Van más de 300 días y Colombia aún no ratifica el Acuerdo de Escazú

Van más de 300 días y Colombia aún no ratifica el Acuerdo de Escazú

Treinta días. El artículo 163 de la Constitución Política de Colombia establece que los trámites de urgencia de un proyecto de ley propuesto por el Presidente de la República deben resolverse en el Congreso en máximo treinta días. Sin embargo, desde el 20 de julio de 2020, cuando el presidente Iván Duque radicó la propuesta de ratificar el Acuerdo de Escazú, han pasado más de 300 días sin que se haya tomado alguna decisión.

El Acuerdo de Escazú es la forma corta de nombrar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, entre ellos, Colombia.

¿En qué consiste el acuerdo de Escazú?

El documento plantea algunos objetivos para proteger el medioambiente –que celebra su día hoy 5 de junio en todo el planeta– y a quienes le apuestan a su conservación en América Latina y el Caribe al garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, así como a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

La propuesta también procura “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Se trata del primer convenio regional en materia de políticas ambientales y, como lo sostiene en el prólogo del acuerdo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “tiene el potencial de catalizar el cambio estructural y dar respuesta a algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos. Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”.

¿Cuáles son los aspectos claves?

“En principio, el objetivo del acuerdo es fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano”, explica Natalia Gómez Peña, abogada con máster en Estudios Legales Internacionales de la American University Washington College of Law, oficial de incidencia para América latina de Civicus (una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo) y representante del público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.

Para Gómez Peña este instrumento es clave porque sienta unas bases regionales en regulación ambiental. “Hay una gran diferencia entre los estándares de unos países frente a otros. Argentina tiene una ley de acceso a la información específica para el sector ambiental, Colombia cuenta con leyes generales de acceso a la información, pero hay otros del Caribe que no las tienen, así que es una unificación de estándares”.

Además, según Gómez Peña, el acuerdo también brinda instrumentos de cooperación internacional para facilitar la implementación y seguimiento de estos compromisos.

Más garantías para los defensores del medioambiente

En julio de 2020, el mismo mes en el que Iván Duque llevó el acuerdo al Congreso, la ONG Global Witness documentó que en 2019 Colombia fue el país en el que más defensores del medioambiente fueron asesinados: 212. Además, el Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a problemáticas ambientales ubica al país en el sexto lugar, con 130 casos reportados, detrás de India, Brasil, Estados Unidos, México y China.

Atlas de Justicia Ambiental

La situación para los líderes ambientales en Colombia es alarmante pero no es menor para los otros países de la región, pues 7 de los 20 países con más casos reportados en el Atlas de Justicia Ambiental, son latinoamericanos.

“El Acuerdo de Escazú da protección a los activistas ambientales, quienes están siendo amenazados y asesinados”, explica Carlos Devia, profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. “Este acuerdo da más garantías al acceso a la justicia ambiental porque pondría bajo la mirada internacional todo lo que sucede en términos ambientales en Colombia”.

Y es que el documento señala y destaca el papel que desempeñan aquellos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que en ocasiones son vistos como “piedras en el zapato” del llamado “progreso”. “Muchos de los ataques a defensores y defensoras se dan en un marco de estigmatización y criminalización, donde los Estados no reconocen su rol sino que les dicen opositores al desarrollo y se les criminaliza, así que el acuerdo le hace frente a ese discurso y propone una narrativa más positiva”, explica Natalia Gómez Peña.

Para la abogada, aparte del reconocimiento de su labor, el acuerdo logra avances en términos de acceso a la justicia ambiental, pues “habla de autoridades y cortes especializadas. Este tipo de tratados, al ser ratificados, entrarían a ser parte del ordenamiento jurídico nacional, lo que hace que su cumplimento sea exigible en las cortes”.

¿Por qué aún no se ratifica el acuerdo de Escazú?

La Comisión Segunda del Senado, en donde se está llevando a cabo el debate sobre la ley que sancionaría el Acuerdo, ha realizado diferentes sesiones en las que han participado además de los congresistas, representantes de los empresarios y colectivos ambientalistas. Todos han expresado sus posturas pero aún no se ha tomado una decisión.

En la sesión del 4 de noviembre de 2020, por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, intervino diciendo que había “comunidades que exigían la consulta previa del Acuerdo, entre ellas, comunidades afro, el Consejo Comunitario Mayor del Río Pepe, el Consejo Comunitario de Curvaradó y el Consejo Comunitario de Llanobajo”, y que por eso aún no tenía una postura de apoyo o rechazo, puesto que hacía falta una socialización del documento.

Desde entonces se han convocado varias sesiones en las que la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) y el Consejo Gremial Nacional, por ejemplo, han recomendado archivarlo o rechazarlo.

Las razones que exponen pasan desde la vaguedad en algunos términos usados en el documento hasta el argumento de que Colombia ya tiene mecanismos robustos de acceso a la información y justicia ambiental.

“Nos preocupa ese artículo (el 7.2), porque sería casi que extender la consulta previa a cualquier proyecto. Desde abrir un pozo profundo a permisos para mover tierra, eso nos generaría presión, sobrecostos y la frontera agrícola que se quiere desarrollar va a ser afectada”, intervino Carlos Eduardo Gómez, presidente de FENAVI.

El artículo reza que “cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones (…) relativos a proyectos y actividades (…) que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”. Para el presidente de FENAVI la vaguedad está en el concepto de “impacto significativo”.

Por su parte, Sandra Forero, expresidenta del Consejo Gremial Nacional, aseguró en la sesión del 23 de noviembre de 2020 que “en Colombia ya hay un marco normativo suficiente que garantiza muchas de las cosas que plantea el acuerdo, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Eso está en el acuerdo, pero Colombia ya lo tiene”

Pero para Rafael Jaimes, de la Fundación Agenda Social para el Cambio de Norte de Santander, “es falso decir que el Estado colombiano tiene herramientas suficientes para garantizar el derecho del acceso a la información y de participación de las comunidades. En Norte de Santander es conocido el caso de la sentencia T880 que le ordenó a Ecopetrol la suspensión de la explotación mineroenergética en el pozo Álamo 1 en la comunidad del pueblo indígena motilón barí. Esta tutela se dio porque no hubo un mecanismo de consulta ni de participación que permitiera a las comunidades fijar su posición y ser consultada”.

Otra de las preocupaciones que expresaron los empresarios fue que el Acuerdo no puede tener modificaciones, así que de ratificarse, hay que suscribirlo en su totalidad. “El artículo 23 establece que no se pueden hacer reservas. No participamos, no nos notificaron y cuando levantamos la mano por la vaguedad del idioma nos estigmatizan por no querer proteger el medioambiente”, señaló el presidente de FENAVI.

¿Cuál es el paso a seguir?

Natalia Gómez Peña también es la autora del informe Colombia y el Acuerdo de Escazú, en el que detalla el proceso que duró más de ocho años. “Desde 2016, la posición de Colombia fue, generalmente, regresiva, con los argumentos de que ya tenía leyes de acceso a la información, de participación ciudadana ambiental. Hubo un artículo sobre la creación de un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento en el que se estaba pidiendo que la sociedad civil y el público pudiera mandar comunicaciones acerca del cumplimiento o no, y eso no se incluyó por países como Colombia”.

Por su parte, para el profesor Carlos Devia, “el Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta perfecta para salvaguardar intereses de orden nacional asociado a los recursos naturales que están siendo cooptados por unos pocos y de manera irregular. La mitad del país son mares, la cuarta son bosques, pero no hay un compromiso real sobre el uso adecuado de esos recursos y se están perdiendo. Los defensores de ellos se convierten en piedras en el zapato para las personas que quieren hacer usos inadecuados de esos territorios, son objeto de persecución y asesinato. Si se ratifica sería un acto muy claro del gobierno de comprometerse con la sociedad y los recursos naturales”.

Según lo documentó el diario El Universal, Juan Diego Gómez, del partido Conservador y presidente de la Comisión Segunda del Senado, la iniciativa se someterá a discusión en los próximos días, aunque no dio una fecha concreta. Por lo pronto, se van sumando días a esa lista de más de 300 que acumula una decisión que debió haber sido tomada en el transcurso de un mes.

¡El neoliberalismo tiene la culpa!

¡El neoliberalismo tiene la culpa!

El estado ―el colombiano― se escribe con e minúscula: con la vocal pequeñita, enana, menos potente. Un estado medio ausente y medio presente: ausente porque deja morir a sus gentes, presente porque mata a sus gentes. Un estado minúsculo.

Así́ lo escriben, lo describen y analizan las cinco investigadoras ―en femenino: politólogas, antropólogas y sociólogas― del reporte Los rastros del extractivismo y la violencia en el Alto Cauca entre 1990 y 2019.

“Esta investigación es una apuesta colaborativa junto con la comunidad: mostrando unas realidades, generando unos debates, nosotras, desde la academia, analizamos, proponemos y desarrollamos miradas sobre las formas de resistir y vivir la violencia”, dice la antropóloga e historiadora María Teresa Gutiérrez Márquez, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, vinculada al Departamento de Ciencia Política y directora de la investigación.

 

 

Vivir la violencia

En junio de 2019, Gutiérrez Márquez le propuso al Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (ORDPA) ―conformado por grupos de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario― un estudio para caracterizar la configuración del territorio de cuatro municipios del Alto Cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez y Jamundí́) desde sus contextos de violencia y movilización social. La pregunta era: ¿cómo se relacionan los procesos económicos, sociales y políticos con las formas de movilización social y las territorialidades entre 1990 y 2019?

Una vez aceptada la investigación, el primer paso fue recoger información histórica en campo, escuchando a los pobladores de estos territorios. Pero llegó la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y persistía la otra pandemia: la violencia. Así́, por seguridad y salud, las investigadoras decidieron crear una base de datos con fuentes secundarias: recurrieron a la prensa y a datos y cifras oficiales sobre la violencia en esos municipios. Durante cerca de un año buscaron y organizaron noticias del Archivo Digital de Prensa del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y con esta información construyeron una base de noticias agrupadas en categorías: contexto político, conflicto armado y delincuencia, movimiento social, calidad de vida e iniciativas de paz y memoria.

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Con base en lo anterior, trazaron los casos de desaparición forzada, los asesinatos selectivos, el despojo de tierras, las masacres, los desplazamientos y, entre otros, el número de áreas de hoja de coca cultivadas y el número de laboratorios de procesamiento de hoja de coca desmantelados por la fuerza pública. Registraron las acciones bélicas de los distintos grupos armados que intervenían e intervienen en la zona: desde la guerrilla de las FARC, el ELN, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y la disidencia de las FARC, hasta grupos paramilitares como el Bloque Pacífico, el Bloque Calima, los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo e, incluso, el Cartel de Sinaloa, de México.

Después de sistematizar los datos, definieron una base teórica que unificara el fenómeno de violencia en estos municipios. Ahí́ llegó el concepto de neoliberalismo multicultural y, con él, tres procesos que, según las investigadoras, configuraron estos territorios: el extractivismo de la industria azucarera, el extractivismo minero-energético y el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

“Desde nuestra perspectiva, estos procesos hacen parte de un proyecto neoliberal nacional en el que existen políticas culturales de reconocimiento de identidades (étnicas, en este caso), que se enmarcan en un modelo de desarrollo económico de carácter extractivo”, se lee en la investigación: “Las comunidades negras e indígenas y sus formas de tenencia de la tierra y el territorio no ‘cabían’ en ese ideal planteado por y para la agroindustria”.

 

“Nosotras, desde la academia analizamos, proponemos y generamos miradas sobre las formas de resistir y vivir la violencia”. María Teresa Gutiérrez Márquez

 

A esa ambivalencia entre el ‘desarrollo’ y las tenencias ancestrales de las tierras de los pobladores, sobre todo indígenas y negras, se le conoce como conflictos socioambientales: una tensión por el uso de la tierra y sus prácticas. Por ejemplo, con la llegada del neoliberalismo ―que se instauró en esos territorios a mediados del siglo XX, según las autoras―, se pasó, paulatinamente, de la finca tradicional a los parques industriales; del cultivo y la comercialización tradicionales de hoja de coca a la distribución y producción masiva de cocaína; de la explotación de la tierra con fines comunitarios a la explotación de la tierra para generar ingresos a unos pocos: empresarios y multinacionales.

“Consideramos que no ha sido una casualidad la confluencia de las dinámicas de la violencia en la región con la entrada y consolidación del proyecto neoliberal al país y a los territorios”, escriben las investigadoras.

Resistir la violencia: un territorio en disputa

Este es un año más. Durante la ultima semana de enero de 2021 y la primera semana de febrero, en Cauca, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), asesinaron a un excombatiente de las FARC y masacraron a tres personas en Argelia; encontraron el cuerpo sin vida del concejal de esta población, Fermiliano Meneses, a quien desaparecieron el 15 de enero; también secuestraron a dos indígenas en Caloto; asesinaron a un líder de derechos humanos en Corinto, y a un campesino y a sus dos hijos en Inzá; secuestraron a dos extranjeros en Páez.

Y más: desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el estado colombiano, en 2016, han asesinado más de 215 lideres sociales y más de 36 excombatientes en Cauca. En 2020 fueron asesinados ―en Cauca, también― 100 personas, entre líderes y comuneros.

“En Cauca existen, actualmente, más grupos ilegales que antes… y son más pequeños, inexpertos y jóvenes”, dice Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz, “en ese sentido, estos no solo están buscando control territorial, sino, también, control social. Por eso las amenazas y los panfletos de limpieza social ―contra prostitutas, homosexuales y drogadictos―, por eso el afán para meterse en las juntas de acción comunal, por eso las masacres. Y como son tantos grupos, las comunidades no saben quiénes son: no pueden contactarlos por temas humanitarios: para la entrada de medicina a sus territorios, para no usar las escuelas como cuarteles, por ejemplo”. Y concluye: “Las comunidades hoy están con más miedo… Aquí́ no hay alianzas. Aquí́ las tienen como enemigas. Aquí́ no se puede negociar”.

Así́, la profesora Gutiérrez Márquez dice que la violencia en Cauca no es una violencia coyuntural. En otras palabras, que la violencia es un continuum: que no es cuestión ―exclusivamente― de hechos presentes ―en un momento determinado―, sino que la violencia es histórica y política: desde un pasado que se arma en el presente, con distintos actores, con distintos líderes… Pero con las mismas víctimas ―la población― y los mismos intereses: la tierra.

“El enemigo cambia las formas de exterminarnos y milenariamente nosotros cambiamos las formas de resistir”, dice Aída Quilcué, consejera de derechos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Nosotros sabemos que los intereses de los grupos ilegales y del mismo estado son territoriales. Sí, porque el estado siempre ha sido operador de las políticas neoliberales, de las políticas extractivistas, y nosotros ―nosotros― seguimos resistiendo ante su presencia y ausencia”.*

Este es un año más. Para este artículo llamé 33 veces a Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena. Contestó tres veces: en las dos primeras coordinamos una cita telefónica, pero en ninguna logramos conversar. Cuando contestó por tercera vez dijo, apresurado, que habían secuestrado a dos compañeros indígenas en Caloto, y que estaba en territorio buscándolos: “Entenderá por qué no he podido hablar con usted”.


Para leer más: Arrieta Frutos, F. y Boffey, G. (eds.). Hacia la reconciliación. Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. Madrid: Los Libros de la Catarata.

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Los rastros del extractivismo y la violencia en el Alto Cauca entre 1990 y 2019: un problema socioambiental.
INVESTIGADORES: Lina María Ortega van Arcken, Luisa Fernanda Uribe Larrota, María Camila Jiménez Nicholls, María Teresa Gutiérrez Márquez, Natalia Abril Bonilla
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Departamento de Ciencia Política
Semillero de investigación Formalización de los Derechos de la Propiedad Agraria
PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 2019-2021

 

                          

Alerta tiburón: 1 de cada 5 arrecifes del mundo ya no tiene tiburones

Alerta tiburón: 1 de cada 5 arrecifes del mundo ya no tiene tiburones

Un estudio publicado en la revista Nature analizó más de 15 mil horas de grabación y concluyó que en el 20 % de los arrecifes seleccionados de diferentes regiones del mundo, no se observó presencia de tiburones. Dicha investigación se realizó en 371 arrecifes de coral de 58 países y tenía como objetivo conocer el estado actual de tiburones en estos ecosistemas.

Las primeras cifras preocupan a los científicos marinos. “El 59 % de las naciones (34 de 58) tenían puntuaciones de abundancia por debajo del 50 % de su expectativa regional, lo que sugiere que la pérdida de tiburones de arrecife es generalizada a nivel mundial”, se indica en la publicación.

¿Por qué hay menos tiburones?

La primera amenaza es la cercanía a mercados de pesca, señala el estudio. Cuánto más fácil sea el acceso a un mercado de pescado, se encontró que más bajos eran los indicadores de diversidad y abundancia de tiburones. El hecho de que haya demanda, así no sea directamente hacia los tiburones, puede desempeñar un papel importante.

El estudio también reveló que hay relación con el desarrollo económico de cada nación. Los países desarrollados generan mayores esfuerzos económicos para la conservación y la protección de estos animales.

Por otro lado, el documento señala a las Bahamas, Australia continental, Islas Salomón, Micronesia y Polinesia Francesa como los lugares con mayor número de especies e individuos avistados. Mientras que Qatar, República Dominicana, Colombia continental y Sri Lanka, como los lugares con peores calificaciones.

Una participación javeriana en el estudio

Andrea Luna, directora del Instituto Javeriano del Agua, participó por Colombia en esta investigación y señala que el proyecto partió de estudios locales que indicaban afectaciones en las poblaciones de tiburones. Sin embargo, no se podía hacer una estimación global por la deficiencia de datos en estas especies, por lo cual el proyecto Global FinPrint definió una metodología unificada para hacer un censo en diferentes arrecifes del mundo.

Explica la investigadora que hacer estos conteos es una labor complicada, pues los tiburones evitan estar cerca de los humanos, por lo cual hacer censos visuales mediante buceo, altera el resultado.

“Usamos una metodología innovadora (sistemas de video subacuático remotos con cebo) que se están implementando desde hace algunos años y que consiste en instalar una estructura con una cámara que se deja grabando durante periodos de tiempo determinados para luego analizar las grabaciones. Dicha estructura está dotada, además, de una carnada para atraer a los tiburones” afirma Luna.

Para complementar el estudio internacional se incluyeron análisis adicionales sobre algunas características socioeconómicas de las regiones, como las actividades económicas de cada país, su nivel de ingresos y si pudiese haber alguna correlación entre estas variables que afecten a los escualos.

La bióloga Luna sostiene que con este tipo de investigaciones es importante tomar decisiones que protejan a los tiburones, pues estos animales cumplen papeles fundamentales en los ecosistemas, ya que son predadores tope, los que están más arriba en la cadena alimenticia y ayudan a mantener en equilibrio las poblaciones de otras especies.

“Si ya no están o disminuyen los tiburones, las poblaciones de las cuales se alimentan, como peces herbívoros, pueden aumentar de manera considerable y van a afectar a otros organismos porque serán demasiados. Eso cambia completamente el equilibrio de las cadenas tróficas”, manifiesta Luna.

El caso de los tiburones en Colombia

En la investigación para Colombia participaron Camila Cáceres y Michael Heithaus, de la Universidad Internacional de la Florida, Esteban Zarza, de Parques Nacionales Naturales, y Andrea Luna y Hans Herrera de la Pontificia Universidad Javeriana. Luna, quien también es profesora de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales, apoyó el desarrollo de estas mediciones en Islas del Rosario y San Bernardo y los hallazgos contrastan significativamente con los registrados en los cayos de San Andrés y Providencia.

La zona costera Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo estuvo entre las de menor diversidad de tiburones en el mundo. Solo el 4.6 % de cámaras instaladas avistaron tiburones de dos especies. Por su parte, en la Reserva de Biosfera Seaflower, ubicada en el archipiélago de San Andrés, el 70.4 % de las cámaras registraron tiburones de cinco especies diferentes, teniendo así el porcentaje más alto de la región y uno de los más altos del mundo.

¿Pero cómo se pueden explicar dos porcentajes de avistamiento tan diferentes en el mismo país? Para la docente Luna el principal factor tiene que ver con la facilidad de acceso de los humanos a la zona, a los recursos naturales y los impactos de sus actividades.

“En zonas costeras hay muchas más actividades humanas que pueden impactar los arrecifes coralinos, lo cual significa afectar también a las poblaciones de tiburones. En los cayos, al estar en mar abierto y lejos de la costa, el acceso es mucho más restringido y, por lo tanto, son menores los impactos del hombre, tanto en el ecosistema como en los animales”, explica.

Esta metodología comparativa, además de hacer el censo, permite analizar las medidas de protección y conservación que hay en cada región con el fin de replicar las que mejores resultados están dando en las zonas más críticas.

Tiburones en el mundo

Un problema social

Afrontar una situación como esta no es tarea fácil. La investigadora Luna asegura que se deben adelantar acciones desde diferentes frentes para recuperar las poblaciones de tiburones.

“Son un indicador general del estado de los arrecifes. Muestra no solamente que no son suficientes los esfuerzos de conservación dirigidos hacia los tiburones, sino que en general, los arrecifes en los que habitan no tienen condiciones óptimas”, dice.
En este sentido, lo más importante sería analizar cuáles son las actividades humanas que están generando mayor impacto a los arrecifes de coral, y a partir de ahí buscar estrategias que reduzcan dichos efectos.

Si bien este es un tema ambiental, las decisiones van más allá. Desde finales de 2020 está prohibida en Colombia la pesca de tiburones, esto con el objetivo de recuperar y proteger las poblaciones, pero Luna es crítica frente a este tipo de restricciones. Asegura que tomar esta decisión sin generar alternativas económicas de compensación para los pescadores de la zona hace difícil mantener la medida a largo plazo.

En estas zonas, algunas comunidades han vivido tradicionalmente de la pesca como única actividad económica, por lo que prohibir completamente la actividad genera un impacto social y económico.

Aclara que desde el punto de vista ecológico, prohibir puede ser la mejor opción, sin embargo, en este análisis debe tenerse en cuenta tanto el panorama social como el socioeconómico. “Para mí es la mayor falencia que ha habido, porque no se permite que se mantenga a largo plazo y posiblemente los habitantes volverán a pescar aún con más riesgos”, sostiene.

Manifiesta que los recursos destinados a velar por el cumplimiento de la normativa no son suficientes. Este control está a cargo de Parques Nacionales Naturales, pero el personal con el que cuentan parece quedarse corto para todo el territorio que hay que vigilar.
Por ello enfatiza en la necesidad de apoyar otro tipo de proyectos que las mismas comunidades han venido desarrollando, como actividades de ecoturismo que requieren acompañamiento estatal.

Lo importante es tomar acciones rápido, dice la investigadora. “Los tiburones llevan en el planeta 400 millones de años, han sobrevivido a las grandes extinciones masivas que ha sufrido la Tierra debido a cambios ambientales impresionantes y ahí siguen. Pero llegó el humano y apenas en unos años, la situación se volvió preocupante”, finaliza Luna.

Educar sin golpes en un país históricamente violento, sí es posible

Educar sin golpes en un país históricamente violento, sí es posible

Sofía*, una pequeña de tres años, mira el lapicero de color azul intenso que está sobre el sofá de su casa. Lo toma mientras su mamá está en la cocina y lo pasa sobre su rostro. Repite una y otra vez el movimiento y las manchas azules empiezan a quedar marcadas.

Ahora es momento de probar en la pared de la sala. Sofía camina con su mano firme en la pared y arrastra el lapicero (como si fuera un pizarrón) haciendo diferentes figuras que dan como resultado unas líneas desorganizadas. Al poco tiempo, Martha*, su mamá sale de la cocina y la ve. El llamado de atención empieza con un par de gritos, “Sofía, ¡qué le pasa!, ¡cómo se le ocurre dañar la pared!”. El regaño escala a un par de nalgadas, “eso no se hace, aprende o aprende”, le dice mientras la golpea.

El pasado 14 de mayo fue sancionada la ley que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes contra niños, niñas y adolescentes; de esta manera Colombia se convierte en uno de los 61 países que prohíben esta práctica.

El primero que lo implementó fue Suecia, en 1979, y según el informe de 2017 de la Organización Panamericana de la Salud, la iniciativa sueca tuvo un efecto positivo en la vida de los niños y las niñas de ese país. Los menores maltratados pasaron de 90 % a 10 % en un periodo de 35 años. Asimismo, los padres y madres dejaron de apoyar el castigo corporal como medida educativa, pasando de un 50 % a 10 %. Para 1990, el Consejo Europeo ordenó a todos los países de la Unión Europea crear y adoptar este tipo de leyes.

 ¿En qué consiste la ley en Colombia?

Se trata de una medida pedagógica y no punitiva que pretende crear herramientas para que las familias puedan conocer y aplicar otras dinámicas diferentes a los castigos físicos y el trato humillante en la corrección de sus hijos, explica Alejandro Ruiz, abogado, profesor de la Universidad Nacional y consultor en derechos de la infancia y la adolescencia, quien además hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana.

Para la psicóloga javeriana, experta en desarrollo infantil y familia, Olga Alicia Carbonell, “esta normativa viene acompañada de una estrategia pedagógica nacional de crianza sin violencias, lo que implica que todo el país, desde el Estado, la sociedad civil y la academia, como corresponsables, deberán estar comprometidos en el diseño de diversas propuestas y estrategias de intervención a múltiples niveles, entendiendo la diversidad de las familias colombianas. Por este motivo es fundamental la participación y escuchar las voces de las familias en el proceso de construcción de las diferentes estrategias de intervención para ir progresivamente logrando la aceptación y transformación cultural de estas prácticas”.

La medida despierta preguntas en algunos padres, quienes continúan en desacuerdo y escépticos de su efectividad. En una conversación grupal acerca del tema, Sandra*, una madre de un niño de seis años dice que “en los primeros años yo me prometí a no regañarlo ni pegarle, pero a medida que fue creciendo empezaron las pataletas en lugares públicos, como el centro comercial, y uno intenta hablarles, pero cuando no hacen caso, uno no se va a dejar ganar. Me tocó empezar a reprenderlo y entendí que una palmadita no le hace daño y sí lo endereza”.

Uno de los padres presentes apoyó el comentario, “yo también lo creo así, a mí me ha tocado con mi hijo. Mis papás lo hicieron conmigo y aquí estoy, nada me pasó. Además, ¡Eso no es de todos los días! Por más que uno quiera, a punta de diálogo no se puede”.

Al respecto, la doctora Carbonell asegura que esta ha sido la forma con la que por años se ha disciplinado a los niños y se ha educado en las familias, por lo que no es una práctica fácil de cambiar, ya que se ha normalizado y “no se cuestionan estas acciones para la corrección de los niños”, expresa.

“Las palmadas, el uso de la correa, de objetos para castigar a los niños, los gritos e insultos han sido considerados como parte esencial de la educación de nuestros hijos. No nos hemos detenido a pensar en las consecuencias de estas prácticas y en formas diferentes de educar”, Olga Alicia Carbonell, psicóloga javeriana.

¿Qué sucede en el cerebro del niño o niña cuando se le golpea o humilla?

El uso del castigo físico ha estado asociado a la autoridad de los padres para obtener el respeto de sus hijos. ‘Ah, si lo grito o le doy su nalgada ahí si me respeta y me hace caso’, pueden decir, y tal afirmación la cuestiona la experta Carbonell: “cuando un niño está haciendo algo que no está bien y el papá o la mamá lo tratan mal o le pegan, él o ella se detiene por miedo, pero no aprende por qué no debe hacer esa conducta. Esta práctica de disciplina impide que el niño interiorice los valores que fundamentan las normas sociales y morales, por tanto, se afecta el desarrollo social y moral”.

La ciencia ha demostrado que esta forma de crianza es poco efectiva y genera más daños que beneficios. Los niños, ante el grito o el golpe, se detienen, se paralizan, escapan e incluso actúan de forma agresiva, “estas son reacciones de supervivencia”, señala Juan Carlos Caicedo, médico, doctor en Ciencias Biomédicas en el campo de neurociencias y profesor de la Universidad Externado de Colombia.

“El castigo físico genera señales de alarma biológicas que elevan el cortisol (hormona del estrés) y la adrenalina, que está relacionada con reacciones primarias de ataque o huida. Es apenas normal que el niño o niña reaccionen de esta manera”.

Caicedo afirma que cuando un niño debe hacer una tarea difícil, la liberación del cortisol puede funcionar como un potenciador de la concentración, “pero por el contrario, el castigo físico genera unos picos de estrés que tienen un efecto acumulativo; a largo plazo ya no se envían las señales correctas al cerebro porque los receptores se han debilitado a tal punto que ya no son efectivos para reaccionar ante situaciones estresantes y se distorsiona el efecto que tienen estas hormonas, trayendo consecuencias negativas para la integración emocional y cognitiva”.

Además, Caicedo explica que el golpe o el grito va sumándose a aquellos recuerdos que hacen parte de la memoria negativa, en ese sentido, afecta estructuras del cerebro como el hipocampo y la amígdala temporal, que está relacionada con el sistema emocional y la memoria.

“Cada vez que el niño o niña recuerde que, por ejemplo, no debe robar, lo dejará de hacer o mentirá al respecto, no porque reflexione acerca de que eso está mal, ya que atenta contra los valores de la sociedad y vulnera los derechos de los otros, sino porque hay miedo y sabe que como resultado puede recibir un golpe y solo quiere evitarlo”.

La creación de un ser humano violento

La psicóloga Carbonell es enfática al decir que los niños tienen que entender las consecuencias de sus actos, pero, asegura, su aprendizaje no debe lograrse con correazos, palmadas ni gritos. “La base para educar a nuestros hijos tiene que ser la creación de una relación afectiva a través del diálogo, la comprensión de la situación, la confianza y el respeto mutuo”, comenta.

“Si yo necesito que el niño interiorice la norma y le pego, el miedo que le despierta el golpe lo hará evitar que el adulto lo coja, o en otros casos mentirá. A futuro pensará que golpear, gritar o humillar a los demás es legítimo para solucionar un problema, por lo que nosotros, los papás y las mamás, ahí habremos generado las condiciones, sin tener la intención, para que se desarrolle un ser humano violento”.

“Con esta ley voy a perder la autoridad”

Lo que tiene que quedar claro es que esta ley no les quita la potestad ni la autoridad a los padres de ser autónomos en la crianza de sus hijos y el tipo de estrategias que usen para hacerlo. Los padres pueden poner normas, límites, valores y las formas que deseen para sancionar a los niños, pero sin violencia, pues, como insiste Carbonell, “tienen que favorecer la reflexión; además, es importante no olvidar que los niños son sujetos de derechos y basados en el principio del interés superior que los cobija, el Estado, la familia y la sociedad deben proteger y garantizar su desarrollo integral y protegerlos de toda forma de violencia”.

“El proyecto de ley respeta la autonomía de las familias y sus decisiones en torno a sus creencias, historia, cultura, religión, rutinas, etc., eso está constitucionalmente protegido, lo único que cambia es la restricción para que dichas correcciones y enseñanzas se ejerzan sin violencia”, comunicado de la Cámara de Representantes.

 “Pero, ¿entonces cómo lo reprendo?”

“El castigo físico genera una cadena de violencia”, afirma la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, pues según datos del instituto, el 82 % de los jóvenes que están respondiendo por algún tipo de responsabilidad penal adolescente han sido objeto de alguna vulneración y castigos físicos al interior de sus hogares.

Tanto para Carbonell, Ruiz y Caicedo, una de las estrategias para corregir positivamente a los hijos es ponerse a la altura del menor, mirarlo a los ojos, generar una comunicación afectiva y diálogo con confianza en el que se le explique e invite a la reflexión de sus actos y las consecuencias para su vida y la de los demás, de manera que internalicen las normas y valores sociales.

Entendiendo que la efectividad de la medida ha sido puesta en duda por muchos padres de familia y cuidadores, la invitación de la psicóloga Carbonell es a ser pacientes en el trabajo de educar a través del diálogo; también reconoce que esto no es un trabajo fácil y que requiere de acompañamiento a las familias.

“Los padres colombianos tienen que intentarlo porque sí es posible educar libres de golpes y tratos humillantes; otros países lo han logrado. Con esta ley, el Estado quiere acompañar ese proceso brindando estrategias efectivas a través de talleres en las escuelas de padres, comunicados informativos con líneas de acción positivas de corrección en el sector de la salud para favorecer el bienestar físico y mental de los niños y las niñas, y movilizaciones desde los colegios para que ellos también sean educadores de los padres bajo estrategias pedagógicas que les ayuden en la crianza”, asegura la doctora.

Finalmente, los expertos coinciden en que esta ley no quiere castigar ni culpar, porque como lo recuerda el abogado Alejandro Ruíz, en Colombia ya existe una ley para casos de violencia intrafamiliar que castiga la violencia sistemática y dicta que cuando un miembro de la familia maltrate física o psicológicamente a cualquier persona de su núcleo, incurrirá en pena de prisión. “Lo que quiere esta ley es dotar de herramientas a los papás para educar de forma asertiva y sin violencia” concluye Ruiz.

*Nombres cambiados por solicitud de la fuente.

 

Más ciencia para el Chocó: Espacios Maker en zonas rurales

Más ciencia para el Chocó: Espacios Maker en zonas rurales

Bryann AvendañoLa noticia sobre la inauguración del Centro de Desarrollo de Software en Quibdó-Chocó, alianza Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA y la multinacional EVERIS, el pasado mes de mayo, deja un mensaje de esperanza para el país: una inversión directa y disruptiva para generar talento STEM (en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Con educación, se puede.

No obstante, noticias como esta provocan una pregunta para la prospectiva: ¿estas estrategias disruptivas son la mejor solución para llevar educación científica de alto nivel a las zonas rurales y olvidadas del país?

No pretendo responderla en los siguientes párrafos, pero sí quiero esbozar una estrategia que pide a gritos la juventud y que puede transformar la forma como educamos a la generación de jóvenes rurales en talento STEM para los próximos años.

Las comunidades de aprendizaje para la creación o Espacios Maker, también conocidos como makerspaces en inglés, son espacios para la creación y el desarrollo de las ideas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha demostrado que estos espacios promueven el capital social, promoviendo una red de colaboración en la que se comparten conocimientos, se incentiva el pensamiento crítico y se dota de recursos y herramientas a los participantes para que pasen de las ideas al prototipo y el emprendimiento.

En varios países desarrollados los Espacios Maker ya están en las bibliotecas públicas y cuentan talleres abiertos de mecatrónica, computadores para el desarrollo de videojuegos y software, impresoras 3D, estudios de grabación musical y hasta estudios de tejido. Estos espacios no son algo nuevo en Colombia. El SENA, por ejemplo, ha desarrollado las tecnoacademias. Estas comunidades de aprendizaje ya suman 14 centros en todo el territorio nacional, incluso, llegando a zonas rurales apartadas y veredas a través de las tecnoacademias itinerantes (Aún intermitente en el Chocó).

Basta con describir lo que pasa en una tecnoacademia del SENA para descubrir la ventaja de tener un espacio maker en una zona rural.

La Tecnoacademia en Túquerres, seccional Nariño, por ejemplo, fue una apuesta por llevar una política vanguardista donde el acceso a una infraestructura para la educación terciaria de calidad, muchas veces estaba limitada. Bastó con algo de voluntad política para convencer a un gobierno local de jalar este espacio de aprendizaje a una zona papera del sur colombiano.

Allá, en ese rincón de Colombia donde empieza el país, la tecnoacademia de Túquerres es orgullo nacional y nariñense por su infraestructura de alta generación, con ocho ambientes de aprendizaje y laboratorios completamente dotados en sus áreas: tecnología, física, biología y química. Además, un auditorio de construido como domo geodésico multifuncional es evidencia de un pueblo que florece por su tecnología, en las montañas a más de 3.000 metros de altura.

Lo importante de esta tecnoacademia no es solamente su infraestructura, sino que el proyecto de aprendizaje ha llevado a niños de las veredas a ferias científicas en Francia y Brasil, tras su éxito al explorar la nanotecnología y biotecnología aplicadas a la agroindustria. Una muestra de que los niños de zonas rurales atendiendo centros de Maker Space como las tecnoacademias, al estar en contacto con estas estrategias educativas de disrupción, pueden ver en la investigación un proyecto de vida. Pero esto no ha sido un trabajo fácil, necesitaron orientación, guía técnica y todo un equipo humano detrás de los espacios de creación-aprendizaje.

Y sí, así como se inauguró el centro de software, ya es hora de tener una tecnoacademia física en el Chocó como una forma de reclamar políticas de acceso a la educación científica de calidad, llevando un Maker Space a estas zonas apartadas, donde la deuda no solamente es en infraestructura, sino en potenciar lo que será el equivalente al Silicon Valley de la biodiversidad: un Chocó que explora de manera sostenible sus recursos naturales para el desarrollo regional y la formación de talento STEM.

Que sea apuesta por exponer a los niños y jóvenes a la educación científica, no solamente con infraestructura de calidad, sino con el acompañamiento adecuado de profesionales de la educación que le apuesten a un cambio sistémico: comunidades de aprendizaje para el desarrollo del talento STEM, una apuesta de país que no puede quedar solamente en un titular de periódico, debe replicarse y sostenerse.

Pero por favor, arranquemos primero con una apuesta al desarrollo del talento STEM para la región que inspire la futura generación de científicos del país.

Bryann Avendaño-Uribe es científico en ScienteLab, miembro de Clubes de Ciencia Colombia y líder en Educación STEM. Becario del Programa de Liderazgo en Competitividad Global de la Universidad de Georgetown, Washington D.C.

La matrícula cero no es suficiente: ideas para una mejor educación en Colombia

La matrícula cero no es suficiente: ideas para una mejor educación en Colombia

Colombia atraviesa tiempos difíciles, no solo por la pandemia que ataca a todo el mundo, sino porque ya se completó un mes de paro nacional. En medio de esto se volvió a hablar de educación, una demanda histórica por la que actualmente muchos jóvenes están marchando, y para la cual el presidente Iván Duque, junto con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron el pasado 11 de mayo que habrá matrícula cero para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en educación superior pública.

Por primera vez en la historia del país el 97 % de los estudiantes de educación pública superior, técnica y tecnológica tendrán matrícula gratuita para el segundo semestre de 2021 y, además, quedó expresa la intención del gobierno de hacer de la gratuidad de la educación pública, una política de estado sostenible y permanente.

Según el Ministerio de Educación, estos recursos se gestionarán a través del Fondo Solidario para la Educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 de 2020, que se suma al capital ya destinado a programas como Generación E.

¿Una medida insuficiente?

Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, llama la atención sobre el filtro que se hará para tener acceso a estos beneficios, pues “el estrato es una característica de la vivienda, no de los ingresos de las personas, por lo que si se va a volver algo permanente, no debería usarse este mecanismo de selección, pues podríamos estar generando incentivos para que las personas se cambien de lugar de residencia con el fin de acceder al beneficio”.

Al respecto, la ministra de Educación se refirió en entrevista con El Espectador diciendo que “inicialmente se ha optado por este mecanismo de estratificación. No obstante, de manera coordinada con el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Prosperidad Social, avanzaremos en la construcción de una política que integre estos mecanismos de focalización”.

También hay que tener en cuenta que esto no implica aumento de cobertura, lo que quiere decir que la matrícula cero no va permitir el ingreso de muchos más jóvenes a la educación superior. Abadía expone que esto responde a que las instituciones oficiales tienen una fuerte restricción de cupos, recursos e infraestructura. Por otro lado, dice la profesora javeriana que “para muchos de estos jóvenes, la principal barrera económica, quizás, más que las matrículas, es el sostenimiento diario en la institución”.

La mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años logra ingresar a la educación superior, es decir, cerca de dos millones de estudiantes. El 40 % deserta entre el primer y el décimo semestre por falta de recursos y también por deficiencias en las bases que traen desde el colegio. Luz Karime Abadía, LEE

Si bien este avance representa un logro que beneficiará a 693 mil estudiantes de casi un millón cien mil matriculados actualmente en las instituciones oficiales, “no es lo más urgente dadas las grandes carencias que tenemos en el sistema de educación colombiano y que pasan no solo por consolidar estas iniciativas como políticas de estado, sino por atender múltiples deudas históricas y necesidades en términos de inequidad, calidad y otros más que aquejan al país”, opina Abadía.

¿Cuáles son las deudas con la educación en Colombia?

Matrícula cero

Se ha dicho que la educación es el arma más poderosa, sin embargo, el rezago en materia de acceso y calidad ha desprovisto al país de la posibilidad de usar la educación como arma. En su lugar, según indica Óscar Julián Cuesta, máster en Educación y profesor del Departamento de Formación de la Javeriana, la educación ha sido sinónimo de una lucha histórica que se ha hecho más visible con la pandemia.

Para Cuesta la primera gran deuda es la educación rural, pues el Estado colombiano entiende la educación rural como algo precario que necesita alcanzar los niveles de la educación urbana, desconociendo que no se trata solo de las inequidades entre el sector urbano y rural en términos tecnológicos y de acceso, entre otros, sino del contexto y las necesidades de cada territorio del país.

En segundo lugar, “se piensa que el problema de Colombia es del aula, entonces, ‘la educación está mal porque a los estudiantes les va mal en las pruebas estandarizadas’, y no. El problema educativo va más allá, es social, económico, cultural. En ese sentido, tenemos una deuda con la comprensión del fenómeno educativo”, dice Cuesta.

El experto insiste en que hay dificultades de fondo que están asociadas a los malos resultados como, por ejemplo, si un niño o niña está desnutrido, sufre la violencia directa o le enseñan realidades que nada tienen que ver con la suya como sucede con los estudiantes de zonas rurales.

“Por más que los profesores se esfuercen, estas otras variables influirán para que no tengan los resultados esperados. Para los gobiernos es fácil decir, ‘mejoremos a los profesores para mejorar la educación’, pero de nada sirve tener buenos profesores si los estudiantes tienen una complejidad social que no les permite ir al aula con la disposición requerida”, comenta.

Como tercer punto está la gran deuda con los maestros. El profesor javeriano asegura que después de la década del 80, cada vez han sido más las políticas que marginan al profesor, “el docente no piensa el currículo, no tiene momentos para discutir la enseñanza; ahora el proceso educativo viene prefijado por currículos preestablecidos; cada vez se pierde el rol de intelectual y trabajador de la cultura y su labor no es bien remunerada”.

Luz Karime Abadía, del LEE, resalta la deuda con la educación básica y media, en donde están, para ella, los rezagos más grandes en términos de educación pública y privada y los métodos de enseñanza, “seguimos siendo muy tradicionales, nuestros planes de estudio son los mismos de hace 50 años. Seguimos enseñando de memoria, conceptos y asignaturas en lugar de enseñar habilidades para el mundo”.

¿Cuáles deben ser los cambios para una transformación estructural?

Tras años de investigar las diferentes problemáticas educativas del país, de forma soñadora pero posible, los investigadores consultados para este artículo proponen varias alternativas:

Un proyecto para la educación rural que motive a los profesionales a irse a territorios rurales, “personas que quieren hacer su proyecto de vida en territorio, que formulen una pedagogía de compromiso social en donde los currículos respondan a las necesidades y memoria histórica del lugar. Eso partiría de un compromiso por parte del Ministerio de Educación para generar condiciones favorables para estos profesionales”, dice Cuesta. Hecho que se une a la necesidad de reivindicar la práctica docente.

“La sociedad se tiene que dar cuenta de que los profesores hacen una labor irremplazable, si no hay docentes, no hay escuela, y esto, a su vez, implica una mejora salarial equiparable a su trabajo, porque educar va más allá de generar aprendizajes, es un proceso de formación”, enfatiza Cuesta. De esta manera se genera un efecto motivador para que los mejores estudiantes y futuros profesionales se animen a participar de esta labor, complementa Abadía.

Los expertos también resaltan la necesidad de abandonar los currículos estandarizados para pensar en unos más contextualizados y territorializados, y de la misma manera encontrar nuevos mecanismos de evaluación que permitan valorar el progreso, por ejemplo, de la educación en la ruralidad. Asimismo, metodologías basadas en experiencias y desarrollo de habilidades, más que en la memoria.

Una mirada fuera de las aulas

Para el profesor Cuesta, nada de esto es posible si no se resuelven los problemas sociales, no solo de acceso, infraestructura y calidad educativa, sino también situaciones elementales en las que la sociedad se comprometa a educar como una responsabilidad de todos.

“No es deber de la escuela resolver los problemas sociales (violencia, pobreza, discriminación, exclusión migratoria, entre otros) para que la escuela se dedique a hacer lo que debería hacer. Padres de familia, iglesias, medios de comunicación y sociedad civil en general deben formar a los nuevos sujetos en convivencia, respeto, cuidado al prójimo y demás valores, así como la cobertura de las necesidades básicas por parte de las familias y el Estado”, argumenta el profesor javeriano.

Tanto Abadía como Cuesta coinciden en que educar es un asunto que debe ser de debate público e interés común. Sobre esto último, el profesor invita a la comunidad a participar y a pensar en la educación que queremos y necesitamos; en los sujetos que estamos formando para darle a este debate la dimensión política que merece.

¿Qué debo saber de la vacunación contra la covid-19 en Colombia?

¿Qué debo saber de la vacunación contra la covid-19 en Colombia?

Que si mejor escojo la vacuna que debo aplicarme, que cuál es el tiempo ideal entre las dosis, que si mi empresa podrá traer vacunas a Colombia para combatir la covid-19, que si tendré efectos secundarios delicados al vacunarme. Estas y más preguntas son las que siguen rondando en las conversaciones familiares del país. Muchas de ellas resueltas a través de fuentes que desinforman y confunden. Por eso, el diario El Tiempo y la Pontificia Universidad Javeriana se unieron para aclarar las dudas sobre la covid-19 y la vacunación.

Expertos epidemiólogos, infectólogos, pediatras, oncólogos y otros especialistas explican, en un minuto, lo que se debe tener en cuenta mientras la vacunación continúa en Colombia.

El Plan Nacional de Vacunación se encuentra en su tercera etapa, enfocada en los ciudadanos entre 50 y 59 años y mayores de 16 años con alguna comorbilidad. También incluye a los directivos, docentes y personal de apoyo logístico de los establecimientos de educación inicial, básica primaria, básica secundaria, educación media y superior; a las madres y padres comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los miembros de la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía.

¿Qué preguntas tiene sobre la covid-19 y las vacunas?

Frente a las secuelas de las vacunas, la relación con otras enfermedades crónicas y la decisión de vacunarse, expertos javerianos rompen las barreras de la desinformación y desmitifican ideas que circulan en nuestras redes sociales con el propósito de tomar mejores decisiones.

● SinMitos: las preguntas más comunes sobre vacunación y la COVID-19

¿Generan algún daño la vacuna en los genes?, ¿qué es efecto rebaño?, ¿cuándo comienza a hacer efecto la vacuna después de habérmela aplicado? Estas y otras preguntas las atienden los expertos javerianos aquí:

¿Los niños deben vacunarse contra la COVID-19? | Revista Pesquisa Javeriana

Pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes, respiratorias y madres gestantes ¿también deben vacunarse? Respuestas a cada una de estas preguntas:

SinMitos: ¿Los pacientes con cáncer y otras condiciones especiales deben vacunarse?

Durante esta semana las redes de El Tiempo y de la Pontificia Universidad Javeriana publicarán los videos con las respuestas a todas estas preguntas. Igualmente, se desarrollará el miércoles 3 de junio la tuiteratón con la etiqueta #SinMitos para romper la barrera de la desinformación sobre covid-19 y el proceso de vacunación.

Cualquier nueva pregunta transmítala a las cuentas de Twitter @eltiempo o @pesquisajaveriana y un experto la resolverá.

Cigarrillo electrónico, el enemigo oculto

Cigarrillo electrónico, el enemigo oculto

No por inhalar un cigarrillo electrónico el fumador debe estar tranquilo. Luego de revisar más de 90 artículos científicos sobre los posibles efectos de este dispositivo, investigadores javerianos concluyen que estos cigarrillos pueden generar efectos adversos a la salud de quien los consume.

Más exactamente, dicen que “el uso de cigarrillos electrónicos continúa siendo una fuente de exposición a sustancias con potencial carcinogénico […], promueve daños en las células, afecta la respuesta inmune normal y, en altas dosis, el desarrollo normal de los fetos”.

Aseguran que alteran procesos epigenéticos en el organismo, lo que significa que la molécula del ADN del fumador se desestabiliza a causa de factores ambientales, generando cambios en la manera como se expresan los genes que cumplen funciones específicas. “Se transforma [esa expresión de los genes]si yo, por ejemplo, estoy expuesta al vapor del cigarrillo electrónico, vivo en un lugar contaminado o si tengo una mala dieta”, explica Camila Bernal, estudiante del Semillero de Investigación Epigenética y Cáncer Pulmonar, de la Pontificia Universidad Javeriana. “Se activan los genes que no deberían estar activos en condiciones normales o se reprimen los que deben estar activos, algunos de los cuales se asocian a inestabilidad genética, que podría originar el cáncer”. Y añade: “Eso explicaría, por ejemplo, por qué unas personas, teniendo ciertos estilos de vida, son más susceptibles a ciertas enfermedades”.

Un viaje al interior del cigarrillo electrónico

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos “que calientan una solución líquida para crear vapor, el cual es inhalado por los usuarios”, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social.
Entre los principales ingredientes que ‘vapean’ los consumidores se encuentra el propilenglicol, cuya inhalación a altas temperaturas puede irritar ojos y garganta, y afectar las vías aéreas. La mayoría de soluciones contiene además glicerol, que puede desarrollar diferentes enfermedades pulmonares, nicotina, sustancia adictiva que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales, y sabores aromatizantes, que aparentemente no son tan inofensivos.

En la industria alimentaria, explica Bernal, es posible que algunos alimentos contengan propilenglicol y glicerol, lo cual está aprobado. Pero no es lo mismo ingerirlos que inhalarlos. “En uno de los artículos que revisamos, esos compuestos son el tipo de diluyente que genera algunos daños a nivel inmunológico e inflamatorio”, asegura. “A eso se suma que cuando le ponemos el sabor a fresa, en la vaporización del saborizante cambian los compuestos y se generan diferentes reactivos, que también serán dañinos. Entonces, cuando se cambia el proceso, y ya no se trata de ingerir sino de inhalar, la combustión también cambia todos esos compuestos que tienen los cigarrillos electrónicos y generan consecuencias como irritación de las vías respiratorias”.

La idea para producir este tipo de cigarrillos viene desde la década de los años sesenta. Pero solo fue hasta 2003 cuando Hon Lik, médico farmacéutico chino, fumador él desde su infancia y con el firme deseo de dejar de hacerlo, convirtió ese sueño en una realidad y comercializó el producto. Desde entonces ha habido al menos cuatro generaciones de dispositivos con tecnologías cada vez más refinadas

El artículo “Electronic cigarettes: Genetic and epigenetic impact (review)”, publicado en la revista científica International Journal of Epi – genetics, destaca la evidencia de 87 compuestos químicos en los cigarrillos electrónicos. “El combustible es muy variable”, precisa Nicolás Niederbacher, uno de los 18 autores del artículo, todos pertenecientes al semillero de investigación dirigido por la bioquímica Adriana Rojas. “Quizás esa heterogeneidad entre los combustibles es lo más llamativo, porque en realidad no hay un proceso estandarizado de fabricación”, señala el investigador.

Y si uno revisa los empaques, difícilmente encontrará una etiqueta que mencione los ingredientes que el fumador está aspirando. “En un cigarrillo electrónico puede haber compuestos ácidos, alcoholes, solventes, heterocíclicos”, afirma Bernal, y agrega que “muchas de estas sustancias que se generan en el proceso de vaporización son dañinas para la salud, como metanoles y benzaldehídos. Son una amplia gama de compuestos que son conocidos por ser nocivos para la salud”. Faltan más estudios, pero la conclusión es que estos compuestos predispondrían a enfermedades asociadas con la respuesta inflamatoria, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, enfermedades del sistema inmune, alergias y cáncer.

Por esa razón, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés), ambos organismos de Estados Unidos, advierten: “Los productos de cigarrillos electrónicos o vapeo (que contengan nicotina o THC) nunca deben ser usados por jóvenes, adultos jóvenes o mujeres embarazadas”. Eso lo tienen comprobado.

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Un semillero con investigadores de varias disciplinas de pre y posgrado

El Semillero de Investigación Epigenética y Cáncer Pulmonar nació en septiembre de 2014 a partir del interés de dos profesoras, una clínica y una bioquímica, de la Facultad de Medicina de la Javeriana, convencidas de que la interdisciplinariedad en la investigación científica es la clave para lograr la excelencia. Su lema es 1+1=1. “Tenemos claro que es muy importante la fusión de esas dos áreas. Somos un equipo y cada uno aporta desde su saber”, dice Adriana Rojas. Empezaron con tres estudiantes y hoy son alrededor de 25, entre los cuales algunos están iniciando su pregrado y otros terminando su doctorado. El único requisito es “tener ganas de aprender”.
El artículo científico que publicaron en inglés, en una revista internacional, fue un logro, así mismo, han publicado dos artículos más en revistas colombianas y en español, producto de las campañas y actividades que realizan la Facultad de Medicina, el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) y el Centro Javeriano de Oncología para promover la cesación del tabaco, cuenta Alejandra Cañas.

“En el Simposio de 2019 organizamos un conversatorio sobre cigarrillo electrónico. Preparamos conferencias y, después de eso, dijimos: hay que escribirlo”, recuerda la investigadora.

Presentaron el artículo a dos revistas y fue rechazado. La tercera fue la vencida. “El último editor celebró que los autores fueran estudiantes de pregrado y posgrado, y destacó la buena calidad de la investigación y el buen inglés”, destaca Rojas.

 

Más sobre los procesos que producen efectos nocivos

Bernal y Niederbacher explican que en los artículos revisados se destacan diferentes investigaciones llevadas a cabo en ratones, anfibios y modelos celulares. En el primer caso, se hicieron pruebas en ratonas embarazadas de las que se concluyó que el vapor del cigarrillo electrónico afecta al feto, especialmente a nivel pulmonar, y en el segundo caso se presentaron cambios morfológicos en los anfibios, principalmente en su sistema óseo. “Estos modelos animales validan la hipótesis de que los cigarrillos electrónicos afectan genes que están involucrados en procesos trascendentales, como el desarrollo embrionario, incluso pueden transmitirlos a su descendencia”, afirma Bernal.

“El problema con estos dispositivos es que la población en riesgo somos todos”, agrega Niederbacher, “y como todos estamos en riesgo, y como el vapor de estos dispositivos genera efectos en células animales que, aunque son diferentes, tienen muchas similitudes con las células humanas, se justifica el hecho de ejercer medidas utilizando el principio de precaución”.

La historia detrás de la historia

En Colombia, el 16 % de los universitarios ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según datos del III Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas, realizado en 2016. Cinco años más tarde, es muy probable que este porcentaje haya subido, razón por la cual los investigadores del semillero han iniciado otro proyecto ―en asocio con las universidades Industrial de Santander y Tecnológica de Pereira, y la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax (Asoneumocito)―, para demostrar el impacto genético y epigenético de los cigarrillos electrónicos en jóvenes universitarios. “Los estudiantes de colegio y los adolescentes universitarios son los mayores consumidores de cigarrillo electrónico en este momento en el mundo”, asegura la neumóloga del HUSI y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, Alejandra Cañas.

En su portal web, la tabacalera Phillip Morris International ofrece “dos productos innovadores de tabaco calentado: iqos y teeps”, además de los cigarrillos tradicionales. Sobre el primero, dice que ya cuenta con “millones de consumidores”. Pero reconoce que su departamento de innovación y desarrollo está creando “alternativas menos perjudiciales que los cigarrillos”, con lo que confiesa el potencial daño de sus productos.

“Lo que han hecho es atraer a grandes empresas que trabajan en el llamado ‘neuromárketing’, y el foco son los adolescentes”, resalta Cañas. Debido a su trabajo en prevención del uso del tabaco, esta investigadora considera que el consumo de cigarrillos electrónicos es un problema de salud pública, porque además, dice, “afecta al consumidor, a quien está a su lado, y genera contaminación ambiental. Esto lo tenemos que frenar. Es una responsabilidad social”, concluye.

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Para leer más: Niederbacher, N. et al. (2021). Electronic cigarettes: Genetic and epigenetic impact (Review). International Journal of Epigenetics, 1(2). https://doi.org/10.3892/ije.2021.2
Epilab. Epigenetics & Cancer Research Group. https://epilab.co/

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Electronic Cigarettes: Genetic and epigenetic impact (review) INVESTIGADORAS PRINCIPALES: Adriana Rojas y Alejandra Cañas
COINVESTIGADORES: Nicolás Niederbacher, Litzy Gisella Bermúdez, Daniel Mauricio González, Camila Bernal, Francisco García, Daniel León, María José Pinzón, Carlos Camero, Ithzayana Madariaga, Paula Sánchez, Andrea Rodríguez, Salime Hurtado, Catherine Tovar, Santiago Rodríguez-Ariza, Rafael Castro, Mariana Guerra
Semillero de Investigación Epigenética y Cáncer Pulmonar
Instituto de Genética Humana
Departamento de Medicina Interna
Facultad de Medicina
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2019-actualmente.

 

                          

“Con los pies en la tierra y los ojos en el firmamento”

“Con los pies en la tierra y los ojos en el firmamento”

Cuenta el historiador y genetista javeriano Alberto Gómez Gutiérrez que tanto en el escudo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFyN) como en el del Observatorio Astronómico Nacional, se lee: “pies en la tierra, ojos en el firmamento”. La esencia de la ciencia; lema interpretado por el académico Gómez como “una mirada focalizada en lo inmediato y en lo más distante, o más profundo”.

Y así pueden haber transcurrido los 85 años que hoy cumple la Academia, en su afán –y su misión – de promover, apoyar y aportar su experiencia para darle rumbo a la ciencia colombiana, como lo hace hoy en día en temas ambientales, de educación y salud, entre otros.

Es que la ACCEFyN, por ley, es órgano consultor del Gobierno Nacional en diferentes temas de su competencia. Por ejemplo, el Decreto 2372 de 2010 le da poder para emitir concepto en la creación, ampliación o modificación de las áreas protegidas como parques naturales y santuarios de carácter nacional, concepto que debe ser acatado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social.

La historia de los 85 años de la Academia se puede leer a partir de hoy por internet en el libro Ciencia, Humanismo y Nación, casi 200 páginas escritas por varios académicos que narran desde los antecedentes hasta los impactos que ha tenido su quehacer en estos años, así como los retos que deberá enfrentar en un país con un recién nacido Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, –en cuya creación tuvo mucho que ver–.

“En la reunión que tuvo Iván Duque con la Academia antes de posesionarse como presidente de la República se comprometió a crear el Ministerio y a convocar la Misión de Sabios”, advierte el actual presidente de la ACCEFyN, el botánico Enrique Forero González.

La Academia son los académicos

En su mayoría, si no todos, los académicos son o han sido profesores universitarios. De la Pontificia Universidad Javeriana trece profesores investigadores son académicos, de un total de 244 miembros que tiene la ACCEFyN en la actualidad.

Pero por sus pasillos han pasado más de 500, y aunque el presidente Forero dice que “somos todos los que estamos pero no estamos todos los que somos”, reconoce que “la riqueza intelectual de sus miembros y la capacidad que tenemos de contribuir al estudio y solución de los grandes problemas del país”, es lo que más se destaca de la Academia.

Investigadores javerianos de la Academia Colombiana de Ciencias

Cuadro javerianos

¿Cómo está conformada la Academia?

Hoy en día, para ser académico se necesita demostrar dedicación a la investigación científica –no solo en ciencias exactas, físicas y naturales–, tener amplio reconocimiento por sus publicaciones científicas y haber preparado nuevas generaciones de científicos. Quien presenta un candidato debe profundizar en el posible impacto de los resultados de las investigaciones del futuro académico y las contribuciones al nuevo conocimiento mundial.

Su trayectoria ha de ser demostrada, independientemente de su edad. Hay científicos que se han posesionado a los 40 años, algo que no ocurría hace un tiempo. Además, Forero creó la Academia Joven, a la que hoy pertenecen 17 científicos, algunos de ellos en los treintas.

“Es un grupo interdisciplinario, son muy activos y llenos de ideas. Me gané la lotería con ellos”. Lo dice porque le han inyectado un nuevo aire a los debates que promueve la Academia y actualmente participan activamente en las comisiones que le hacen seguimiento a las propuestas de los ocho focos de la Misión de Ciencia del 2019.

También se destacan las mujeres académicas, algunas de las cuales le han dado vida a la Comisión de Género, Ciencia y Tecnología, liderada por Ángela Camacho.

En los últimos siete años la participación femenina ha aumentado en 52 %, mientras que la masculina aumentó en 12 %. Esta ha sido la respuesta al interés de reconocer el aporte de la mujer científica colombiana, respetar su trabajo, ofrecer las mismas oportunidades y herramientas que sus colegas hombres, y “erradicar el abuso tanto en el aspecto laboral como sexual en las universidades y centros de investigación”, de acuerdo con Camacho.

Como dato curioso, varios sacerdotes han sido miembros de la Academia de Ciencias. El padre jesuita Jesús Emilio Ramírez S.J., quien fue rector de la Javeriana, fue su presidente durante diez años. El historiador Gómez menciona además a los padres Simón Sarasola (meteorólogo), Lorenzo Uribe (botánico y zoólogo), José Rafael Arboleda (antropólogo), Carlos Ortiz (físico) y Enrique Pérez Arbeláez (botánico).

La Academia echa raíces en las regiones

El carácter bogotano de la Academia de Ciencias ha quedado atrás. El siglo XXI llegó para extender sus redes con la apertura de capítulos como el del Caribe, con sede en la Universidad de Cartagena; el suroccidental, en la Universidad del Valle; el de Antioquia, cuyas sedes han estado en las universidades Nacional, sede Medellín, y a de Antioquia; y el nororiental, en la Universidad Industrial de Santander.

Este “ha sido un movimiento positivo de la Academia”, de acuerdo con el inmunólogo Luis Caraballo, director del capítulo del Caribe, porque la ha hecho más visible y ha dado la oportunidad de aumentar el número de miembros más jóvenes, “lo que le da a la Academia un especial impulso”.

Algunos académicos han conquistado espacios en la prensa, lo cual les permite llevar el mensaje de la ciencia a públicos más amplios y “tratar de persuadir a las autoridades estatales y municipales sobre los beneficios de orientar las políticas hacia un comportamiento racional y más científico”, continúa Caraballo.

El capítulo de Antioquia es muy activo en términos de divulgación, gracias a la alianza que tiene con el Parque Explora, en diferentes programas como Los científicos vuelven a la escuela, en el que los académicos cuentan a los estudiantes sus historias de vida y su motivación para dedicarse a la investigación científica, o La ciencia en bicicleta, evento multitudinario en el que los académicos tienen la oportunidad de conversar con los ciudadanos sobre sus investigaciones.

“A pesar de los logros, dista de ser una estrategia consolidada”, afirma el académico Luis Carlos Arboleda, refiriéndose a que cada vez es más necesario el relacionamiento institucional para lograr mayor visibilidad y que el país “relacione el conocimiento con el desarrollo humano de las regiones”.

Eso significaría, entre otras, hacer más esfuerzos para promover la carrera investigativa “buscando la legitimidad social del investigador científico, que es una agenda de nunca acabar en nuestro país, con una altísima marginalidad de la ciencia”.

De cualquier manera, según el académico Luis Alejandro Barrera, “para uno como científico es un honor pertenecer a la Academia”. Y a las universidades cada vez les interesa más que sus científicos sean miembros de las academias –no solo de la de ciencias sino la de historia, la de la lengua, la de ciencias económicas, por mencionar solo algunas–, porque se convierte en un termómetro de su calidad científica.

La relación de la Academia con la universidad colombiana es un “gana-gana”, dice la actual decana de ciencias de la Javeriana, Concepción Puerta, también académica, porque actúa como “articulador en temas donde la universidad necesita la visión externa para nutrirse”.

La universidad, por su parte, entrega a la academia “la sumatoria de la experiencia de cada uno de sus académicos en el aporte al desarrollo de actividades, planes y proyectos de la Academia”, a través de las diferentes comisiones que se reúnen periódicamente.

¿Cómo incidir en la política científica del país?

Desde su creación, la ACCEFyN, como las otras academias, tiene el encargo de asesorar al gobierno en los temas que son de su competencia. Y si bien en las últimas décadas sus presidentes han promovido esa cercanía, uno podría decir que los gobiernos no han sido lo suficientemente receptivos, como esperarían los académicos.

La Academia de Ciencias ha incidido en campos como los estudios de alta montaña, emisiones de gases de efecto invernadero, clima, energías alternativas, medio ambiente, políticas sobre reformas científicas y educativas, estrategias para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias, entre otros. Pero en sus miembros tiene un potencial enorme que no ha sido aprovechado.

Son incontables los documentos que han generado los académicos, la participación en reuniones, las cartas con propuestas de soluciones a los temas que afronta el país y la respuesta de los gobiernos es generalmente tímida, cuando no inexistente. Por eso es necesario ´pisar más fuerte´, de tal manera que el conocimiento se convierta en una plataforma que apoye un desarrollo de país con base en su gran diversidad.

“Ahí hay una agenda por realizar”, dice Arboleda, quizá promoviendo “en las comunidades científicas las iniciativas –que hoy son todavía aisladas–, de pensamiento interdisciplinario sobre grandes problemas nacionales del desarrollo regional y local”.

Para lograrlo, dice la decana Puerta, “este país necesita que el ciudadano comprenda el valor de la ciencia para el desarrollo y la economía del país. Ese valor agregado que ofrece la ciencia para que no sea un país extractivista”.

Una Colombia con ´los pies en la tierra´, que tome decisiones basadas en evidencias surgidas de la investigación científica, pero con ´los ojos en el firmamento´, lo que significa una mirada de mediano y largo plazo que busque solucionar problemas estructurales y no solamente los del día a día.

Para asistir a la celebración en vivo de los 85 años de la Academia, puede seguir la transmisión que se realizará a través de YouTube haciendo clic en este enlace. El evento se realiza el 28 de mayo, inicia a las 9 a.m. y termina a las 7 p.m., luego de la presentación del libro Ciencia, Humanismo y Nación.

Protestar en la calle: ¿funcionan otros mecanismos de participación ciudadana?

Protestar en la calle: ¿funcionan otros mecanismos de participación ciudadana?

Cuando hay manifestaciones que obstaculizan las vías públicas es común encontrarse con frases como: “Esas no son formas de protestar”, “están afectando al mismo pueblo”. En el marco del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, parte de la discusión nacional ha sido cuál es la mejor forma de expresar las inconformidades.

Aunque el debate inspire las posiciones más opuestas, en la Constitución colombiana existen consagrados cinco mecanismos de participación ciudadana que eventualmente podrían ayudar a conseguir los cambios que se procuran durante las manifestaciones.

Patricia Inés Muñoz es profesora y directora de posgrados del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana. Una de sus áreas de investigación es la cultura política del país. Para la docente es necesario revisar el estatuto de participación ciudadana (ley 1757 de 2015), pues si bien los mecanismos están estipulados, los requisitos incluyen creación de comités, recolección de firmas, umbrales de votación y otra serie de procedimientos que los hacen complicados.

“En términos generales los mecanismos fueron concebidos bajo una serie de requisitos que la mayoría de las veces hacen difícil el éxito del uso del mecanismo por parte de los ciudadanos”, dice Muñoz.

Y las cifras parecen respaldarla. Desde 1991, que existen estos mecanismos, solo un alcalde ha sido removido de su mandato a través del mecanismo popular de revocatoria. Fue en el municipio de Tasco, Boyacá, en 2018. Esto a pesar de las decenas de solicitudes que llegan a la registraduría. En 2017 se presentaron 47 y actualmente cursan 67 solicitudes contra alcaldes. Estos procesos se vieron frenados por la pandemia ante la imposibilidad de recolectar firmas.

En referendos las historia no es muy diferente. En diálogo con El Espectador, Clara Rodríguez, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, recordó que en el país solo se ha votado un referendo a nivel nacional. Este fue propuesto por Álvaro Uribe en 2003, constaba de 14 preguntas y solo una alcanzó el umbral de aprobación: la de la muerte política a condenados.

Adicionalmente, estos procesos están lejos de ser prácticos. Su aplicación puede tomar más de un año, por lo que no serían una alternativa efectiva para cierto tipo de decisiones que requieren mayor urgencia y sin contar los costos que implican.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil los procesos de revocatorias del mandato que están hoy en curso costarían cerca de $200 mil millones. Solo en una ciudad como Medellín, este proceso estaría rondando los 1500 millones de pesos.

La cifra aumenta si se consulta una decisión a nivel nacional. El plebiscito que refrendó los acuerdos de paz con las FARC (única vez que se ha usado esta figura) costó $350 mil millones según la misma Registraduría.

¿Por qué la gente prefiere manifestarse en las calles?

La docente Muñoz expone que como los mecanismos existentes son útiles en muy reducidos espacios, “la movilización de los ciudadanos en las calles es la única forma de hacerse escuchar porque sienten que no hubo otros espacios o mecanismos para interactuar”.

Esta situación ha sido evidente durante los últimos días en el país, que aún en medio de la pandemia, ha vivido una movilización ciudadana en diversas regiones, de diferentes sectores sociales y con múltiples reclamos.

Manifestaciones en Colombia

En este caso la investigadora analiza un malestar social generalizado por demandas que ya se venían presentando desde el paro del 2019 y que fueron interrumpidas por la cuarentena. Esta inconformidad se incrementó por el contenido y la forma como se presentó la reforma tributaria y los impactos que iba a tener sobre la economía diaria. Un tercer factor, analiza la experta, es la pérdida de confianza en la institucionalidad, el gobierno y los actores políticos por parte de los ciudadanos.

Según el Barómetro de Confianza de Edelman, para el cual se encuestaron a más de 33 mil personas en 28 países del 19 de octubre al 18 de noviembre de 2020, en Colombia, la confianza en el gobierno está 20 puntos por debajo del promedio global, siendo el cuarto país que más desconfía después de Nigeria, Sudáfrica y Argentina.

La encuesta revela que la confianza en los líderes políticos llega apenas al 24 %, tres puntos porcentuales menos que en 2020 y que la credibilidad en los voceros del gobierno es del 21 %, dos puntos menos que el año anterior.

“Todos estos estudios de cultura política vienen mostrando una pérdida progresiva de la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos en Colombia”. Paricia Muñoz

Muñoz argumenta que todo este malestar finalmente generó reacciones más alteradas por el mismo contexto de la pandemia, y fue canalizado hacia las manifestaciones en vía pública.

Para la investigadora los mecanismos existentes se quedan cortos para, por ejemplo, consultar a la ciudadanía sobre el contenido de la reforma tributaria. El gobierno requiere, de forma urgente, recaudar recursos por los gastos que ha dejado la pandemia, pero no puede esperar los 12 o 18 meses que tomaría consultar a la ciudadanía mediante dichos mecanismos.

Ante tal complejidad para el uso de las herramientas constitucionales, ¿qué hacer?

La Ley 1757 de 2015 hizo más flexibles los requisitos de algunos de estos mecanismos, norma que para la investigadora Patricia Muñoz es necesario revisar de nuevo buscando que sea más efectiva. “Estamos en mora de evaluarla porque creo que ha habido algunos logros, revocatorias de mandato, por ejemplo, que nos pueden mostrar que efectivamente estuvieron al alcance de los ciudadanos, pero quizás le podamos introducir mejoras para hacerlos todavía más flexibles”, explica.

Pero el problema de fondo, continúa Muñoz, pasa por la relación entre los actores políticos y los ciudadanos. Afirma que más allá de los mecanismos formales que ya existen, lo importante es la voluntad política de los gobernantes para identificar las demandas, necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Esta relación se puede construir por fuera de dichas herramientas. “Siempre habrá la posibilidad de convocar mesas de trabajo con partidos políticos, centrales obreras, organizaciones de la sociedad civil, gremios, academia, grupos organizados. Lo importante es la voluntad política de los mandatarios de abrir canales de diálogo”, manifiesta.

Si bien estas discusiones pueden tomar tiempo, la investigadora sostiene que cuando los gobiernos tienen en cuenta a sus ciudadanos al momento de tomar las decisiones, la norma expedida contará con acogida y respaldo, y eso es finalmente lo que construye la legitimidad de los gobiernos.

“Cuando se quiere gobernar de espalda a la ciudadanía, uno de los efectos es lo que estamos viviendo, ¿por qué?, porque al imponer una reforma tributaria sin consultar y con la gente agotada y empobrecida, allí los ánimos llegan a un punto en que se generan otras reacciones, como las que hemos visto estos días”, dice Muñoz.

La investigadora resalta que aun cuando no exista un mecanismo que se llame movilización, este es por esencia un acto de participación ciudadana, el más sencillo para el ciudadano porque no requiere atender una serie de procedimientos para hacerlo efectivo. Finaliza haciendo un llamado a los diferentes gobiernos a mantener el diálogo con los ciudadanos para planificar mejor las decisiones.