Aproximación plural a las industrias culturales

Aproximación plural a las industrias culturales

El libro recoge las ponencias presentadas en la Cátedra Unesco de Comunicación Social, organizada por la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. El material enriquece una colección que ya cuenta con tres publicaciones más: Entre miedos y goces, Tecnocultura y comunicación y Comunicación, cultura y globalización.

Los trabajos oscilan, en cuanto a enfoques, en niveles que abarcan lo puramente descriptivo, análisis de recuperación de información, campos estadísticos e intentos críticos. Los cobija la amplia sombrilla de las industrias y los estudios culturales y, en este mosaico, la oferta, como es superior, es múltiple y en algunos ensayos de valor conceptual.

Destacamos la reacomodación que se plantea en el campo de la comunicación desde la denominación “cultura mundo”, las nuevas relaciones de los medios masivos insertados en los fenómenos de la complejidad industrial y las aperturas que lo cultural alcanza a la luz de lo simbólico, lo cotidiano, las modas, las tendencias y los gustos.
El libro respira vitalidad en muchos de sus ensayos. Otros, podría decirse, no son meros llamados a la bibliografía más reconocida del tema. Aun así, las diversas aproximaciones son una fuente de análisis y de conocimiento que orienta al lector y lo induce a profundizar en conceptos y aplicaciones.

Resulta a todas luces importante reconocer que estudiosos de la comunicación, algunos incluidos en el libro, superan con creces el manido discurso de los medios masivos, las visiones recalcitrantes y reiteradas con tono de generalidad y proponen, desde lógicas plurales, situaciones vinculantes y convergencias que dan oportunidad de ubicar nuevos debates para ser tratados por las ciencias sociales en su conjunto y superar el esquematismo disciplinario tan perjudicial cuando se quiere, como propósito último, correr las fronteras del conocimiento.


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En busca de las voces de la niñez en situación de desplazamiento

En busca de las voces de la niñez en situación de desplazamiento

De acuerdo con Unicef, cerca de la mitad de la población desplazada en Colombia está conformada por niños y niñas, y según Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes– ya hay más de tres millones ochocientos mil colombianos en situación de desplazamiento forzado que sienten vulnerados, de forma grave, por lo menos quince de sus derechos. La mayoría de la población desplazada (cerca del 70%) está conformada por mujeres y niñas. Y las cifras siguen en aumento. En el primer semestre de 2008, por causa del conflicto armado, el desplazamiento forzado fue superior en un 41% al del mismo período del año pasado.

El desplazamiento forzado da lugar, por una parte, a múltiples rupturas en los niños y niñas; por otra, origina mecanismos de reacomodamiento, tanto de los menores como de sus familias que se vieron en la obligación de desplazarse.

El análisis y la descripción de las rupturas y la identificación de esos mecanismos fueron los puntos de partida que tuvieron las investigadoras del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, la abogada Carmen Millán y la antropóloga María Fernanda Sañudo, con la dirección del filósofo Guillermo Hoyos en el proyecto Procesos de reconstrucción vital de población infantil desplazada por la violencia en Bogotá y Cali, realizado en el 2005.

La llegada a nuevos entornos implica para las víctimas destrucción y desarraigo. La reconstrucción con base en la reformulación de su sistema cultural y la negociación con los nuevos entornos, esto es, la construcción de una nueva realidad, permite continuar en el mundo de la vida: el proceso implica repensar roles, tradiciones, metas, afectos, etc.

Esa reconstrucción vital, o resiliencia, puede entenderse como un proceso desde el cual se pretende la adaptación de seres humanos expuestos a situaciones extremas como pobreza, violencia, desarraigo. Es pues la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse, fortalecerse o ser formado(a) por experiencias de adversidad.
Para identificar esos procesos en la población infantil y juvenil que hizo parte del estudio, se recurrió a propuestas artísticas y talleres creativos, con los cuales se hizo posible la comunicación de una forma alternativa a la de la entrevista. Desde el comienzo se asumió el poder de la pintura y el manejo de gráficos, imágenes y recortes para establecer procesos de comunicación con estos niños y niñas en situación de estrés postraumático. Gracias a la combinación de estas herramientas de comunicación, emergieron y se reconstruyeron sus historias de vida.

Los niños y las niñas, por ejemplo, ven cómo sus referentes de identidad, los lazos afectivos, las nociones de espacio, los patrones tradicionales de comportamiento, así como la pérdida de los mínimos de bienestar social y económico irrumpen en sus vidas. La ruptura de redes sociales locales, la vereda, el caserío o la finca, y el contacto con nuevos sujetos sociales con diferentes costumbres y prácticas culturales tiene incidencia sobre esos procesos de construcción y reconstrucción de los proyectos de vida tanto de estos menores como de lo que quede de sus familias.

Como el desplazamiento impone la configuración de nuevas formas de familia, es necesario considerar la ética del parentesco en aquellas familias en las que hay una nueva “mamá”, ya sea porque es diferente a la madre biológica, ya sea por el cambio de roles. Esta es una mujer encargada de conseguir alimentación, techo, educación y salud para un grupo familiar conformado por mujeres, adultos mayores y niñas y niños, en el lugar de recepción. Muchas de las funciones que ahora debe desempeñar son totalmente nuevas para ella. Esta cabeza de familia debe desplegar una nueva forma de actuar y otras formas de relacionarse, de dar y recibir afecto. Para los menores y los jóvenes los grupos de relación primarios, familia y amigos pueden ser reemplazados eventualmente por otros, como las pandillas.

Los orígenes

En 2003, ese mismo grupo de investigadores, con el apoyo de Colciencias y el Servicio Alemán de Intercambio Académico –DAAD–, comenzó a investigar sobre la emergencia de nuevas subjetividades y la reconstrucción de trayectorias vitales que emprenden las mujeres en situación de desplazamiento.

El proyecto Ética en nuestras propias palabras permitió al equipo entrevistar a mujeres de Medellín, Neiva, Cali y Bogotá que se reconocen ciudadanas en situación de desplazamiento, cabeza de hogar, mujeres que buscan agenciar todos los recursos que ofrecen el Estado, las ONG y entidades de cooperación, partiendo de la conciencia de tener derecho a esos recursos y servicios. Al emplear el concepto de agencia, el proyecto ofrece una perspectiva ajena a la victimización de las mujeres desplazadas y abre la posibilidad de comprender que el Estado debe responderle a estas nuevas ciudadanas. Los resultados de esta investigación están en proceso de publicación en la Biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –Clacso. En esa etapa el trabajo de campo fue coordinado por la antropóloga Patricia Tovar y las entrevistas las llevaron a cabo Ofelia Restrepo, Ana Catalina Ariza, Andrés Salcedo, María Fernanda Sañudo y Stella Restrepo.

El proyecto de procesos de reconstrucción vital le dio paso a un tercero: Derechos económicos, sociales y culturales –DESC– en Colombia. Indicadores alternativos para la evaluación del impacto de proyectos en educación, salud y alimentación para población infantil y juvenil en situación de desplazamiento, que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Española y a la Pontificia Universidad Javeriana. Este trabajo problematizó la inconsistencia en el tratamiento de la edad por parte de los organismos nacionales y extranjeros y de la propia legislación: no hay consenso en cuanto al momento, es decir, la edad en la cual termina la infancia y comienza la juventud. Las definiciones acerca de niñez y juventud ofrecen áreas grises con las obvias consecuencias a la hora de exigir derechos y hacer cumplir deberes. El proyecto presentó una guía que se encuentra en proceso de validación entre las organizaciones de cooperación internacional.

El trabajo fue adelantado por las investigadoras españolas Carmen Borja y Paloma García, además de Amelia Fernández, Roberto Vidal y María Claudia Duque, al lado del equipo Pensar ya mencionado.

Hacia nuevas investigaciones e intervenciones

Según las investigaciones reseñadas, es perentoria la generación de mecanismos de inclusión y reconocimiento de la diversidad (género, grupos etarios), que van desde la incorporación a los procesos sociales y educativos hasta las dinámicas intrafamiliares. Una situación límite como el desplazamiento forzado puede generar nuevas subjetividades, algunas de ellas reconstruidas desde la violencia, lo que hace que se extienda el ciclo de destrucción. Pero también en los procesos de búsqueda de recursos, participación y exigencias políticas, aparece una nueva ciudadanía que exige el cumplimiento de los compromisos del Estado.

Así mismo, se pone de relieve que toda una generación de colombianos y colombianas ha sido sometida a diversas formas de violencia: no intervenir, no tomar acción, supone mantener el círculo vicioso de la violencia.

Es deber del Estado garantizar los derechos de la infancia de esta generación cuya voz también debe entrar en los procesos de verdad, justicia y reparación. El tipo de rupturas y los procesos de resiliencia hacen imperativa no sólo la reparación material sino la reparación simbólica, teniendo en cuenta que quienes han sido forzados al desplazamiento tienen diversas necesidades y distintos proyectos de vida, que no constituyen un todo homogéneo de víctimas, sino subjetividades en formación, que se han rearticulado y transformado, y que tendrán vocación de futuro si se abre la posibilidad de reconstrucción del tejido social.


Para saber más:
+Rodríguez Arenas, María Stella. Resiliencia: otra manera de ver la adversidad. Alternativa pedagógica para la atención de niños y niñas en situación de desplazamiento forzado. Bogotá: Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, 2004.+Unicef para niños y niñas:
https://www.unicef.org.co/kids/index.html
 

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El castigo físico y humillante al banquillo

El castigo físico y humillante al banquillo

Sería interesante preguntarse cuántas personas han pensado en la importancia de escuchar a las niñas y a los niños hablar sobre el castigo corporal al que suelen ser sometidos. Probablemente, encontraríamos que muy pocos adultos se han preguntado sobre lo que ellos piensan o sienten ante esta situación socialmente aceptada, porque a los niños hay que “educarlos” y “ese cuentico de que ahora no se los puede tocar porque se traumatizan” ya los tiene “jartos”.

“En Colombia, la violencia, el maltrato, la negligencia y el castigo constituyen fenómenos cotidianos de la experiencia de una gran cantidad de niñas y niños en el hogar, la escuela y otros contextos como el campo, los barrios y la calle”, comenta María Claudia Duque, enfermera especialista en pediatría con maestría en Psicología Comunitaria y doctora en Antropología, quien lideró este proyecto, realizado con el apoyo de estudiantes del curso de Salud y Cultura de la carrera de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana.

Hablar de castigo físico sería como “llover sobre mojado”, si no fuera porque esta investigación cualitativa y participativa muestra el asunto desde otra perspectiva: la de los niños. ¿Qué piensan y sienten frente al hecho de que sean castigados físicamente, con la justificación generalmente aceptada de que “es por su bien”? La Fiscalía General de la Nación reporta que la violencia intrafamiliar ocupó el séptimo lugar entre el total de delitos cometidos en el 2005 y se sabe que es ejercida sobre niños entre los 5 y los 9 años y en niñas entre los 10 y los 14 años por sus padres; no sorprende entonces que seamos lo que somos y que estemos donde estamos. Sin embargo, seguimos preguntándonos por qué somos violentos o si nuestro país es violento por naturaleza, y no faltaría quien propusiera que nuestra naturaleza violenta es de origen genético.
En el trabajo que sustenta este artículo, durante el 2006 la investigadora Duque se enfocó en describir y analizar las ideas, explicaciones, sentimientos y actitudes que los niños expresaban en sus narraciones sobre el castigo, así como en detallar los tipos de castigo, los contextos y los escenarios en los que se ubican estos eventos. Antes de conocer los resultados, entendamos algunas cifras y conceptos relacionados con esta problemática.

Castigo infantil: una práctica social culturalmente aceptada

Los investigadores tienen muy claro que el castigo físico y humillante no se da sólo en Colombia. Según Duque, “estudios en otros países han documentado frecuencias de uso del castigo corporal contra los niños, entre el 70 y el 90% de los adultos encuestados”. Esto demuestra la magnitud de la problemática, y la bibliografía sobre el tema muestra que, a diferencia del maltrato infantil y el abuso sexual, en diversos contextos sociales el castigo se considera como algo normal y adecuado entre las prácticas de crianza y el proceso pedagógico. De hecho, son prácticas tan arraigadas que en muchas familias es usual y aceptado que los hijos sólo obedezcan a los padres cuando se les castiga.

Esta legitimación social y cultural del castigo, que a pocos les hace mella, probablemente se deba a que por muchas generaciones se ha practicado el maltrato, el abuso y la crianza basada en el castigo y en duras normas de disciplina. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2000, el 47% de las madres castiga a sus hijos con golpes, 36% con palmadas, 72% con reprimendas verbales y 48% prohibiéndoles algo que les gusta. La ENDS de 2005 reporta que el 41% de las madres encuestadas utiliza los golpes y el 22% castiga a sus hijos con palmadas. Mientras una buena proporción de padres piense que todo esto está bien porque es “formativo”, será difícil reducir los índices de castigo corporal y de daño psicológico.

Un punto interesante radica en que, aunque no todo castigo físico es maltrato, cabe la posibilidad de que no se tengan claros los límites entre uno y otro. La investigadora resalta que las fuentes bibliográficas en el mundo sobre el tema diferencian dos cosas: mientras el castigo tiene una intención disciplinaria o educativa, el maltrato no, su intención es más bien hacer daño. Sin embargo, agrega, el castigo corporal no deja de ser un abuso de poder y puede producir daños físicos y emocionales. En la página web de la ONG “Save the Childen” se aclara la diferencia: Golpear se define como castigo físico, pero el abuso verbal, ridiculizar, aislar o ignorar a un niño se considera un castigo humillante. Según Harper, tanto el castigo físico como el humillante se consideran “violaciones del derecho a la dignidad y a la integridad física del niño”; sin embargo, buena parte de la sociedad no parece darse cuenta de que, muchas veces, ciertas palabras y actitudes producen más daño y dolor en los niños que si les dieran una golpiza.

¿Por qué castigan a las niñas y a los niños?

En este punto del análisis del problema valdría la pena conocer las razones para castigarlos, cuestión que muchos de los que nos preocupamos por el tema quisiéramos entender. Para ello, los investigadores trabajaron con varios niños y niñas de un barrio ubicado en los cerros orientales de Bogotá, mediante técnicas como la observación participante, entrevistas individuales semiestructuradas y sesiones de grupo, con lo que obtuvieron datos cualitativos, textuales y fotográficos bastante claros: “Por portarse mal, decir mentiras, hacer daños, coger cosas ajenas, desobedecer, no pedir permiso; factores del colegio como no hacer las tareas, o irles mal en los exámenes y otro grupo de causas localizadas en la incomprensión o las reacciones incomprensibles de los agentes agresores y que algunos participantes describieron como no escuchar al niño, o no saber por qué era el castigo”.

Por otra parte, puesto que la sociedad legitima el castigo como parte del proceso pedagógico y formativo de los niños, cabe preguntarse si es efectivo. La investigación pone en duda este hecho, pues se sustenta que si bien para algunos el castigo corporal puede tener efectos deseables sobre la conducta de los niños, “ya que sirve como medida inmediata para que los niños dejen de comportarse mal”, no es claro que haya verdaderos efectos positivos. Unos creen que posiblemente contribuya a la internalización de conductas morales y a controlar conductas agresivas, pero cada vez se afianza más la teoría de que no es así; por el contrario, la investigadora Duque sostiene que “podría ser un factor etiológico de conductas delincuentes, criminales y antisociales”.

Pero aquí surge un agravante que no se había considerado: no sólo no ayuda a la formación, sino que altera en gran medida la interacción familiar, en especial, deteriora en gran medida la relación “padres-hijos”, amén de que producen en los niños otros efectos psicológicos devastadores, como “problemas de salud mental, depresión, estrés y sentimientos de humillación e impotencia. Eso recuerda lo que los estudios sociales en población vulnerable y de alto riesgo han mostrado: se crece con la premisa de que ‘pego porque a mí me pegaron’, ‘maltrato porque a mí me maltrataron’ y ‘humillo porque a mí me humillaron’. La bibliografía demuestra que el castigo físico y humillante en la infancia favorece “el desarrollo de conductas agresivas durante la adultez, incluyendo el abuso de su cónyuge e hijos”. De modo que posiblemente esto responda a la pregunta por qué somos así, sin necesidad de meterle mucha genética al asunto.

¿Si pudiera escuchar a estos niños, usted qué cree que dirían?

Hay varias cosas importantes en este punto. Primero, la investigadora no utilizó un modelo juzgador para analizar la información proporcionada por los niños y las niñas; ella no dice qué está bien o qué está mal, simplemente trasmite lo que ellos dicen. Los resultados preliminares parecieran mostrar a los padres como los principales agentes castigadores, dato que según la investigadora Duque contrastaría con los informes de otros estudios publicados en 2000 y 2005, que reportan a la madre como la principal castigadora en el hogar; pero aclara que la muestra poblacional de estudio debería ser mayor para poder confirmar esta apreciación. Otro aspecto que se muestra es que los castigos ocurren en su mayoría en el cuarto y en la cocina de la casa; refiere, primordialmente, eventos físicos como “golpes, correazos, juetazos, golpes con zapatos o chancletas, latigazos y golpes con otros instrumentos como cables de grabadoras y palos de ortiga”. Así mismo, los niños narraron prácticas de castigos humillantes como regaños muy fuertes que, aunque los afectan mucho, no pueden responder y de ahí los sentimientos de rabia y frustración que se crean. Adicionalmente, relataron otros castigos que, en general, consideran menores, como prohibir y quitar gustos.

Pero cuando se les pregunta cómo se sienten al ser castigados, la mayoría dice sentirse “mal”, lo que a juicio de la investigadora indica malestar, posible desacuerdo y una dificultad inicial para precisar el sentimiento. También fue evidente la expresión de otros sentimientos frente al castigo, por ejemplo, “malestar, dolor, tristeza, odio, rabia, mal genio, culpabilidad, miedo, confusión, sentimiento de ser maltratado o de no ser querido, aburrimiento”. Es claro que mientras el castigo puede producir bienestar en los padres, que no se sienten ni se ven como “agresores”, la investigación mostró que los niños lo viven de manera opuesta.

Los niños expresaron su deseo de no ser castigados, de que no les peguen sino que les hablen y les expliquen las cosas. También manifestaron sentimientos ambivalentes frente al castigo; algunos lo consideran justo y positivo (hay formas de disciplina que ellos reconocen como bondadosas), otros lo rechazaron de plano. En este punto, la investigadora cuestiona y llama la atención sobre el hecho de que se considere que los adultos son los únicos que enseñan. Lo que le ha interesado resaltar es que las niñas y los niños son actores sociales igual que los adultos y por eso sus voces deben ser tenidas en cuenta. Por ello, plantea abrir espacios de intercambio, diálogo y reflexión sobre el tema del castigo. Si bien es cierto que se deben sacar conclusiones sobre qué hacer, ella propone que antes se busque que los padres reflexionen sobre el tema.

Ante el interés por definir las causas, la investigadora se refiere a las condiciones en las sociedades que promueven el castigo y las razones por las cuales nuestra sociedad consiente la práctica del castigo corporal y humillante. Afirma que algunas respuestas pueden encontrarse en valores del patriarcalismo, como la obediencia y el ejercicio autoritario del poder; en que nos movemos en el contexto de muchos factores sociales, políticos y económicos, con condiciones muy difíciles, y en que tenemos una cultura cotidiana que relativiza los valores, y la sociedad aprende a legitimar el abuso y el maltrato como eventos normales simplemente porque suceden todos los días.

Por otro lado, la investigadora ratifica un descubrimiento interesante: los niños no son adultos chiquitos, son inteligentes, no son “bobos” y se dan cuenta de las cosas, pero es evidente que requieren compañía y protección. Claro que hay que educar a los niños, dice ella, deben ser formados, “hay que mostrarles los límites externos para que consigan límites internos; pero eso se consigue con amor y comprensión”. De manera casi premonitoria, este trabajo estaría demostrándonos que los niños castigados, humillados o abusados serán los padres del futuro que a su vez aplicarán castigo físico a sus hijos convencidos de que es lo mejor y no sabemos por cuántas generaciones más.

En conclusión, es importante mostrar lo que pasa por la cabeza de estos niños para que la sociedad reflexione sobre ello. No me gusta, pero está bien si me porto mal; es un punto que resume todo o que enfoca todo. Este trabajo no generaliza la situación en Colombia, pero es un estudio piloto que abre la puerta para la discusión y pone el tema sobre el tapete. Queda en el banquillo, para pensar, analizar y replantear muchas cosas de nuestra vida cotidiana

Algunas cifras recientes sobre castigo en Colombia:

La bibliografía diferencia castigo de maltrato. Castigo, tiene intención disciplinaria; maltrato es agresión. Pero la pregunta interesante es: ¿piensan los padres que el castigo físico no es agresión? ¿Saben ellos hasta dónde es disciplina y cuándo se convierte en maltrato? La Encuesta Nacional de Salud del 2007 adelantada por Cendex reveló cifras interesantes en el país: “El 32,5% de las personas en general, considera que el castigo físico es necesario para corregir a los hijos (…)” Pero hay diferencias importantes por departamento: “La percepción favorable al uso de la agresión física para corregir hijos es del 55,2% en el Caquetá; del 50,9% en el Meta; del 49,4% en el Tolima y en otros departamentos como Amazonas, Arauca y Vichada, alrededor del 45%” (…) “Por el contrario, los departamentos con la menor proporción de personas que creen que esta práctica es necesaria, son Norte de Santander (19,8%), Atlántico (22,4%), Quindío (24,3%) y Valle (25,0%”). Ahora bien, respecto a la vivencia de experiencias de agresión física, se reportó que “el 54% de los encuestados tenía vivencia de haber sido víctima de alguna agresión física en su hogar durante su crecimiento; dicha experiencia fue mayor en el Cauca con el 75%, en el Guaviare con el 73%, en Casanare con el 71,8% y en Vichada con el 69,3%”.


Para leer más:
Revista Child Abuse & Neglect:
https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/586/description#description
https://www.acabarcastigo.org/
 

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Por una vivienda digna en sectores de bajos ingresos

Por una vivienda digna en sectores de bajos ingresos

Los antecedentes

Es un proceso de construcción que comenzó en 1993. Entonces estaba recién creado el Injaviu, Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo. La idea de investigar acerca de la calidad de la vivienda en sectores deprimidos echó cimientos luego de que la arquitecta Doris Tarchópulos, encargada de ese instituto hasta 2002, participó —bajo la dirección del arquitecto Rafael Uribe, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javeriana en ese momento— en una investigación sobre las transformaciones realizadas por los usuarios en tres proyectos en Usme, al sur de Bogotá.

Allí los investigadores encontraron que las viviendas fueron transformadas por los usuarios en un proceso acelerado aparentemente por el alto grado de insatisfacción con ese tipo de programas de construcción.

En 1994, el Injaviu fue contratado por el Inurbe para la elaboración del “Reglamento técnico dirigido a las soluciones de Vivienda de Interés Social en las cuales se aplique el Subsidio Familiar de Vivienda”, bajo la dirección de la arquitecta Doris Tarchópulos.
Además del aspecto técnico, el reglamento contemplaba lo ambiental, lo social, etc., pero Camacol se opuso a que fuera adoptado, argumentando que los promotores de vivienda no podían mantenerse en el rango de costos señalado por la legislación vigente para la vivienda de interés social, si se aplicaban los estándares de calidad que promovía el reglamento.

Vivienda sin calidad

En 1996, la profesora Tarchópulos y la arquitecta Olga Lucía Ceballos, hoy directora del Injaviu, le plantearon a Colciencias el desarrollo de un estudio para construir y validar un modelo de análisis para evaluar la calidad de la vivienda que había sido objeto de subsidio entre 1991 y 1996.

Trabajaron en tres localidades: Suba, Ciudad Bolívar y Bosa porque allí estaba la mayor cantidad de subsidios asignados. Los resultados fueron desconcertantes. Tanto en la vivienda de los barrios de origen normal como en la de los clandestinos, existían similares condiciones de déficit en la calidad, pese a que su origen era antagónico. También fue común la insatisfacción. En ambos casos se presentaba hacinamiento, entre 5 y 7 personas por habitación frente a un promedio estándar de 2 personas por habitación.

El estudio tuvo en cuenta: la vivienda formal de tipo unifamiliar que había recibido el subsidio familiar para vivienda nueva en barrios de origen normal (construidos siguiendo las normas y regulaciones), al igual que la existente en barrios de origen clandestino ya legalizados, beneficiada con subsidio para mejoramiento.

Se trataba de evaluar la calidad de la vivienda en términos de habitabilidad tanto en aspectos físicos como no físicos. Para ello, las investigadoras se fijaron, desde el punto de vista físico, en las condiciones del diseño de las edificaciones (o escala arquitectónica), así como en su entorno (escala urbana). La habitabilidad desde el punto de vista técnico de la construcción requirió evaluar las condiciones de protección, higiene, privacidad y comodidad de las viviendas. En las condiciones no físicas, que apuntan más a lo social, incluyeron las categorías ‘seguridad en la tenencia’ y ‘adecuación social’.

Para el análisis utilizaron métodos de evaluación objetivos, como observar el estado de las viviendas, y otros subjetivos para recoger información acerca de los niveles de satisfacción de sus usuarios mediante encuestas aplicadas únicamente a mujeres, porque se había demostrado en estudios previos que ellas aportaban información confiable de acuerdo con su rol de protección en el hogar, lo cual fue ratificado en los grupos focales realizados previamente con la población de interés en el estudio.

¿Espacio insuficiente?

En el año 2000, las autoras se plantearon la necesidad de analizar la espacialidad —o forma de concebir y utilizar el espacio— para establecer los patrones urbanísticos y arquitectónicos que subyacían en los dos tipos de construcción. Por eso iniciaron un proyecto de investigación en los mismos sectores, pero con series de tiempo más amplias, en las que identificaron un patrón común basado en la máxima explotación del suelo urbano, en términos de cantidad de viviendas por hectárea, con beneficio para los propietarios del suelo.

En el suelo de origen normal, las características de las viviendas —que buscaban albergar a más personas en una superficie dada— favorecían altas densidades de población, mientras que en el clandestino, la destinación de zonas para espacio público era mínima o inexistente; además de generar plusvalía (o aumento del valor del suelo) debido al cambio no regulado del uso del suelo de rural a urbano.

En la escala arquitectónica, las investigadoras apreciaron una fuerte reducción del espacio privado, mucho más acentuada en las viviendas de origen normal. Este proceso se inició en la década de los ochenta con la figura del bifamiliar, que permitió duplicar la densidad mediante la división en dos viviendas del lote mínimo permitido por la norma urbana.

Posteriormente, los constructores optaron por desarrollar la vivienda en agrupación (conjuntos residenciales), con lo que han logrado unas densidades muy altas y significativamente superiores a lo permitido en el desarrollo por loteo individual. Así se ha llegado a lo que se denomina “multifamiliar acostado”: viviendas unifamiliares desarrolladas verticalmente en pequeñas unidades inmobiliarias, donde el lote es copropiedad al igual que las áreas comunes. De medidas históricas para lotes urbanos de 5 x12 metros se pasó, con la vivienda en agrupación, a lotes que en algunos casos tenían 2,50 x 5 metros, con el consecuente detrimento en la calidad.

También se observó que había un alto componente de autoconstrucción sin asesoría técnica, lo que terminaba afectando las condiciones de habitabilidad y de seguridad.
Conclusiones y recomendaciones

– Es necesario definir la vivienda social desde una perspectiva que asuma su complejidad desde lo social y no desde su costo, como ha sucedido desde la expedición de la ley 3 de 1991. El marco legal actual tiene los instrumentos para intervenir el mercado. No se debe regresar al pasado para resolver el problema de la vivienda para los más pobres mediante el modelo del lote con servicios.
– Es urgente implementar políticas sociales que permitan, a su vez, la generación de suelo social en sectores urbanos para evitar la especulación.
– Es imperativo continuar en la línea de ofrecer viviendas de calidad en términos de habitabilidad para los más pobres.
– Es necesario regular las condiciones de construcción y ampliación de las viviendas de interés social.


Para leer más:

https://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/injaviu/estudios.htm#lin_cla


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La justicia escolar: un laboratorio de convivencia social

La justicia escolar: un laboratorio de convivencia social

Con demasiada frecuencia se repite que los jóvenes actuales son apáticos políticamente, que no creen en proyectos colectivos y que no están interesados en modificar nada. Que sólo los mueve el bienestar inmediato y la ley del menor esfuerzo. Que es una generación perdida de la que no se puede esperar nada bueno. Que se atenga el país porque viene la debacle.

La televisión, el cine y los medios de comunicación refuerzan estos prejuicios. Cuando esporádicamente centran su atención en lugares como los colegios, donde se desarrolla buena parte de la vida y la formación de los jóvenes, la imagen habitual tiene que ver con comunidades escolares autoritarias, donde la crueldad es una norma y prevalecen la desconfianza y la hostilidad entre docentes, alumnos y padres de familia. Las consecuencias son previsibles: deserción, suicidios, exclusión, criminalidad, traumas psicológicos.

Tres investigadores de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana enfrentaron tales prejuicios y miraron el otro lado de estas leyendas negras. Sin desconocer que cualquier comunidad humana —y mucho más una institución educativa— está atravesada por conflictos, Ricardo Delgado, Luz Marina Lara y Rosa Margarita Vargas buscaron entre colegios de educación media casos exitosos de convivencia escolar y seleccionaron tres de ellos: el Colegio Santo Ángel y la Institución Distrital Arborizadora Baja en Bogotá, y el Colegio Marco Fidel Suárez en Medellín.
La convivencia escolar es actualmente uno de los campos más abordados por la investigación educativa y pedagógica. La resolución de conflictos, la cultura democrática, la constitución de subjetividades políticas y el aprendizaje para la convivencia en ámbitos escolares han sido los temas de interés de la mayoría de estos estudios.
La investigación “La justicia en el ámbito escolar: análisis de tres experiencias innovadoras en instituciones de educación media” combina la mirada de documentos y textos de fuentes secundarias con la atención sobre las producciones narrativas de los actores involucrados en las experiencias educativas. En los dos colegios de Bogotá se realizaron entrevistas grupales con docentes y estudiantes, que sirvieron para un análisis discursivo-narrativo y de contenido. Los tres casos escogidos como material de análisis coinciden en sus trayectorias innovadoras en el ámbito pedagógico. Partieron del énfasis en la mediación de conflictos pero han logrado avanzar hacia una idea más amplia y compleja de la convivencia escolar que tiene como norte el concepto de comunidades justas e incluyentes.

De la teoría a la práctica

El concepto de comunidad justa —explica el investigador principal Ricardo Delgado— es tomado de las contribuciones del estadounidense Lawrence Kohlberg y su teoría del desarrollo moral, que se ha convertido en un referente central para el aprendizaje constructivo del juicio y la argumentación. Las comunidades justas dentro de un ámbito escolar, añade Delgado Salazar, se caracterizan por la participación democrática de todos sus miembros, la construcción de normas y reglas basadas en consensos, la promoción de la autonomía, el reconocimiento del otro, el desarrollo de competencias ciudadanas y la educación en derechos humanos.

Todo lo anterior parece asunto de ángeles y choca contra la dura realidad que enfrentan muchos colegios en el país. Sin embargo, incluso en contextos tan difíciles como el del colegio Marco Fidel Suárez de Medellín, los investigadores encontraron innovación en el tratamiento de los conflictos, descartando una represión violenta de los mismos y, en cambio, valorándolos como factores dinamizadores que enseñan el ejercicio de prácticas democráticas.

Una de esas innovaciones fue reconocer que el Manual de Convivencia Escolar se quedaba corto a la hora de promover la formación ciudadana, pues los estudiantes, al no participar en su elaboración, lo consideraban “letra muerta”. Al convertirlo en Pacto de Convivencia acentuaron su carácter consensual y deliberativo, con lo que se logró promover la escucha, la argumentación racional y la valoración de las ideas del otro.
Tanto en el Marco Fidel Suárez como en los colegios Santo Ángel y Arborizadora Baja se reconoce en los estudiantes a sujetos políticos y se les prepara, desde ese microcosmos social que es la escuela, para un ejercicio activo de esa dimensión en la vida pública. Dentro de esta perspectiva, los centros educativos se transforman en escenarios vivos para la participación y la deliberación, y dejan de ser los guardianes pasivos de las tradiciones morales existentes en la sociedad.

Si se consideran las tensiones entre derechos y deberes y el arraigo social de las prácticas autoritarias y jerárquicas, podemos suponer los riesgos de estas aventuras. Una comunidad justa —aclaran los investigadores— no prescinde de la autoridad reconocida ni desconoce la asimetría presente en las relaciones entre maestros y alumnos. Sin embargo, obliga a buscar otras formas de ejercer la autoridad, mediante la creación de espacios y mecanismos que favorezcan el cuestionamiento de su legitimidad.

Cuidar de sí y cuidar del otro

Cuando la regla es fruto de un acuerdo de convivencia y no una simple y deliberada restricción de la conducta, esta regla expresa un sentido de comunidad cuyo horizonte es el bien común y el cuidado recíproco. Que algo se prohíba porque está mal, se ve feo, es pecado o no es justo, resulta demasiado abstracto y poco convincente, y conlleva a un dogmatismo que impide la emergencia de “lo otro”. Y el reconocimiento de la alteridad es un elemento indispensable en la configuración de comunidades justas e incluyentes, y no sólo porque la pluralidad sea una condición propia de la esfera pública.

En su informe final, los investigadores afirman tajantemente la paradoja de que un “nosotros” como comunidad de sentido no se construye entre iguales, sino en la mediación de intereses diversos, muchas veces antagónicos y conflictivos.

En un país que no pocas veces legitima los atajos éticos y legales en procura de un bien individual o de un supuesto bien común basado en exclusiones de distinta índole, la investigación de los profesores Delgado Salazar, Lara y Vargas resulta oportuna y pertinente. Las tres comunidades estudiadas encierran una utopía política: la defensa de lo colectivo y de lo público, esferas que nadie debe suponer por nosotros.

Aunque muchos colegios han avanzado bastante en temas como el gobierno escolar, la representación de los estudiantes en los consejos directivos, los comités de convivencia o las personerías escolares, los tres colegios estudiados son pioneros por atreverse a dar un paso más allá, por prestarse como laboratorios de convivencia social en un medio de tradición dogmática y autoritaria como el nuestro.


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Barras de fútbol: violencia, identidad y territorialidad

Barras de fútbol: violencia, identidad y territorialidad

Con estupor, un hincha del equipo visitante del fútbol profesional colombiano en el estadio El Campín observa cómo, 15 minutos antes de acabarse el encuentro, la policía le pide el favor de que abandone la tribuna. “¡Todavía no se ha acabado, faltan 15…!” reprocha el aficionado, pero la intención de la autoridad no cede.

“¡Por favor, haga caso que es por su seguridad, es peligroso para usted porque aquí las barras son muy bravas, es mejor que se retire!”, reitera el uniformado, mientras los hinchas locales, en total desafío contra el frío bogotano, cantan al unísono con la camiseta de su equipo en la mano. Ellos, los locales, extienden orgullosos su bandera de grandes proporciones, sus símbolos guerreros, mientras cantan ofensas al hincha contrario.

Detrás de esos símbolos, los uniformes y los cánticos a favor de un equipo y en contra de los rivales, se esconden aspectos como la territorialidad, la violencia y la identidad de miembros de la sociedad que deciden vivir y hasta morir en torno a una barra de fútbol.

Una investigación de tesis doctoral en antropología —efectuada en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3 por Jairo Clavijo Poveda, docente del Departamento de Antropología de la Javeriana— estudia estas manifestaciones colectivas. En ella el profesor buscó establecer la naturaleza de las prácticas sociales de los barristas.

En esta investigación etnográfica fue necesario convivir con dos de las barras de Bogotá y realizar una observación participante —como metodología— en la que se aplicaron entrevistas semiestructuradas, entre otros métodos de recolección de información.

“El elemento clave de análisis de las barras es el lenguaje, pues la acción más notoria de los barristas es reunirse para expresarse colectivamente a través de sistemas de representación tales como el habla, pero también formas no verbales como las imágenes, los signos, los símbolos utilizados”, comenta el investigador.

“Todos los domingos en la tarde.
Me voy a la cancha a ver al más grande.
En mi cabeza no me importa. Lo que diga todo el periodismo y la Policía”.

Antecedentes

Las primeras barras estructuradas en el país surgieron en 1987 y 1986 con los Saltarines del equipo Santa Fe y Escándalo verde del Nacional, respectivamente. Hacia 1991 se fundó la barra Blue Rain de Millonarios y posteriormente nació Comandos Azules. Todas adoptaron nuevas formas de comportamiento en los estadios para alentar a su equipo.

“Estos nuevos grupos adoptan los cantos barristas argentinos y movimientos en las tribunas, lo que empieza a llamar la atención de muchos jóvenes hinchas”, resalta la investigación.

En un inicio las acciones de los barristas se centraban en el estadio, pero no tenían como medio de expresión la violencia física. Sin embargo, sus integrantes fueron adoptando un lenguaje más agresivo contra los adversarios, lo que condujo a los primeros enfrentamientos con la policía dentro y fuera del estadio.

Sentido de pertenencia: entre territorialidad y violencia

Aunque en el imaginario del ciudadano común las barras están compuestas por jóvenes y adultos de clases medias y bajas, se comprobó en esta investigación que su proveniencia social es heterogénea. “A pesar de las posibles diferencias sociales todos se comportan de manera similar de acuerdo con unas reglas y jerarquías internas, bajo un compromiso implícito de inclusión”, afirma Clavijo.

Las barras construyeron una noción de territorialidad sobre los espacios en los que tienen existencia social. “Si un territorio es considerado de propiedad de la barra, se rige por una regla de exclusividad: no se admite ningún aficionado o barrista del otro equipo. Estas zonas les confieren un sentido de pertenencia y de legitimidad territorial, pues han sido conquistadas y defendidas por ellos. Frente al riesgo de invasión, los territorios son marcados por grafitis y por la presencia de barristas con camisetas y símbolos del equipo”, señala la investigación.

Mientras la Alcaldía de Bogotá ha contribuido a legitimar esos territorios al dar el estatus de dirigente a algunos integrantes de las barras y con dineros públicos se pintó el estadio con los colores de esas organizaciones, la policía concentra a los barristas en un sitio determinado.

Una de las conclusiones es que, por lo general, la violencia —una de las manifestaciones más distintivas de las barras—, es de carácter simbólico hacia los demás barristas, aficionados, equipos, árbitros y la policía. Estas acciones son símbolos inteligibles en el lenguaje barrista o en general del fútbol.

Aunque existe una idea general en las personas ajenas a las barras de fútbol sobre que se ejerce una violencia que trasciende el mundo del deporte, la investigación arroja resultados que controvierten este pensamiento colectivo.

“Toda violencia física y no física ejercida por los barristas es simbólica, pues se encuentra codificada y funciona como un lenguaje pleno de significaciones. Esta violencia se inscribe en el contexto de los partidos, que representan un tipo de ritual urbano para los barristas. Se puede afirmar que la violencia barrista no es exacerbada, se trata sobre todo de una violencia controlada”, explica la investigación.

Un ejemplo de ello es la lucha cuerpo a cuerpo, el uso de piedras, garrotes y armas blancas y no de armas de fuego en las que no se presenta un contacto corporal entre los agresores. Todas las acciones violentas son siempre pruebas de aguante o resistencia y de pertenencia al grupo. Es decir, la violencia funciona como un lenguaje cuyo fin es defender un territorio o el prestigio, escenificar la identidad y demostrar la pertenencia al grupo.

“Se puede evidenciar que la violencia barrista funciona como un sistema de intercambios entre barristas (agresiones, cantos, venganzas por razones de disputa territorial o deportiva) donde la utilización de códigos comunes de comunicación (actitudes, marcas, amenazas, peleas, etc.) define los espacios de las barras en la sociedad. Este sistema es posible ya que se deriva de la práctica del fútbol, un deporte que refleja la sociedad”, señala Clavijo.

Barristas e identidad

“La identidad de los barristas en general funciona como sentimiento de pertenencia que se renueva durante el espacio ritual del partido. Este sentimiento funciona en dos sentidos: uno hacia la ciudad o región y otro hacia el propio grupo en tanto se es miembro de él. Se fortalece y se renueva gracias a unas prácticas sociales que se inscriben en un espacio ritual, pero también al reconocimiento individual y colectivo de inclusión al grupo y de exclusión a otros grupos. Este reconocimiento también proviene de la sociedad y del Estado, por ello, ciertos códigos de comunicación barrista son reconocidos socialmente”.

Como resultado de la interacción con los integrantes de las barras, la investigación concluye que los jóvenes buscan a través de estos grupos la inclusión que la sociedad en general les niega. En ellas son ‘alguien’, tienen una identidad y un sentimiento de fidelidad extremo, en este caso por un equipo de fútbol.

“Podemos afirmar que las prácticas barristas como su organización, acciones y símbolos, permiten pensar el fútbol como un espacio propicio para la toma de conciencia de los jóvenes barristas acerca de su existencia social como grupo contestatario”, concluye la investigación.


Para leer más:
Estudio de barras bravas de fútbol de Bogotá: Los Comandos Azules, Jairo Clavijo, Universitas Humanística, N. 58, P.U.J., Bogotá, jul. – dic. 2004. Disponible en: https://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/universitas/58.html
 

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En Bogotá: salud sin barreras para los desplazados

En Bogotá: salud sin barreras para los desplazados

Si bien los desplazados han sido objeto de numerosos estudios en Colombia, pocas veces se abordan los problemas de salud y acceso a servicios de dicha población, particularmente vulnerable. De ahí que plantear la posibilidad de “mejorar la efectividad de las políticas de protección social en salud para la población en situación de desplazamiento forzado por la violencia asentada en Bogotá, 2004-2006” sonaba a desafío. Y sigue siendo un reto para el equipo interdisciplinario liderado por Amparo Hernández-Bello, médica y magíster en administración de salud del Departamento de Administración de la Universidad Javeriana, y los docentes Román Vega, Marta Lucía Gutiérrez, Ofelia Restrepo y Luigi Conversa de las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Políticas y Medicina de la Javeriana, además de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud, Luis Jorge Hernández y John Ariza.

El equipo se propuso incidir en la formulación de esta política pública tan urgente en Bogotá, capital receptora del mayor número de desplazados del país (entre el 13 y 15% del total).

Colombia es la segunda nación en el mundo, después de Sudán, en desplazamiento forzado, y la primera con esta catástrofe humanitaria entre los países vigilados por la ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados).

“Estar de parte de la gente” fue el punto de partida de los investigadores. Para ellos, los desplazados suman a su condición de víctimas del conflicto armado la de excluidos de los derechos sociales básicos, por lo que están más expuestos a factores de riesgo en salud y bienestar que otras poblaciones marginadas. Requieren de un trato diferencial en razón de su etnia, género y edad, si se considera que la mayor parte de desplazados son mujeres y niños, indígenas y afrocolombianos; pero, sobre todo, un modelo de atención en salud que permita superar las barreras de acceso más frecuentes, como son la dificultad del registro oficial (entre otras razones, por carecer de documento de identidad), el desconocimiento de los trámites, la falta de atención de los funcionarios y otras barreras económicas, geográficas y culturales de aceptación y reconocimiento de la condición de víctimas de un conflicto persistente.

Las localidades de estudio —Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Engativá, Bosa y Suba— se seleccionaron basadas en información de la Personería Distrital y de la Secretaría de Salud sobre condiciones de vida y tamaño de la población en condición de desplazamiento.

Desplazados en Bogotá: peor que antes

Desde un primer momento, la Secretaría Distrital de Salud se vinculó al proyecto que financia conjuntamente el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Canadá (IDRC) en el marco del programa conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre extensión de la protección social en salud en América Latina. En esa primera fase se hizo el acopio de información —que aún no se había hecho— para dimensionar el problema en Bogotá. Se aplicó una encuesta de 90 preguntas en hogares, donde se indagó sobre el perfil demográfico, condiciones y dinámica del desplazamiento y todos los posibles factores de riesgo para la salud y la vida digna tales como: vivienda, ambiente, alimentación, educación y empleo. Se entrevistaron 3.785 personas de 800 familias, 400 receptoras (no desplazadas, habitantes de Bogotá) y 400 desplazadas. De esta manera, se evidenció que, aunque todos son pobres, hay unos más afectados y con menos posibilidades de acceso a los servicios de salud en el distrito capital.

La encuesta demostró que el desplazamiento afecta diez veces más a las minorías étnicas y que los desplazados son en su mayoría mujeres, niños y jóvenes. Habitan en condiciones precarias, en zonas de alto riesgo, hacinados y con menor acceso a servicios públicos; de hecho, el 64% de la población desplazada declaró que su vivienda hoy es peor que donde vivía antes de migrar: un 48% se aloja en inquilinatos, frente a un 32% de la población receptora. La población desplazada tiene 1,5 veces más riesgo de ser analfabeta y desempleada, y la mayoría vive del empleo informal en mayor proporción que la población pobre no desplazada. Además, los desplazados dejaron de ser productores de alimentos, para comprar lo que pueden y comer lo que tienen.

En cuanto a la salud, aunque tienen mejores niveles de aseguramiento comparados con los lugares de origen, la cobertura es menor que en la demás población pobre y vulnerable de las localidades estudiadas, reciben menos beneficios que los afiliados del régimen contributivo, tienen más barreras geográficas, administrativas y económicas de acceso a los servicios —expresadas en un menor uso de servicios—, y la mayoría tiene una mala percepción sobre la atención que ha recibido, razón que aduce para no utilizar los servicios de salud, además de la distancia y la falta de dinero y de tiempo.

Para lograr un diseño consensuado de una política en salud basada en la equidad, se contrastaron los datos arrojados por la investigación cuantitativa con las percepciones de los distintos actores involucrados en el tema —académicos, tomadores de decisiones, líderes comunales, población desplazada, representantes de la red pública hospitalaria, ONG, agencias internacionales, Iglesia, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social)— y, con la información de entrevistas, focus group y talleres con las comunidades. Todo este acervo documental, obtenido con un enfoque metodológico plural, constituye una fuente imprescindible para conocer los problemas de la población desplazada, y para su difusión los investigadores han realizado más de 35 productos, entre conferencias, talleres, publicaciones nacionales e internacionales y congresos.

Comienza una nueva etapa

Para concluir el estudio previsto hasta abril de 2008, los investigadores cuentan con el compromiso de la Secretaría Distrital de Salud desde agosto de 2006 —cuando el proyecto se presentó en el Congreso Mundial de Salud Pública realizado en Brasil y se reafirmó la voluntad de continuar hasta la definición de los lineamientos en la formulación de la política pública de salud para las víctimas del desplazamiento forzado que viven en el distrito capital—. La misma voluntad fue expresada por los cinco secretarios de salud con quienes fue necesario renovar los acuerdos, filosofía y metodología del proyecto desde su inicio en el año 2004.

Hasta el momento, el proyecto ha influido en el reconocimiento de la variable de “desplazado” en el sistema de información de salud y en la inclusión de la ficha anexa sobre desplazamiento que se diligencia en el programa “Salud a su hogar” de la Secretaría de Salud donde además se incluyen modificaciones en el proceso de atención a esta población. También se construyeron rutas de acceso a la salud, a partir de la experiencia de la gente y de la distancia con los ideales normativos, a semejanza de los ejercicios realizados por la Defensoría del Pueblo, entidad con la que el proyecto ha mantenido estrecha relación.

Asimismo, tras identificar las principales barreras para la atención en salud en la capital, el proyecto abogó por la definición de nuevos mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de salud de la población no incluida en el Registro Único de Población Desplazada, RUPD (antes SUR), y en el periodo de gracia de tres meses para recibir los beneficios de la atención que contempla el Plan Obligatorio de Salud, POS, como se viene aplicando desde enero de 2006 en Bogotá.

Y aunque Colombia es uno de los pocos países que tienen un marco legal para restituir los derechos de la población vulnerada y un plan de atención, “los recursos son insuficientes y el desplazamiento no cesa”, como dice Hernández-Bello. De hecho, el 35% de los encuestados reportó no haber recibido ayuda de la Red de Solidaridad Social (RSS). Ante el predominio de una política asistencialista en salud —en detrimento de la prevención y el aseguramiento—, la falta de un enfoque diferencial en la atención, la brecha entre la norma y la práctica, más el escaso presupuesto, investigadores y afectados claman por un cambio en el modelo de protección social y de atención integral en salud.

No hay que olvidar que los riesgos más altos se presentan en la salud mental (por el estrés postraumático de la situación vivida y el estrés de la situación actual) y la salud sexual reproductiva de esta población en condición de desplazamiento, que podría ser nuevamente víctima, pero esta vez de una emergencia sanitaria compleja.


Para leer más:
Hernández-Bello, Amparo; Vega-Romero, Román, Más allá de la diseminación: lecciones de la interacción entre investigadores y tomadores de decisiones en un proyecto de investigación en Bogotá, Colombia. Cadernos de Saúde Pública, 2006, vol.22, suppl, p.S77-S85, ISSN 0102-311X. Disponible en www.scielo.br www.accionsocial.gov.co ww.codhes.orgwww.disaster-info.net/desplazados/

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Inmigrantes colombianos en Canadá: cuando el territorio nos pone a prueba

Inmigrantes colombianos en Canadá: cuando el territorio nos pone a prueba

Los territorios hacen parte de lo que son las personas. No obstante, muchas veces esta influencia solo se hace evidente cuando, por alguna razón, se debe trasladar la vida a otro lugar. En ese punto, la migración aparece como una experiencia que confronta al ser humano, que le permite reconocer prácticas y gustos que se conformaron en virtud del territorio del que procede y que, una vez en el exilio, deben ser reconfigurados basándose en los códigos del nuevo territorio. Un proceso que demanda gran capacidad de adaptación, lo cual —por fortuna— parece ser un rasgo constitutivo de la naturaleza humana.

Motivada por la riqueza que encierran estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, Flor Edilma Osorio, docente del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana, realizó la investigación “Experiencias de ruptura y reconstrucción vital de inmigrantes económicos y refugiados colombianos en Québec, Canadá”. Este estudio modesto, que abarca el decenio comprendido entre 1995 y 2005, es el primer acercamiento al tema de las migraciones internacionales que hace Osorio, quien se ha dedicado a estudiar las migraciones internas, y de modo particular, el desplazamiento forzado.

La experiencia de haber viajado a Francia, en condición de estudiante, generó en Osorio varias preguntas que la impulsaron a investigar sobre esas transformaciones trascendentales que suceden al abandonar un territorio y empezar a apropiar un nuevo espacio. “Estar fuera permite reconocer los miedos propios y nos hace conscientes de cómo miramos y cómo nos miran”, señala la investigadora.

Al entender que un territorio es la “construcción social que articula relaciones sociales con el espacio y que, por lo mismo, supera las fronteras nacionales”, resulta evidente que la experiencia de la migración es un juego de tensiones entre la costumbre —que de repente resulta inoperante— y lo nuevo —que deja de ser extraño para convertirse en propio—.

Basada en esto, la investigación atendió particularmente tres procesos sociales que se presentan de forma simultánea y que abarcan la dinámica de ruptura y reconstrucción que tiene lugar en el proceso de migración: la construcción de la acción colectiva, del territorio y de la identidad.

El estudio señala que, según el censo de 2005, el número de colombianos residentes en el exterior es de 3.331.107, cifra que evidencia la relevancia de los movimientos migratorios de nacionales en los últimos años.

Un equipaje que pesa más de lo que parece

La investigación se centró en el caso de los inmigrantes colombianos en la provincia canadiense de Québec, donde —según el censo del 2001— este grupo ocupó el sexto lugar, aun cuando en el período 2000-2004, en Sherbrooke y Trois Rivières, ciudades de esa misma región, ocupó el primer lugar y en la ciudad de Québec, el segundo.
Sin embargo, la presencia de colombianos en Québec no se traduce en la existencia de redes sociales sólidas. Por el contrario, algunos optan por el anonimato como una estrategia para desprenderse de todo vínculo con el país, así como muchos otros prefieren limitar su círculo social a familiares y amigos que también están radicados en Canadá.

Pero, de acuerdo con el estudio, hay una razón de ‘peso’ que subyace a esta construcción de colectividad tan particular: la historia de más de 40 años de conflicto armado interno con la que carga el país. Osorio señala que este antecedente es el rasgo particular que determina el modo en el que tienen lugar los procesos de construcción de acción colectiva, identidad y territorio de los colombianos en Québec, y por eso advierte que las relaciones entre inmigrantes colombianos están mediadas por “la sensación de desconfianza permanente hacia el otro-otra”.

De este modo, el caso colombiano hace evidente que la construcción de identidad en esa región de Canadá no solo se basa en las rupturas, puesto que las continuidades también juegan un papel definitivo. Por eso el colombiano extrapola en Québec algunos de los prejuicios y estereotipos que se manejan en Colombia, como los relacionados con la clase social y la región de procedencia. De ahí que para el inmigrante resulte importante saber quién era en Colombia el otro: dónde vivía, quién es su familia y cuál es su formación profesional.

“Uno se trastea en la maleta todos los prejuicios y las ignorancias que tiene”, señala Osorio. Paradójicamente, mientras los inmigrantes colombianos se preocupan por establecer este tipo de distinciones incluso entre los refugiados y los que planearon hasta el más mínimo detalle de su traslado a Canadá, para el canadiense todos los colombianos que viven en Québec reciben el mismo rótulo: inmigrantes. No importa si a su arribo a Québec ya había un apartamento amoblado y una escuela para los niños, o si por el contrario, su traslado a Canadá lo sorprendió y llegó únicamente con seis mil pesos en el bolsillo.

El colombiano solo es un inmigrante y en esa medida es objeto de un tipo de discriminación que, aunque sutil, afecta el proceso de reapropiación del territorio, porque “uno nunca piensa que puede ser objeto de exclusión hasta que se enfrenta a ello”, según lo explica Osorio. De ese modo el colombiano se enfrenta a la dificultad de tener que adaptarse a una nueva lengua, unas leyes diferentes y un clima invernal en el que los días resultan ‘largos y tristes’.

En ese contexto, existen algunas expresiones de la capacidad de acción colectiva de estos colombianos, como la participación en grupos culturales y de tipo económico o empresarial, que no son tan frecuentes tal vez porque existen barreras como “las memorias de los miedos y los peligros, que no son gratuitos para nada y que pesan en nuestras vidas y las cargamos con nosotros, a veces sin percibirlo y que estarían limitando la reconstrucción de un tejido social”, anota la investigadora. Razón por la cual tal vez son más habituales las redes microsociales o las fiestas nacionales que aparecen como escenarios para reencontrarse con otros compatriotas y disfrutar de la danza, la música y la comida típica, como un modo de recrear la atmósfera del territorio que se extraña en la distancia. En estas celebraciones los símbolos patrios adquieren mayor valor para los inmigrantes.

Teniendo en cuenta los límites de la investigación y las preguntas que quedan abiertas a partir de este abordaje, Osorio propone en el cierre de su trabajo “avanzar en la realización de contrastes y comparaciones con inmigrantes colombianos en otros países, y con inmigrantes de otros países con situaciones similares a Colombia”. La investigadora considera interesante acercarse a la experiencia de los migrantes africanos, puesto que dicha población comparte con Colombia un contexto de “guerras irregulares y confusas”, que permitirían identificar similitudes con nuestro caso.
De ese modo, Osorio deja abierto un camino para futuras investigaciones que le hagan justicia a esas transformaciones “silenciosas, pero absolutamente profundas” que se producen durante los procesos de desterritorialización y reterritorialización.


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La incidencia paramilitar en los recientes procesos electorales colombianos

La incidencia paramilitar en los recientes procesos electorales colombianos

En un primer momento el objetivo del investigador Rodrigo Losada, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, fue observar el nivel de participación y de abstención ciudadana teniendo en cuenta la presencia de los grupos armados y sus implicaciones en los resultados electorales en el ámbito municipal.

Ya en una ponencia inédita, leída en un foro organizado por su facultad en 1997, Lozada había concluido que en 334 municipios de los cerca de 1.000 que tenía el país en ese entonces, la acción de los actores armados —tanto guerrilla como paramilitares—, hizo perder todo significado democrático a la elección de autoridades locales. Es decir, allí no tuvo lugar un proceso electoral libre, competitivo y limpio. Este texto es la semilla de lo que podríamos considerar la primera fase de su investigación que abarca sucesos desde 1988 hasta el año 2000, una época en que las FARC progresivamente extendieron su presencia en el territorio colombiano.

De ese trabajo surgió la publicación “Violencia y elecciones en Colombia: año 2000”, donde se hace un detallado análisis de la conducta de las FARC frente a los comicios de alcaldes de ese período, y en particular se documenta cómo, en aquellos municipios en los que este grupo armado contaba con mayor presencia, “se combinaron todas las formas de lucha” para incidir en el proceso electoral, y someterlo a las preferencias de las FARC.

En una investigación posterior, titulada “Elecciones libres deshechas por los violentos”, publicada en 2005, Losada concluyó que así como la influencia de la guerrilla originó una notable disminución en la participación electoral, exactamente lo contrario sucedió en las zonas con influencia paramilitar. En estas, la fuerte presencia de las autodefensas está asociada con niveles de participación electoral claramente más altos que el promedio nacional del respectivo año.

Casi de manera simultánea y con el apoyo de Fernando Giraldo y Patricia Muñoz, trabajó en la elaboración del Atlas sobre las elecciones presidenciales de Colombia 1974- 2002. La publicación presentó una serie de mapas para analizar territorialmente la evolución de las fuerzas políticas durante el período estudiado y rescató algunos factores de orden espacial que pudieron haber condicionado el comportamiento electoral en las diversas regiones del país. En esos mapas se puede apreciar la distribución espacial del voto, lo que no se logra mediante encuestas.

En particular, en las elecciones de 2002 se detectó con claridad que, sin importar qué tan extenso es un municipio o qué tan alto o bajo sea su PIB, el municipio ubicado en zonas vulnerables a la acción de las alzados en armas tiende a participar en las urnas en menor proporción que el resto de los municipios colombianos. Otro hallazgo tiene que ver con la votación por el candidato ganador en esa elección, Álvaro Uribe: independientemente de si un municipio fuera muy poblado o no, mostrara una fuerte tradición conservadora o no, se encontrara ubicado en la Costa Norte o no, los municipios más asediados por la acción de la guerrilla tendieron claramente a votar en menor proporción por Uribe que los del resto del país.

Primeras implicaciones políticas de la reinserción

Para lo que podríamos abordar como segunda fase, Rodrigo Losada le apuntó a entender qué se puede esperar en el campo político electoral teniendo en cuenta la incidencia de los diversos grupos de autodefensa, estén o no en proceso de reinserción, con miras a las elecciones tanto de Congreso en 2006 como de alcaldes en octubre de 2007.

Con ese fin realizó un análisis del comportamiento de los municipios colombianos en las elecciones al Congreso del año 2002, con el apoyo de un grupo de ocho estudiantes. Haciendo uso de la metodología del análisis ecológico, es decir, teniendo en cuenta todo el entorno, se emplearon cuatro meses en el estudio mismo, habida cuenta de que ya existía un banco de datos electorales con cerca de un millón de cifras, que Losada ha venido actualizando desde 2001 gracias al apoyo de algunos de sus estudiantes y de colegas de su facultad en la Javeriana.

Mediante la consulta sistemática de las estadísticas tanto electorales como de violencia política, referidas a los municipios del país, el investigador pudo detectar conductas extrañas en los comicios del 2002 para Senado. Por ejemplo, al competir 313 listas para escaños en dicha corporación, en un grupo importante de municipios, una sola lista —no siempre la misma— alcanzaba a llevarse el 75%, el 90% y más, del total de los votos. Y lo más curioso del hallazgo es que en esos mismos municipios la influencia de los paramilitares era indiscutible.

Más aún, saltó a la luz otro fenómeno inquietante. Si se examina el porcentaje de votos en blanco de municipios con escasa presencia de actores armados en la época, por ejemplo, los del departamento de Risaralda, se observa que en ellos el porcentaje de votos nulos oscila entre un 3,2% y un 7%. En contraposición, en la mitad de los municipios de un departamento como Magdalena, el porcentaje de votos nulos se movía entre 0,3% y 2%, literalmente.
Lo que realmente resultaba sospechoso es que en los mismos municipios donde la votación en blanco había sido excepcionalmente baja, allí la presencia paramilitar era fuerte y la votación por una lista había sido excepcionalmente alta. Esto con un ingrediente adicional: los municipios que mostraban porcentajes inusitados a favor de una lista, lejos de estar dispersos en varias partes del departamento, se concentraban claramente en una región y colindaban entre sí.

Es más, la votación para Cámara de Representantes en esos mismos municipios repetía, casi al pie de la letra, los patrones extraños de comportamiento recién comentados, en relación con la votación para el Senado. En otras palabras, se registraban allí fenómenos electorales totalmente atípicos que sugerían con claridad un fraude, o un despliegue de medidas coercitivas contra los electores o contra las autoridades electorales, o una combinación de uno y otro.
En su trabajo más reciente, realizado con su colega Patricia Muñoz, consignado en el mapa de riesgo de fraude electoral y entregado a la Misión de Observación Electoral (MOE) para su difusión, el profesor Losada analizó el comportamiento electoral de los municipios del país en los recientes comicios para el Senado de la República. En esta ocasión, concentró su atención en las irregularidades más graves detectadas en materia de votos en blanco, votos nulos y tarjetas no marcadas, y pudo así identificar 64 municipios con un fuerte indicio de conductas claramente irregulares, y otros 90 con un mediano indicio de las mismas. La casi totalidad de estos municipios coincide con estar ubicada en zonas donde los paramilitares habían consolidado su presencia, o todavía la tienen, o ha sido sustituida por nuevos actores armados.

Estrategias electorales de los paramilitares

Basado en todo lo anterior, Losada detectó tres tipos de comportamiento de las autodefensas en relación con los procesos electorales, que van desde el modelo hegemónico, con el que recurren a todos los métodos incluso los violentos para hacer elegir sus candidatos; pasan por el modelo de predominio dentro de competencia restringida, en el que los paramilitares tienen un candidato preferido y permiten otros candidatos pero sus opositores han sido neutralizados; y llegan hasta un modelo de indiferencia electoral, en el que no dejan ver indicios de interés en una candidatura específica.

Los fenómenos citados por el informe, así como los nombres de los implicados, coinciden con las investigaciones que por estos días se adelantan en el país en desarrollo del denominado proceso de parapolítica.

Estos hallazgos hacen pensar que, si en el año 2006 se manifestaron las serias irregularidades recién aludidas, cabe temer que en las elecciones de octubre de 2007 pueda suceder lo mismo. Solo con la participación ciudadana, colige Losada, podrá ponerse coto a las irregularidades detectadas en el trabajo. Tenemos, pues, aquí una investigación de indiscutible relevancia para la actualidad política del país.

Tres tipos de comportamiento de las autodefensas en relación con los procesos electorales:

• El modelo hegemónico con el que recurren a todos los métodos, incluso los violentos, para hacer elegir sus candidatos.
• El modelo de predominio dentro de competencia restringida en el cual los paramilitares tienen un candidato preferido y permiten otros candidatos, pero sus opositores han sido neutralizados.
• El modelo de indiferencia electoral en el cual no dejan ver indicios de interés en una candidatura específica.


Para leer más…
+“Violencia y elecciones en Colombia: año 2000”, Rodrigo Losada, en Colombia. Elecciones 2000, Fernando Giraldo, Rodrigo Losada y Patricia Muñoz (eds), Centro Editorial Javeriano, Bogotá, 2001, pp. 27-50.
+“Elecciones libres deshechas por los violentos”, Rodrigo Losada, en Libertad o seguridad: un dilema contemporáneo, Fundación para la Seguridad y Democracia, 2005.
+Atlas sobre las elecciones presidenciales de Colombia 1974- 2002, Rodrigo Losada, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
+“Las implicaciones electorales de la reinserción política de las autodefensas”, Rodrigo Losada, en Papel Político, vol. 11 n. 1, 2006, pp. 11-45.
 

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Publicidad y modernidad en la primera mitad del siglo XX

Publicidad y modernidad en la primera mitad del siglo XX

Este estudio, realizado por un grupo de investigadoras del departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana, consistió en la recolección y análisis de 700 anuncios publicitarios difundidos por los periódicos El Nuevo Tiempo y El Tiempo, y por las revistas Cromos y Semana, en el período comprendido entre 1900 y 1950.

Los resultados de la investigación muestran cómo estos relatos publicitarios contribuyeron a que una parte de la sociedad colombiana encontrara nuevas maneras de hacer y proceder que dieron lugar a una nueva dinámica, no solo en la relación social, sino en el mundo de la producción y el consumo.

En sí, la investigación evidencia cómo la publicidad tuvo mucho que ver con el paso de un orden tradicional, basado en el régimen de servidumbre, la producción para el autoconsumo, la superstición, la fe religiosa y la resignación frente al destino, a un orden moderno sustentado en la libertad, los derechos, la producción industrial y la confianza en el desarrollo científico y tecnológico.

Desde este punto de vista, el papel de la publicidad fue básicamente contribuir a la desarticulación del mundo imaginario de lo tradicional, en abierta contradicción con el consumo, y a la visualización de un mundo en el que las mercancías, nacionales y extranjeras se hicieran consumibles.

De ahí que aparte de promocionar la licuadora, la radio o la lavadora, la publicidad de la General Electric, por ejemplo, hablara de la electricidad que hacía posible el mundo de ensueño, gracias a la cual quedaban atrás los padecimientos, esfuerzos y dificultades de una vida doméstica a la que la mujer parecía irremediablemente atada en el tiempo de la tradición.

El nuevo tiempo al que aludía la publicidad proporcionaba a los individuos bienestar y felicidad, dos estados que se consiguen —desde el punto de vista del relato publicitario— a partir del consumo de bienes y servicios con los que todo se hace no solo más fácil y rápido, sino más abundante, más bello y más placentero.

Ciencia y tecnología en la cotidianidad

Los soportes donde todo este “mundo de ensueño del consumo” estaba sustentado eran, sin duda alguna, los desarrollos científicos y tecnológicos, a cuyo discurso la publicidad apelaba de manera recurrente, no solo para explicar las propiedades de las mercancías que promocionaba, sino también para investirlas de legitimidad ante los consumidores.

En adelante, por ejemplo, la publicidad de medicamentos que aludía a las fórmulas curativas de la abuela, daría paso a la publicidad que anunciaba medicamentos científicamente producidos, con fórmulas clínicamente comprobadas y socialmente aceptadas.

En esta dirección, la publicidad, como la escuela, empezó a desempeñar una función “iluminista” pues la promoción de mercancías invitaba a los consumidores a depositar una confianza en todo aquello que proviniera del desarrollo de la ciencia y de la tecnología.

Desde esta perspectiva, los profesionales de la publicidad justificaban su trabajo en gran medida por la necesidad de socializar un saber acerca de las mercancías, de cómo funcionaban, de qué estaban hechas y de qué beneficios podrían reportar a los consumidores en términos de bienestar y reconocimiento social y cultural.

Publicidad y vida social: entre el problema y la solución

En lo fundamental, la publicidad llama la atención sobre tres asuntos que evidencian cómo la vida social en Colombia se transformaba. Primero, la artificialidad de la vida moderna; segundo, la aceleración de su ritmo; y tercero, la posibilidad de movilizarse socialmente a través del estudio y del trabajo.
Con respecto al primero, la artificialidad de la vida moderna, la publicidad muestra cómo por la variedad y complejidad de objetos que poblaban la vida del individuo, este era sometido a una situación extraña para él, que lo desubicaba, lo cambiaba de lugar y lo retaba de manera permanente. Este nuevo contexto lo invitaba a ser distinto, a desear, a calcular, a comprar, a buscar la felicidad y el bienestar en el consumo de aquello que la misma publicidad le proponía, pero también, a trabajar más, y a ser más disciplinado y productivo.

En relación con el segundo, la aceleración del ritmo de la vida moderna, la publicidad evidencia cómo, al enfrentar al individuo con situaciones extrañas, los nuevos tiempos generaban angustias y ansiedades que trastornaban de manera inevitable el funcionamiento no solo de su parte emocional sino también de su parte corporal. Hecho que provocaba todo tipo de molestias, desde los nervios alterados hasta los más intensos dolores de cabeza o estomacales, aunque lo importante, según la publicidad, era la existencia de formas para eliminar estas molestias con el uso de los medicamentos que ella misma promocionaba.

Finalmente, la posibilidad de movilizarse socialmente mediante el estudio y el trabajo da muestras del modo en que la publicidad —especialmente de centros de educación formal y no formal— llamaba la atención sobre cómo la modernidad se había convertido en el tiempo de las oportunidades para conseguir un futuro y una vida plenos, al mejorar no solo los ingresos sino la condición social en la medida en que abría las puertas a eso que hoy conocemos como la sociedad de consumo.


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www.javeriana.edu.co/redicom/proyectos.htm
 

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