más recientes noticias sobre la comunidad de Orika en las Islas del Rosario no se refieren a su ubicación paradisíaca; son titulares de prensa como: “Comunidad Orika por fin recibe titulación colectiva en Isla Grande” y “El lío de los terrenos baldíos de Orika”.

Los artículos reseñan la victoria de una comunidad afrodescendiente que desde 2006 luchaba para que el Estado le concediera la titulación colectiva del caserío que ha habitado ancestralmente, Orika, ubicado en Isla Grande, en el archipiélago Islas del Rosario, zona insular de Cartagena, Colombia.

Tras verse rodeados de hoteles y casas de recreo, y de enterarse de que el antiguo Incora les cobraría arriendo por habitar esos terrenos, sus habitantes solicitaron la titulación, pero se las negaron con el argumento de que pedían baldíos reservados pertenecientes a la Nación (que no se pueden titular). En declaraciones al periódico El Espectador, Hernando Gómez, líder de la comunidad, aseguró que muchos se enfermaron. “Era preferible morirnos a que nos sacaran de aquí, porque todo lo que nosotros queremos está en estas islas”, relató al medio. Fue cuando acudieron a la Corte Constitucional, que accedió a sus pretensiones en 2012. La decisión se oficializó en septiembre de 2015.

Este caso resume la mayoría de obstáculos que enfrentan las comunidades afro para que les titulen tierras por fuera del Pacífico, escollos que ha identificado el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana.

El primer inconveniente, según Johana Herrera Arango, investigadora del OTEC, es un concepto cerrado de la legislación sobre lo que es una comunidad afrodescendiente, pues para redactar la Ley 70 —o de comunidades negras— el principal referente fue el Pacífico. Por eso, al tratar de aplicarla en otras zonas donde viven estas poblaciones, surgen dificultades, dado que sus características son diferentes. De eso se dio cuenta el Observatorio y fue uno de los motivos por los que se embarcó en un proyecto en el que trabajó con alrededor de mil integrantes de Consejos Comunitarios del Caribe y los valles interandinos del Cauca para cualificar sus conocimientos en administración y cuidado de los territorios y en la búsqueda de la propiedad colectiva. “Para que puedan ejercer sus derechos en diálogo con otro tipo de políticas que a veces no tienen en cuenta el contexto local”, precisa.

La profesora señala más obstáculos: las variadas interpretaciones que los funcionarios hacen de la Ley y los intereses económicos sobre las tierras y los recursos naturales. Esto último, en el caso del Caribe, se evidencia con los grandes capitales que persiguen proyectos turísticos y, en el Cauca, con la minería y las grandes empresas cañeras.

“Hay pretensiones de modelos de desarrollo que chocan con los intereses de administrar colectivamente un ecosistema, de proteger un manglar; eso no tiene mucho sentido para un hotel cuando lo que quiere es despejar la playa y adecuarla con fines turísticos. Nos dimos cuenta de que ese era un argumento fuerte para rechazar las titulaciones colectivas”, precisa la investigadora. “A la gente le decían: ¿cómo va a solicitar en titulación colectiva una playa cuando la está pidiendo una cadena hotelera para una concesión? Tienen prioridad ciertos modelos de ocupación como los turísticos y mineros”.

Hay situaciones de las comunidades que también dificultan el proceso: la falta de relevo generacional en el liderazgo y la prevención que genera la titulación entre algunos integrantes, que creen que esta significa perder los derechos individuales sobre la tierra, lo que es errado, porque el título colectivo protege el conjunto de derechos individuales y los espacios de uso común como ríos y bosques.

¿Por qué es importante la titulación?

Las comunidades afrodescendientes y el conocimiento histórico que han acumulado, explica la profesora, han hecho que Colombia alcance importantes niveles de conservación de la biodiversidad, así que reconocerles sus derechos territoriales permite entender cómo los procesos de poblamiento y los sistemas de uso han contribuido a la conservación de importantes ecosistemas.

Reconociendo el valor de ese conocimiento profundo que tienen sobre el territorio que habitan, el grupo de la Universidad Javeriana ha realizado, desde el 2009, ejercicios sistemáticos de investigación participativa para hacer la caracterización cartográfica, histórica y demográfica, con el fin de delimitar con precisión los territorios con los que cuentan y para que se documentara, por ejemplo, su evolución histórica a la hora de gestionar el reconocimiento ante el Estado. Al tiempo, han capacitado alrededor de 250 personas en las promociones del diplomado Herramientas para la autonomía territorial tanto en el Caribe como en el norte del Cauca.

“Le entregamos al Estado un concepto interdisciplinario para mostrar que sí es viable la titulación colectiva”, explica Herrera. “Es un concepto sociojurídico y ambiental, un resultado académico, una discusión teórica contextualizada de por qué consideramos que, después de todo este recorrido, es viable titular colectivamente; para qué le sirve la titulación colectiva al Estado; qué aportes trae a las comunidades y por qué no pueden seguir negando solicitudes”. Uno de los objetivos era demostrar que la Ley también se puede aplicar fuera del Pacífico, así que le entregaron ese concepto al Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras), con el que hicieron mesas de trabajo.

Gracias a proyectos como este, el Observatorio es hoy referente de la Corte Constitucional, de jueces de restitución de tierras y de otros tribunales para fallar demandas de titulación de predios. Cada vez más les solicitan estos conceptos.

Este trabajo, cofinanciado por Agricultural Cooperative Development International (ACDI) y Volunteers in Overseas Cooperative Assistance (VOCA), dejó resultados académicos tangibles, como colecciones de mapas y cartillas que se realizaron con las comunidades y para ellas, además de ocho solicitudes de titulación que se iniciaron en 2015 en Barú; esto cobra mucha importancia porque en el Caribe solo se han otorgado cuatro títulos colectivos que no suman tres mil hectáreas, mientras que en el Pacífico son alrededor de cinco millones las hectáreas tituladas.

“Estas investigaciones de largo alcance facilitarán mejores respuestas institucionales”, argumenta la profesora; “el Observatorio busca que el conocimiento que coproduce con las comunidades devenga en posibilidades de protección y reconocimiento de los espacios tradicionales de los afrodescendientes”.

El OTEC traspasa fronteras

Desde 2013, el Observatorio es miembro de la Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, una iniciativa de instituciones de investigación y universidades de América Latina que hace seguimiento permanente a los principales procesos, conflictos y actores relacionados con gestión de la tierra, el territorio y los recursos naturales vinculados. Constantemente presentan informes sobre el estado de bosques, agua, turismo, reforma agraria y minería.

Desde el Observatorio siguen investigando el aspecto de la tierra en Colombia, un problema que atraviesa la historia de violencia en el país y que ahora está entre los puntos cruciales de la mesa de diálogos de paz en La Habana. Investigación convertida en hechos tangibles que contribuyen a la construcción de una sociedad más equitativa.

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