Tras dos meses de iniciar la vacunación en Colombia, el gobierno nacional expidió la Resolución 507 de 2021, en la cual autoriza y reglamenta el proceso para que actores privados puedan adquirir vacunas contra la Covid-19. Dicha decisión ha desatado polémicas en la opinión pública por las repercusiones que esto pueda tener en el proceso de vacunación masiva en el país.
La reactivación económica estará muy ligada al avance en la vacunación, por lo que algunos empresarios planean vacunar a sus empleados para retomar sus actividades con normalidad. Así, el gobierno nacional ha dado vía libre para que este proceso se dé en paralelo con el Plan Nacional de Vacunación.
La Resolución del Ministerio de Salud establece que las vacunas importadas por privados deben contar con la autorización sanitaria de uso de emergencia del Invima. También asumirán los costos de manejo desde su importación hasta su aplicación, sin representar ningún costo para el beneficiario. Tendrán que contar con una póliza todo riesgo y ser aplicadas en espacios y por prestadores de servicios de salud diferentes a los que están funcionando actualmente, entre otros lineamientos.
Ante estas directrices y en el marco del foro La vacunación, un asunto de todos, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, varios expertos profundizaron en las implicaciones y retos que tiene esta decisión. Para los expertos invitados al panel La velocidad en la vacunación, llamó la atención el impacto y desconfianza que provocó el anuncio. Reconocen que el mismo sistema de salud en el país, desde hace casi tres décadas, funciona articulando actores públicos y privados, por lo que no sería extraño que ahora también pudieran participar en la vacunación.
Esfuerzos público-privados
Para el médico internista y especialista en medicina nuclear, Roberto Esguerra, docente titular de la Universidad de los Andes y exdirector de la Fundación Santa Fe, el papel del sector privado ha sido importante no solo en los últimos años, sino también durante la emergencia sanitaria.
“Esta pandemia nos encontró con casi 5.500 camas de cuidado intensivo. Con un esfuerzo monumental, se ha logrado más que duplicar esa oferta. Hoy Colombia tiene 12.667 camas. Eso hubiera sido imposible si uno u otro sector lo hubiera querido hacer solo”.
Aseguró que, si bien desde el punto de vista ético algunos hablan de inequidad en el acceso a las vacunas, si el sector privado empieza a vacunar a muchas personas, automáticamente se liberan esos cupos para quienes solo pueden acceder a las del sector público.
Para Esguerra la resolución impone muchas limitantes para los privados que quieran hacer el proceso. “En mi opinión, esa resolución se queda muy corta para lo que el país necesita en estos momentos, que es acelerar el ritmo de vacunación porque vamos muy lento”. Dijo también que, con el apoyo de los privados, Colombia podría vacunar a 200.000 personas diarias, cifra que, para él, sería la ideal a mantener entre mayo y diciembre.
Incluso, hizo un llamado para que la participación de los privados pueda ser mucho más amplia e integral en la negociación, la importación, la vacunación y el seguimiento de los pacientes vacunados. Resalta que así sucede con otras vacunas incluidas en el Plan Ampliado de Inmunizaciones, PAI, en el que también tienen que cumplir las reglamentaciones establecidas. Pidió reducir los procesos burocráticos y mantener sistemas de información sólidos a fin de incrementar la velocidad de aplicación de los biológicos.
“No hay competencia ni en la adquisición de los biológicos”, Ana María Vesga
Por su parte, Ana María Vesga, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, explicó que Colombia llegó tarde a la compra de las vacunas porque tenía un marco jurídico muy limitante alrededor de la adquisición de biológicos en fase experimental. Mientras se hizo la modificación a la ley estatutaria, otros países se adelantaron en el turno de compra. Por eso se han reunido con el gobierno para apoyar en la vacunación.
Explicó que la polémica se generó por una lectura errónea de la propuesta del sector privado. “Ha habido una sensación de competencia, pero la propuesta está basada en la solidaridad, eso quiere decir que no se riñe, se respetan las priorizaciones que están establecidas. No hay competencia ni en la adquisición de los biológicos, ni en la compra de insumos como jeringas o sueros de dilución. Esperamos trabajar de forma coordinada con el gobierno”.
Sin embargo, manifestó que la resolución mantiene dos grandes restricciones. Los laboratorios de las tres vacunas autorizadas por el Invima (Pfizer, AstraZeneca y Janssen) han privilegiado la venta a los gobiernos y no a privados. Hay otras vacunas disponibles en el mercado, pero estas no tienen autorización para ser aplicadas en Colombia. Así entonces los privados están en una sin salida, por lo que pidió celeridad a la agencia sanitaria para tener más opciones.
El segundo impedimento tiene que ver con la responsabilidad derivada de la aplicación de las vacunas. Por su condición de uso de emergencia, los laboratorios farmacéuticos han declarado que no responden por eventos adversos diferentes a culpa grave, dolo o mala práctica de manufactura. Esta responsabilidad está siendo asumida por el Estado colombiano. Sin embargo, la resolución sí exige que los particulares asuman dicha responsabilidad por eventos adversos de las vacunas.
Como vocera de la ANDI, Vesga manifiesta preocupación pues el grueso de la población productiva activa del país, está dentro de la etapa cinco de la fase dos (entre 16 y 59 años sin comorbilidades), por lo que solo hasta ese momento podrán gestionar las vacunas.
“Entendemos el racional ético que hay detrás de la priorización de las poblaciones con riesgo, pero en la medida en que se va alargando la ejecución del plan, la población productiva se nos queda atrapada al final” afirmó.
Una resolución que desarticula esfuerzos
Francisco García, miembro de la junta directiva de la IPS Eusalud, fue mucho más tajante ante la resolución del Ministerio. Para él, el documento lo que hace es desarticular los esfuerzos del sector público y del sector privado, pues pone unos límites que no permite trabajos en conjunto.
“Lo que hizo el gobierno fue decirle al privado: usted puede vacunar, pero en su pista. Usted no se mete en la mía, yo no le doy mis vacunas, ni puede usar mi infraestructura y aparte tiene que asumir el riesgo”. Para el cirujano, los requisitos que pone el gobierno son demasiado altos y los particulares no podrán cumplirlos.
Pese a ello, hizo un llamado a aprovechar la figura de las asociaciones público-privadas que se ha usado en el pasado y que en este contexto, la Ley 2064 de 2020, en su segundo artículo, faculta al gobierno para hacer ese tipo de alianzas ante la amenaza pandémica.
Resaltó que, en vacunación para otras enfermedades, durante 2019, los hospitales públicos aplicaron más de 15 millones de dosis, mientras que el sector privado aplicó más de siete millones. O que en Bogotá hay tres hospitales que funcionan bajo esta figura. O que el mismo sistema de salud colombiano, al que denominó como la alianza público-privada más grande del país, maneja 40 billones de pesos, todas ellas son muestras claras que ambos tipos de actores pueden trabajar en conjunto en temas de salud, y la vacunación no debería ser una excepción.
Ante este panorama, el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, planteó la discusión hacia buscar alternativas que le permitan a los particulares apoyar el Plan Nacional de Vacunación. “Los países con buen crecimiento en la vacunación, como Uruguay, Israel y Chile, tienen sistemas de salud primaria muy fuertes. Colombia no los tiene., Estados Unidos se enfocó en utilizar las droguerías que tienen una cadena logística bien desarrollada y están bien distribuidas”, explicó.
Al final, todos los expertos de este panel estuvieron de acuerdo en que la participación de los privados sería un impulso importante en el aumento de las vacunas aplicadas, por lo que llamaron al gobierno a ser más abierto y brindar condiciones que permitan trabajar de forma articulada.
Actualización 3 de junio: recientemente el Ministerio de Salud autorizó que las empresas privadas puedan empezar a vacunar desde el 15 de junio. El Gobierno asumió la adquisición con las farmacéuticas y también responderá por los eventuales casos de efectos adversos.
“El 15 de junio se dará apertura de vacunación por parte de privados. En este momento tenemos un acuerdo con un grupo importante de gremios para adquirir 2.5 millones de vacunas a través del contrato con Sinovac” ministro Ruiz.
— MinSaludCol (@MinSaludCol) June 3, 2021