“Hoy las comunidades de Nuquí son conscientes de que, si no regulamos los recursos que tenemos, nos vamos a quedar sin ellos”. El que habla es Jorge Enrique Murillo, vicepresidente del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad étnica territorial del golfo de Tribugá, en el departamento del Chocó, quien lleva años trabajando por la cultura tradicional de los corregimientos de la región, así como por sus derechos económicos, sociales y ambientales. “Por eso hicimos un intercambio entre los consejos comunitarios. Y ese intercambio nos permitió darnos cuenta de que no podemos llegar al extremo de las otras comunidades que no tienen nada. Hoy hay conciencia”.
Esa conciencia es fruto de una labor compartida por algunas de las comunidades negras de la región, con el acompañamiento de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de la academia. Investigadores de la Universidad Javeriana, como Manuel Salamanca, PhD en sociología y ciencias políticas, y Daniel Castillo, PhD en geografía humana, económica y regional, respondieron al llamado de la Fundación Marviva para apoyar los procesos de concertación y formular un plan de manejo de los manglares en el golfo.
“Marviva había levantado toda la información biológica de los manglares del golfo de Tribugá y sobre eso se habían hecho unas primeras propuestas de manejo, pero basadas exclusivamente en información biológica”, recuerda Castillo. Lo que faltaba era construir reglas para el manejo del ecosistema, para lo cual era necesaria la participación de sus habitantes. Si bien en un comienzo lo que se quería era identificar un mapa de actores para conocer con mayor precisión a quién le interesa qué, quién hace qué y por qué lo hace, el proyecto “Análisis, diseño y aplicación de un modelo de gobernanza en torno al manejo de los manglares del golfo de Tribugá” acabó no solamente identificándolos, sino analizando otras dimensiones.
Para lograrlo, plantearon un método, “hablar sobre hablar”, tal como lo define Salamanca: “hablar sobre cómo se dialoga sobre los recursos”. Y, al final, más que definir un nuevo plan, lo que consiguieron fue “conocer la dinámica social detrás de lo que se planteaba como administración del recurso, elevar los niveles de confianza y llegar a acuerdos”. Esos consensos no solamente se relacionaron con una pesca más sostenible, sino con ser más selectivos en la extracción de madera de mangle; o con no recolectar hembras preñadas, principalmente de crustáceos como la jaiba, moluscos como la piangua, o reptiles como las iguanas, ejemplos de la gran diversidad de este ecosistema. Se trata de “un modelo de gobernanza”, explica Castillo, en el que interactúan elementos formales e informales, se busca el consenso y su producto final son los acuerdos.
Alianzas para la concertación
Playas y manglares rodean el golfo de Tribugá, donde, además de la gran biodiversidad que aún existe en el territorio, considerado como un sitio privilegiado –para el biólogo estadounidense Edward Wilson es uno de los 20 hot spots de biodiversidad a nivel mundial–, viven comunidades negras que obtienen su sustento principalmente de los recursos naturales asociados al mangle. Su nivel de educación es bajo –la mayoría tiene primaria solamente–. Y cuando las poblaciones dependen de la naturaleza que las rodea, difícilmente un investigador bogotano y blanco encontrará la puerta abierta para hablar con ellas.
“Lo primero que hicimos fue un encuentro en el que les pedimos permiso para actuar en las cuatro poblaciones, y les preguntamos cuáles eran los problemas y cuáles los actores”, relata Salamanca, lo que considera clave para empezar a ganarse la confianza de las comunidades.
Luego, los investigadores javerianos utilizaron unos instrumentos de participación que combinaban encuestas, entrevistas, talleres y mesas de negociación, dirigidos incluso a personas que no supieran leer. Para conseguir que atendieran al llamado, se aliaron con pobladores estratégicos, como los líderes de los consejos comunitarios. Trabajaron con cuatro de las nueve comunidades del golfo de Tribugá (Jurubirá, Panguí, Tribugá y Nuquí), y así fueron posicionando el grupo de investigación y el interés del proyecto para lograr definir la situación; a esto lo llaman “línea de base”. A partir de la información generada por estos instrumentos, construyeron el estado del arte desde la mirada política y social, y llegaron a algunas conclusiones, entre ellas, las siguientes:
Cada una de las cuatro comunidades conoce los límites del manglar, así como las reglas existentes para el uso de los recursos que provee, pero es necesario evaluar si se ajustan a las dinámicas propias de este ecosistema, para saber si contribuyen a recuperarlo y conservarlo.
Así mismo, los acuerdos existentes han sido liderados por los miembros de los consejos comunitarios, pero existen problemas de representatividad y no toda la población los acepta. Además, la violencia y el conflicto armado amenazan el cumplimiento de los pactos y la estabilidad de las organizaciones comunitarias.
No hay claridad sobre quién debe responsabilizarse del monitoreo y vigilancia del manglar, ni de cómo debe remunerársele, ni sobre el tipo de sanción –si es que puede existir– para quien incumpla las reglas. El capital social, es decir, los aspectos relacionados con la confianza, la reciprocidad, la buena comunicación, la construcción de consensos y la cooperación entre los habitantes de Tribugá, resultó tener un nivel entre moderado y alto. Pero es necesario reforzarlo.
Murillo, habitante de la región, por su parte, también concluye que es necesario reforzar la confianza de los tribugueños hacia sus formas de organización comunitaria. “Cuando la gente entienda más el liderazgo comunitario, eso nos dará mayor fortaleza”. Y destaca que la metodología utilizada en el proyecto, al que él llama un “programa didáctico”, permitió “que la gente entendiera de manera más inmediata la importancia que tienen los territorios”.
La magia del diálogo
El proyecto culminó con 25 acuerdos entre las poblaciones que participaron en el estudio. “Yo creo que uno de los resultados importantes fue tener conciencia de que, así como había un diálogo interno, tenía que haber un diálogo entre los consejos de las cuatro poblaciones”, dice Salamanca. “Tenían que darse cuenta de que la única posibilidad era que las diferentes fuerzas políticas que deciden sobre la administración de los recursos charlaran; y nosotros abrimos un camino al diálogo”.
Y, aunque parezca un tema de sentido común, el proceso evidenció que los ordenamientos del territorio no deben ser impuestos, sino consultados y consensuados. “Dejamos acuerdos consignados sobre el uso del recurso con visión de futuro”, continúa Salamanca. A partir de ellos, los habitantes han generado nuevas ideas para la conservación y el uso sostenible del territorio.
Para el biólogo Carlos Vieira, gerente de comunidades de la Fundación Marviva, “el trabajo permitió identificar las debilidades de la autoridad étnica –el Consejo Riscales– en su momento, especialmente en términos de su legalidad y legitimidad ante sus comunidades”, y se logró constituir una “instancia para la toma de decisiones sobre el manejo del territorio marino-costero, a partir de la responsabilidad compartida con otras autoridades del mismo territorio”.
Como consecuencia del proyecto se ha conformado la Mesa de Ordenamiento Ambiental de Nuquí, con la vinculación permanente de la autoridad municipal (Alcaldía), la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó [Codechocó]), la autoridad pesquera (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca [Aunap]) la autoridad militar (Dirección General Marítima [Dimar]) y la Armada. “Esta figura ha permitido no solo reconocer las competencias de los demás, sino optimizar los recursos humanos, logísticos y financieros, escasos como siempre”, continúa Vieira. Ahora, las decisiones sobre los planes de manejo del manglar, el turismo o la pesca se toman de manera concertada y discutida en la mesa.
“Desde los primeros análisis realizados por el equipo de la Universidad Javeriana sobre la gobernanza en torno a los planes de manejo de los manglares, se fueron dando pasos que permiten pensar que hoy Nuquí cuenta con una mejor articulación de sus autoridades, un mayor respeto a las respectivas competencias y el entendimiento de que, cuando no hay capacidad ni recursos, la mejor vía es la unión de esfuerzos y de medios”, afirma el representante de Marviva.
Este proyecto demuestra que las alianzas entre la academia y las ONG producen frutos. “Desde Marviva se ha apoyado este modelo en torno al manejo marino-costero, pero no hay razón para pensar que no es viable para todo el territorio colectivo en general”, concluye Vieira.
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Los manglares son bosques principalmente de “mangle”, unos arboles que se han adaptado a vivir semisumergidos. Estos humedales se hallan ampliamente distribuidos por las zonas tropicales y subtropicales de todo el Planeta. Se forman en bahias, lagunas costeras de aguas salobres y en los estuarios y desembocaduras de rios, unos lugares donde se depositan gran cantidad de sedimentos.