El ABC de cómo informarse en momentos de crisis

El ABC de cómo informarse en momentos de crisis

Desde el pasado 28 de abril miles de personas se han manifestado en las calles (y en redes sociales) por diversos temas. Desde el proyecto de reforma tributaria que ya se retiró del Congreso hasta por la forma en que el presidente Iván Duque ha liderado el país. En esta discusión se han propagado noticias falsas, como esta que registra Colombia Check, un portal de verificación de información:

La desinformación originada a través de la creación de contenidos falsos se ha prestado para causar más confusión y se ha convertido en un potente mecanismo de control político en los momentos de crisis. Según el informe ‘Cómo combatir la desinformación’, de la Organización Digital Future Society, una iniciativa transnacional sobre la tecnología y sus impactos en la sociedad, “los que actúan desde la mala intención llevan a cabo campañas de desinformación para manipular el debate público”.

“Lo que vemos en los últimos días es la saturación de información usando la tecnología, una sobrecarga. Sin embargo, no veo mucha reflexión ética ni crítica en la acción de compartir estos videos tan brutales. Estamos guiados por un contenido muy intenso, muy emocional”, comenta Andrés Lombana-Bermúdez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro del Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard.

Lombana se refiere a los videos que se han propagado en redes sociales desde que iniciaron las manifestaciones en Colombia. Muchos de ellos incluyen contenido violento como abuso policial, daños a la infraestructura pública y agresión a policías y son compartidos muchas veces de forma descontextualizada.

Las burbujas informativas

Además de la desinformación y las noticias falsas, expertos reconocen que los algoritmos (el conjunto de reglas de programación que determinan cómo se muestran los contenidos en redes sociales) crean ‘burbujas informativas’.

“Los algoritmos han detectado cuál es la información que me gusta y en ese sentido me va a llegar toda la información que tiene que ver con mis propios gustos, tendencias, valores y miedos”, explica Juan Carlos Quintero, profesor de la Javeriana y doctor en Ética y Democracia.

“Si yo tuviese, como ciudadano de a pie, la claridad de que si consumo información en redes sociales, lo que voy a recibir está directamente relacionado con mis gustos y valores, quizás podría intentar romper esa burbuja buscando más información”, añade Quintero.

Para Lombana, “estas plataformas y redes tienen unos diseños sociotécnicos particulares (interacción entre la tecnología y las personas) que llevan a priorizar conversaciones entre las personas que te gustan, que tienen tus mismos valores o son de tu mismo partido político. Existe una limitación, quizás, para sostener el diálogo democrático y plural en esas plataformas”.

Una forma de mantenerse informado y darle un contrapeso a los contenidos que se reciben en redes sociales es seguir páginas y personajes públicos con los que no se comparten los mismos ideales.

¿Cómo informarse en momentos de saturación de información?

En noviembre del año pasado, The New York Times publicó ‘Cómo combatir la crisis de la desinformación’. El artículo explica que para evitar la propagación de noticias falsas, además de verificar lo que se lee e instalar aplicaciones como InVid para constatar si las imágenes de los videos son verídicas o no, las personas pueden realizar un simple ejercicio: hacer una pausa y mantener una pizca de escepticismo.

Además de este manual, también se puede consultar la guía de la organización First Draft acerca de cómo navegar en medio de la infodemia, el manual de la UNESCO sobre noticias falsas y la estrategia para combatir la desinformación de la Universidad de Palermo.

“Lo mejor, en este momento, por el escalamiento de la violencia, sería no amplificar información con contenido delicado inmediatamente. Guarden esos contenidos para utilizarlos en procesos de investigación y una vez verificada la evidencia, publíquenlos explicando el contexto de los acontecimientos. Esto no es censurar contenido, es entender que hay maneras de circular información que puede ayudar a frenar la violencia en las calles y en el discurso público”, dice Lombana.

Además del escepticismo, siempre es necesario contrastar y consultar plataformas que se encargan de comprobar, a través de hechos y datos, las noticias, las declaraciones de personajes públicos y los acontecimientos noticiosos, como lo hace la organización Colombia Check o el Detector de mentiras de La Silla Vacía. Además, la Fundación Gabo publicó un listado de 100 páginas para verificar contenido.

El Ctrl + F y la lectura lateral

Sam Wineburg, profesor de Historia en la Universidad de Stanford, ha reflexionado sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. En su último libro llamado Why Learn History (When It’s Already on Your Phone, Wineburg hace una reflexión crítica de cómo los jóvenes no tienen la capacidad de juzgar adecuadamente la información que consumen en internet.

Un ejercicio que propone Wineburg, y que desarrollan la mayoría de plataformas de chequeo, es la lectura lateral y la triangulación de información. Consiste en leer un artículo en internet mientras, al mismo tiempo, se contrasta la información. En otras palabras, es abrir más de una pestaña en el navegador y empezar a hacer preguntas como: ¿Cuál es la evidencia?, ¿qué dicen otras fuentes?

Este proceso funciona con todo tipo de información: trinos, imágenes en Instagram, cadenas de WhatsApp, publicaciones en Facebook y noticias en medios de comunicación. Basta con abrir otra pestaña en el navegador y hacer consultas.

Para guiar de mejor manera la búsqueda de la información, otra recomendación es ubicar en el documento que se está leyendo la palabra clave o lo que realmente se quiere saber. “Según un estudio de Google Research, el 90 % de los usuarios no utilizan Control + F para localizar una palabra en los documentos. Eso es como si fuéramos en la autopista de la información sin saber qué significa la luz roja”. Explica en su libro el profesor de la Universidad de Stanford.

El comando Ctrl + F es una herramienta que puede ayudar a buscar información de manera más rápida en un documento, noticia o artículos.

El silencio estratégico

La cantidad de información que se produce por minuto y su difusión instantánea genera una dinámica de reacciones iguales en las personas. “Tengo que actuar rápido, y eso no me permite reflexionar qué estoy compartiendo”, advierte Juan Carlos Quintero.

Además de la inmediatez, el profesor Quintero, quien además es filósofo, explica que la información en redes sociales tiene otro componente que la hace aún más compleja: la gestión de las emociones.

“Cuando se trata de información relacionada con temas sociopolíticos hay contenidos que se producen de manera malintencionada que buscan actuar sobre la emocionalidad y potenciar elementos como el miedo, el asco y la exclusión frente a quienes no piensan como yo”, puntualiza.


Así que una opción de respuesta es el silencio estratégico, dice Lombana. “Cuando no nos estamos escuchando, una posibilidad es hacer silencio estratégico y no crear esa batalla de amplificación para silenciar al otro”.

Esta estrategia no significa desentenderse por completo, sino hacer una pausa y, como recomienda The New York Times, tener un grado de escepticismo frente a lo que se lee, escucha y observa. El silencio estratégico también permite reflexionar acerca de la información que se comparte.

Para el profesor Quintero, algo fundamental en el propósito de reducir la propagación de violencia en las redes sociales es reconocer la responsabilidad que tiene cada persona con una reproducción de un video, el retuit de un trino y la difusión de una cadena de WhatsApp. Además, puntualiza que es importante no hacer parte de monólogos y discursos de odio.

Aunque los algoritmos de las redes sociales, además de la producción malintencionada de noticias, condicionan parte del diálogo y la discusión en las plataformas, cada usuario puede tener un rol protagónico al realizar una lectura más crítica de lo que lee y ve; de esta manera puede aportar con la circulación de información contrastada y en pro del debate y la resolución de diferencias, y no se limita a la reproducción de contenido emocional e intenso que incita a la propagación de violencia.

Colombia: una cadena de necesidades no resueltas que explotó, ¿cómo superarlo?

Colombia: una cadena de necesidades no resueltas que explotó, ¿cómo superarlo?

En medio de una incertidumbre prolongada, las manifestaciones en Colombia continúan. Se reviven arengas ya recitadas en el paro nacional del 21 de noviembre del 2019, en el que el inconformismo de las centrales obreras se extendió a una protesta general en contra de reformas pensionales, acceso a la educación, desigualdad laboral y una petición a favor de la implementación del acuerdo de paz.

Estas demandas no resueltas permanecen latentes en la memoria de los colombianos y hoy se unen al descontento social desatado por la propuesta de una reforma tributaria que, entre otras cosas, contemplaba gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar y que para 2023, quienes ganaran desde $1´600.000, tuvieran que declarar renta. Esta reforma se planteó bajo la justificación de sobreponerse a la crisis económica nacional ocasionada por los gastos de la pandemia.

Para Carolina Cepeda, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Javeriana, las álgidas movilizaciones de estos días no empezaron de manera espontánea o como una chispa que estalló de la noche a la mañana. “Venimos de un proceso acumulado de movimientos sociales y de reivindicaciones que buscan abrirse un espacio; que están buscando canales de diálogo y hacerse escuchar”, le dijo a Pesquisa Javeriana.

foto_1Juancho Torres - Agencia Anadolu

Una bomba que estalló

La crisis por la Covid-19 no creó los problemas sociales del país, sin embargo, sí los aceleró y visibilizó. Así lo hace saber María Lucía Zapata, directora del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, para quien los antecedentes son claros.

“No se aplica el proceso de paz que dejó una expectativa muy alta y recae sobre Colombia un panorama desalentador, de inequidad, falta de empleo, corrupción, violencia contra líderes sociales y demás. Entonces, se abre una movilización social para el 2019 que estaba callada”.

En ese entonces, como respuesta, el presidente Iván Duque llamó a una gran conversación nacional, una plataforma para escuchar a todos los colombianos. Pero, como dice el profesor javeriano de Ciencias Políticas, Carlos José Herrera, el resultado fue inocuo, no se escuchó y una vez se acabó el paro, todo volvió a ser como antes. “Llega la pandemia, se aceleran los problemas sociales por la crisis y se crea una tormenta a la que se le suma la reforma tributaria. Entonces la gente toma nota de todo eso y estalla”.

Y, aunque el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce las manifestaciones sociales pacíficas como un derecho fundamental, se desató una ola de violencia que para muchos resulta incomprensible.

Según la Defensoría del Pueblo, para el 6 de mayo se habían reportado 26 homicidios durante las protestas, once homicidios ligados a los hechos, siete homicidios en verificación. Otras organizaciones como Temblores ONG indican que las cifras pueden ser más altas y en sus informes incluyen registros como violencia policial, detenciones arbitrarias, intervenciones violentas y violencia sexual ejercida por las fuerzas públicas.

Al respecto, el profesor Herrera explica que en las manifestaciones pueden aparecer algunos hechos de violencia en los que hay personas con intereses políticos, hecho que el experto cataloga como algo negativamente normal. Pero, también señala que “aquí evidentemente hay factores que no deberían estar ocurriendo y eso se tiene que decir con mucha claridad. Medidas represivas que terminan constituyéndose en abusos contra el derecho de la gente se convierten en un círculo vicioso muy peligroso”.

¿Por qué no se ha solucionado la situación actual?

Aunque ha habido violencia, también han surgido multitudinarias formas de manifestación a través del arte y la alegría, lo que demuestra un gran inconformismo, pues “cuando la gente sale en los números en los que ha salido en Colombia, Chile o en Venezuela, eso quiere decir que hay una alta indignación. Evidentemente es porque hay una brecha entre lo que la gente y el gobierno están interpretando como necesario”, señala para Pesquisa Javeriana Gustavo Salazar, magistrado del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

¿Y qué debe interpretar el Estado?, ¿cuáles son las peticiones? Si bien ya se retiró el proyecto de la reforma tributaria, parecen quedar saldos en rojo. Una de las críticas es que en este momento la protesta ha perdido su rumbo. Así lo manifestó, por ejemplo, el senador Gustavo Petro, quien le dijo a Bluradio que, “en este momento ya no hay unos objetivos claros”.

Por su parte, la postura de los expertos es que no hay personas o líderes que representen a todos los ciudadanos en sus necesidades.

“En la democracia, los partidos políticos son el engranaje entre la sociedad civil y el Estado, son ellos, los que se supone, deben canalizar eso en el Congreso, pero vemos que esta institución no traduce la pluralidad y la diversidad total del país. Además, con la corrupción y ciertos hábitos en el poder ejecutivo que tienen alta incidencia en el Congreso, se ha desvirtuado la democracia representativa”, comenta Salazar.

Si el canal de representación ciudadana, como lo es el Congreso, no vela por las demandas del pueblo, los ciudadanos parecen quedar desprovistos de líderes. Y lo mismo sucede con los líderes del paro, los gremios, los sindicatos y demás, manifiesta Salazar, pues son una voz parcial que representan a partes muy pequeñas de la población y muchas veces con representaciones limitadas, “en esa medida ellos solo pueden dar a conocer una parte de la voz”.

foto_2Juancho Torres - Agencia Anadolu

En ese sentido, “es importante reevaluar nuestra concepción presuntamente negativa acerca de lo malo que puede llegar a ser que no existan líderes claros”, asegura Mateo Ortiz, investigador del Observatorio Javeriano de Juventud. Ortiz añade que no se trata de unificar una agenda, sino de establecer mecanismos democráticos que escuchen las diferentes demandas.

Y en ese sentido complementa Gustavo Salazar: “El gobierno tiene que tener grandeza para leer, interpretar y traducir las necesidades de una población agobiada por la pobreza, por la pandemia, por las dificultades, por la violencia, por la no implementación del acuerdo de paz y por la degradación que se da en términos de la institucionalidad”.

¿Decisiones estatales en contravía?

El presidente Iván Duque Márquez ha actuado, para los expertos, muy en contravía de lo que tenía que haber hecho al ver la difícil situación por la que el país atraviesa.

Los primeros diálogos entablados por la presidencia no fueron con los representantes del paro, ni sus voceros o quienes estuvieron protagonizando las marchas en la calle, sino con la llamada Coalición de la Esperanza, sector político conformado por varios líderes políticos de centro, entre los que se encuentran Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo (quien dijo que no tenía sentido hacer grandes manifestaciones mientras se atravesaba por un nuevo pico en la pandemia), Jorge Enrique Robledo e integrantes de la Alianza Verde.

Después, el mandatario entabló conversaciones con representantes de la Acción Comunal de todo el país; exministros y exalcaldes, entre otros.

“Es muy fácil hablar con los amigos, pero no con los enemigos y esto es necesario”, puntualiza la doctora en Estudios de Paz y Conflicto, María Lucía Zapata. En esa misma línea el profesor Herrera se refiere a las reuniones que ha hecho el presidente en el marco del paro y comenta que, “lo que está haciendo el gobierno es una lástima, pues cita al grupo que él mismo designa y supuestamente negocia, pero la gente siente que esas personas que van allá no los representan”.

Ambos investigadores, expertos en resolución de conflictos, coinciden en que el primer paso era escuchar a quienes están en las calles y haber llamado al comité del paro desde el primer día, para desde allí poner una agenda clara de discusión y llegar a acuerdos concretos.

“Es lo que nosotros en construcción de paz llamamos un trabajo de abajo hacia arriba. Se trata de escuchar y contar con esas redes, con esas ideas y fortalezas que hay en las comunidades y en los diferentes sectores de la población para tramitar los problemas y posibilitar soluciones desde ahí, pero aquí iniciaron al revés”, explica la javeriana Zapata.

Solo hasta el 10 de mayo, cuando se completaba el día 13 del paro, el gobierno nacional se reunió con el Comité del Paro. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo y se convocaron nuevas movilizaciones para el 12 de mayo.

Hay que escuchar a los jóvenes

Dentro de los grandes protagonistas de las manifestaciones están los jóvenes. “La realidad juvenil colombiana ha estado atravesada por múltiples factores sociales y políticos que han puesto sobre la mesa, por un lado, la importancia de las y los jóvenes en el desarrollo del país y, por otro, las constantes demandas por una educación de calidad, gratuita y cambios estructurales en el sistema laboral en el que se pauperiza la vida juvenil, por eso piden ser escuchados, por su presente y su futuro”, señala Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud.

Por estas y otras razones, como lo pueden ser los bajos niveles de confianza que tienen los jóvenes colombianos en las instituciones y sus actores públicos y políticos, los jóvenes están en las calles. Según la encuesta nacional de juventudes colombianas 2021, realizada por la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de Juventud, el 74% de los jóvenes creen que los políticos no tienen en cuenta sus ideas.

El cálculo es simple pero profundo: “En Colombia, la juventud no hace parte de los horizontes de acción del Estado, está la población adulta o la población infantil”, dice Gutiérrez y explica que no solo se trata de que no se les cumpla, “a ellos no se les escucha porque se han infantilizado con estigmatizaciones como que aún no tienen la capacidad de sentar posturas significativas o se les pone en el otro extremo como sujetos peligrosos, y en últimas esto lo que hace es negar la existencia de un sujeto social con mucha potencia, con mucha capacidad de reflexión y de acción”.

Para la directora del Observatorio, el hecho de marginar a este sector de la sociedad conlleva a desconocer sus posturas porque no se sabe qué es lo que piensan, lo que sienten y cómo se organizan, pero ellos están listos para dialogar.

“Cuando existe voluntad auténtica y verdadera de diálogo, los jóvenes están dispuestos a llegar a acuerdos. Ellos están pidiendo una deliberación pública de calidad y un reconocimiento de espacios en donde todos pueden acordar la manera de ser, de vivir y estar”, comenta Gutiérrez y hace énfasis en que la sociedad tiene que entender a los jóvenes como actores políticos importantes, pues al desvalorizar su presencia y su poder de transformación, emergen la rabia, la desesperanza y el desconsuelo.

¿Cuál es el camino?

Colombia es un país democrático, no autocrático, lo que implica la deliberación, la inclusión, la escucha y los acuerdos. Pero, a pesar de vivir en un estado democrático, para expertos como María Lucía Zapata, vivimos en una democracia de mentiras o pseudodemocracia, “no hemos comprendido que la colaboración, la integración, y el debate hacen parte de la vida y son un baluarte de la democracia, tanto en microespacios como también en grandes espacios”.

El camino, y en ello coinciden los expertos, es escuchar a la gente que está en las calles e implementar agendas propositivas que impliquen y enmarquen trayectos a largo plazo. “Si no se escucha a quienes están y se pone una agenda clara con ellos, van a pasar cosas muy graves que ya están ocurriendo”, reitera el profesor Herrera.

Para tener en cuenta a futuro y no cometer los mismos errores

“Los incendios no se apagan con gasolina”, Carlos José Herrera

Si la protesta se lee en clave de confrontación, la violencia crece, “se puede calmar engañando, ya lo han hecho antes, pero el cambio está en que el Estado escuche y tome acción, la gente está diciendo cosas buenas y sensatas”, dice Herrera.

La democracia no se puede limitar a solo votar en unas elecciones, hay que ir mucho más allá, es necesario alcanzar una democracia deliberativa. El abogado, máster en Ciencia Política y magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, explica que se trata de hacer uso de la democracia participativa, en donde uno delega, pero, además, está vigilante. “Si yo entrego mi voto, pero soy crítico, es decir, ser escéptico y evito militancias ciegas, voto por alguien, pero además de darle mi respaldo, le auguro mi supervisión. Es la apropiación de la ciudadanía”, dice.

“Teniendo instituciones relativamente sólidas como las que tiene Colombia, estas puedan ser neutrales y realizar la labor para la que la constitución las mandó, que es equilibrar el poder”, resalta María Lucía Zapata, quien además hace énfasis en la memoria, “así como Colombia tuvo 60 años de guerra y de violencia, también hay 60 años de resistencia y de iniciativas de construcción de paz, entonces tenemos que capitalizar eso para no repetir”.

Finalmente, hay que saber que estas luchas, de forma pacífica, valen la pena, pues como asegura el magistrado de la JEP, “la democracia es un proceso continuo de construcción, nunca termina y siempre está en riesgo, pero hay que tratar de no renunciar a ese sueño democrático”.

 

Indemnidad y efectos adversos: ¿quién debería responder si los privados vacunan?

Indemnidad y efectos adversos: ¿quién debería responder si los privados vacunan?

El sector privado ha manifestado su deseo de participar en la oferta y aplicación de vacunas al interior del país, actividad que se autoriza bajo la resolución 507, expedida el 19 de abril del presente año por el Ministerio de Salud y Protección Social, y que inicialmente estuvo restringida dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2.

Sin embargo, hay puntos del documento que han generado controversia por parte del sector privado y para los cuales, algunos representantes propusieron hacer reformas que le permitan dar continuidad al proyecto, aportar al objetivo de vacunar al 70 % de la población y así alcanzar la inmunidad de rebaño. Esto ocurrió durante el panel La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana.

El esqueleto de la resolución

Dentro de los aspectos esenciales a considerar de la resolución 507, a través de la cual el sector privado podrá negociar, importar y adquirir vacunas contra la Covid-19 de manera complementaria al Plan Nacional de Vacunación, es que la vacunación en cabeza de los privados iniciaría una vez el gobierno haya realizado aproximadamente el 65 % del agendamiento de la etapa III, explicó el abogado y máster en Derecho Internacional Mauricio Ángel, quien además se desempeña como director de gobierno de asuntos corporativos de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

La resolución dice además que el sector privado estará en libertad de priorizar el orden en el que vacunará a sus beneficiarios, sin estar ligado al cronograma establecido por el Plan Nacional de Vacunación. Ahora bien, las vacunas que podrán importarse al país serán aquellas que tengan autorización sanitaria de uso de emergencia (ASUE) otorgada por el INVIMA.

Esta es una autorización para medicamentos biológicos de diagnóstico, prevención y tratamiento para la Covid-19, que se encuentren en fase experimental y cuenten con estudios clínicos que respalden la eficacia y seguridad del producto. “En este caso, para Colombia aplican los biológicos de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac”, señaló Ángel.

Asimismo, la aplicación de estas vacunas deberá hacerse únicamente a través de los prestadores de servicios de salud que hayan sido habilitados por la Secretaría de Salud departamental o distrital o la entidad que haga sus veces, “lo que implica la ampliación o habilitación de nuevos puestos de inmunización, porque el Gobierno tiene que garantizar que el sistema de salud no vaya a colapsar y que la infraestructura y el talento humano que llegasen a usar los privados no sean los mismos utilizados por el Gobierno Nacional. En este sentido, el prestador de servicios debe crear puntos de inmunización adicionales que le permitan brindar y ampliar esa capacidad”, expresó el abogado.

El punto que ha causado más revuelo en las entidades privadas es el tema de las responsabilidades que asume el Estado, frente a las que tendría que asumir el sector privado respecto a los posibles efectos adversos derivados de la vacuna.

Según señaló Ana María Vesga, directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI y coordinadora de la iniciativa de participación del sector privado en la vacunación desde la misma entidad, “los privados tendrán que hacerse cargo de las mismas responsabilidades que está asumiendo el Estado al comprar los biológicos, por ejemplo, del manejo y la custodia de las vacunas, que siempre estará en cabeza de quien las compre; los errores que puedan haber en la aplicación; y los eventos adversos derivados de la aplicación de la vacuna”. La abogada señaló que eso significa una desigualdad entre un sector y el otro.

¿Cuál es el rol del Estado y los privados ante la presencia de efectos adversos derivados de la vacuna?

La ley 2064 del 2020, por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización colombiana contra la pandemia, señala que las farmacéuticas estarán libres de responsabilidad en cuanto a los efectos adversos que puedan provocar las vacunas, mientras los biológicos estén en uso de emergencia. De esta manera, son los Estados los que deben responsabilizarse de tal situación.

“Los efectos adversos a mediano y largo plazo han obligado a las farmacéuticas a exigir a los Estados someterse a una cláusula de indemnidad, que respondan por los daños que eventualmente pueda generar alguna de las vacunas”, explicó el abogado y profesor javeriano Juan Carlos Rodríguez.

Así libran su responsabilidad, ya que los laboratorios fueron claros al decir que, si bien se hicieron estudios muy rigurosos en la primera fase de aplicación de los biológicos, no se pudieron adelantar investigaciones a largo plazo

Los fabricantes de vacunas contra la Covid-19 adquiridas y suministradas por el Gobierno Nacional solo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”. Art. V, ley 2046 del 2020

Así, en caso de que ocurran daños derivados de la aplicación de la vacuna, el Estado colombiano resuelve, en la ley 2046 del 2020, asumir esa responsabilidad que puede derivar en la indemnización económica a través de un fondo designado por el Estado para hacer esta cobertura. No obstante, esto no se extiende a los privados, lo que quiere decir que en caso de que la aplicación de un biológico suministrado por el área privada tenga un efecto adverso, deberá ser la misma entidad la que asuma la indemnidad.

En igualdad de condiciones se llegaría a la inmunidad de rebaño

Ante esta situación, Ana María Vesga, como representante de los privados, dijo que “si hoy los privados no existiéramos con esta propuesta, el Estado colombiano igualmente tendría que responder por los eventos adversos de la vacunación de esa población”.

En esa medida, la solicitud de los privados es que la indemnidad dispuesta en el artículo V de la ley 2064 se extienda a las vacunas que serán adquiridas por el sector privado.

Para el internista y epidemiólogo javeriano, Oscar Mauricio Muñoz, lo que está sucediendo con el tema de la indemnidad y las limitaciones del Estado hacia el sector privado, no son más que trabas injustificadas que lo que hacen es demorar un proceso que requiere celeridad como lo es la vacunación.

El experto reconoce la posibilidad de que se presenten efectos adversos según el tipo de vacunas y su tecnología, pero asegura que son más los beneficios que los riesgos, por cierto, poco probables.

Dentro de las manifestaciones adversas más comunes están las relacionadas con el sitio de inyección, como puede suceder en las vacunas de Pfizer o Moderna; algunas otras como dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y fiebre. “De estas reacciones a corto plazo y que pueden aparecer en los primeros 30 minutos de aplicar la vacuna, es una que llamamos anafilaxia sistémica, la cual puede producir que a la persona se le baje mucho la tensión o que tenga síntomas de dificultad para respirar, pero es poco frecuente y puede revertirse rápidamente y de forma eficaz”, explicó Muñoz.

Entre otras posibles afecciones están la trombosis y la trombocitopenia, por lo que fue suspendida por un tiempo la administración del biológico de AstraZeneca y Janssen. Al respecto Muñoz explicó que “se ha visto que esa manifestación es mucho más común en mujeres jóvenes y que se presenta normalmente entre siete a diez días después de la aplicación de la vacuna. Pero más importante que eso es que estas reacciones son muy poco frecuentes. Es más, la probabilidad de hacer trombos, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca es más o menos de 1 en 10.000; es más probable que te caiga un rayo”.

nota ximena
Lo que debe quedar claro, según el doctor Muñoz es que, en primer lugar, los riesgos de las vacunas siempre van a ser inferiores a los beneficios, razón por la que extiende una invitación a vacunarse: “Es más alta la probabilidad de que uno termine hospitalizado o muera por la enfermedad, y todos los tipos de vacunas evitan esto con una alta protección”.

A su vez, comenta que la discusión acerca de la indemnidad se polariza aún más ante lo difícil que puede llegar a ser determinar si los posibles efectos adversos efectivamente provienen de la aplicación y no de otros antecedentes. “Lo realmente importante es agilizar la vacunación y no poner trabas a los beneficios de los biológicos, pues está claro que cualquier mecanismo que escojamos es mejor que no aplicarlo”.

Reformas para estimular a los privados y avanzar en la vacunación

Por su parte, los abogados Galindo, Vesga y Ángel, coinciden en que desde el punto de vista jurídico, lo que el Estado debe tener en cuenta es hacer claridad sobre aspectos concernientes a la cláusula de indemnidad, la póliza o fondo para cubrir los posibles efectos adversos, y, en última instancia, incorporar en la ley en la que se convino el favorecimiento de la indemnidad respecto de las vacunas aplicadas por el Gobierno Nacional (ley 2064), las mismas disposiciones para la aplicación de vacunas por parte del sector privado.

“Debemos buscar esos mecanismos que nos permitan garantizar que el sector privado pueda insertarse efectivamente dentro de esta dinámica, de lo contrario, no va a haber un incentivo claro para que eso pase y se va a generar un desestimulo riesgoso en la inmunización por parte de los privados”, finaliza Mauricio Ángel.

Actualización 3 de junio: recientemente el Ministerio de Salud autorizó que las empresas privadas puedan empezar a vacunar desde el 15 de junio. El Gobierno asumió la adquisición con las farmacéuticas y también responderá por los eventuales casos de efectos adversos.

La simbología detrás de ‘vandalizar’ monumentos

La simbología detrás de ‘vandalizar’ monumentos

Los bogotanos amanecieron el 7 de mayo con la noticia del derribamiento de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada (fundador de Bogotá), que estaba ubicada en una plazoleta frente a la Universidad Rosario. “Es un acto de justicia espiritual organizado por las mujeres originarias y mestizas del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO”, argumentó Didier Chirimuscay líder de la comunidad misak.

El pasado 28 de abril, primer día del paro nacional que aún continúa, manifestantes derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Cali. Al igual que meses atrás en Popayán, esta acción fue realizada por un grupo de indígenas de la comunidad misak, nasa y pijao.

El año pasado, luego del asesinato de George Floyd que impulsó el movimiento Black Lives Matter en diferentes partes del mundo, cayeron estatuas como la de Cristóbal Colón o el Rey Leopoldo II en países como Estados Unidos, y la del esclavista Edward Colston en Reino Unido.

Una práctica histórica

Comprender que este fenómeno cultural hace parte de nuestra historia permite ver qué acontecimientos, como la caída de estatuas de dictadores como Sadam Hussein (2003), o del muro de Berlín (1989) y hasta del edificio Reichstag (1933), también implicaron la destrucción de monumentos. En Afganistán (2001), se destruyeron los gigantescos Budas de Bamiyan con más de mil años de antigüedad.

“La vandalización es una realidad polisémica llena de preguntas, enfoques y diferentes perspectivas por todo lo que implica físicamente, legalmente, simbólicamente, socialmente y estéticamente”, enfatiza María Isabel Tello, directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho, ICAC, de la Javeriana.

Este es un fenómeno social que implica la destrucción del patrimonio cultural; bienes comunes que en la mayoría de los casos están ubicados en el espacio público. Para el caso específico de los monumentos, conocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC), ‘vandalizar’ tiene varias implicaciones de acuerdo con los diferentes ámbitos de valoración del patrimonio.

Es decir, para aquel “que considera el patrimonio como un objeto terminado que representa la historia institucional y oficial, vandalizar es producto de un acto delincuencial porque transgrede la ley”, analiza Tello, arquitecta restauradora.

Vandalismo en monumentos y estatuas

Desde esta visión, el vandalismo es penalizado por el Código Nacional de Policía con una acción reparatoria y una multa de 16 salarios mínimos.

Otro ámbito de valoración del patrimonio que determina el concepto de ‘vandalizar’, se ve reflejado en el individuo que en nombre de su fe o de su gusto estético, colecciona partes o pedazos de un monumento. Asimismo, la vandalización como acción comunicativa implicaría una valoración desde los antivalores, que el que ‘vandaliza’ quiere deponer. 

“Desde el punto de vista de la gestión pública de la conservación, y derivado de ello del manejo, la sostenibilidad y la ejecución de recursos para el cumplimiento de sus objetivos, el asunto es un claro problema. Una restauración puede llegar a implicar la inversión de cientos o miles de millones de pesos, dependiendo de la magnitud de la obra y del daño que se le haya causado”, complementa la arquitecta Tello.

¿Por qué conservamos ciertos monumentos?

Pero también existe la mirada de quien se pregunta si realmente lo que conservamos representa lo que mejor representa nuestra historia. Este puede ser el caso de la reivindicación de la comunidad misak respecto al imaginario histórico alrededor de Sebastián de Belalcázar.

Desde la mirada de la historia institucional, Belalcázar es el fundador de las ciudades Asunción de Popayán y Santiago de Cali. Desde la mirada de las comunidades indígenas misak, nasa y pijao es un genocida que los despojó de sus tierras.

En este caso, la noción de delito o acto delictivo se nubla en medio de las narrativas y los relatos de la comunidad indígena. La experta en patrimonio plantea como reflexión que “es tan simbólico el objeto monumental conservado, como el acto de su vandalización”

Según Tello, la historia ya no puede ser contada solo por los grandes hechos históricos. “Hasta el siglo XX empezamos a pensar que había una arquitectura contextual no monumental, que también debía ser valorada y conservada, puesto que también se constituye en testimonio de la historia de nuestros grupos humanos”.

Así, cada caso de vandalización de un BIC es distinto y se hace necesario analizar el contexto en el que sucede cada uno: ¿cuáles son los móviles?, ¿qué tradición representa el monumento?, ¿cuál es la coherencia de que esté o no en ese lugar?, ¿cuáles serían las implicaciones de mantenerlo o reubicarlo?, ¿qué comunica el monumento y qué su vandalización?, ¿cómo ponemos en dialogo los dos relatos?, ¿dónde comienza y termina el vandalismo y la manifestanción social?

“Yo sí creo que se deben buscar consensos. Se deben poner en diálogo las dos necesidades; es tan necesario conservar y mantener en buen estado el patrimonio, como necesario darles la posibilidad a los individuos de expresarse, sobre lienzos que se sobreponen”. Para la arquitecta, esos consensos deben llevar a construir una conciencia histórica diferente.

La directora del ICAC concluye que, adicional a la motivación de comunicar que moviliza a los grupos sociales al acto vandálico, el rol que, tanto el monumento como el acto en sí mismo, cumplen al tener como escenario el espacio público, es necesario leerlos desde lo que para la sociedad de hoy implica la noción de lo público.

Nos encontramos en el décimo día de un paro nacional opacado por la violencia. Ante la pregunta de si iban a seguir vandalizando monumentos, Didier Chirimuscay, líder de la comunidad misak, respondió: “No podemos pasar por alto los símbolos de la desmemoria. Esta responsabilidad no es solo del pueblo misak, es de todo el pueblo colombiano a contar la historia que es”.

¿Será posible alcanzar el consenso donde sea posible construir en colectivo esa nueva conciencia histórica que propone la profesora Tello, sin destruir esos monumentos de la desmemoria histórica a los que se refiere el líder misak?

Mano dura, ¿equivocación grande? Los excesos de la policía y por qué ocurren

Mano dura, ¿equivocación grande? Los excesos de la policía y por qué ocurren

La propuesta del gobierno de Iván Duque que buscaba hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia generó una respuesta social que hace mucho no se veía en el país. Miles de personas se volcaron a las calles de ciudades y pueblos a manifestarse en contra de la propuesta que pretendía generar una carga impositiva adicional a los colombianos. En algunas capitales se presentaron desmanes que llevaron a enfrentamientos con la fuerza pública.

A partir de allí y durante varios días, la violencia en las confrontaciones ha ido escalando. No fue suficiente que el gobierno retirara del Congreso el proyecto de reforma tributaria, pues las manifestaciones continuaron exponiendo inconformidades sociales por la nueva reforma a la salud, la pobreza y desigualdad que crecieron según el último informe del DANE, entre otros.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 4 de mayo se registraban 24 muertos, once por presunta responsabilidad de la Policía Nacional, once con responsable desconocido y dos más que relacionan en su informe como “desconocido” o “no aplica”. La mayoría de los casos fueron registrados en el departamento del Valle del Cauca.

Por su parte, la ONG Temblores registra 1181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de fuerza, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias y 12 víctimas de lesiones en los ojos. Todo esto, durante los primeros cinco días de protestas.

Estas agresiones por parte de la fuerza pública han sido rechazadas por la ciudadanía colombiana y también por la comunidad internacional. “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal”, manifestó Juliette de Rivero, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en Colombia, quien además denunció que su comisión fue atacada por la Policía mientras investigaban las protestas en Cali.


Además, la Unión Europea condenó la violencia y pidió a las fuerzas de seguridad evitar la mano dura a través de su portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. Desde el Departamento de Estado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también rechazaron la violencia contra los manifestantes.

Por otro lado, se han prendido las alarmas por la decisión presidencial de enviar al Ejército Nacional a acompañar a la Policía en la atención de las protestas, pues se intensificarían las tensiones. Pero, ¿cómo se podría explicar este accionar estatal frente a las manifestaciones?

Para Luis Felipe Vega, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en temas de defensa, “se acaba de demostrar que es una Policía que le falta capacitación, mando, organización y estructuración institucional interna”. Explica también que dentro de la institución no hay una profesionalización del manejo de los conflictos internos, por lo que luego de varios días se pierde el control unificado.

Vega asegura que la institución tiene poca capacidad de aprendizaje de experiencias previas porque “no tenían ni siquiera los planes alternativos de contingencia en casos como el incendio de Cais, situación que ya habían enfrentado el año anterior”.

Además, señala que es evidente la improvisación, como en el caso del aterrizaje de un helicóptero en el colegio Claretiano de Bosa para poder mover y sacar policías y munición, por lo que insiste en que es necesaria una reforma para profesionalizar a la Policía.

Argumenta también que la falta de experiencia y experticia del ministro Diego Molano en temas de defensa desempeñan un papel importante en estos hechos, pues repercute la falta de reconocimiento dentro del mando de la fuerza pública. “El ministro tiene seis generales en Cali y no ha podido resolver la situación de seguridad y convivencia interna”, manifiesta.

Brutalidad policial en Colombia

¿Estrategias del siglo pasado?

Vega cuestiona la decisión presidencial de habilitar al Ejército como acompañante para enfrentar las protestas, pues para él “es apagar el incendio echándole gasolina. Es el escenario que siguen visualizando desde un gobierno muy técnico, pero poco político. Continúan subestimando la capacidad que tienen los grupos organizados de campesinos indígenas, afrodescendientes, mujeres y estudiantes para movilizar personas”.

Para el profesor, se siguen inculcando en la formación de la fuerza pública los modelos de la guerra fría. “Tienen una estructura en la cual esas movilizaciones son, para ellos, el enemigo interno, y están buscando quién está detrás, quiénes son los determinadores de que la gente salga a marchar, desconociendo las capacidades organizativas de los movimientos sociales”.

Expone que dichos modelos funcionaron en políticas como el estatuto de seguridad del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) porque se hacía oculto. Hoy en día, con las redes sociales es mucho más fácil visibilizar estas situaciones, por lo cual, mucha más gente está pendiente y haciendo seguimiento al actuar de la fuerza pública.

En esto coincide también Christian Fajardo, profesor del Departamento de Ciencia Política de la PUJ y coordinador del semillero Teorías Políticas Críticas, quien hace su análisis desde lo discursivo. Para él, la ideología dominante se está desmoronando y esto es visible en la ruptura de dos discursos: uno que naturalizaba la desigualdad; y el otro que cohesiona a la sociedad en torno a un enemigo interno.

Así entonces, las personas que sufren la aprensión social ya no se resignan a vivir así y buscan mejorar su calidad de vida. Y por otra parte la doctrina del enemigo, ya no funciona igual que hace unos años. “Esos discursos han perdido eficacia y lo demuestran los hechos. Hace unos 15 años decir que hay infiltrados en las manifestaciones y grupos armados de izquierda luchando contra el status quo tenían cierta eficacia, pero hoy no tienen efecto en la opinión pública”, dice.

Brutalidad policial en Colombia

 

Este hecho le resulta definitivo para entender la coyuntura actual, pues cuando se caen los discursos dominantes, como los dos ya mencionados, al Estado no le queda otra cosa sino reprimir con el uso de la fuerza.

“Es una decisión totalmente equivocada porque entre más se reprima una protesta social que tiene argumentos sólidos, se acrecentará la indignación popular y esto a su vez provocará una reacción cada vez más violenta de las fuerzas del orden”, opina.

Otro punto que le resulta problemático es que la Policía esté adscrita al Ministerio de Defensa, igual que el Ejército. “Debería ser un organismo cívico que en gran medida esté desarmada o con armas de letalidad reducida: y como en otros países democráticos, debería estar inscrito en otros ministerios, por ejemplo el del Interior”. También explica que, ante un exceso de un policía, por su fuero militar, es juzgado como si fuera un militar en guerra.

¿Y ahora?

Luego de todo lo sucedido, surgen interrogantes sobre hacia dónde debería dirigir el gobierno el manejo de las protestas. Ambos docentes coinciden en que la mejor salida será un diálogo social que permita encontrar propuestas que representen a la mayor cantidad de personas posible.

“Creo que la única solución es que el gobierno desista de su afán de decir que es quien tiene la autoridad y caer en la cuenta de que la soberanía, en últimas, recae sobre los ciudadanos reales”, afirma Christian Fajardo.

Sin embargo, para Vega, dicho diálogo cambiará en sus condiciones. “Un escenario de concertación nacional que ya no va a ser con los líderes de los partidos. Los líderes sociales van a replantear la agenda política del gobierno porque ya saben que pueden gobernar desde las calles”, asegura.

Para ambos expertos, la opción de declarar un estado de conmoción interior-una iniciativa que ha surgido desde las filas del uribismo- es el peor de los escenarios, pues cerraría cualquier opción de conversar con los diferentes sectores sociales y aceleraría los procesos de violencia urbana. Por lo que finalizan haciendo un llamado al gobierno para que permita un diálogo intersectorial para buscar alternativas negociadas.

Protestas no violentas: ni pasividad ni tibieza

Protestas no violentas: ni pasividad ni tibieza

Que las grandes revoluciones se conquistaron con mecanismos de protesta violenta, es cierto. No se podría hablar de Revolución francesa sin la toma de la Bastilla ni de Independencia en Colombia sin la campaña libertadora que implicó cientos de confrontaciones.

“Uno siempre se imagina que los grandes cambios se derivan de revoluciones y, ¡Por supuesto!, por eso son revoluciones, pero si uno mira la historia como un proceso de larga duración, ni la abolición de la esclavitud ni el voto femenino se consiguieron con una revolución, y muchas de esas protestas no fueron violentas”, explica Carolina Cepeda, quien ha trabajado en temas de movimientos sociales, es politóloga de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y es profesora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

“Pero que sean no violentas no significa que funcionen como les gustaría a muchas personas en Colombia: que se realicen el sábado a las 6 p.m. en un andén. Una protesta no violenta es lo que vimos en el 2016 a favor del acuerdo de paz, no hubo confrontación con la policía, no se rompieron vidrios y fue masiva. Mucha gente, que seguramente se habría ido a la primera piedra lanzada, a la primera papa bomba que sonara, se manifestó, ¿y qué se logró? No se revirtió el resultado del plebiscito, pero se pudo acompañar el proceso de paz, el poscauerdo y demás”, añade.

La idea de la “no violencia” es un concepto al que la politóloga estadounidense Erica Chenoweth le ha dedicado gran parte de sus investigaciones más recientes. Chenoweth la define como “una forma de conflicto activo donde los civiles desarmados utilizan una variedad de tácticas no violentas – como huelgas y protestas – para lograr un cambio político sin usar la violencia o amenazar con usar la violencia física contra un oponente”. Así lo explica en una conferencia en la que habló de su libro Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, publicado junto a la también politóloga María Stephan.

A largo plazo es más efectiva la protesta sin violencia

En su libro, Chenoweth y Stephan analizaron más de 300 campañas violentas y no violentas entre 1900 y 2006, y encontraron que el 26 % de las protestas con violencia fueron exitosas, mientras que las no violentas alcanzaron el 53 %. Las manifestaciones analizadas tenían como objetivos cambiar un régimen, pronunciarse en contra de la ocupación internacional y la secesión (separatismo). Además, las politólogas solo tuvieron en cuenta aquellos eventos que convocaran a por lo menos mil personas.

En la conferencia mencionada, Chenoweth explica que puede suceder que las manifestaciones analizadas en algún momento tuvieran un componente violento, sin embargo, “puedes ver una serie de huelgas que duran seis meses con miles de personas participando y luego hay un grupo que hace explotar las cosas. Si la violencia no se convierte en el modo principal del enjuiciamiento de conflictos, sigo contando eso como una campaña no violenta”, explica la politóloga estadounidense.

Cuando hay una inconformidad que convoca a la gente en las calles, permanece latente la posibilidad de un enfrentamiento, ya sea porque un grupo de los manifestantes recurrió a la violencia o como respuesta al control policial.

“Que la policía llegue y tire gases no vuelve la manifestación violenta por sí misma, que haya cinco o seis personas o un grupo que quiere romper todo, no vuelve la manifestación violenta por naturaleza; y el hecho de que la manifestación sea pacífica no quiere decir que sea estéril, que no afecte a nadie, porque la esencia de la manifestación es que genere caos, que incomode”, explica Carolina Cepeda.

No violencia

¿Qué es ser violento?

Para la profesora javeriana puede que el término de lo que significa ser violento no tenga mucho consenso. “Para muchas personas salir a cortar una calle puede ser un acto violento, para otras lo es pintar un grafiti y romper los vidrios de un banco, pero para otros puede no serlo”, incluso, Cepeda menciona que puede que haya más puntos en común sobre lo que no es violento, como hacer un plantón, “pero igual alguien puede interpretarlo como violento en la medida en que debe pasar para llegar a su trabajo y siente que está siendo violentado por los manifestantes”.

Cuando una manifestación violenta triunfa (entendiendo la violencia como la base de la protesta y logrando el objetivo propuesto) “a largo plazo no es tan exitoso”, explican en su libro las politólogas Chenoweth y Stephan.

“Los peores resultados a largo plazo tienden a provenir de revoluciones violentas exitosas, pues brindan las peores perspectivas en promedio para la democracia. Esto se ha explicado al observar que la violencia exitosa lleva al poder a personas que saben cómo usar la violencia pero que no son tan buenas para resolver problemas sin violencia”.

Las expertas concluyeron que “la violencia, esencialmente, no tiene impacto en la democratización. La no violencia construye la democracia, mientras que la violencia perpetúa la tiranía, en promedio, a largo plazo”.

La masividad: la clave del éxito de una protesta no violenta

“Chenoweth habla de la cifra mágica del 3.5 %”, explica Carolina Cepeda. Este número hace referencia a que cuando al menos ese porcentaje de la población se une a la manifestación, tiene más posibilidades de ser exitosa. “Cuando más gente se siente llamada a salir-y creo que eso se sintió en el 2019 en Colombia y se siente ahorita-, va creciendo el número de manifestantes y la protesta se calma”.

La razón para que esto suceda, según Cepeda, es que “cuando se logra movilizar hasta el 3.5 % de la población, la policía ya no sabe si ahí está su vecino, su amigo, si hay gente muy cercana y tiene miedo de usar la fuerza desmedida; eso los desincentiva en el uso de la fuerza y en la medida en que el Estado deje de ejercerla, eso hace que más gente se sume, lo que produce cambios en la percepción de la que ya no se dan de forma abrupta en confrontación con el Estado, sino que hay una aplicación del consenso a nivel social. Entre más gente sale, más gente comparte la demanda y la respuesta del Estado tiene que ser de largo plazo para satisfacer a la mayor cantidad de manifestantes posibles”.

Protestas sin violencia

¿Qué acciones son no violentas?

Carolina Cepeda pone sobre la mesa las movilizaciones en favor del aborto legal y seguro en Argentina y que llegó a encontrar eco en diferentes países de Latinoamérica. “Comenzaron a crecer desde hace tres o cuatro años, convocaron más gente y se ejerció una presión grande en el Congreso para que se votara en favor de la protesta”.

Otro gran ejemplo fue lo que se conoció como la Revolución de las rosas, en Georgia, cuando en 2003 y después de más de 20 días de protestas, un grupo de manifestantes que buscaban derrocar al presidente Eduard Shevardnadze, quien estaba envuelto en escándalos de corrupción, irrumpió en el parlamento llevando rosas en sus manos. Esto conllevó a su renuncia y a convocar nuevas elecciones.

Aunque en el caso de Georgia fue clave que las fuerzas de seguridad no respondieron con violencia, lo que facilitó una protesta democrática no violenta, consiguieron un gran cambio en su estructura política, pues con las elecciones presidenciales y de parlamento, el país comenzó a vivir un renacer de la mano de una relación más abierta con Occidente.

Protestas en Colombia

¿Funciona protestar con memes, hashtags y likes en redes sociales?

“Siempre fui escéptica, me alineé con la corriente de Charles Tilly, quien decía que era un repertorio más, pues los movimientos sociales siempre han usado lo que tienen a la mano, la imprenta, la radio y en este caso el internet, pero sí he visto un cambio importante y todos hablan de la seguridad que trajeron las redes para grabar y transmitir lo que pasa. Esto no ocurría en los 70 y no había tanta conciencia de la brutalidad policial, por ejemplo”, explica Cepeda.

Para la politóloga, lo que está ocurriendo con hashtags como #SOSCOLOMBIA y la tendencia de poner la foto de la bandera de Colombia al revés en el perfil personal de diferentes redes sociales, puede que se vea como algo intrascendente, pero no lo es del todo, incluso, puede ser una forma de protesta no violenta.

“Que un ciudadano común y corriente que entre a Instagram y empiece a ver que todos escriben #SOSColombia, lo motiva a hacerse preguntas, dice: ¿por qué está pasando esto? Y en la misma medida, busca respuestas. Supongamos que no veo noticias, pero si entro a redes sociales y me entero de esto, de alguna manera cambia la percepción acerca de ciertos temas, que busquen información es valioso”.

Por otro lado, Cepeda apunta que “la movilización social no solamente está orientada a objetivos de corto plazo, sino que busca cosas a largo aliento y es lo que estamos viviendo, y ese tipo de acciones que uno desdeña porque parece que lo que realmente vale es ir y estar en la primera línea contra el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios), puede aportar bastante. Que pasen esas cosas vía internet poco a poco va cambiando mentalidades y ahora vemos el resultado de todo eso, de difundir las cosas, de ejercer resistencia en niveles más sutiles”.

La no violencia no es indiferencia

En los días más recientes de las manifestaciones en Colombia fue común ver tanto la brutalidad del control policial con marchantes pacíficos, como los ataques en grupo hacia los policías, incluso, circuló un video en el que se ve cómo algunas personas queman un CAI en el que se encuentran policías adentro.

Por esas (y muchas más) razones, es común que algunos ciudadanos no se sientan representados en quienes ejercen la violencia para protestar. Entonces surgen iniciativas como bailes, conciertos, performances artísticos y hasta besatones, a las que muchos considerarían como formas poco efectivas de comunicar una inconformidad, pero como lo señalaron en sus investigaciones las politólogas Chenoweth y Stephan, las manifestaciones no violentas pueden lograr su objetivo.

“La no violencia no es sinónimo de pasividad. Tampoco es ser tibio”, opina Carolina Cepeda. “Si hay algo que es difícil en la vida es jugársela por esas opciones pacifistas. Esto no es ser indiferente, es tener unas ideas muy claras con respecto a los límites y fines que se pueden tener como ciudadano. Es leer al contrario como un antagonista y no en clave de enemigo, por eso el uso de la violencia no es una opción”.

La politóloga argumenta que “para muchos grupos y manifestantes, el ´otro´ es un interlocutor que sigue siendo válido y con el que se quiere un diálogo. El uso de la no violencia no es sinónimo de tibieza o indiferencia y requiere de mucha fortaleza. Puede llevarse por un camino que alcanzaría el éxito, es quizás más largo y arduo, sí, pero más exitoso que la confrontación inmediata”, concluye.

Ética y desigualdad: la vacunación en Colombia con participación de privados

Ética y desigualdad: la vacunación en Colombia con participación de privados

“No se priorizó la economía durante la pandemia”, dijo Sergio Iván Prada Ríos, subdirector de Investigación e Innovación de la Fundación Valle del Lili, “pues fue el peor año de crecimiento económico desde que hay registro; pero tampoco se priorizó la salud, porque con 74.477, al 3 de mayo, ocupábamos el lugar once en el mundo”.

“El dilema entre salud y economía sí existe”, y medidas como las cuarentenas funcionan para “aplanar la curva de contagios, pero esto genera otros problemas, como pobreza y desempleo, sin contar con la angustia del encierro”, se apresuró a decir Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y presidente de la Asociación Colombiana de la Economía de la Salud (ACOES).

“Al inicio de la pandemia ya se empezaron a notar desigualdades e inequidades en la forma como la pandemia estaba afectando las poblaciones”, aseguró Javier Hernando Eslava Schmalbach, MD, anestesiólogo, vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. “Hay inequidades de letalidad por covid-19 en Colombia. Los indígenas, los afiliados al régimen subsidiado y los de nivel 1, estrato socioeconómico muy bajo, tuvieron más mortalidad”.

Estas fueron algunas de las intervenciones que dieron inicio a la primera charla del segundo día del foro La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana y que comenzó con la presentación de Luis Miguel Renjifo, vicerrector de investigación de la PUJ, quien puso sobre la mesa la discusión de equidad en el proceso de vacunación en el país y abrió el debate sobre el rol de las empresas privadas en la posibilidad de gestionar vacunas para la Covid-19.

 

Desempleo, pobreza, salud y desigualdad

Una crisis económica conlleva mayor carga de enfermedad. Así lo expresó Sergio Iván Prada Ríos. “El desempleo y la pobreza son los mayores determinantes sociales de la salud. En este escenario, las IPS tienen mayor presión sobre el personal asistencial, mayores problemas con los enfermos crónicos descompensados, mayores problemas financieros y las EPS tienen cuentas Covid-19 que no se han pagado, acentuando su deterioro patrimonial, lo que retrasa el pago a las IPS”.

Este contexto, sumado a otros índices que revelan las profundas desigualdades en Colombia, como el de pobreza monetaria que, según el DANE, en 2020 llegó al 42,5 % de la población, revelan un acceso inequitativo tanto a servicios de salud como al proceso de vacunación nacional.

Aunque el Plan Nacional de Vacunación contempló en sus cuatro fases de implementación principios de beneficencia, solidaridad, equidad y justicia y primacía del interés general, entre otros, para Jorge Humberto Restrepo el camino de la priorización podría ir en otra dirección, en la que se atienda preferencialmente a aquellos que son más vulnerables por múltiples factores y no solo por la edad o la exposición al virus, como el personal médico de primera línea.

Restrepo sustentó su postura, en parte, apoyándose en la publicación Framework for equitable allocation of Covid-19 vaccine, en donde se señala que “en los Estados Unidos, y en todo el mundo, la pandemia está teniendo un impacto desproporcionado en las personas que ya se encuentran en desventaja en virtud de su raza y etnia, edad, estado de salud, residencia, ocupación, condición socioeconómica u otros factores contribuyentes”.

Este mismo estudio sugiere que para la fase uno se priorice desde los trabajadores en alto riego de infección hasta pacientes con edades y comorbilidades con más riesgo, además de adultos mayores que convivan con otros, como en el caso de los ancianatos. En la segunda fase estarían los profesores y trabajadores de industrias esenciales, personas con comorbilidades de riesgo medio, habitantes de la calle, prisioneros y adultos mayores no incluidos en la fase uno.

En la fase tres se ubicarían los adultos jóvenes, los niños y trabajadores que no estuvieran incluidos en las otras fases, y la fase cuatro incluiría al resto de la población.

“Estas fases son distintas a las que se plantearon en Colombia. En el estudio se asume que la equidad es una construcción interdisciplinaria reconociendo que en cada grupo poblacional, el acceso a la vacuna debe ser priorizado por áreas geográficas que se identifiquen mediante un índice de vulnerabilidad social. He sido de la idea de que no hay porqué salir a vacunar a las personas en criterio de edad donde estén si seguimos la propuesta del índice de vulnerabilidad”, explicó Restrepo.

¿Los privados ayudarían a reducir las desigualdades en el proceso de vacunación?

Para Sergio Iván Prada, la participación de las empresas privadas puede ser fundamental siempre y cuando complemente el plan del gobierno y no sea un rival, es decir, que no compitan por las vacunas en el mercado en donde prevalece la escasez.

A esa preocupación se sumó Javier Hernando Eslava, quien puso en consideración las desigualdades que en general padece Colombia en temas de salud y aseguró que la mayoría de los casos positivos de Covid-19 se concentran en ciertas poblaciones de alto riesgo y no tanto en sectores con mejor acceso a servicios de salud y mayores ingresos económicos. En otras palabras, quienes pueden pagar fácilmente por una vacuna, son quienes menos vulnerables se encuentran.

Así que Eslava propuso que las estrategias de un trabajo con privados no deberían rivalizar con las desarrolladas en salud pública, pues de hacerlo van a “aumentar las inequidades existentes, porque (las vacunas) estarán disponibles entre quienes tienen más capacidad de pago, que es donde menos casos hay”.

¿Qué tan real es en la práctica que las empresas privadas empiecen a vacunar?

Los tres expertos compartieron las dificultades de llevar a cabo este proceso. Primero porque las vacunas son escasas, los gobiernos compiten por su obtención y, además, varias farmacéuticas como AstraZeneca, Sinovac y Pfizer se niegan a venderle a los privados.

Además, para Sergio Iván Prada, la resolución que existe actualmente “es restrictiva. En este contexto no es operativamente fácil; la gente tiene en su cabeza que son dos manos (las del gobierno y de los privados) que entran al supermercado a ver quién agarra más vacunas. Los privados no tienen ultracongeladores ni la logística. Solo podrían hacerlo las empresas muy grandes”.

“Si tienes un gobierno que compra cinco o diez millones de vacunas, y los empresarios necesitarán 1.000 o 2.000, para las compañías farmacéuticas sería como vender migajitas, no es práctico. Deberían hacer cuentas, de pronto sale más barato ir a vacunarse a Estados Unidos que negociar las vacunas”, añade Prada.

Para Jairo Humberto Restrepo, de llegar a darse el rol de los privados en este proceso de vacunación, tendría que suceder bajo la condición de que las vacunas no sean para comercializar sino para aplicarle a sus empleados y poder reactivar la economía, así no competirían con el plan del gobierno.

El lento proceso de vacunación en Colombia, donde aún no se supera el 6 % de la población inmunizada, hace que se contemplen iniciativas en la búsqueda de una mayor velocidad. “Al gobierno no le ha quedado fácil el alcance y distribución de vacunas; tenemos que enfrentar el tema de la salud pública como un asunto de todos y si los privados pueden negociar mejor, podría darse una estrategia complementaria desde que no entre en la estrategia de mercado formal”, añadió Javier Eslava.

Los tres expertos concluyeron que hay que sumar esfuerzos desde la academia (en temas de asesoría que eventualmente inviten a replantear la cobertura de las distintas fases del plan de vacunación en vista del hallazgo de nueva información, como la que se ha recogido en temas de desigualdad y vulnerabilidad); desde el gobierno en acceso a información que permita monitorear mejor el proceso; y desde los privados para avanzar en el proceso de inmunización.

¿Podrán los privados empezar a vacunar en Colombia contra la Covid-19?

¿Podrán los privados empezar a vacunar en Colombia contra la Covid-19?

Tras dos meses de iniciar la vacunación en Colombia, el gobierno nacional expidió la Resolución 507 de 2021, en la cual autoriza y reglamenta el proceso para que actores privados puedan adquirir vacunas contra la Covid-19. Dicha decisión ha desatado polémicas en la opinión pública por las repercusiones que esto pueda tener en el proceso de vacunación masiva en el país.

La reactivación económica estará muy ligada al avance en la vacunación, por lo que algunos empresarios planean vacunar a sus empleados para retomar sus actividades con normalidad. Así, el gobierno nacional ha dado vía libre para que este proceso se dé en paralelo con el Plan Nacional de Vacunación.

La Resolución del Ministerio de Salud establece que las vacunas importadas por privados deben contar con la autorización sanitaria de uso de emergencia del Invima. También asumirán los costos de manejo desde su importación hasta su aplicación, sin representar ningún costo para el beneficiario. Tendrán que contar con una póliza todo riesgo y ser aplicadas en espacios y por prestadores de servicios de salud diferentes a los que están funcionando actualmente, entre otros lineamientos.

Ante estas directrices y en el marco del foro La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, varios expertos profundizaron en las implicaciones y retos que tiene esta decisión. Para los expertos invitados al panel La velocidad en la vacunación, llamó la atención el impacto y desconfianza que provocó el anuncio. Reconocen que el mismo sistema de salud en el país, desde hace casi tres décadas, funciona articulando actores públicos y privados, por lo que no sería extraño que ahora también pudieran participar en la vacunación.

Esfuerzos público-privados

Para el médico internista y especialista en medicina nuclear, Roberto Esguerra, docente titular de la Universidad de los Andes y exdirector de la Fundación Santa Fe, el papel del sector privado ha sido importante no solo en los últimos años, sino también durante la emergencia sanitaria.

“Esta pandemia nos encontró con casi 5.500 camas de cuidado intensivo. Con un esfuerzo monumental, se ha logrado más que duplicar esa oferta. Hoy Colombia tiene 12.667 camas. Eso hubiera sido imposible si uno u otro sector lo hubiera querido hacer solo”.

Aseguró que, si bien desde el punto de vista ético algunos hablan de inequidad en el acceso a las vacunas, si el sector privado empieza a vacunar a muchas personas, automáticamente se liberan esos cupos para quienes solo pueden acceder a las del sector público.

Para Esguerra la resolución impone muchas limitantes para los privados que quieran hacer el proceso. “En mi opinión, esa resolución se queda muy corta para lo que el país necesita en estos momentos, que es acelerar el ritmo de vacunación porque vamos muy lento”. Dijo también que, con el apoyo de los privados, Colombia podría vacunar a 200.000 personas diarias, cifra que, para él, sería la ideal a mantener entre mayo y diciembre.

Incluso, hizo un llamado para que la participación de los privados pueda ser mucho más amplia e integral en la negociación, la importación, la vacunación y el seguimiento de los pacientes vacunados. Resalta que así sucede con otras vacunas incluidas en el Plan Ampliado de Inmunizaciones, PAI, en el que también tienen que cumplir las reglamentaciones establecidas. Pidió reducir los procesos burocráticos y mantener sistemas de información sólidos a fin de incrementar la velocidad de aplicación de los biológicos.

“No hay competencia ni en la adquisición de los biológicos”, Ana María Vesga

Por su parte, Ana María Vesga, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, explicó que Colombia llegó tarde a la compra de las vacunas porque tenía un marco jurídico muy limitante alrededor de la adquisición de biológicos en fase experimental. Mientras se hizo la modificación a la ley estatutaria, otros países se adelantaron en el turno de compra. Por eso se han reunido con el gobierno para apoyar en la vacunación.

Explicó que la polémica se generó por una lectura errónea de la propuesta del sector privado. “Ha habido una sensación de competencia, pero la propuesta está basada en la solidaridad, eso quiere decir que no se riñe, se respetan las priorizaciones que están establecidas. No hay competencia ni en la adquisición de los biológicos, ni en la compra de insumos como jeringas o sueros de dilución. Esperamos trabajar de forma coordinada con el gobierno”.

Sin embargo, manifestó que la resolución mantiene dos grandes restricciones. Los laboratorios de las tres vacunas autorizadas por el Invima (Pfizer, AstraZeneca y Janssen) han privilegiado la venta a los gobiernos y no a privados. Hay otras vacunas disponibles en el mercado, pero estas no tienen autorización para ser aplicadas en Colombia. Así entonces los privados están en una sin salida, por lo que pidió celeridad a la agencia sanitaria para tener más opciones.

El segundo impedimento tiene que ver con la responsabilidad derivada de la aplicación de las vacunas. Por su condición de uso de emergencia, los laboratorios farmacéuticos han declarado que no responden por eventos adversos diferentes a culpa grave, dolo o mala práctica de manufactura. Esta responsabilidad está siendo asumida por el Estado colombiano. Sin embargo, la resolución sí exige que los particulares asuman dicha responsabilidad por eventos adversos de las vacunas.

Como vocera de la ANDI, Vesga manifiesta preocupación pues el grueso de la población productiva activa del país, está dentro de la etapa cinco de la fase dos (entre 16 y 59 años sin comorbilidades), por lo que solo hasta ese momento podrán gestionar las vacunas.

“Entendemos el racional ético que hay detrás de la priorización de las poblaciones con riesgo, pero en la medida en que se va alargando la ejecución del plan, la población productiva se nos queda atrapada al final” afirmó.

Una resolución que desarticula esfuerzos

Francisco García, miembro de la junta directiva de la IPS Eusalud, fue mucho más tajante ante la resolución del Ministerio. Para él, el documento lo que hace es desarticular los esfuerzos del sector público y del sector privado, pues pone unos límites que no permite trabajos en conjunto.

“Lo que hizo el gobierno fue decirle al privado: usted puede vacunar, pero en su pista. Usted no se mete en la mía, yo no le doy mis vacunas, ni puede usar mi infraestructura y aparte tiene que asumir el riesgo”. Para el cirujano, los requisitos que pone el gobierno son demasiado altos y los particulares no podrán cumplirlos.

Pese a ello, hizo un llamado a aprovechar la figura de las asociaciones público-privadas que se ha usado en el pasado y que en este contexto, la Ley 2064 de 2020, en su segundo artículo, faculta al gobierno para hacer ese tipo de alianzas ante la amenaza pandémica.

Resaltó que, en vacunación para otras enfermedades, durante 2019, los hospitales públicos aplicaron más de 15 millones de dosis, mientras que el sector privado aplicó más de siete millones. O que en Bogotá hay tres hospitales que funcionan bajo esta figura. O que el mismo sistema de salud colombiano, al que denominó como la alianza público-privada más grande del país, maneja 40 billones de pesos, todas ellas son muestras claras que ambos tipos de actores pueden trabajar en conjunto en temas de salud, y la vacunación no debería ser una excepción.

Ante este panorama, el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, planteó la discusión hacia buscar alternativas que le permitan a los particulares apoyar el Plan Nacional de Vacunación. “Los países con buen crecimiento en la vacunación, como Uruguay, Israel y Chile, tienen sistemas de salud primaria muy fuertes. Colombia no los tiene., Estados Unidos se enfocó en utilizar las droguerías que tienen una cadena logística bien desarrollada y están bien distribuidas”, explicó.

Al final, todos los expertos de este panel estuvieron de acuerdo en que la participación de los privados sería un impulso importante en el aumento de las vacunas aplicadas, por lo que llamaron al gobierno a ser más abierto y brindar condiciones que permitan trabajar de forma articulada.

Actualización 3 de junio: recientemente el Ministerio de Salud autorizó que las empresas privadas puedan empezar a vacunar desde el 15 de junio. El Gobierno asumió la adquisición con las farmacéuticas y también responderá por los eventuales casos de efectos adversos.

Los retos de la velocidad en la vacunación en Colombia

Los retos de la velocidad en la vacunación en Colombia

Actuar rápidamente sí es un factor importante para los procesos de inmunización que se están llevando a cabo en el mundo, según expertos en salud que se reunieron para hablar en Velocidad en la vacunación, uno de los seis paneles del foro La vacunación, un asunto de todos.

“Este es un reto que nos acoge a todos, los académicos, los científicos, la sociedad en general, la empresa privada y el gobierno”, dijo la neumóloga Alejandra Cañas, moderadora del panel y directora del Departamento de Medicina Interna de la Pontificia Universidad Javeriana.

“Cuando observamos las cifras de vacunados por cada 100 habitantes, países de la región como Chile reportan 73 vacunados por cada 100 y Colombia 8.65, lejos de esta cifra y de algunos países vecinos”.

Velocidad de vacunación

En el panel participaron Juan Carlos López, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, Israel Rosario, médico cardiólogo del Hospital Hadassah, de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Sandra Valderrama, directora de la Unidad de infectología de la PUJ, y Diego Roselli, profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la PUJ.

Los retos están en sostener el sistema de salud

Vacunar a más de 35 millones de personas contra la Covid-19 supone un reto, no solo de recursos, sino también de cobertura sanitaria para el país. Sin embargo, mantener la calidad de la salud en medio de una emergencia, ha sido el verdadero desafío.

“Lo que nos lleva a esta crisis mundial son las muertes, las hospitalizaciones y no tener una capacidad de respuesta desde el sistema de salud”, aseguró la infectóloga Sandra Valderrama.

Según un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que monitoreó la cantidad de recursos invertidos por 168 gobiernos para enfrentar la pandemia, el gasto fiscal a nivel global se acerca a los US$7.2 billones. Y en relación con el PIB, los países ricos invirtieron 6.7 %, mientras que en América Latina fue del 2.4 %.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expuso la vulnerabilidad de la región por sus niveles de informalidad laboral, pobreza y desigualdad.

“Son sistemas fragmentados con barreras para el acceso y limitaciones en cuanto a los recursos”, dijo. La disponibilidad promedio de médicos es de 20 por cada 10.000 habitantes, el número de camas disponibles por cada 1.000 habitantes es de 2.0 y en 2016 solo el 52 % de los asalariados estaban afiliados a un sistema de salud o contaban con cotizaciones.

El problema de las variantes

El SARS-CoV-2 tiene una variabilidad genética amplia. Las tres variantes de las que más información se conoce por su rápida transmisibilidad, continuó la profesora Valderrama, son la B.1.1.7 (variante inglesa), la B.1.351(variante surafricana) y la P1 (variante brasileña).

“De la variante inglesa y surafricana ya hay datos contundentes que se asocian con diseminaciones más rápidas y mayor transmisibilidad, eso es muy probable que lo compartan con la variante brasileña porque tienen mutaciones parecidas. La variante inglesa tiene un aumento de mortalidad de 1.65 y la surafricana puede evadir la detención de pruebas diagnósticas cuando estas detectan un solo gen”, explicó.

Lo que más preocupa es la susceptibilidad de ambas variantes a agentes terapéuticos como mAbs (anticuerpos monoclonales, que se utilizan para identificar y neutralizar bacterias o virus) y el plasma convaleciente. De igual forma presentan, en ciertos casos, evasión de inmunidad natural o vacunal, dice Valderrama.

¿Por qué se requiere una mayor velocidad en la vacunación?

“Hay diferentes razones pero la primera es para evitar mortalidad y hospitalizaciones; y segundo, para evitar una emergencia sanitaria y la transmisión de variantes”, dijo la directora de la Unidad de Infectología.

Una de las formas de frenar la diseminación de las variantes es tener un mayor número de personas vacunadas.

Hasta el momento, Colombia ha aplicado cerca de 4.714.640 dosis acumuladas y 1.505.225 segundas dosis contra el nuevo coronavirus, lo que equivale al 6.31 % de la población. A este ritmo el país podría demorarse hasta 789 días en lograr que el 70 % de los habitantes estén vacunados, mientras que en países como Chile, se tardarían 87 días.

Por otro lado, los países que han conseguido una alta cobertura en vacunación han reducido el número de muertes por habitantes a 0.23, como es el caso de Israel y Reino Unido.

Sin embargo, “se calcula que una de cada 500 personas de países de bajos ingresos ha sido vacunada, mientras que en los países ricos, una de cada 4 personas está inmunizada total o parcialmente”, afirmó la doctora Cañas.

Vacunación en Colombia

 

Para el neurólogo Roselli, la disminución de muertes en Israel coincide con el aumento del número de personas vacunadas. Mientras que Colombia registraba su tercera ola, Israel ya contaba con más del 50 % de sus habitantes inmunizados. Por eso, aunque los dos presentaron un pico de muertes parecido en febrero de este año y una disminución en marzo, Israel continuó en descenso mientras que Colombia llegó a un nivel de muertes por día sin precedentes.

La velocidad también incluye a los niños

En el mundo viven 2.200 millones de niños y niñasy en Colombia representan el 22.5 % de la población.

Aunque muchos son asintomáticos o presentan una infección leve, el SARS-CoV-2 puede ser un riesgo para quienes padecen comorbilidades, obesidad o inmunosupresión. Además, pueden sufrir de complicaciones como el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a Covid-19 (SIMS-TAC).

“Los niños representan un rol muy importante en la transmisión que probablemente estábamos subestimando”, explicó el infectólogo pediatra Juan Carlos López. “Tendemos a hacer menos pruebas en los niños. Y con las variantes de propagación que son más rápidas, cuando los niños regresen a los colegios o cuando tengan mayor contacto con la comunidad, van a ser un punto de contagio que hace parte de la inmunidad de rebaño con la que no vamos a contar”.

Vacunar a los niños, continuó López, puede tener beneficios directos e indirectos. Directos porque los protege de formas graves de la enfermedad y condiciones posinfecciosas, e indirectos porque reducen la propagación y los costos familiares en cuanto a la prevención de contagio de los padres. También podrán retornar al colegio y a sus actividades.

Existen varios estudios en curso, algunos diseñados para adolescentes y otros para niños menores de doce años, estos en una menor medida. “BioNTech tiene un estudio en fase tres en adolescentes entre doce y 15 años con una eficacia del 100 % y una robusta respuesta de anticuerpos. La vacuna es bien tolerada y los efectos adversos son similares a población de 16 a 25 años. Además pueden requerir dosis menores”, aseguró el profesor López.

En el caso de las mujeres embarazadas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan vacunarse pero advierten que los estudios frente a esta población son limitados. Según la misma organización, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades severas por la Covid-19, o tener partos prematuros. Por eso, recomiendan evaluar los riesgos individuales con el personal de salud.

“Hay estudios que han determinado qué tanto se pasan esos anticuerpos de la madre al bebé y qué protección hay en él. Por ahora, se ha demostrado que hay un traspaso de anticuerpos al recién nacido, estos son más efectivos en el tercer trimestre, pero aún nos faltan más datos y estudios en esa población para dar recomendaciones más precisas. De todas formas, hay unos beneficios y riesgos que hay que consensuarlos de forma individual”, expresó el pediatra.

La velocidad de Israel

El país del Medio Oriente inició su vacunación el 19 de diciembre de 2020 y un mes después el 27.14 % de la población ya contaba con al menos una dosis de la vacuna. Hasta el 28 de abril, el 62 % de la población se encuentra inmunizada.

Según el doctor Israel Rosario, el éxito de la vacunación en Israel centró en los más de 700 puntos de distribución de la vacuna, la aplicación de más de 200.000 biológicos al día y el plan de acción que consistía fundamentalmente en tres factores: la cadena de distribución, el buen manejo y control del ciclo de la vacuna y la optimización de recursos.

“Solo alrededor de 600 mil personas, lo que representa un 2 % de la población, no han acudido a la vacunación. Ellas caen en algunas ideologías religiosas que prefieren no vacunarse. Lo que sí se ha aplicado y ha funcionado muy bien es la tarjeta verde. Toda persona que quiera hacer una reserva en un restaurante, entrar al cine, viajar y no hacer cuarentena o incluso ir de fiesta, debe tener la tarjeta. Eso ha empujado a las personas a vacunarse”, informó el médico del Hospital Hadassah, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Pasaporte covid

Fuente: CNN

Aplazar la segunda dosis: una forma de aumentar la velocidad

Para la doctora Sandra Valderrama, aplazar la aplicación de la segunda dosis podría traer efectos positivos como sucedió en Israel, Escocia y Reino Unido.

“Esta es una discusión que se debe dar. Es mirar que no somos un país con tan altos recursos, ni tenemos una gran cantidad de vacunas disponibles como quisiéramos y como necesitamos. Entonces, se debería pensar si cambiar la estrategia y pensar en colocar una dosis en los biológicos que hay evidencia de eficacia y ver el efecto de disminución que tendrá en hospitalización y mortalidad”, puntualizó.

Según Valderrama, hay evidencia de la efectividad de una sola dosis en vacunas de Pfizer BioNTech y Oxford-AstraZeneca hasta las 12 semanas. Con la de Oxford la eficacia mejoraba un 78.3 % y no encontraron casos severos después de los 21 días. Y con la de Pfizer se demostró la prevención de un 91% de la hospitalización.

El Ministerio de Salud y Protección Social expuso que en los estudios de fase II de la vacuna de Sinovac, se observó que los anticuerpos eran mayores a los 28 días de la primera dosis, en comparación a cuando se aplicaba a los 14 días.

Los retos 

Para Roselli se deberían tener en cuenta tres aspectos relacionados con la velocidad de la vacunación: “primero, el suministro de la vacuna, que está en manos de los fabricantes y los tiempos que han prometido; segundo, la velocidad y la capacidad del sistema de salud para el almacenamiento, logística y distribución de las vacunas; y el tercero, la disposición de las personas en aceptar la vacuna y presentarse a las citas”.

También es importante aceptar todos los biológicos disponibles. “Preocupa mucho que haya negativas a ciertas vacunas y se pierden esas oportunidades de evitar hospitalizaciones y mortalidad”, dijo Valderrama.

En Colombia, a medida que avancen los procesos de vacunación, se irá reduciendo la velocidad de aplicación. Esto se debe a las distancias que hay en el país y la falta de conectividad e infraestructura vial, concluyeron algunos de los panelistas.

“Se tiene un sistema de inmunización exitoso, el PAI (Programa Ampliado de Inmunización) con muy buenas tasas de cobertura vacunal y una capacidad de hacer programas de vacunación en zonas remotas”, expuso Roselli. “Pero una de las críticas es la capacidad que tiene de mantenernos informados a los investigadores y al público en general. No tenemos claridad de a quiénes se les está aplicando la vacuna, quiénes son profesionales de la salud o sus edades”.

Por ahora, se espera que los informes de la vacunación mejoren y que los académicos puedan hacer aportes sobre los datos que se presenten.

¿Qué se necesita para lograr la inmunidad de rebaño? Expertos responden

¿Qué se necesita para lograr la inmunidad de rebaño? Expertos responden

El camino hacia la inmunidad de rebaño, aquella etapa en la que la población logra la protección frente a una enfermedad (ya sea por haberse contagiado y recuperado, o por haber recibido una vacuna), avanza en todo el mundo mientras, a la par, se multiplican las noticias falsas, aparecen nuevas variantes, se reconocen nuevos hallazgos científicos en el estudio de la efectividad de las vacunas y ocurre un lento y desigual proceso de distribución y aplicación de las mismas.

¿Cómo se puede avanzar de forma ilustrada para analizar y responder de la mejor forma a la complejidad de esta problemática? Bajo esa idea, el rector de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), el padre Jorge Humberto Peláez S.J., dio inicio al foro La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Javeriana, y que reúne en cada uno de sus seis paneles a expertos académicos y representantes del sistema de la salud con el fin de discutir los temas coyunturales del proceso de vacunación en Colombia.

Efecto rebaño: ¿qué es y cómo conseguirlo en Colombia?

El Plan Nacional de Vacunación contempla que para llegar a la inmunidad de rebaño se debe alcanzar al 70 % de la población, lo que significa, vacunar a 35 millones 734 mil 649 personas.

Según el mismo plan, y de acuerdo con la adquisición de vacunas, Colombia tiene la capacidad de aplicar 277 mil 200 dosis al día. Sin embargo, “diariamente se vacunan alrededor de 120 mil personas habiendo algunos días que se ha logrado una mayor vacunación”, comenta Carlos Gómez-Restrepo, decano de la Facultad de Medicina de la PUJ, antes de presentar al primer panel de expertos del foro La vacunación, un asunto de todos.

En esta conversación, titulada Efecto rebaño, Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, Suiza; Carlos Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y asesor de la Presidencia de la República en Covid-19; y Zulma Cucunubá, profesora de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la PUJ, conversaron, entre otras cosas, sobre el concepto de inmunidad de rebaño, cómo lo han aplicado algunos países y qué retos representa.

 

“Si seguimos como vamos, no vamos a lograr la inmunidad de rebaño”, Óscar Franco

El director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, en Suiza,
Óscar Franco, señaló que para lograr la inmunidad de rebaño hay que tener en cuenta factores de comportamiento (tanto del virus, como de la gente), y la velocidad en el proceso de vacunación.

Mientras Israel ha vacunado al 62.3 % de su población, señala Franco, en Colombia solo se ha llegado al 6 % con una sola dosis, lo que podría conllevar a que la Covid-19 se instale definitivamente en el país y se vuelva endémica.

“Quizás no se va a eliminar de muchas zonas, como pasó con otros cuatro coronavirus que causan el resfriado común. Vimos cómo hace unos meses Nature hizo una encuesta a 119 investigadores y, de estos, el 89 % cree que quizás se va a volver endémico. Mientas el virus circule en alguna región del mundo, todos estamos en riesgo. No estamos a salvo hasta que no podamos proteger a toda la población mundial”.

Franco puso sobre la mesa el caso de India, que en las últimas semanas ha visto cómo alcanza récords mundiales en el número de nuevos casos positivos de Covid-19 (el pasado 28 de abril registró más de 378 mil), debido a lo que los medios han llamado la “doble mutante”, una variante del SARS-CoV-2, aclara el experto, que es similar a la variante de California y a la sudafricana, “que es más transmisible y puede, quizás, ocasionar una enfermedad más severa”. Esta variante ahora es predominante en la India y ya tiene la misma proporción de la de sudafricana en Reino Unido, añadió.

En su explicación, el experto habló de llegar a una inmunidad de rebaño alcanzando el 60 % de la población inmunizada e hizo énfasis en que es necesario el aumento en la velocidad de la vacunación, pues, según la plataforma Time to Herd, que pronostica en cuánto tiempo cada país lograría la inmunidad de rebaño según su porcentaje de población vacunada, mientras hay países de la región, como Chile, que la alcanzarían en 87 días, faltarían 722 para que Colombia llegara a la inmunidad de rebaño frente a la Covid-19.

“No se puede hablar de inmunidad de rebaño si no se han vacunado los niños”, Carlos Álvarez

“Del billón de vacunas producidas en el mundo, solo se distribuyeron 120 millones, las otras 880 estaban en 10 o 14 países”. Esta fue una de las primeras ideas que Carlos Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y asesor de la Presidencia de la República en Covid-19, usó para evidenciar otros matices que tiene la vacunación global.

No solo el tema inequitativo de la distribución de vacunas ataña el debate de la vacunación y el objetivo de conseguir la inmunidad de rebaño. Para Álvarez es clave analizar con cuidado los reportes de seroprevalencia, aquellos que determinan la presencia de anticuerpos en la sangre para responder a los virus.

“La primera secuencia de estudios que se hicieron (en Colombia) de seroprevalencia mostraba que las principales ciudades del país oscilaban entre 20 % y 50 %. Ahí empiezan los cantos de sirena diciendo: ‘Si estamos en 50 y la meta es 70, un poquito más y ya llegamos’. Esto puede crear una falsa sensación de seguridad. Tener anticuerpos no significa que protejan en todos los casos. Muchas de estas maneras de hacer estudios de seroprevalencia probablemente no estén hablando de que las personas estén protegidas 100 %; habría que ver de qué tanto es esa protección, que no es un tema menor para tener en cuenta”.

Y para complicar la ecuación, dice Álvarez, no tener anticuerpos tampoco quiere decir que no se tenga protección.

“Puede que la mejor manera sea la inmunidad celular. Sabemos que las personas asintomáticas, o que tienen síntomas leves, producen menos anticuerpos que las personas con síntomas severos y su inmunidad se mantiene en el tiempo a pesar de que no tengan anticuerpos. Hay más preguntas que respuestas, pero no es tan simplista la posición que se puede tener con respecto a cómo medimos la inmunidad para saber qué tanto las personas que se recuperaron de la enfermedad pueden mantenerla”.

Agregó que como aún no hay estudios de largo plazo sobre inmunidad, no hay datos y por tanto es difícil predecir el logro de inmunidad.

Pero si hay dudas sobre la inmunidad causada luego de infectarse, “con las vacunas también”, explica Álvarez y recuerda que se está hablando de una tercera dosis para algunas vacunas como la de Pfizer.

Finalmente, Álvarez planteó si en verdad es posible hablar de inmunidad de rebaño cuando no se están vacunando a niños y adolescentes; para el experto, solo cuando esto comience a suceder, se podría decir que el virus dejará de circular de forma importante.

“No sabemos cuándo podamos pasar a la fase postpandémica en la cual tengamos algunas personas contagiadas pero rodeadas de personas recuperadas o vacunadas y que probablemente haga que la transmisión no tenga un impacto importante en la salud pública”.

Inmunidad de rebaño: podría depender de las variantes

La tercera ponente del panel fue Zulma Cucunubá, profesora de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la PUJ – Hospital Universitario San Ignacio. La experta habló de los dos caminos por los cuales se puede llegar a la inmunidad de rebaño, ya sea por infección natural del virus y su posterior recuperación, como por efecto de una vacunación controlada.

Cucunubá señaló que para ver la inmunidad reportada luego de la infección por el virus, hay dos grandes estudios. El primero es del Reino Unido, que contó con 25 mil 600 participantes y en el que se encontró que el 84 % tenía una protección de siete meses donde la mayoría de los casos de reinserción fueron leves. “Ese 84 % nos indica que hay un 16 % de personas que potencialmente se pueden reinsertar a los siete meses”, describe la experta.

El segundo fue realizado en Dinamarca y participaron cuatro millones de personas. Entre los hallazgos se encuentra que el 80 % presentó protección a reinfección durante seis meses; sin embargo, en personas mayores de 65 años puede disminuir al 47 %. “Esto nos habla de una heterogeneidad y una dependencia en la edad en la capacidad en que se conserva la inmunidad”.

Cucunubá habló del rol que pueden desempeñar las variantes para escapar de la inmunidad. En ese punto recordó el caso de Manaos, en Brasil. “A pesar de que hubo una ola inicial grande donde se alcanzaron niveles altos de infección en la población, más del 60 % para noviembre de 2020, en diciembre y enero se presentó un segundo pico mayor al primero. La explicación más plausible, hasta ahora, es que se debió a una variante que tiene capacidad de escape inmunitario”.

Para alcanzar el 70 % estimado de la inmunidad de rebaño hay que continuar haciendo el seguimiento de las variantes, pues “ciertas variaciones como P.1 o B.1.1.7., pueden incrementar entre un 50 y 70 % la transmisibilidad; Y si a esto le sumamos el hecho de que las vacunas no son 100 % efectivas frente a infección, se ponen más altos los límites de la inmunidad de rebaño”.

Otra variable que podría cambiar o afectar el momento en el cual se llegue a una inmunidad de rebaño es la social, pues “en sociedades típicas de países desarrollados, el tipo de contacto sucede de forma ordenada en grupos de edad, hay poca mixtura, es muy distinto al contacto en sociedades de países en vías de desarrollo donde es más heterogéneo. Entonces, en India o ciertos países de América Latina, se requerirán niveles más altos de inmunidad de rebaño comparados con aquellos donde hay un contacto ordenado”.

Para calcular qué porcentaje se debe alcanzar para lograr la inmunidad de rebaño, Zulma Cucunubá, habló de cuatro variables: población infectada, susceptible a ser contagiada, eficacia de la vacuna frente a la infección y el valor teórico de la inmunidad de rebaño frente a cierto número reproductivo.

¿Se puede llegar a un efecto rebaño en Colombia?

Óscar Franco insistió en que lo importante es mejorar la comunicación en la educación con la población: “Que las vacunas son importantes, seguras, efectivas. Hay que aplicárselas. Además, hay que mantener las medidas de protección. Las vacunas solas no nos van a resolver el problema. El enfoque debería ser llegar al máximo posible de la población, más allá de la discusión de la inmunidad de rebaño”.

Por su parte, Carlos Álvarez concluyó que teniendo en cuenta el impacto sobre la mortalidad, hospitalización grave y secuelas poscovid, “mientras más rápido nos vacunemos, mejor; trabajar todos en vacunar y que cuando le toque (a uno) el turno, no pase que no vaya porque le dio miedo”.

Zulma Cucunubá también habló de alcanzar la mayor proporción de población vacunada con los criterios de priorización que se establecieron y, pensando a largo plazo, la estrategia “va a depender de (lo que suceda en) varios meses para saber exactamente cuál será al camino. Ya hay al menos dos farmacéuticas (Pfizer y Moderna) que dicen que será necesaria una tercera dosis y es probable que se requieran para mantener una inmunidad de rebaño a largo plazo”.

¿Es preferible tener una vacuna para todo el mundo?

Esta pregunta cerró el primer panel del foro La Vacunación, un asunto de todos. Óscar Franco aseguró que lo ideal sería tener “la vacuna más eficaz y que se pudiera aplicar como una tercera, cuarta, quinta dosis, si esto continúa en el tiempo. Las de Pfizer y Moderna serían las más beneficiadas en ese sentido porque las que tiene vectores presentan problemas para una tercera dosis. Sin embargo, el precio de estas vacunas es muy alto, en un futuro, los estudios que están mirando las mezclas de vacunas, por ejemplo, dicen comenzar con AstraZeneca y continuar con Pfizer podría traer beneficio para alcanzar una gran cantidad de la población sin gastar todo el dinero en Pfizer para toda la población”.

El segundo punto que resaltó Franco fue la capacidad que debe tener cada país para fabricar las vacunas. “Esto va a ser a largo plazo y no podemos depender de las compañías farmacéuticas o de otros países o de cadenas de suministro, que son bastantes sensibles a cualquier conflicto, para que lleguen vacunas al país”.

Álvarez se unió al llamado de Franco para obtener independencia de las farmacéuticas en la producción de vacunas porque “no es la única pandemia que llega, desafortunadamente, pueden llegar otras y eso hace que tengamos que trabajar en ese tema como país”.

Para cerrar, Zulma Cucunubá resaltó los esfuerzos a nivel mundial en investigación para la producción alternativa de vacunas de RNA mensajero, “que son las que parecen más fácil de responder a nuevas variantes, y unas de estas son las vacunas de RNA mensajero autorreplicantes, que podrían producirse en países en vías de desarrollo porque requieren menor cantidad y capacidad de manufactura. Ver hacia esos horizontes y anticiparnos sería una excelente estrategia para no depender de la escasez de la vacuna a nivel mundial”.