El 16 de septiembre de 1993, Rodolfo Llinás inició su intervención en la instalación de la Misión de Sabios con estas esperanzadoras palabras: “Este es un momento mágico para Colombia. Por primera vez, que yo sepa, un gobierno acepta la posibilidad de hacer un gran vuelco en el triángulo interactivo de la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico de este país. Esto se debe subrayar como una revolución positiva y sin precedentes”. Veinticinco años después, atientas de un nuevo proceso electoral del cuerpo legislativo y presidencial, las promesas anunciadas se ahogan en una perspectiva oscura para esta triada de la que habló el reconocido neurofisiólogo colombiano, formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Esa revolución nunca se concretó, ni siquiera con la Ley 1286 de 2009.
Las apuestas de esta política pública, sin ser la salvación de la investigación y la innovación colombianas, apuntaban a fortalecer la producción de nuevo conocimiento en el país, para impulsar el desarrollo social, económico y productivo y “propiciar una nueva industria nacional”, como lo indicaba la citada ley. Entre sus estrategias se proyectó formular un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) e incorporar estos tres elementos como ejes transversales en la política económica y social del país, además de fortalecer las capacidades de la comunidad científica, para que sean relevantes en esferas regionales e internacionales; así como ajustar instrumentos, mecanismos financieros y de liderazgo para solventar el Sistema de CTI, entre otros.
Y las expectativas no tienden a mejorar cuando se confirmó una reducción del presupuesto en ciencia, tecnología e innovación para 2018, mucho menos cuando se esperaba una reglamentación por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que “arreglaría la casa”, pero finalmente se quedó en borrador. Nuestro país invierte hoy alrededor del 0,4 % de su producto interno bruto (PIB) en actividades de ciencia y tecnología, lo que no implica recursos netos directos para la producción de nuevo conocimiento. Por el contrario, las cifras del Banco Mundial indican que los países destinan en promedio más del 2 % de su PIB a ciencia e innovación.
Más allá de las cifras que evidencian nuestra desventaja global, lo cierto es que este es un año de reflexiones y de apuestas para alcanzar un crecimiento sostenido y sustentable. Y qué mejor que ir de la mano de la ciencia para este propósito. Sería, sin duda, un círculo virtuoso. Así es que tenemos el reto de exigir un nuevo enfoque a los dirigentes que habremos elegido en las urnas para los próximos cuatro años.
Los desafíos que enfrentamos como país en reconstrucción nos exigen altas cuotas de creatividad, claridad y respaldo académico. La ciencia, la tecnología y la innovación son el camino garantizado para cumplir dichas transformaciones. Hay que fortalecer la política pública en CTI para que cuente con herramientas jurídicas y presupuestales que permitan a los dirigentes defender a capa y espada el desarrollo basado en el conocimiento. Como sociedad podemos contribuir, desde nuestros diferentes roles, a que la ciencia haga parte de nuestra agenda pública, nuestra cotidianidad y nuestras soluciones.
Luis Miguel Renjifo Martínez
Vicerrector de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana