Pasaron más de 300 días y Colombia no ratificó el Acuerdo de Escazú

Pasaron más de 300 días y Colombia no ratificó el Acuerdo de Escazú

Treinta días. El artículo 163 de la Constitución Política de Colombia establece que los trámites de urgencia de un proyecto de ley propuesto por el presidente de la República deben resolverse en el Congreso en máximo treinta días. El 20 de julio de 2020 Iván Duque radicó la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, el pasado 20 de junio finalizó el periodo legislativo y el convenio no se sometió a votación, lo que significa que su ratificación se hundió en el Congreso sin siquiera estar en la agenda.

Algunos senadores como Iván Cepeda insistieron en la necesidad de incluirlo en las sesiones extraordinarias, pero no se hizo y con esto Colombia incumplió un compromiso internacional que ya había sido asumido el gobierno de Iván Duque.

Recientemente, con el inicio de la nueva legislatura, y aunque ha sido en las comisiones segundas del Congreso en donde se ha discutido el acuerdo, la Comisión Quinta (a quien le competen temas ambientales) citó un debate de control político para que el Gobierno aclare qué gestiones ha hecho para ratificar el acuerdo. Sin embargo, el futuro del acuerdo en Colombia aún no es claro, pues a pesar de que la intención expresa del ejecutivo es ratificarlo, aún no hay fechas para su votación.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es la forma corta de nombrar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, entre ellos, Colombia.

El documento plantea algunos objetivos para proteger el medioambiente y a quienes le apuestan a su conservación en América Latina y el Caribe al garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, así como a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

La propuesta también procura “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Se trata del primer convenio regional en materia de políticas ambientales y, como lo sostiene en el prólogo del acuerdo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “tiene el potencial de catalizar el cambio estructural y dar respuesta a algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos. Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”.

¿Cuáles son los aspectos claves?

“En principio, el objetivo del acuerdo es fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano”, explica Natalia Gómez Peña, abogada con máster en Estudios Legales Internacionales de la American University Washington College of Law, oficial de incidencia para América latina de Civicus (una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo) y representante del público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.

Para Gómez Peña este instrumento es clave porque sienta unas bases regionales en regulación ambiental. “Hay una gran diferencia entre los estándares de unos países frente a otros. Argentina tiene una ley de acceso a la información específica para el sector ambiental, Colombia cuenta con leyes generales de acceso a la información, pero hay otros del Caribe que no las tienen, así que es una unificación de estándares”.

Además, según Gómez Peña, el acuerdo también brinda instrumentos de cooperación internacional para facilitar la implementación y seguimiento de estos compromisos.

Más garantías para los defensores del medioambiente

En julio de 2020, el mismo mes en el que Iván Duque llevó el acuerdo al Congreso, la ONG Global Witness documentó que en 2019 Colombia fue el país en el que más defensores del medioambiente fueron asesinados: 212. Además, el Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a problemáticas ambientales ubica al país en el sexto lugar, con 130 casos reportados, detrás de India, Brasil, Estados Unidos, México y China.

Atlas de Justicia Ambiental

La situación para los líderes ambientales en Colombia es alarmante pero no es menor para los otros países de la región, pues 7 de los 20 países con más casos reportados en el Atlas de Justicia Ambiental, son latinoamericanos.

“El Acuerdo de Escazú da protección a los activistas ambientales, quienes están siendo amenazados y asesinados”, explica Carlos Devia, profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. “Este acuerdo da más garantías al acceso a la justicia ambiental porque pondría bajo la mirada internacional todo lo que sucede en términos ambientales en Colombia”.

Y es que el documento señala y destaca el papel que desempeñan aquellos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que en ocasiones son vistos como “piedras en el zapato” del llamado “progreso”. “Muchos de los ataques a defensores y defensoras se dan en un marco de estigmatización y criminalización, donde los Estados no reconocen su rol sino que les dicen opositores al desarrollo y se les criminaliza, así que el acuerdo le hace frente a ese discurso y propone una narrativa más positiva”, explica Natalia Gómez Peña.

Para la abogada, aparte del reconocimiento de su labor, el acuerdo logra avances en términos de acceso a la justicia ambiental, pues “habla de autoridades y cortes especializadas. Este tipo de tratados, al ser ratificados, entrarían a ser parte del ordenamiento jurídico nacional, lo que hace que su cumplimento sea exigible en las cortes”.

¿Por qué no se ratificó el acuerdo de Escazú?

Principalmente porque no fue considerado por el legislativo como un tema prioritario, lo que llevó a la dilación de las discusiones y a que no se votara, aunque el presidente Iván Duque haya radicado la propuesta con mensaje de urgencia.

La Comisión Segunda del Senado, en donde se llevó a cabo el debate sobre la ley que sancionaría el Acuerdo, hacia finales del año pasado, realizó varias sesiones en las que participaron, además de los congresistas, representantes de los empresarios y colectivos ambientalistas.

En la sesión del 4 de noviembre de 2020, por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, intervino diciendo que había “comunidades que exigían la consulta previa del Acuerdo, entre ellas, comunidades afro, el Consejo Comunitario Mayor del Río Pepe, el Consejo Comunitario de Curvaradó y el Consejo Comunitario de Llanobajo”, y que por eso aún no tenía una postura de apoyo o rechazo, puesto que hacía falta una socialización del documento.

Sesiones de discusión sin votación

Desde entonces se convocaron varias sesiones en las que la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) y el Consejo Gremial Nacional, por ejemplo, han recomendado archivarlo o rechazarlo.

Las razones que expusieron pasaron desde la vaguedad en algunos términos usados en el documento hasta el argumento de que Colombia ya tiene mecanismos robustos de acceso a la información y justicia ambiental.

“Nos preocupa ese artículo (el 7.2), porque sería casi que extender la consulta previa a cualquier proyecto. Desde abrir un pozo profundo a permisos para mover tierra, eso nos generaría presión, sobrecostos y la frontera agrícola que se quiere desarrollar va a ser afectada”, intervino Carlos Eduardo Gómez, presidente de FENAVI.

El artículo reza que “cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones (…) relativos a proyectos y actividades (…) que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”. Para el presidente de FENAVI la vaguedad está en el concepto de “impacto significativo”.

Por su parte, Sandra Forero, expresidenta del Consejo Gremial Nacional, aseguró en la sesión del 23 de noviembre de 2020 que “en Colombia ya hay un marco normativo suficiente que garantiza muchas de las cosas que plantea el acuerdo, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Eso está en el acuerdo, pero Colombia ya lo tiene”

Pero para Rafael Jaimes, de la Fundación Agenda Social para el Cambio de Norte de Santander, “es falso decir que el Estado colombiano tiene herramientas suficientes para garantizar el derecho del acceso a la información y de participación de las comunidades. En Norte de Santander es conocido el caso de la sentencia T880 que le ordenó a Ecopetrol la suspensión de la explotación mineroenergética en el pozo Álamo 1 en la comunidad del pueblo indígena motilón barí. Esta tutela se dio porque no hubo un mecanismo de consulta ni de participación que permitiera a las comunidades fijar su posición y ser consultada”.

Otra de las preocupaciones que expresaron los empresarios fue que el Acuerdo no puede tener modificaciones, así que de ratificarse, hay que suscribirlo en su totalidad. “El artículo 23 establece que no se pueden hacer reservas. No participamos, no nos notificaron y cuando levantamos la mano por la vaguedad del idioma nos estigmatizan por no querer proteger el medioambiente”, señaló el presidente de FENAVI.

¿Cuál es el paso a seguir?

Natalia Gómez Peña también es la autora del informe Colombia y el Acuerdo de Escazú, en el que detalla el proceso que duró más de ocho años. “Desde 2016, la posición de Colombia fue, generalmente, regresiva, con los argumentos de que ya tenía leyes de acceso a la información, de participación ciudadana ambiental. Hubo un artículo sobre la creación de un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento en el que se estaba pidiendo que la sociedad civil y el público pudiera mandar comunicaciones acerca del cumplimiento o no, y eso no se incluyó por países como Colombia”.

Por su parte, para el profesor Carlos Devia, “el Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta perfecta para salvaguardar intereses de orden nacional asociado a los recursos naturales que están siendo cooptados por unos pocos y de manera irregular. La mitad del país son mares, la cuarta son bosques, pero no hay un compromiso real sobre el uso adecuado de esos recursos y se están perdiendo. Los defensores de ellos se convierten en piedras en el zapato para las personas que quieren hacer usos inadecuados de esos territorios, son objeto de persecución y asesinato. Si se ratifica sería un acto muy claro del gobierno de comprometerse con la sociedad y los recursos naturales”.

 

La alternativa es que el Acuerdo de Escazú vuelva a ser parte de la discusión en el siguiente periodo legislativo.

Carta a la nación: 7 propuestas para la transformación social colombiana

Carta a la nación: 7 propuestas para la transformación social colombiana

Algunos medios internacionales como El País, de España, BBC Mundo y France 24 califican de estallido social la situación colombiana de los últimos meses. Lo que comenzó como una muestra de rechazo de la ciudadanía a una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de la clase media, se fue escalando y acrecentando y ni el retiro del proyecto ni la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fueron suficientes para calmar los ánimos.

Ya los manifestantes no marchaban por la reforma tributaria, sino por la de la salud, la precariedad de las condiciones laborales, por los más de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza y por la falta de acceso a la educación pública y gratuita, por el asesinato de líderes sociales y otras razones que al unísono conformaron un descontento nacional.

Carta a la nación colombiana
Fotografía: Shutterstock

Es la primera vez durante el siglo XXI que el país registra un paro de esta duración (más de dos meses, pues comenzó el 28 de abril), y las salidas dialogadas aún no llegan a buen término, pues ni el Comité del Paro (que reconoce que no representa a todos los ciudadanos descontentos), ni el presidente Iván Duque, quien solo cuenta con el 16 % de aprobación según la encuesta más reciente de Datexto, han encontrado la forma de hallar consensos que marquen el camino para solucionar los problemas estructurales que llevaron al país al estallido social del que hablan no solo medios internacionales, sino académicos locales.

“Colombia atraviesa por una profunda crisis social, económica y política que se expresa a través de grandes movimientos sociales de diferentes intensidades, modalidades, espacios y tiempos”, reza el preámbulo de la Carta a la Nación, un documento de siete puntos que busca crear espacios y conducir hacia un verdadero diálogo nacional e intersectorial para atender los principales problemas de esta crisis que se visibilizó en medio de la pandemia de la covid-19.

¿En qué consiste la Carta a la nación?

El estallido social en realidad no comenzó el 28 de abril. Las masivas manifestaciones de noviembre de 2019 revelaron este descontento histórico generalizado y la Pontificia Universidad Javeriana supo tomar atenta nota de lo que sucedía. A raíz de esa problemática, creó el espacio Foros javerianos sobre la coyuntura y el futuro de Colombia.

Carta a la nación colombiana

Fotografía: Shutterstock

Desde entonces (y con la pandemia en medio) se han realizado seis foros distribuidos en 22 sesiones que han abarcado temas como la inequidad de la educación colombiana, activismo y movimientos sociales, avances y enfoques para la paz.

Esos temas, sumados a otros cuantos, se encuentran en la misma línea de las sugerencias que siete rectores de igual cantidad de universidades colombianas le hicieron el pasado 5 de mayo a los diferentes actores coyunturales para superar esta crisis.

De las experiencias de los foros más la intención de los rectores por brindar aportes desde la academia surge la Carta a la nación, un documento para construir una Colombia “en paz, democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible, en un momento en que la sociedad reclama urgentemente la voz de la academia”.

Pesquisa Javeriana divulgó una a una las iniciativas y las dispuso un micrositio especialmente creado para visibilizar el proyecto. A continuación puede leer los 7 puntos de la Carta a la nación.

1: Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento.

Durante décadas se ha discutido sobre las amplias brechas entre la educación rural y urbana y pública y privada en Colombia. Como si estos rezagos no fueran suficientemente problemáticos, en 2020 llegó la pandemia de la covid-19 y con ella los estudiantes, por más de un año, dejaron de asistir presencialmente a clases, lo que incrementó la desigualdad en el acceso a educación de calidad.

En esta propuesta, las profesoras Luz Karime Abadía, Alba Lucy Guerrero y la editora de Pesquisa Javeriana, Lisbeth Fog, proponen abordar una discusión planteada en seis puntos para asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables.

Las propuestas van desde implementar una formación ética, política, ciudadana y de las emociones en donde se puedan gestionar en clave de democracia emociones como el miedo y la ira, hasta impulsar unos currículos más pertinentes ante los retos actuales y ejecutar acciones para la disminución de las inequidades, educar a través del reconocimiento de la diversidad y motivar una construcción colectiva de la pedagogía nacional a través de pilares como la educación rural y el acceso equitativo al conocimiento.

Para consultar el texto completo de este punto puede entrar al micrositio desarrollado por Pesquisa Javeriana o hacer clic aquí.

Si quiere leer todo el documento puede hacer clic aquí o consultar el micrositio en el cual Pesquisa Javeriana reúne todos los documentos que invitan a la ciudadanía a involucrarse más en la acción democrática colombiana.

2: Ideas sobre la constitución

Bibiana Ortega, Juan Felipe García y Tania Luna, profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana proponen re/activar la reflexión sobre el sujeto nacional que refrenda su voluntad política de vivir bajo el gobierno del Estado social de derecho.

Esto se lograría, según su iniciativa, entendiendo que Colombia no necesita una nueva constitución sino garantizar su cumplimiento. Además, recomiendan darles mayor poder local a las comunidades, en donde las veredas, comunas y corregimientos, por ejemplo, tengan mayor protagonismo en el ordenamiento territorial, que actualmente se basa en la dicotomía departamento/municipio.

Por otro lado, los académicos invitan a hacer un esfuerzo más profundo en devolverle la confianza a las instituciones y en ejercer la democracia más allá de solo votar, haciendo uso de la protesta pacífica y exigiéndole tanto a políticos como entidades de control y medios de comunicación que asuman sus responsabilidades con el Estado social de derecho.

Si quiere leer todo el documento puede hacer clic aquí o consultar el micrositio que Pesquisa Javeriana desarrolló para reunir todos los documentos que le apuestan a que la ciudadanía se involucre más en la acción democrática colombiana.

3: No estigmatizar la protesta social pacífica, propuestas para la transformación social colombiana

La estigmatización de las manifestaciones en Colombia y la represión estatal que en ocasiones vulnera el ejercicio de este derecho llevó a la profesora Marcela Ceballos y a los profesores Andrés Dávila y Norberto Hernández a proponer tres caminos con el objetivo de salvaguardar el derecho a ejercer una protesta pacífica.

Para superar la estigmatización, los académicos proponen reconocer la movilización y la organización social como formas de participación política legítimas y que se les garantice a quienes se movilizan el reconocimiento de ser unos interlocutores políticos válidos, para que la protesta deje de verse una amenaza para el orden público. Además, insisten en el cumplimiento de los mandatos constitucionales que protegen el ejercicio de la protesta pacífica y en la incorporación de otros documentos, como el Acuerdo de Paz y retomar la discusión sobre el Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica.

Entre otras ideas, Ceballos, Dávila y Hernández subrayan la urgencia de reformar la Policía Nacional, reforzando su carácter civil, revisar los protocolos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y abrir un diálogo con los sectores que no se sienten representados en un comité del paro.

Para conocer todo el documento puede hacer clic aquí o entrar al micrositio de la Carta a la nación creado por Pesquisa Javeriana.

4: Juventudes colombianas, inclusión e incidencia para la trasformación

Que las juventudes son el futuro de todas las sociedades es una idea que se convierte en paisaje cuando, con esta frase cliché, se evade la necesidad de entenderlas con sus problemáticas en tiempo presente. Por ejemplo, actualmente la juventud colombiana agrupa casi a once millones de personas, de las cuales, el 49.3 % ni trabaja ni estudia y, de estos últimos, la mitad abandona su educación por falta de recursos.

¿Qué hacer por esta población que representa al 33 % de los colombianos? Las profesoras Martha Gutiérrez, Minerva Campión y los profesores Ricardo Delgado y Mateo Ortiz plantean una hoja de ruta distribuida en cinco ejes. El primero, la protección de la vida enmarcada en un seguimiento de violencias y derechos humanos. El segundo, a través de la participación juvenil, con garantías de incidencia y confianza en las instituciones. Los demás pasan por ideas de institucionalidad pública para la juventud, trabajo, salud y derechos sexuales y reproductivos.

Si quiere saber cómo plantearon estas propuestas que ayudarían a robustecer las políticas públicas del futuro de la sociedad, no dude en hacer clic aquí o en entrar al micrositio de la Carta a la nación.

5: Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática

Los profesores Pedro Valenzuela, Manuel Sarmiento y el director del Instituto de Estudios Interculturales de Javeriana Cali, Manuel Muñoz, reconocen que el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y las Farc en el 2016, tiene carencias, pero también incluye puntos y mecanismos de gran utilidad para la construcción de una paz sustentable en Colombia.

Carta a la nación Acuerdo de paz
Foto: Gabriel Leonardo Guerrero / Shutterstock

En ese sentido, los académicos argumentan la necesidad de garantizar la financiación del acuerdo que tiene puntos enfocados en, por ejemplo, la protección de los territorios y el capital biológico, cultural y político de comunidades indígenas y afro, además del fortalecimiento del diálogo entre la sociedad civil (históricamente afectada por el conflicto armado) y las instituciones, en donde cobren valor las asambleas comunitaria, comisiones municipales, un plan nacional de derechos humanos y la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.

Uno de los enfoques que proponen los académicos es no ver la paz solo como un silencio de las armas sino como una superación de situaciones estructuralmente violentas de pobreza, desigualdad, marginación y exclusión. Si hace clic aquí puede conocer más al respecto. También puede ver este y otros puntos de la Carta a la nación en este enlace.

6: Diálogos, deliberación y acción política por la salud de las poblaciones

Que se tenga que recurrir a una acción de tutela como último recurso para que las diferentes entidades de salud presten, por mandato de juez, el servicio esencial que están obligadas a cumplir, habla de la inseguridad que en ocasiones ofrece este sistema en Colombia. ¿De qué forma mejorarlo? El profesor Jaime Moreno, el director del Instituto de Salud Pública, Rolando Peñaloza y el decano de la facultad de Medicina, Carlos Gómez, tienen algunas ideas.

Carta a la nación: salud

Fotografía: Juancho Torres / Agencia Anadolu

La primera va encaminada hacia fortalecer los programas de salud pública y de atención primaria con enfoques que entiendan la diversidad en cuanto al territorio, las etnias, géneros, jóvenes, y adultos mayores con atención domiciliaria. La segunda idea es integrar las políticas de salud con las sociales para entender esta problemática como transversal y no independiente. Los académicos también hacen algunas propuestas sobre la garantía del financiamiento del sistema con el fin de garantizar los derechos de acceso y calidad del servicio de salud.

La coyuntura de la pandemia de la covid-19 más los retos de antaño que buscan? mejorar la salud en Colombia también han llevado a la posibilidad de construir una política y un plan nacional de reconstrucción de la salud y la vida.

Para saber más al respecto haga clic aquí o ingrese a este enlace.

7: Cerrando brechas históricas: agenda de políticas con enfoque de género para Colombia

Entre los reclamos históricos no atendidos que conllevaron al estallido social se encuentran algunos que a través del enfoque de género permitirían reconstruir la sociedad. Para este punto, las profesoras Paula Herrera, María Adelaida Farah, Juliana Flórez, Tatiana Sánchez, María Fernanda Sañudo, María Margarita Echeverry, Amparo Hernández, Juliana Morad y Ángela Fonseca, proponen 14 ideas para plantear políticas transversales con enfoque de género.

Las iniciativas van desde dignificar el trabajo doméstico remunerado hasta garantizar el empoderamiento integral de las mujeres rurales sobre la tierra. En este punto de la Carta a la nación también se contempla desarrollar una política criminal con perspectiva de género, además de incluir dentro de distintas políticas públicas la protección de las mujeres migrantes y fomentar esta perspectiva en organizaciones de economía solidaria.

Igualdad de las licencias parentales y consolidar beneficios pensionales para las mujeres también son ideas incluidas en esta propuesta que puede leer haciendo clic aquí o consultando el micrositio de la Carta a la nación.

Otra pandemia moderna: la basura eléctrica y electrónica

Otra pandemia moderna: la basura eléctrica y electrónica

En el 2019 los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) registraron 53,6 millones de toneladas, esto equivale a 7.3 kg por persona. Según el informe Global E-Waste Monitor 2020, de la Universidad de Naciones Unidas, los desperdicios aumentarán a 74,7 millones de toneladas y 9 kg per cápita para 2030.

En el mismo año, América produjo 13,1 millones de toneladas, de las cuales, solo 1,2 millones (9,4 %) tuvieron un proceso adecuado de recolección y tratamiento, a pesar de contener materiales preciosos como oro, plata, cobre o platino que podrían aprovecharse.

Destacado: Un hipopótamo pesa aproximadamente 1,8 toneladas. Ahora, imagínese 7,22 millones de hipopótamos. Ese sería el peso de toda la basura electrónica y eléctrica producida en el continente americano durante un año.

 “Desde un cepillo de dientes electrónico hasta una nevera o un automóvil pueden resultar siendo residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos”, explica Sandra Méndez Fajardo, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana.

Gestión de aparatos eléctricos y electrónicos

Fuente: informe Global E-Waste Monitor 2020 de la Universidad de Naciones Unidas.

¿Por qué contaminan?

 La respuesta rápida a esta pregunta es la mala gestión que se les da. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los RAEE más pequeños, como los teléfonos celulares, pueden acabar en los cubos de basura de las casas y eliminarse junto a otros residuos domésticos, lo que significa que terminarían en vertederos (como el relleno sanitario Doña Juana, en Bogotá) o incinerados, sin ninguna infraestructura para la gestión de sustancias tóxicas o el aprovechamiento de los materiales valiosos.

Por otro lado, los trabajadores del sector informal que se dedican a la reparación manual, renovación o desmantelamiento, especialmente de grandes electrodomésticos, en ocasiones ejercen sin los estándares técnicos y ambientales.

“A veces pasa el reciclador en su camioncito diciendo con su megáfono que recibe chatarra y aparatos viejos. Incluso ofrece subir él mismo por ellos. Muchos no saben cómo desbaratarlos sin liberar las sustancias que son problemáticas. Por ejemplo, sacan de un televisor lo que es valioso pero no saben que pueden liberar mercurio”, comenta Méndez.

Los problemas de salud

Solo el 17,4 % de los RAEE son recogidos y tratados adecuadamente en el mundo. En estos aparatos pueden encontrarse hasta 69 elementos químicos, incluidos materiales potencialmente tóxicos como plomo, mercurio, cromo, entre otros.

La investigadora javeriana explica que “el cadmio, por ejemplo, al ser liberado de forma no controlada puede ocasionar problemas de salud o puede contaminar suelos, aguas e incluso el aire. El primer caso documentado de intoxicación masiva por cadmio ocurrió en la cuenca del río Jinzü, en Japón, en 1912, también conocido como la enfermedad de Itai.Itai. La acumulación de esta sustancia ocurrió por el uso de fertilizantes fosforados en las inundaciones de fondo de cultivos de arroz, principal alimento de la población”.

Otro riesgo es la bioacumulación. Cuando alguna sustancia tóxica llega al mar o a los ríos, los peces la absorben, la acumulan en sus órganos y después pasan a ser consumidos por comunidades que viven de la pesca o se exportan a muchos lugares del mundo, puntualiza Méndez.

“Algo similar ocurrió con el mercurio en la Bahía de Minamata, también en Japón. Las actividades industriales contaminaron el agua de la bahía en donde, por procesos de bioacumulación y bioamplificación, el mercurio pasó de los peces a los habitantes de la región, al ser estos una de sus bases alimenticias”, añade.

 

Desechar dispositivos eléctricos y electrónicos

Fuente: Pesquisa Javeriana

El informe de la Universidad de Naciones Unidas expone que son los niños y quienes trabajan con residuos electrónicos y eléctricos potencialmente peligrosos los que más riesgo tienen de presentar problemas de salud.

En los niños, según diversos estudios, las principales consecuencias son la disminución del crecimiento, la alteración en el desarrollo neurológico, afectaciones sobre la función pulmonar, pérdida de audición y coagulación súbita de la sangre.

Por otro lado, quienes manipulan los RAEE se enfrentan a diferentes peligros. Múltiples investigaciones demostraron que pueden sufrir daños en el ADN , en los niveles de glucosa en la sangre, en la función hepática  y en los genitales masculinos, además de ocasionar problemas en el embarazo.

 

RAEE

Fuente: @Ecopartner Ltd

¿Por qué no hay una mejor gestión?

Según la Universidad de las Naciones Unidas el 82,6 % del destino de los RAEE es incierto. Además, los países de renta alta exportan de manera ilegal grandes volúmenes de basura bajo la apariencia de productos reutilizados.

“Un ejemplo importante es Ghana. Allá llegan millones de desechos electrónicos etiquetados como equipos de segunda, que en realidad son residuos. El mayor inconveniente está en las precarias condiciones para su tratamiento, lo que termina convirtiéndose en contaminación ambiental y fuente de problemas de salud”, explica Sandra Méndez.

Este movimiento transfronterizo de los residuos oscila entre el 8 y 20%.

Las oportunidades de los residuos

 La recolección y tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puede recaudar grandes sumas de dinero por la gestión de los materiales preciosos que contienen, lo que se conoce como minería urbana. Además, son fuente para la generación de empleos.

En 2019 el valor potencial de las materias primas de los RAEE llegó a superar los 57 mil millones de dólares, pero debido a la actual tasa de reciclaje se obtuvieron apenas 10 mil millones de dólares, es decir una quinta parte.

En la generación de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo (2019) se calcula que la gestión y el reciclaje de desechos sólidos proporciona empleo para entre 19 y 24 millones de mujeres y hombres en todo el mundo.

¿Cómo deshacerse de estos dispositivos?

Para la docente javeriana lo primero es no arrojar los RAEE en la bolsa negra de los desechos ordinarios o en las canecas de la casa. En Colombia hay diferentes planes posconsumo para entregar estos aparatos. Existe, por ejemplo, EcoCómputo, que gestiona residuos tecnológicos. También está Red Verde, que se encarga de recolectar y reciclar electrodomésticos como lavadoras, hornos microondas, aires acondicionados y neveras que han cumplido su ciclo de vida.

Además, las pilas que ya no sirven pueden depositarse en uno de los 4558 puntos de recolección de Pilas con el Ambiente, distribuidos en los 32 departamentos y 384 municipios. En cualquiera de los #PuntoLúmina más cercanos, presentes en más de 70 ciudades del país, es posible depositar bombillas ahorradoras, fluorescentes o hid (que contienen mercurio, sodio y haluro metálico).

Los celulares, computadoras y otros electrodomésticos son potenciales contaminantes ambientales cuando no tienen un buen manejo. Por eso, la recomendación de Sandra Méndez es informarse y llevar los residuos a los diferentes planes posconsumo que tiene el país.

Para conocer más sobre el sistema de gestión de RAEE en Colombia, incluidas las metas que el país se propuso para el 2035, le recomendamos consultar la Política Nacional para la Gestión Integral de RAEE, publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Junio de 2017, y cuyo diseño contó con el acompañamiento metodológico de la profesora Méndez como parte de su tesis doctoral y en el marco de la cooperación de Suiza con Colombia a través del programa Empresas Sostenibles de Reciclaje (SRI, por sus siglas en inglés)

“También hay que preguntarnos a quién le estamos comprando”, sugiere, y finaliza haciendo hincapié en el hecho de que fijarse en las etiquetas y sellos verdes de los productos podría garantizar una mejor degradación de los aparatos luego de que se desechan.

Las exposiciones de arte vuelven a la Universidad Javeriana

Las exposiciones de arte vuelven a la Universidad Javeriana

Llega a la Pontificia Universidad Javeriana la exposición Vida y diferencia en el vacío de los monumentos, que presenta proyectos de investigación y creación de once universidades del país.

Estas obras dan cuenta de los estallidos sociales de los últimos tiempos, especialmente en Latinoamérica, los cuales evidencian el deseo de la sociedad por alterar una normalidad política que desatiende las necesidades de la ciudadanía, dando lugar a la manifestación de múltiples resistencias interviniendo directamente el espacio público, e incluso, de monumentos como forma simbólica de protesta.

La exposición está abierta al público en la Galería del Edificio Gerardo Arango, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, del 21 de julio hasta el 5 de agosto, solo por tres días a la semana, a través de dos visitas guiadas por día, en el horario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Para asistir deberá realizar una inscripción previa (en este enlace), con el fin de controlar el aforo y acatar las medidas de bioseguridad para proteger a los asistentes.

¿Qué ver en la exposición?

Quienes visiten esta exhibición, desarrollada en el marco del IV Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad del 2020 que se extiende al día de hoy para apostarle al desarrollo de eventos presenciales, podrán encontrar 21 obras de artistas de Cali, Pereira, Pasto, Bogotá y Pamplona, “entre ellas hay videoarte, videoinstalación, ensamblaje escultórico, despliegues de archivo, fotografía, muestras de intervenciones en espacio público, entre otros”, señala Óscar Hernández, asistente para la creación artística de la Javeriana.

Exposición universidad Javeriana
Ensayo sobre el foto trampeo. Quinaya Qumir, Universidad Tecnológica de Pereira.

El evento, que se encuentra en cabeza de la Asistencia para la Creación Artística, cuenta con la curaduría de Sylvia Suárez y Ricardo Toledo y la participación de profesores del Departamento de Artes Visuales de la Javeriana. Busca darle continuidad a la iniciativa que comenzó con muestras como Artistas al tablero (2016) y Desmárgenes (2018), exposiciones que han querido visibilizar proyectos de investigación y creación de universidades colombianas a través de la producción en artes plásticas y visuales.

“Todas las formas que saltan a la expresión en la protesta y que se han visto en los últimos días con el paro nacional cuestionan privilegios, activan afectos reprimidos, convocan saberes olvidados, abren espacios de cuestionamiento y oposición a los poderes instaurados y, además, orientan a la creación de nuevas obras artísticas”, señala Hernández. Así, los reclamos y necesidades de la sociedad pueden convertirse en distintas expresiones artísticas que se reunirán en un mismo espacio.

Si quiere ver de forma digital las obras que se exhiben en la exposición puede consultar el Catálogo de Obras Artísticas de la universidad.

Tres puntos claves de la reforma tributaria elaborada por las universidades

Tres puntos claves de la reforma tributaria elaborada por las universidades

Tras la ola de inconformismo social y las múltiples protestas que generó el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional el pasado 15 de abril, el presidente Iván Duque se vio obligado a retirar dicha iniciativa y el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que renunciar.

Según lo expresado por el nuevo ministro, José Manuel Restrepo, se necesita recaudar cerca de 16 billones de pesos en el recaudo para el 2022 y garantizar un aumento superior para el 2023, por lo que una reforma no solo es necesaria sino urgente.

Sin embargo, al día de hoy parece no haber un consenso sobre cómo debería plantearse la nueva propuesta, pero, si en algo coinciden los académicos es en que el país necesita implementar cambios para aumentar los ingresos fiscales sin afectar el bolsillo de la clase media.

¿Cómo lograr este objetivo en medio de la que, para expertos como Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, es considerada la crisis económica más dura de la historia del país? Reyes asegura que las medidas que se adopten deben ser audaces, creativas y ambiciosas, y que no se trata de crear impuestos sobre impuestos.

La reforma tributaria de las universidades

Por eso la Red de Trabajo Fiscal, un colectivo compuesto por ocho organizaciones académicas y de investigación entre las que se encuentran el Centro Externadista de Estudios Fiscales, Dejusticia y el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, elaboraron el documento Una propuesta de reforma tributaria progresiva, la hoja de ruta para construir una política fiscal progresiva, es decir, una que le cobre un porcentaje más alto a quienes devenguen más dinero.

“Si yo me gano diez millones de pesos al mes y pago un millón en impuestos, y una persona que se gana cinco millones paga 500 mil pesos, la persona que gana menos paga el mismo porcentaje, así que no es un sistema tributario progresivo. Un sistema tributario progresivo implicaría que la persona que gana diez millones de pesos pague un porcentaje más alto que quien tiene menos ingresos”, explica Reyes.

La propuesta está encaminada a lograr consensos sobre puntos de gran polémica, como el impuesto a la renta de las personas naturales, de las empresas e incluye sugerencias para prevenir la evasión de impuestos, con lo que, según el documento, que se encuentra abierto al público, en el mediano plazo se podría aumentar sustancialmente el recaudo sin la creación de nuevos impuestos.

Reducción de impuestos

En esta iniciativa no se incluyen cambios significativos al impuesto al valor agregado (IVA) ni aumentos a ningún otro impuesto al consumo. Tampoco se tocan los ingresos de los trabajadores o los pensionados que ganen menos de seis millones de pesos.

Por otro lado, lo que sí propone es reducir los impuestos a las empresas pequeñas y medianas de 31 % a 24 %.

“Un elemento importante de esta propuesta es que es la única de todas las que se han presentado, con excepción de la del Gobierno, que viene con los artículos modificados; tanto así que, si el Ministerio de Hacienda tomara este articulado, lo presentara al Congreso y lo aprobaran, solucionaríamos el problema de recaudo que tenemos, obteniendo 20 billones de pesos eliminando beneficios tributarios a empresas y aumentando los impuestos de los colombianos de más altos ingresos”, agrega Reyes.

A continuación, Pesquisa Javeriana, a través de la voz de Luis Carlos Reyes, le cuenta sobre tres puntos clave de la iniciativa de la reforma elaborada por la Red de Trabajo Fiscal.

El impuesto a la renta de las personas naturales

La propuesta sobre este impuesto va encaminada en poner sobre la mesa unas condiciones más equitativas en las que las personas más ricas tributen de manera verdaderamente progresiva.

“Las personas que ganan más de un cierto monto cada año tienen que notificar al Gobierno cuáles fueron sus ingresos y tienen que pagar un porcentaje sobre sus rentas explica Luis Carlos Reyes, quien además señala que dicha renta puede provenir de muchas fuentes, no solo laborales sino las denominadas rentas de capital. Por ejemplo, “si yo soy el dueño de un local en un centro comercial y cobro arriendo por ese local, esa es una renta de capital” y debe notificarse.

Aquí la explicación:

El impuesto a la renta de las empresas

Si bien para los expertos el Gobierno planteaba una propuesta sensata en su proyecto, esta nueva versión, además de considerar los puntos positivos ya expresados en el antiguo proyecto, elimina las llamadas tarifas especiales, es decir, una serie de tratamientos preferenciales a empresas que no los necesitan; a esto se suma la eliminación del descuento del impuesto de Industria y Comercio (ICA), lo que beneficia a las pequeñas y medianas empresas y a las que no están generando utilidades.

Aquí la explicación:

Para que los que tengan que pagar, paguen

Según el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, la evasión o elusión de impuestos reduce de manera importante el recaudo, por lo que “la manera de combatir estas prácticas es empezar a ubicar cuáles son los tecnicismos de la ley en los cuales la gente se ha escudado para pagar menos impuestos. Esto pasa, por ejemplo, en casos como en los que algunas empresas, como las que pertenecen a las personas con más altos ingresos del país, aun siendo operadas por colombianos pero constituidas por fuera del país, son catalogadas legalmente como empresas extranjeras y reciben beneficios tributarios especiales”.

Aquí la explicación:

Para cerrar

Reyes argumenta que lo importante no solo es que esta propuesta la conozcan, por ejemplo, los congresistas, sino que la ciudadanía se pueda formar en una opinión estructurada, viendo que existen alternativas efectivas, pues la reforma que se implemente debe ser el resultado de un ejercicio de construcción colectiva en el que las voces de las personas de a pie, la sociedad civil, los pequeños y grandes empresarios y la academia aporten sus puntos de vista. “Nosotros estamos para ayudar a informar a la sociedad”, finaliza Reyes.

La Red de Trabajo Fiscal está conformada por el Centro Externadista de Estudios Fiscales, el Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; Cedetrabajo; Dejusticia; la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), el Centro de Pensamiento de Política Fiscal (CPPF) de la Universidad Nacional de Colombia, la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes.

Para leer la propuesta completa: clic aquí.

¿Qué le espera a la ciencia en Colombia con el nuevo ministro?

¿Qué le espera a la ciencia en Colombia con el nuevo ministro?

Si no fuera porque hay una comunidad científica que produce investigación y logra resultados, la ciencia colombiana estaría infectada, en cuidados intensivos y a punto de fallecer sin una posible vacuna que con varias dosis la recupere.

Ante el nombramiento de Tito Crissien como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación llovieron cartas de reconocidos organismos de ciencia en el país, editoriales y columnas de opinión aduciendo los casos de plagio en artículos científicos, entre otras actividades que generan dudas sobre la idoneidad del nuevo ministro.

“El nombramiento de un ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación debe consultar con estrictos criterios de competencia y ética, cualidades esenciales para que él o ella cuente con el respeto, la confianza y el apoyo generalizado de científicos, empresariado, comunidades, público en general, colegas ministros y otros funcionarios”, dice la carta de quienes actuaron como directores de Colciencias y dirigieron al presidente Iván Duque. “Las capacidades y ética de la persona escogida han de estar por encima de cualquier duda”.

“Un mensaje muy negativo”

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia) le preguntó al presidente Duque cómo es posible que un administrador de empresas con MBA sea coautor de un artículo científico sobre nanopartículas de carbón, lo que “requiere gran conocimiento en química inorgánica”. La firman su presidente, el físico Eduardo Posada Flórez y su directora, María Piedad Villaveces.

“Que el señor Crissien llegue a ocupar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en circunstancias que están lejos de aclararse, le haría grave daño a ese nuevo Ministerio cuyo funcionamiento debe estar orientado por los paradigmas internacionalmente aceptados de la investigación y la generación de conocimiento, partiendo del respeto a parámetros como rigor, excelencia, mérito, transparencia y confiabilidad”, dice la carta de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, firmada por el presidente del Consejo Directivo y exministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra y la directora ejecutiva Verónica Hernández.

Y la Junta directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFyN) expresó extrañeza y desaliento ante este nombramiento: “Esta designación constituye un mensaje muy negativo para la sociedad colombiana, y en particular para las nuevas generaciones, al ignorar prácticas antiéticas mundialmente rechazadas por la comunidad científica y académica”.

Pero no es la primera vez que hay controversia. Miembros de la comunidad científica tampoco reconocieron el nombramiento de la primera ministra Mabel Torres.

Tampoco han valido los argumentos de defensa de Crissien, quien niega el plagio. En entrevista con El Tiempo, el nuevo ministro de Ciencias dijo que su nombre fue incluido sin autorización en el artículo científico mencionado, e hizo énfasis en que en septiembre del año pasado inició un proceso legal para esclarecer el tema.

La mirada del gobierno

El gobierno habla de los aciertos y algunos investigadores colombianos trinan indignados por el rumbo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y se preguntan cuál ha sido el beneficio de haberle subido el estatus a Colciencias, qué pasa con las quejas de quienes han sido seleccionados en el programa de becas crédito para doctorados, y ahora, ¿cuál será el rumbo del Minciencias con Crissien como ministro?

Sergio Cristancho, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad desde hace unos tres meses, asegura que ha habido logros, como el aumento de laboratorios de biología molecular: hoy hay más de 90 ubicados en casi todas las regiones del país, como respuesta a la pandemia, financiados con recursos de regalías. “Han ayudado muchísimo en identificación, diagnóstico, mitigación de la pandemia y en el seguimiento incluso en los procesos de vacunación”.

Doctor en Psicología cultural y Ambiental de la Universidad de Illinois, investigador científico desde hace más de dos décadas y exvicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia, destaca también la puesta en marcha de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios entregadas a finales del 2020. “Ya se lanzó la [convocatoria]de bioeconomía y las de Colombia equitativa y Colombia productiva se lanzarán antes de que termine el año”, dice.

Cristancho considera que la comunidad científica colombiana se ha consolidado en los últimos tiempos, ofreciendo respuestas en muchas áreas del conocimiento a las necesidades del país.

En eso están de acuerdo muchos de sus miembros, entre ellos el vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Miguel Renjifo: “En las últimas dos décadas el fortalecimiento de las capacidades de investigación en el país es impresionante, así como la evolución en calidad de formación de los profesores en las universidades”. Es “sustancial”, complementa, porque es en las universidades donde se produce la mayor parte del nuevo conocimiento en el país.

¿Para dónde va la ciencia en el país?

Indudablemente Cristancho hace todo lo que puede. Pero es mucho lo que es necesario hacer. Por ejemplo, no hay una política de ciencia, tecnología e innovación desde hace varios años. Existe un documento CONPES que, dice Cristancho, está en revisión para ajustes, hay un decreto esbozado que define la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), pero la Corte Suprema declaró la inexequibilidad diferida a la ley que creó el Minciencias (Ley 1951 de 2019). Así que es necesario trabajar también para darle una respuesta a la Corte. Este punto además se lo recomendó especialmente el presidente Duque al nuevo ministro Crissien en el momento de posesionarlo.

“Me preocupa que a pesar de ser Ministerio, no tengamos una visión de largo plazo, ni peso político”, opina la exdirectora de Colciencias y hoy senadora María del Rosario Guerra. “Cuando hablo de peso político no es partidista, es voz ante la opinión pública, es dinámica frente a los ciudadanos de que este país está mirando hacia adelante, se está anticipando, se está preparando y está dando lineamientos”.

Por su parte Villaveces, de AvanCiencia, dice que lo primero que ha debido hacer el Minciencias era generar una política, pero en eso “no ha tenido liderazgo. Estamos viviendo con la política del siglo pasado”, le dijo a Pesquisa Javeriana.

El exviceministro e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, Diego Hernández, dejó un borrador de decreto que buscaba modificar objetivos, componentes y actores del SNCTI, e imprimirle una “gobernanza de alcance nacional y regional en términos de las instancias, composición, funciones, así como aspectos relacionados con su organización, relacionamiento, coordinación y cooperación, que permitan el logro de las metas propuestas y el fortalecimiento del sector”.

Todo esto lo debe liderar el Minciencias, de acuerdo con la exviceministra de Talento y apropiación social, Sonia Monroy, investigadora y profesora titular de la Universidad Nacional. “Yo creo que la presentación de la nueva ley es una oportunidad para hacer los ajustes en la nueva estructura”, dice; “de todas maneras, dado que uno de los problemas más grandes del SNCTI en este momento es la gobernanza, si el Ministerio no lidera, otra entidad lo hará”.

Los colombianos, la pandemia y la ciencia

María del Rosario Guerra es optimista cuando dice que gracias a tener un Minciencias, “hoy siento que cuando a alguien le hablan de ciencia y tecnología sabe que eso es importante para el país y que hay que apoyar y seguir trabajando”.
Villaveces la secunda: “Yo veo que hay un posicionamiento de la ciencia. No había una comprensión dentro de la sociedad de la importancia, de la relevancia, de generar procesos de investigación científica”. Y la pandemia ha ayudado a que los ciudadanos entiendan la importancia de la ciencia.
El senador Iván Darío Agudelo sugiere hacer ´viral´ la ciencia. “La pandemia nos cambió las preguntas”, dice; “las respuestas deben provenir de parte de la ciencia y de los científicos”.

Cristancho hace suyas las palabras del presidente Duque cuando dice que es necesario posicionar al país como una sociedad del conocimiento y entre los retos menciona “mejorar esfuerzos en comunicación pública de la ciencia para que la ciudadanía pueda tener una mayor comprensión de los aportes que hace la ciencia a los problemas estructurales del país”.

Pero lo que necesita Colombia son unos tomadores de decisión que realmente estén convencidos de la importancia de la ciencia porque, de acuerdo con el exsubdirector de Colciencias, Hernán Jaramillo, “un país que desprecia la ciencia no tiene futuro”.

Financiar la ciencia

Respecto a la financiación de la ciencia, Colombia está en deuda desde hace décadas y peor ahora por las consecuencias de la pandemia en los niveles económico y social.

“En el Presupuesto General de la Nación es donde quisiéramos tener de manera más permanente unos recursos disponibles. Pero con la situación de país sabemos que eso es difícil, entonces hay que buscar otras fuentes alternativas de financiación”, dice Cristancho, y menciona las bondades de los recursos provenientes de las regalías, los beneficios tributarios para el sector privado y la cooperación internacional. “La estrategia actual del Minciencias es consolidar alianzas y articular a los actores claves del Sistema”.

Los directores de Colciencias, conocedores de la situación, aseguran que “el Ministerio solo podrá impulsar el conocimiento como motor del desarrollo y la transformación de la economía y la sociedad si su financiación corresponde a las necesidades de un país que está comprendiendo el papel que puede desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación en asegurar el bienestar de sus ciudadanos”.

Renjifo lo dice en una frase: “Falta tener una inversión mucho más contundente en investigación y tener una institucionalidad más robusta”.

Corolario

La situación puede haber cambiado con la posesión del exrector de la Universidad de la Costa, CUC, como ministro. ¿Qué le espera entonces a la ciencia colombiana?

Queda la duda de si fue un avance lo que nos han vendido como la ´creación´ del Ministerio de ciencias. “No estábamos creando algo nuevo”, confesó a Pesquisa Javeriana el senador Iván Darío Agudelo, líder de la propuesta de tener un Ministerio de ciencias, “sino transformando a Colciencias en Ministerio”. Cambio de letrero, con un agravante. Prima un criterio de ajedrez político antes que las cualidades de los posibles aspirantes a ministro.

Una voz autorizada de la comunidad científica, la bacterióloga javeriana y miembro de la Academia de Ciencias, Susana Fiorentino, trinó: “Nos deja sin palabras que a pesar de las múltiples denuncias, Iván Duque haya hecho caso omiso de las recomendaciones de la academia, priorizando los intereses políticos por encima del hecho que Minciencias puede ser la luz en el camino del desarrollo sostenible del país”.

“Mucha gente de la comunidad científica creía, y a mí me parece un poco ingenuo, que el ministerio iba a solucionar los problemas”, asegura Villaveces, de Avanciencia. “Es un puesto más en el Consejo de ministros, pero si uno no tiene credibilidad, si uno no tiene una política clara y si uno no tiene recursos, pues se convierte solamente en que está sentado ahí nada más”.

Y recomienda tres puntos: más diálogo entre el ministerio y la comunidad científica sobre temáticas relevantes para el fortalecimiento de la ciencia en Colombia, que el ministerio lidere la promulgación de proyectos de ley ante el Congreso y lo tercero, “llevaría con mucha seriedad una política de ciencia y tecnología al Conpes para que tengamos un lineamiento claro desde el sector público hacia dónde va esa política de ciencia y tecnología en este país”.
Lo dijo Moisés Wasserman, comisionado de la Misión de Sabios: “Uno debe llegar a un cargo por ser importante, no para ser importante”.

¿Y la vacuna para sacar a la ciencia de cuidados intensivos? Velar siempre por la ética y la competencia académica como pilar fundamental para lograr resultados y proponer soluciones viables a los problemas del país, donde la ciencia, la tecnología y la innovación sean sus aportantes más idóneos y competentes.

Educación para la paz: una opción para reconocer a los que no han sido víctimas ni victimarios

Educación para la paz: una opción para reconocer a los que no han sido víctimas ni victimarios

En tiempos en que los crímenes contra líderes sociales se cuentan casi a diario y en que distintos actores violentos continúan sembrando el miedo en regiones que han sido estratégicas rutas del narcotráfico, la educación para la paz es una oportunidad de construcción de país, de darles trámite a los conflictos y de “liderar el futuro mientras emerge”. Así lo concluye la investigadora Sandra Liliana Londoño Calero, profesora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, en su investigación incluida en el libro Hacia la reconciliación: Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. 

Más allá de la firma del acuerdo entre el Estado y las FARC en 2016, son diversos los ámbitos que requieren atención para la construcción y consolidación de una paz estable y duradera. Entre esos retos se encuentran las formas de representación, narración y aprendizajes de medio siglo de conflicto, el más antiguo y extenso de Latinoamérica. 

Y en ese contexto, la socialización del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que se entregará a finales de este año, requiere de una pedagogía para que la sociedad se apropie de esa verdad que tendrá entre manos, diseñe mecanismos sobre cómo manejarla y reconstruya un futuro colectivo e incluyente. 

Eso sí, sin perder la utopía que tiene todo proyecto educativo. “No pretendo una idealización de la convivencia humana ni una ausencia de tensiones, sino una manera diferente de tramitarlas, resolverlas, gestionarlas, y de construir formas de convivencia que no sean violentas”. A eso, asegura la investigadora javeriana, debe apuntar la suma de las iniciativas de educación para la paz. 

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Experiencias de educación para la paz 

El capítulo escrito por la investigadora javeriana desarrolla una reflexión sobre las formas de construir paz. Para ello, presenta un estado del arte de iniciativas en Colombia llevadas a cabo en escenarios formales y no formales, desde el arte o implementadas en zonas urbanas y rurales. Entre sus hallazgos identifica que hay esfuerzos más robustos orientados a las ciudades, pero que lo son menos para el campo, a pesar de que las regiones rurales han sido las más azotadas por el conflicto. Por ello, plantea que una perspectiva de territorialidad e interculturalidad llenaría ese vacío. 

Igualmente, resalta los desafíos que tiene la Cátedra de la Paz, esa iniciativa gubernamental que, a través del Decreto 1038 de 2015, encarga a los colegios del país la tarea de desarrollarla en sus currículos. Uno de los retos es el perfeccionamiento en la asignación de los profesores que la imparten, pues, según la investigadora, falta formación e interés en muchos de ellos, y eso redunda en el desconocimiento de sus alumnos sobre estos temas. Los estudiantes deberían ser los llamados a transformar la narrativa de violencia en Colombia. 

La educación para la paz tiene que estar sustentada en la vivencia de la gente. Esperamos que el informe de la Comisión de la Verdad traduzca esa experiencia vivencial y plantee recomendaciones hacia una paz real, integral y duradera para Colombia. Alejandra Miller, Comisionada de la verdad 

 

Una excepción a la regla se encuentra en Tumaco, Nariño, con la apuesta que lidera Stella Rocío Ramírez Villegas, rectora de la Institución Educativa General Santander. En 2018, comenzó a implementar su tesis doctoral, en la que propuso lineamientos educativos para atender contextos de conflicto armado. Para ello, concibió la escuela como la ‘capa protectora’ de sus estudiantes, porque en ese lugar lograban suplir necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, o aislarse de los ‘héroes falsos’ que se encuentran en sus barrios o de la muerte violenta que los ronda con desconcertante naturalidad.  

Asegura esta profesora, con más de 36 años de experiencia docente, que con la Cátedra Paz y Sociedad, nombre que se le ha dado en Tumaco a la Cátedra de la Paz, han sembrado la semilla para la transformación de sus estudiantes desde preescolar hasta los últimos grados. Un resultado concreto de ello es que “ahora dialogan más en momentos de conflictividad, incluso entre chicos que hacen parte de los grupos al margen de la ley y otros que fueron desvinculados del conflicto”. Tanto la experiencia de Tumaco como las que se encuentran en todo el territorio nacional evidencian una amplia diversidad de propuestas de educación para la paz. Esto permite diferentes maneras de aproximarse a distintos públicos, como los adultos mayores, los jóvenes o los niños, explica la profesora javeriana en el artículo académico. 

Además, ese abanico de opciones permite pensar en “educar menos en una paz ideal y enfocarse en cómo se construyen paces locales, paces imperfectas que fortalezcan la convivencia y el diálogo social”. Esta perspectiva de sumar esfuerzos puntuales, como las propuestas territoriales, fortalece la gobernanza de los actores en la ruralidad y los empodera para nuevos diálogos sociales que se encaminen a la construcción de una paz imperfecta y que mengüen, entre otras tensiones, la extrema polarización del país.

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Educación para ‘los ofendidos’ 

En medio de la polarización, abundan ‘los ofendidos’, sentencia Sandra Liliana Londoño, haciendo referencia al concepto de la científica social Ivonne Leadith Díaz, también profesora de la Javeriana, seccional Cali. Estos ofendidos, dice, son “las personas que no han vivido directamente el conflicto, no son víctimas ni victimarios, pero se sienten afectadas y tienen una opinión sobre lo que se debería hacer (guerra o paz), conforme a sus valores y experiencia”. 

“El reconocimiento del otro y promover que las iniciativas de reconciliación surjan desde las comunidades son los principales aprendizajes del caso colombiano” Félix Arrieta, investigador español 

La educación para la paz, entonces, resulta ser una respuesta para esa gran parte de la población, con el fin de que no continúe siendo inadvertida en un proceso de paz reconocido mundialmente por centrar la atención en las víctimas directas. Para poner las cosas en perspectiva, bastaría decir que casi la quinta parte de Colombia ha sido víctima de la guerra, esto es, más de ocho millones de personas. ¿Y el resto de colombianos que no han tenido un vínculo directo con el conflicto, qué?  

De acuerdo con la investigadora, esta mayoría no está exenta de los daños colaterales, y la educación para la paz debe apuntar a esa gran población, a esos “40 millones de potenciales ofendidos”, para construir una paz sostenible y, también, para amplificar los mensajes a las nuevas generaciones en lo tocante a la no repetición, la reparación y la resignificación de las comunidades. 

Puntos de encuentro entre el País Vasco y Colombia 

Este libro es una publicación de “experiencias no comparadas, sino compartidas” entre el País Vasco (España) y Colombia, señala Félix Arrieta, uno de los autores españoles. Surgió de encuentros en Bilbao y en Cali, desde 2017, entre profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, y de la Universidad de Deusto. La idea no era comparar los conflictos, sino identificar historias en común para explorar reflexiones sobre alternativas de reconciliación.  

Para los investigadores javerianos, el País Vasco pudo transitar hacia otras realidades más rápidamente que Colombia, sin embargo, esta comunidad autónoma española continúa con una herida profunda arraigada en su pasado. Sin embargo, ha desarrollado más homenajes simbólicos y reflexiones colectivas sobre su situación. De todos modos, no es aplicable una comparación directa, pues “nosotros nos encontramos en momentos distintos, apenas estamos en una etapa de posacuerdo”, asegura Londoño Calero. 

Hay que apostarle a la interculturalidad: esa es la conclusión del libro. Sobre todo cuando se considera que el origen de los conflictos en Colombia está en las diferencias culturales y en los procesos históricos de despojo y de colonización de las tierras. Por ello, dice la investigadora, también hay que centrar la atención en “la educación propia, es decir, desde los valores y las perspectivas de los pueblos originarios y de las comunidades étnicas afro, indígena y rom, que conjugan no solo las aspiraciones de tener un mejor nivel de vida o un cambio económico, sino la pervivencia como sociedades y como cultura”. 

 

Para leer más: Arrieta, F. y Boffey, G. (eds.). Hacia la reconciliación. Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. Madrid: Los Libros de la Catarata. Ramírez Villegas, S. R. y Londoño Calero, S. L. (2020). La escuela y el niño como víctima del conflicto armado en Tumaco – Colombia. Jangwa Pana, 19(2). https:// doi.org/10.21676/16574923.3610

Ramírez Villegas, S. R. ., & Londoño Calero, S. L. . (2020). La escuela y el niño como víctima del conflicto armado en Tumaco, Colombia. Jangwa Pana, 19(2), 245–260. https://doi.org/10.21676/16574923.3610

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Un camino y múltiples recorridos en la educación para la paz en Colombia
INVESTIGADORA: Sandra Liliana Londoño Calero
Instituto de Estudios Interculturales
Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2017-2019

 

                          

¡El neoliberalismo tiene la culpa!

¡El neoliberalismo tiene la culpa!

El estado ―el colombiano― se escribe con e minúscula: con la vocal pequeñita, enana, menos potente. Un estado medio ausente y medio presente: ausente porque deja morir a sus gentes, presente porque mata a sus gentes. Un estado minúsculo.

Así́ lo escriben, lo describen y analizan las cinco investigadoras ―en femenino: politólogas, antropólogas y sociólogas― del reporte Los rastros del extractivismo y la violencia en el Alto Cauca entre 1990 y 2019.

“Esta investigación es una apuesta colaborativa junto con la comunidad: mostrando unas realidades, generando unos debates, nosotras, desde la academia, analizamos, proponemos y desarrollamos miradas sobre las formas de resistir y vivir la violencia”, dice la antropóloga e historiadora María Teresa Gutiérrez Márquez, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, vinculada al Departamento de Ciencia Política y directora de la investigación.

 

Vivir la violencia

En junio de 2019, Gutiérrez Márquez le propuso al Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (ORDPA) ―conformado por grupos de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario― un estudio para caracterizar la configuración del territorio de cuatro municipios del Alto Cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez y Jamundí́) desde sus contextos de violencia y movilización social. La pregunta era: ¿cómo se relacionan los procesos económicos, sociales y políticos con las formas de movilización social y las territorialidades entre 1990 y 2019?

Una vez aceptada la investigación, el primer paso fue recoger información histórica en campo, escuchando a los pobladores de estos territorios. Pero llegó la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y persistía la otra pandemia: la violencia. Así́, por seguridad y salud, las investigadoras decidieron crear una base de datos con fuentes secundarias: recurrieron a la prensa y a datos y cifras oficiales sobre la violencia en esos municipios. Durante cerca de un año buscaron y organizaron noticias del Archivo Digital de Prensa del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y con esta información construyeron una base de noticias agrupadas en categorías: contexto político, conflicto armado y delincuencia, movimiento social, calidad de vida e iniciativas de paz y memoria.

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Con base en lo anterior, trazaron los casos de desaparición forzada, los asesinatos selectivos, el despojo de tierras, las masacres, los desplazamientos y, entre otros, el número de áreas de hoja de coca cultivadas y el número de laboratorios de procesamiento de hoja de coca desmantelados por la fuerza pública. Registraron las acciones bélicas de los distintos grupos armados que intervenían e intervienen en la zona: desde la guerrilla de las FARC, el ELN, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y la disidencia de las FARC, hasta grupos paramilitares como el Bloque Pacífico, el Bloque Calima, los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo e, incluso, el Cartel de Sinaloa, de México.

Después de sistematizar los datos, definieron una base teórica que unificara el fenómeno de violencia en estos municipios. Ahí́ llegó el concepto de neoliberalismo multicultural y, con él, tres procesos que, según las investigadoras, configuraron estos territorios: el extractivismo de la industria azucarera, el extractivismo minero-energético y el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

“Desde nuestra perspectiva, estos procesos hacen parte de un proyecto neoliberal nacional en el que existen políticas culturales de reconocimiento de identidades (étnicas, en este caso), que se enmarcan en un modelo de desarrollo económico de carácter extractivo”, se lee en la investigación: “Las comunidades negras e indígenas y sus formas de tenencia de la tierra y el territorio no ‘cabían’ en ese ideal planteado por y para la agroindustria”.

 

“Nosotras, desde la academia analizamos, proponemos y generamos miradas sobre las formas de resistir y vivir la violencia”. María Teresa Gutiérrez Márquez

 

A esa ambivalencia entre el ‘desarrollo’ y las tenencias ancestrales de las tierras de los pobladores, sobre todo indígenas y negras, se le conoce como conflictos socioambientales: una tensión por el uso de la tierra y sus prácticas. Por ejemplo, con la llegada del neoliberalismo ―que se instauró en esos territorios a mediados del siglo XX, según las autoras―, se pasó, paulatinamente, de la finca tradicional a los parques industriales; del cultivo y la comercialización tradicionales de hoja de coca a la distribución y producción masiva de cocaína; de la explotación de la tierra con fines comunitarios a la explotación de la tierra para generar ingresos a unos pocos: empresarios y multinacionales.

“Consideramos que no ha sido una casualidad la confluencia de las dinámicas de la violencia en la región con la entrada y consolidación del proyecto neoliberal al país y a los territorios”, escriben las investigadoras.

Resistir la violencia: un territorio en disputa

Este es un año más. Durante la ultima semana de enero de 2021 y la primera semana de febrero, en Cauca, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), asesinaron a un excombatiente de las FARC y masacraron a tres personas en Argelia; encontraron el cuerpo sin vida del concejal de esta población, Fermiliano Meneses, a quien desaparecieron el 15 de enero; también secuestraron a dos indígenas en Caloto; asesinaron a un líder de derechos humanos en Corinto, y a un campesino y a sus dos hijos en Inzá; secuestraron a dos extranjeros en Páez.

Y más: desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el estado colombiano, en 2016, han asesinado más de 215 lideres sociales y más de 36 excombatientes en Cauca. En 2020 fueron asesinados ―en Cauca, también― 100 personas, entre líderes y comuneros.

“En Cauca existen, actualmente, más grupos ilegales que antes… y son más pequeños, inexpertos y jóvenes”, dice Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz, “en ese sentido, estos no solo están buscando control territorial, sino, también, control social. Por eso las amenazas y los panfletos de limpieza social ―contra prostitutas, homosexuales y drogadictos―, por eso el afán para meterse en las juntas de acción comunal, por eso las masacres. Y como son tantos grupos, las comunidades no saben quiénes son: no pueden contactarlos por temas humanitarios: para la entrada de medicina a sus territorios, para no usar las escuelas como cuarteles, por ejemplo”. Y concluye: “Las comunidades hoy están con más miedo… Aquí́ no hay alianzas. Aquí́ las tienen como enemigas. Aquí́ no se puede negociar”.

Así́, la profesora Gutiérrez Márquez dice que la violencia en Cauca no es una violencia coyuntural. En otras palabras, que la violencia es un continuum: que no es cuestión ―exclusivamente― de hechos presentes ―en un momento determinado―, sino que la violencia es histórica y política: desde un pasado que se arma en el presente, con distintos actores, con distintos líderes… Pero con las mismas víctimas ―la población― y los mismos intereses: la tierra.

“El enemigo cambia las formas de exterminarnos y milenariamente nosotros cambiamos las formas de resistir”, dice Aída Quilcué, consejera de derechos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Nosotros sabemos que los intereses de los grupos ilegales y del mismo estado son territoriales. Sí, porque el estado siempre ha sido operador de las políticas neoliberales, de las políticas extractivistas, y nosotros ―nosotros― seguimos resistiendo ante su presencia y ausencia”.*

Este es un año más. Para este artículo llamé 33 veces a Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena. Contestó tres veces: en las dos primeras coordinamos una cita telefónica, pero en ninguna logramos conversar. Cuando contestó por tercera vez dijo, apresurado, que habían secuestrado a dos compañeros indígenas en Caloto, y que estaba en territorio buscándolos: “Entenderá por qué no he podido hablar con usted”.


Para leer más: Arrieta Frutos, F. y Boffey, G. (eds.). Hacia la reconciliación. Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. Madrid: Los Libros de la Catarata.

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Los rastros del extractivismo y la violencia en el Alto Cauca entre 1990 y 2019: un problema socioambiental.
INVESTIGADORES: Lina María Ortega van Arcken, Luisa Fernanda Uribe Larrota, María Camila Jiménez Nicholls, María Teresa Gutiérrez Márquez, Natalia Abril Bonilla
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Departamento de Ciencia Política
Semillero de investigación Formalización de los Derechos de la Propiedad Agraria
PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 2019-2021

 

                          

Alerta tiburón: 1 de cada 5 arrecifes del mundo ya no tiene tiburones

Alerta tiburón: 1 de cada 5 arrecifes del mundo ya no tiene tiburones

Un estudio publicado en la revista Nature analizó más de 15 mil horas de grabación y concluyó que en el 20 % de los arrecifes seleccionados de diferentes regiones del mundo, no se observó presencia de tiburones. Dicha investigación se realizó en 371 arrecifes de coral de 58 países y tenía como objetivo conocer el estado actual de tiburones en estos ecosistemas.

Las primeras cifras preocupan a los científicos marinos. “El 59 % de las naciones (34 de 58) tenían puntuaciones de abundancia por debajo del 50 % de su expectativa regional, lo que sugiere que la pérdida de tiburones de arrecife es generalizada a nivel mundial”, se indica en la publicación.

¿Por qué hay menos tiburones?

La primera amenaza es la cercanía a mercados de pesca, señala el estudio. Cuánto más fácil sea el acceso a un mercado de pescado, se encontró que más bajos eran los indicadores de diversidad y abundancia de tiburones. El hecho de que haya demanda, así no sea directamente hacia los tiburones, puede desempeñar un papel importante.

El estudio también reveló que hay relación con el desarrollo económico de cada nación. Los países desarrollados generan mayores esfuerzos económicos para la conservación y la protección de estos animales.

Por otro lado, el documento señala a las Bahamas, Australia continental, Islas Salomón, Micronesia y Polinesia Francesa como los lugares con mayor número de especies e individuos avistados. Mientras que Qatar, República Dominicana, Colombia continental y Sri Lanka, como los lugares con peores calificaciones.

Una participación javeriana en el estudio

Andrea Luna, directora del Instituto Javeriano del Agua, participó por Colombia en esta investigación y señala que el proyecto partió de estudios locales que indicaban afectaciones en las poblaciones de tiburones. Sin embargo, no se podía hacer una estimación global por la deficiencia de datos en estas especies, por lo cual el proyecto Global FinPrint definió una metodología unificada para hacer un censo en diferentes arrecifes del mundo.

Explica la investigadora que hacer estos conteos es una labor complicada, pues los tiburones evitan estar cerca de los humanos, por lo cual hacer censos visuales mediante buceo, altera el resultado.

“Usamos una metodología innovadora (sistemas de video subacuático remotos con cebo) que se están implementando desde hace algunos años y que consiste en instalar una estructura con una cámara que se deja grabando durante periodos de tiempo determinados para luego analizar las grabaciones. Dicha estructura está dotada, además, de una carnada para atraer a los tiburones” afirma Luna.

Para complementar el estudio internacional se incluyeron análisis adicionales sobre algunas características socioeconómicas de las regiones, como las actividades económicas de cada país, su nivel de ingresos y si pudiese haber alguna correlación entre estas variables que afecten a los escualos.

La bióloga Luna sostiene que con este tipo de investigaciones es importante tomar decisiones que protejan a los tiburones, pues estos animales cumplen papeles fundamentales en los ecosistemas, ya que son predadores tope, los que están más arriba en la cadena alimenticia y ayudan a mantener en equilibrio las poblaciones de otras especies.

“Si ya no están o disminuyen los tiburones, las poblaciones de las cuales se alimentan, como peces herbívoros, pueden aumentar de manera considerable y van a afectar a otros organismos porque serán demasiados. Eso cambia completamente el equilibrio de las cadenas tróficas”, manifiesta Luna.

El caso de los tiburones en Colombia

En la investigación para Colombia participaron Camila Cáceres y Michael Heithaus, de la Universidad Internacional de la Florida, Esteban Zarza, de Parques Nacionales Naturales, y Andrea Luna y Hans Herrera de la Pontificia Universidad Javeriana. Luna, quien también es profesora de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales, apoyó el desarrollo de estas mediciones en Islas del Rosario y San Bernardo y los hallazgos contrastan significativamente con los registrados en los cayos de San Andrés y Providencia.

La zona costera Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo estuvo entre las de menor diversidad de tiburones en el mundo. Solo el 4.6 % de cámaras instaladas avistaron tiburones de dos especies. Por su parte, en la Reserva de Biosfera Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, el 70.4 % de las cámaras registraron tiburones de cinco especies diferentes, teniendo así el porcentaje más alto de la región y uno de los más altos del mundo.

¿Pero cómo se pueden explicar dos porcentajes de avistamiento tan diferentes en el mismo país? Para la docente Luna el principal factor tiene que ver con la facilidad de acceso de los humanos a la zona, a los recursos naturales y los impactos de sus actividades.

“En zonas costeras hay muchas más actividades humanas que pueden impactar los arrecifes coralinos, lo cual significa afectar también a las poblaciones de tiburones. En los cayos, al estar en mar abierto y lejos de la costa, el acceso es mucho más restringido y, por lo tanto, son menores los impactos del hombre, tanto en el ecosistema como en los animales”, explica.

Esta metodología comparativa, además de hacer el censo, permite analizar las medidas de protección y conservación que hay en cada región con el fin de replicar las que mejores resultados están dando en las zonas más críticas.

Tiburones en el mundo

Un problema social

Afrontar una situación como esta no es tarea fácil. La investigadora Luna asegura que se deben adelantar acciones desde diferentes frentes para recuperar las poblaciones de tiburones.

“Son un indicador general del estado de los arrecifes. Muestra no solamente que no son suficientes los esfuerzos de conservación dirigidos hacia los tiburones, sino que en general, los arrecifes en los que habitan no tienen condiciones óptimas”, dice.
En este sentido, lo más importante sería analizar cuáles son las actividades humanas que están generando mayor impacto a los arrecifes de coral, y a partir de ahí buscar estrategias que reduzcan dichos efectos.

Si bien este es un tema ambiental, las decisiones van más allá. Desde finales de 2020 está prohibida en Colombia la pesca de tiburones, esto con el objetivo de recuperar y proteger las poblaciones, pero Luna es crítica frente a este tipo de restricciones. Asegura que tomar esta decisión sin generar alternativas económicas de compensación para los pescadores de la zona hace difícil mantener la medida a largo plazo.

En estas zonas, algunas comunidades han vivido tradicionalmente de la pesca como única actividad económica, por lo que prohibir completamente la actividad genera un impacto social y económico.

Aclara que desde el punto de vista ecológico, prohibir puede ser la mejor opción, sin embargo, en este análisis debe tenerse en cuenta tanto el panorama social como el socioeconómico. “Para mí es la mayor falencia que ha habido, porque no se permite que se mantenga a largo plazo y posiblemente los habitantes volverán a pescar aún con más riesgos”, sostiene.

Manifiesta que los recursos destinados a velar por el cumplimiento de la normativa no son suficientes. Este control está a cargo de Parques Nacionales Naturales, pero el personal con el que cuentan parece quedarse corto para todo el territorio que hay que vigilar.
Por ello enfatiza en la necesidad de apoyar otro tipo de proyectos que las mismas comunidades han venido desarrollando, como actividades de ecoturismo que requieren acompañamiento estatal.

Lo importante es tomar acciones rápido, dice la investigadora. “Los tiburones llevan en el planeta 400 millones de años, han sobrevivido a las grandes extinciones masivas que ha sufrido la Tierra debido a cambios ambientales impresionantes y ahí siguen. Pero llegó el humano y apenas en unos años, la situación se volvió preocupante”, finaliza Luna.

Educar sin golpes en un país históricamente violento, sí es posible

Educar sin golpes en un país históricamente violento, sí es posible

Sofía*, una pequeña de tres años, mira el lapicero de color azul intenso que está sobre el sofá de su casa. Lo toma mientras su mamá está en la cocina y lo pasa sobre su rostro. Repite una y otra vez el movimiento y las manchas azules empiezan a quedar marcadas.

Ahora es momento de probar en la pared de la sala. Sofía camina con su mano firme en la pared y arrastra el lapicero (como si fuera un pizarrón) haciendo diferentes figuras que dan como resultado unas líneas desorganizadas. Al poco tiempo, Martha*, su mamá sale de la cocina y la ve. El llamado de atención empieza con un par de gritos, “Sofía, ¡qué le pasa!, ¡cómo se le ocurre dañar la pared!”. El regaño escala a un par de nalgadas, “eso no se hace, aprende o aprende”, le dice mientras la golpea.

El pasado 14 de mayo fue sancionada la ley que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes contra niños, niñas y adolescentes; de esta manera Colombia se convierte en uno de los 61 países que prohíben esta práctica.

El primero que lo implementó fue Suecia, en 1979, y según el informe de 2017 de la Organización Panamericana de la Salud, la iniciativa sueca tuvo un efecto positivo en la vida de los niños y las niñas de ese país. Los menores maltratados pasaron de 90 % a 10 % en un periodo de 35 años. Asimismo, los padres y madres dejaron de apoyar el castigo corporal como medida educativa, pasando de un 50 % a 10 %. Para 1990, el Consejo Europeo ordenó a todos los países de la Unión Europea crear y adoptar este tipo de leyes.

 ¿En qué consiste la ley en Colombia?

Se trata de una medida pedagógica y no punitiva que pretende crear herramientas para que las familias puedan conocer y aplicar otras dinámicas diferentes a los castigos físicos y el trato humillante en la corrección de sus hijos, explica Alejandro Ruiz, abogado, profesor de la Universidad Nacional y consultor en derechos de la infancia y la adolescencia, quien además hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana.

Para la psicóloga javeriana, experta en desarrollo infantil y familia, Olga Alicia Carbonell, “esta normativa viene acompañada de una estrategia pedagógica nacional de crianza sin violencias, lo que implica que todo el país, desde el Estado, la sociedad civil y la academia, como corresponsables, deberán estar comprometidos en el diseño de diversas propuestas y estrategias de intervención a múltiples niveles, entendiendo la diversidad de las familias colombianas. Por este motivo es fundamental la participación y escuchar las voces de las familias en el proceso de construcción de las diferentes estrategias de intervención para ir progresivamente logrando la aceptación y transformación cultural de estas prácticas”.

La medida despierta preguntas en algunos padres, quienes continúan en desacuerdo y escépticos de su efectividad. En una conversación grupal acerca del tema, Sandra*, una madre de un niño de seis años dice que “en los primeros años yo me prometí a no regañarlo ni pegarle, pero a medida que fue creciendo empezaron las pataletas en lugares públicos, como el centro comercial, y uno intenta hablarles, pero cuando no hacen caso, uno no se va a dejar ganar. Me tocó empezar a reprenderlo y entendí que una palmadita no le hace daño y sí lo endereza”.

Uno de los padres presentes apoyó el comentario, “yo también lo creo así, a mí me ha tocado con mi hijo. Mis papás lo hicieron conmigo y aquí estoy, nada me pasó. Además, ¡Eso no es de todos los días! Por más que uno quiera, a punta de diálogo no se puede”.

Al respecto, la doctora Carbonell asegura que esta ha sido la forma con la que por años se ha disciplinado a los niños y se ha educado en las familias, por lo que no es una práctica fácil de cambiar, ya que se ha normalizado y “no se cuestionan estas acciones para la corrección de los niños”, expresa.

“Las palmadas, el uso de la correa, de objetos para castigar a los niños, los gritos e insultos han sido considerados como parte esencial de la educación de nuestros hijos. No nos hemos detenido a pensar en las consecuencias de estas prácticas y en formas diferentes de educar”, Olga Alicia Carbonell, psicóloga javeriana.

¿Qué sucede en el cerebro del niño o niña cuando se le golpea o humilla?

El uso del castigo físico ha estado asociado a la autoridad de los padres para obtener el respeto de sus hijos. ‘Ah, si lo grito o le doy su nalgada ahí si me respeta y me hace caso’, pueden decir, y tal afirmación la cuestiona la experta Carbonell: “cuando un niño está haciendo algo que no está bien y el papá o la mamá lo tratan mal o le pegan, él o ella se detiene por miedo, pero no aprende por qué no debe hacer esa conducta. Esta práctica de disciplina impide que el niño interiorice los valores que fundamentan las normas sociales y morales, por tanto, se afecta el desarrollo social y moral”.

La ciencia ha demostrado que esta forma de crianza es poco efectiva y genera más daños que beneficios. Los niños, ante el grito o el golpe, se detienen, se paralizan, escapan e incluso actúan de forma agresiva, “estas son reacciones de supervivencia”, señala Juan Carlos Caicedo, médico, doctor en Ciencias Biomédicas en el campo de neurociencias y profesor de la Universidad Externado de Colombia.

“El castigo físico genera señales de alarma biológicas que elevan el cortisol (hormona del estrés) y la adrenalina, que está relacionada con reacciones primarias de ataque o huida. Es apenas normal que el niño o niña reaccionen de esta manera”.

Caicedo afirma que cuando un niño debe hacer una tarea difícil, la liberación del cortisol puede funcionar como un potenciador de la concentración, “pero por el contrario, el castigo físico genera unos picos de estrés que tienen un efecto acumulativo; a largo plazo ya no se envían las señales correctas al cerebro porque los receptores se han debilitado a tal punto que ya no son efectivos para reaccionar ante situaciones estresantes y se distorsiona el efecto que tienen estas hormonas, trayendo consecuencias negativas para la integración emocional y cognitiva”.

Además, Caicedo explica que el golpe o el grito va sumándose a aquellos recuerdos que hacen parte de la memoria negativa, en ese sentido, afecta estructuras del cerebro como el hipocampo y la amígdala temporal, que está relacionada con el sistema emocional y la memoria.

“Cada vez que el niño o niña recuerde que, por ejemplo, no debe robar, lo dejará de hacer o mentirá al respecto, no porque reflexione acerca de que eso está mal, ya que atenta contra los valores de la sociedad y vulnera los derechos de los otros, sino porque hay miedo y sabe que como resultado puede recibir un golpe y solo quiere evitarlo”.

La creación de un ser humano violento

La psicóloga Carbonell es enfática al decir que los niños tienen que entender las consecuencias de sus actos, pero, asegura, su aprendizaje no debe lograrse con correazos, palmadas ni gritos. “La base para educar a nuestros hijos tiene que ser la creación de una relación afectiva a través del diálogo, la comprensión de la situación, la confianza y el respeto mutuo”, comenta.

“Si yo necesito que el niño interiorice la norma y le pego, el miedo que le despierta el golpe lo hará evitar que el adulto lo coja, o en otros casos mentirá. A futuro pensará que golpear, gritar o humillar a los demás es legítimo para solucionar un problema, por lo que nosotros, los papás y las mamás, ahí habremos generado las condiciones, sin tener la intención, para que se desarrolle un ser humano violento”.

“Con esta ley voy a perder la autoridad”

Lo que tiene que quedar claro es que esta ley no les quita la potestad ni la autoridad a los padres de ser autónomos en la crianza de sus hijos y el tipo de estrategias que usen para hacerlo. Los padres pueden poner normas, límites, valores y las formas que deseen para sancionar a los niños, pero sin violencia, pues, como insiste Carbonell, “tienen que favorecer la reflexión; además, es importante no olvidar que los niños son sujetos de derechos y basados en el principio del interés superior que los cobija, el Estado, la familia y la sociedad deben proteger y garantizar su desarrollo integral y protegerlos de toda forma de violencia”.

“El proyecto de ley respeta la autonomía de las familias y sus decisiones en torno a sus creencias, historia, cultura, religión, rutinas, etc., eso está constitucionalmente protegido, lo único que cambia es la restricción para que dichas correcciones y enseñanzas se ejerzan sin violencia”, comunicado de la Cámara de Representantes.

 “Pero, ¿entonces cómo lo reprendo?”

“El castigo físico genera una cadena de violencia”, afirma la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, pues según datos del instituto, el 82 % de los jóvenes que están respondiendo por algún tipo de responsabilidad penal adolescente han sido objeto de alguna vulneración y castigos físicos al interior de sus hogares.

Tanto para Carbonell, Ruiz y Caicedo, una de las estrategias para corregir positivamente a los hijos es ponerse a la altura del menor, mirarlo a los ojos, generar una comunicación afectiva y diálogo con confianza en el que se le explique e invite a la reflexión de sus actos y las consecuencias para su vida y la de los demás, de manera que internalicen las normas y valores sociales.

Entendiendo que la efectividad de la medida ha sido puesta en duda por muchos padres de familia y cuidadores, la invitación de la psicóloga Carbonell es a ser pacientes en el trabajo de educar a través del diálogo; también reconoce que esto no es un trabajo fácil y que requiere de acompañamiento a las familias.

“Los padres colombianos tienen que intentarlo porque sí es posible educar libres de golpes y tratos humillantes; otros países lo han logrado. Con esta ley, el Estado quiere acompañar ese proceso brindando estrategias efectivas a través de talleres en las escuelas de padres, comunicados informativos con líneas de acción positivas de corrección en el sector de la salud para favorecer el bienestar físico y mental de los niños y las niñas, y movilizaciones desde los colegios para que ellos también sean educadores de los padres bajo estrategias pedagógicas que les ayuden en la crianza”, asegura la doctora.

Finalmente, los expertos coinciden en que esta ley no quiere castigar ni culpar, porque como lo recuerda el abogado Alejandro Ruíz, en Colombia ya existe una ley para casos de violencia intrafamiliar que castiga la violencia sistemática y dicta que cuando un miembro de la familia maltrate física o psicológicamente a cualquier persona de su núcleo, incurrirá en pena de prisión. “Lo que quiere esta ley es dotar de herramientas a los papás para educar de forma asertiva y sin violencia” concluye Ruiz.

*Nombres cambiados por solicitud de la fuente.