Detrás de la tragedia que dejó el terremoto en Colombia, hay un reto enorme que apenas empieza. Reactivar la economía de departamentos como Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, en los que miles de negocios, hogares y trabajadores quedaron con las cuentas rotas, será una tarea que tomará años.
El primer censo de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio evidencia que nueve de cada diez empresas encuestadas en las zonas afectadas por el sismo reportaron algún tipo de daño y que el 48,8 % no podrá seguir operando debido a las afectaciones.
El mismo censo muestra que en las zonas más golpeadas por el terremoto operan unas 270.000 empresas que suman casi 1.400.000 empleos formales. El 93% de ellas son pequeñas empresas.
Emergencia económica: la primera medida del Gobierno nacional
La primera gran acción con enfoque económico por parte del Gobierno sucedió el 19 de agosto, a nueve días del sismo. El presidente Abelardo De la Espriella declaró mediante el Decreto 1261 de 2026 el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 15 departamentos y 471 municipios. Esta figura le da al Gobierno la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días (prorrogables hasta 90 días al año) sin pasar por el Congreso, siempre que estén directamente relacionados con la crisis y bajo el control de la Corte Constitucional.
Para Pablo Garlati, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, el efecto inmediato de esta medida es presupuestal. “Con la declaración del estado de emergencia económica se vuelven mucho más ágiles las asignaciones presupuestales. El Gobierno puede no solamente reasignar partidas presupuestarias, sino que va a gastar más fácil el presupuesto”, asegura.
Para canalizar esos recursos, el Ejecutivo anunció el llamado “Fondo Milagro”, una especie de bolsa única donde deberían confluir el dinero público, los créditos internacionales y otros aportes financieros destinados a atender la calamidad.
Este primer decreto fijó algunas otras medidas, entre ellas 30 días adicionales para pagar el impuesto de renta en las zonas afectadas, la ampliación del programa Obras por impuestos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, el uso de inmuebles incautados al narcotráfico para alojamiento temporal y un subsidio a las nóminas empresariales para proteger cerca de 14.000 empleos formales en riesgo. Por ahora no ha creado impuestos nuevos, aunque deja la puerta abierta para hacerlo si el gobierno lo considera necesario.
El gran reto, según el profesor Garlati, no es tanto conseguir el dinero, sino administrarlo bien durante el tiempo que va a tomar la recuperación. “La atención de la emergencia se va a alargar bastante. Además, son muchas tareas y muchos actores interviniendo al mismo tiempo. Ahí está el nudo de la cuestión, cómo hacerle seguimiento a todo”, afirma.
Efectivamente, el proceso de recuperación tiene varias fases: atención a heridos, damnificados, limpieza de escombros y reconstrucción, y en cada una deben participar distintos actores: Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías, vigilando que los recursos económicos lleguen a donde deben.
Reactivar la economía de manera diferenciada
No todos los sectores necesitan el mismo tipo de ayuda. Para Garlati, el sector de la construcción no necesita mayor ayuda porque se va a reactivar sola por la demanda de la reconstrucción, y por su propia naturaleza, va a arrastrar a otros sectores como acero, madera, cemento y personal técnico.
Sin embargo, el panorama es distinto para el sector turismo. “La gente no va a querer viajar a zonas de desastre y seguramente su infraestructura no podrá atender altos niveles de visitantes”, explica el doctor en Economía.
Su propuesta es aprovechar esa infraestructura turística como residencias temporales para quienes perdieron su vivienda, y que actividades económicas cercanas, como los restaurantes, se reinventen para atender a la población que trabajará en la reconstrucción. La idea, resume Garlati, es “armar un plan para enganchar todas las otras actividades hacia construcción, que va a ser lo que naturalmente va a crecer”.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Anato reportó que al menos 40 agencias de viajes se vieron afectadas. Por ello proponen, entre otras medidas, bajar el impuesto del IVA a los tiquetes aéreos a un 5 % para incentivar más viajes a zonas turísticas.
Deuda internacional y sector privado: dos piezas del rompecabezas
El Gobierno nacional ha estimado que la reconstrucción costará unos $30 billones de pesos. Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe han destinado donaciones o aportes no reembolsables por un millón de dólares ($3.000 millones de pesos, aproximadamente). Las donaciones del sector empresarial colombiano sobrepasan los $1.6 billones de pesos y, adicionalmente, el Gobierno solicitó un crédito de 450 millones de dólares al Banco Mundial ($1.4 billones de pesos).
Garlati es escéptico sobre depender del endeudamiento externo. “En estos momentos Colombia está pagando tasas relativamente altas de deuda. No es tan buena idea endeudarse para atender esta emergencia. El endeudamiento debería ser la última opción que le queda al Gobierno para este escenario”. Prefiere que se usen recursos que el país ya tiene disponibles, como las regalías, antes de recurrir a más deuda o crear impuestos nuevos.
Al respecto, el docente recuerda un antecedente no muy optimista para el país. El impuesto del cuatro por mil surgió como una medida temporal para atender el terremoto del Eje Cafetero de 1999 y terminó siendo permanente.
En su análisis, el sector privado debería articularse al oficial para aliviar las cargas del déficit en las cuentas públicas. “Históricamente, en Colombia, el sector público y el privado han sabido trabajar, por eso hay tanta asociación público-privada. Hay un montón de espacios donde, por diferentes razones, a veces el gobierno no logra llegar, pero el privado sí”, sostiene el investigador.
Los derechos de los comerciantes
Mientras avanzan las políticas públicas al largo plazo, los comerciantes deben enfrentar un reto mucho más cercano en su día a día. Para hacerlo, Juan Camilo Contreras, profesor del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Javeriana, asegura que hay dos frentes de derechos para los comerciantes formales.
El primero depende de los paquetes de ayuda que vaya anunciando el Gobierno. “Seguramente van a organizar paquetes de ayuda como la ampliación de plazos para declarar renta o eventuales alivios de las cámaras de comercio en el pago de la matrícula mercantil”, dice. Aclara que las entidades financieras no están obligadas legalmente a dar alivios, aunque varias ya han anunciado flexibilidades en el pago de créditos.
El segundo frente es más técnico y está basado en la figura de la imprevisibilidad en las obligaciones comerciales. Contreras explica que un terremoto de esta magnitud puede calificarse jurídicamente como un evento extraordinario e imprevisible por la severidad de sus efectos.
“Esto significa que un comerciante que tuviera obligaciones contractuales y, por consecuencia del terremoto se queda sin las condiciones materiales para cumplirlo, tiene un derecho a negociar con la otra parte el cumplimiento de dicho contrato”, explica el doctor en Derecho. Si no hay acuerdo, puede acudir a un juez para que module la obligación. Esto puede resultar en dar un plazo, acordar cuotas, reducir el pago, suspenderlo o incluso terminar el contrato. “Aquí no hay generalidades y se deberá revisar caso por caso”, aclara.
Para los comerciantes informales, el panorama no es tan favorable. “Normalmente las ayudas económicas y financieras se enrutan mediante el sistema financiero o cámaras de comercio, así que los comerciantes informales no van a ser los directos destinatarios iniciales”, afirma Contreras. Los recursos legales tampoco están a su disposición, precisamente por la informalidad laboral en la que se encuentran. Contreras hace un llamado a las entidades territoriales para que diseñen mecanismos específicos de apoyo para este grupo de comerciantes.
¿Qué deberían hacer los comerciantes ahora mismo?
Contreras plantea dos recomendaciones para los comerciantes. La primera es revisar la capacidad real de cumplir con las obligaciones pendientes como pagos, entregas, servicios y, si el terremoto las afectó, sentarse a renegociar con la contraparte plazos, cuotas o fechas de entrega. Aclara que esto no es “carta blanca” para que cualquiera renegocie y solo aplica a quienes realmente se vieron afectados por el desastre.
La segunda es que quienes tengan pólizas de seguro deben contactar cuanto antes a su aseguradora para reportar los daños y revisar con detalle qué está cubierto y qué no, de modo que la compañía pueda gestionar el riesgo a tiempo.
Los dos expertos coinciden en que la disciplina en el manejo de los recursos y el tiempo serán determinantes. Garlati calcula que, si todo marcha bien, la recuperación podría tomar entre cuatro y cinco años, mucho menos que la década que tomó la reconstrucción tras el terremoto de 1999. Aunque advierte que el primer año será el más difícil.
Además, menciona que la emergencia golpeó a cerca de un tercio del territorio nacional, así que los dos tercios que no fueron afectados directamente también tendrán que aportar a la recuperación, sea con impuestos o con solidaridad.
Para los comerciantes, el consejo práctico es revisar y negociar los contratos. Se trata de evaluar la real capacidad de cumplir obligaciones, las pólizas de seguro contratadas y negociar de buena fe con proveedores, arrendadores y entidades financieras, sabiendo que la ley reconoce el derecho a modular contratos cuando un evento como este hace imposible o mucho más costoso cumplirlos tal como se pactaron.
