Lo primero que hace Noé Perilla en el día es ir por las mazorcas. Sale bien temprano de su casa, se protege del frío y camina hasta la plaza de mercado. Allí recorre los puestos de hortalizas y negocia el mejor precio; después va a la carnicería. Más tarde llega a su sitio de trabajo: un andén amplio en la calle 40 D sur con carrera 89 B en Patio Bonito, al sur de Bogotá. Su escritorio es un pequeño asador, sus implementos, un tarro de mantequilla, un cuchillo, un abanico improvisado para avivar las brasas. Siempre se viste con un delantal blanco y un sombrero para atender a los primeros clientes.
Su esquina es concurrida: rodeada de almacenes de muebles y algunas tiendas, Noé atiende a buena parte de los conductores de camiones que parquean frente a su puesto. Les vende mazorcas asadas y envueltos de maíz, a $1.500 cada uno, o, si el hambre es mayor, un corte delgado de carne asada a $3.000. Sus manos suelen impregnarse de pequeñas pelusas negras que desprenden del asador. “En un día puedo hacerme entre $20.000 y $15.000. Ahí medio se defiende uno, por fortuna me ayudan mis hijos”, afirma.
Noé es uno de miles. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), pertenece a los 5,7 millones de trabajadores informales que se identificaron como tal entre mayo y junio de 2016 (de ellos, cinco millones se encuentran en Bogotá). Al presentar el resultado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo promulgó como un logro: la estadística decía que la informalidad, definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como toda actividad de trabajo sin la formalidad de contar con un contrato y seguridad social, había bajado al 47,8%.
“Hoy estamos viendo que el empleo en Colombia es 50% informal, 50% formal, pero hace cinco años las estadísticas mostraban que era 40% formal y 60% informal, lo cual ha sido un cambio importante”, aseguró en declaraciones a la prensa. Su afirmación, no obstante, tiene un matiz: se refiere a un periodo específico. Al mirar atrás, el panorama preocupa: a partir de los años noventa, Colombia se propuso entrar al mundo globalizado con firmeza. Y lo hizo dándole un nuevo enfoque a su economía.
“Hubo un desestímulo enorme a la producción industrial y, particularmente, a los sectores industriales intensivos en mano de obra. Hubo también un desincentivo a la producción agropecuaria, agravado por estos procesos aperturistas, y un privilegio por actividades extractivistas que no son intensivas en mano de obra”. Con esas palabras, Román Vega, economista médico, estudioso de las políticas de salud y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, resume las causas que en los últimos 26 años han llevado a miles de colombianos a los brazos de la informalidad.
Vega lideró la investigación conjunta con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Estudio de caso de informalidad y acceso a la seguridad social, Colombia 2013, para estudiar el fenómeno de la informalidad y el acceso de su población a los servicios de salud. El trabajo contó con una fase de análisis estadístico y otra de grupos focales con las poblaciones informales.
El estudio detalló cómo, a finales de los años 80, Colombia implementó una serie de reformas económicas, políticas y sociales para volverse más competitiva en el nuevo panorama mundial, que comenzaba a profesar el libre comercio y la desregulación de los mercados; todo esto debido a la falta de recursos de los industriales para modernizar y multiplicar su producción, lo cual a su vez era producto del debilitamiento de la economía cafetera, agrícola e industrial, y de las políticas de liberalización y apertura económica impulsadas por agencias multilaterales en el marco de la globalización. “Es con el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), con todo el conjunto de medidas que se empiezan a adoptar, que inicia un proceso sistemático de cambio del modelo económico”, explica Vega.
Para ese entonces, Noé Perilla estaba muy lejos de Bogotá. Hijo de campesinos boyacenses, pasó buena parte de su vida buscando la fortuna en las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez. Alguna vez la encontró, otras, le fue esquiva. Pero su vida siempre estuvo del lado de la informalidad. Eso sí, con las gemas que encontraba y vendía les dio a sus siete hijos la educación que él no pudo disfrutar.
Progresivamente se hizo más difícil encontrar esmeraldas. Por un lado, las dinámicas propias del negocio impulsaron a más gente a encontrar la piedra que les aliviara las carencias; por otro, tras la muerte de Víctor Carranza, el ‘zar’ de las esmeraldas, buena parte del dominio quedó en manos de la empresa estadounidense Minería Texas Colombia. En los últimos tres años se restringió la búsqueda y la zona esmeraldífera comenzó a convertirse en sinónimo de crisis económica. Para Noé, esto se dio justo con la llegada de la vejez. “Nunca me he visto enfermo, pero tuve que operarme de las ‘vistas’. Gracias a Dios mi hijo me tiene afiliado en la EPS”, comenta.
EPS. Una sigla que se hizo infamemente famosa en los últimos 26 años. Como parte de las reformas a la economía, y debido a la crisis del sistema público de salud, Colombia liberalizó el sector, permitiendo la entrada de capitales privados. Así se privatizó la afiliación de la población a una empresa, que funciona como aseguradora, y la contratación de los servicios con hospitales y clínicas; mientras, para la población no afiliada al régimen contributivo, se garantizó un sistema subsidiado que protege a las poblaciones de escasos recursos. Desafortunadamente, la lógica del negocio permeó la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud.
“Hay barreras de acceso de todo tipo, pero también problemas de calidad en la atención en salud en cuanto a la oportunidad, al trato y a la calidad técnica”, resume Vega, quien encontró que las más vulnerables son las poblaciones informales urbanas y, con mayor agravamiento, rurales: “Las EPS reciben un monto fijo de recursos y obtienen una renta mientras menos lo gaste. Por eso no solo controlan al médico en cuanto a lo que debe formular y qué problemas debe atender, también restringen la formulación, la solicitud de procedimientos diagnósticos, la remisión a especialistas. Generalmente contratan un prestador lejano al sitio donde vive el paciente y a una población pobre le es difícil movilizarse no solo por los gastos de transporte, sino por los costos de oportunidad que tiene la pérdida de tiempo”.
Estas poblaciones tienen además una muy precaria relación con el sistema pensional y de riesgos laborales. Todo se debe a otra reforma, impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para ‘flexibilizar’ el empleo: hacerlo más barato para ser competitivos. Para Vega, las consecuencias fueron contraproducentes: “Se golpean fuertemente las garantías de los trabajadores como la negociación colectiva, se desestimula la afiliación de trabajadores a sindicatos, se producen dinámicas de tercerización e intermediación laboral, se facilita el despido, con lo cual, debido a los bajos salarios, se hace imposible cotizar para pensiones y riesgos laborales, cuya gestión, como en el caso de la salud, también fue privatizada por la ley 100 de 1993”.
Noé cuenta que nunca ha abonado a una pensión y que en tres años, calcula, más gente vendrá a la ciudad: “El campo está abandonado”. Su día a día transcurre frente al asador hasta que se terminan los envueltos, la carne y las mazorcas, tratando de hacer “lo del arriendo y para comprar mis cositas”. Enfermarse no es una opción. Noé ha tenido que soportar las filas largas, las citas para el próximo mes y las quejas constantes de otros afiliados que, como él, viven el día a día, estiran los minutos y llegan con el dinero suficiente a fin de mes para apoyar a sus hijos con la esperanza de que no tengan que repetir su historia.
Para leer más
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2016). Empleo informal y seguridad social. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social