{"id":38396,"date":"2023-11-25T14:28:44","date_gmt":"2023-11-25T19:28:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.javeriana.edu.co\/pesquisa\/?p=38396"},"modified":"2024-03-11T10:23:54","modified_gmt":"2024-03-11T15:23:54","slug":"clinica-juridica-territorio","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.javeriana.edu.co\/pesquisa\/clinica-juridica-territorio\/","title":{"rendered":"La Cl\u00ednica Jur\u00eddica que defiende a las comunidades y sus territorios"},"content":{"rendered":"\n
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\u201cEs injusto que nosotros durante mucho tiempo fuimos un pueblo agr\u00edcola y ahora, como no hay campesinos, la fruta y verdura toca traerla de Bucaramanga. Aqu\u00ed la violencia sac\u00f3 a la mayor\u00eda de campesinos y sus hijos, ya no quieren venir al campo\u201d. Gloria*<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Si hay un tema que ha marcado la historia de Colombia ha sido el de la propiedad y tenencia de la tierra. Desde los a\u00f1os 30 del siglo pasado, en m\u00faltiples ocasiones, se ha intentado establecer una justicia especializada que resuelva los conflictos que esto genera. Sin embargo, no ha sido posible mantenerla, y siempre, vuelven a la justicia ordinaria. La Cl\u00ednica Jur\u00eddica sobre Derecho y Territorio<\/a> ha ayudado a que varias comunidades del pa\u00eds sean representadas en estas instancias.<\/p>\n\n\n\n

Para Juan Felipe Garc\u00eda, director del Departamento de Filosof\u00eda e Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, esto resulta muy problem\u00e1tico, pues el sistema ordinario est\u00e1 muy congestionado, los procesos duran demasiado tiempo y los jueces no tienen los conocimientos especializados para resolver estas disputas legales.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, desde hace d\u00e9cadas no se cuenta con elementos jur\u00eddicos que permitan que los conflictos agrarios se tramiten por v\u00edas diferentes a la violencia, que ha dejado a la poblaci\u00f3n civil como la m\u00e1s damnificada.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA finales de los 80 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –  Incora, la Gobernaci\u00f3n y la Alcald\u00eda nos ofrecieron un programa para adquirir tierras. Ah\u00ed salimos seleccionados y nos ofrecieron un proyecto productivo piloto que inclu\u00eda vivienda, colegio, hospital, cultivos, ganader\u00eda, pesca, palma de aceite\u201d, relata Blanca Alfaro, reclamante de tierras del departamento del Cesar. <\/p>\n\n\n\n

La de Blanca, junto con otras decenas de familias, recibieron las escrituras que los hac\u00edan tenedores de la tierra. Sin embargo, el proyecto se qued\u00f3 sin financiaci\u00f3n y en cuesti\u00f3n de semanas, desapareci\u00f3. \u201cEs como si alguien hubiera ordenado que se acabara\u201d, sostiene Blanca. Luego lleg\u00f3 una ola delincuencial, la violencia con los grupos paramilitares, las guerrillas y las personas que habitaban esa zona, se vieron obligadas a salir de las tierras. <\/p>\n\n\n\n

Como lo explica el profesor Garc\u00eda, algunos actores con capital econ\u00f3mico y pol\u00edtico, pudieron utilizar grupos armados ilegales para presionar a las comunidades para que se fueran de la regi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

\u201cA nosotros se nos entraban a las casas, nos romp\u00edan los utensilios de cocina, nos romp\u00edan las camas, nos mataban a los animales. Tuvimos que ver a muchos compa\u00f1eros desplazarse a las ciudades por amenazas y a varios de ellos los mataron\u201d, afirma Gloria*. Su prioridad era salvar sus vidas y las de sus hijos, por lo que algunos terminaron cediendo a vender a muy bajos precios. \u201cPredios que pod\u00edan valer 15 millones en esa \u00e9poca, se vendieron a 3 millones porque era lo que ofrec\u00edan\u201d, asegura. <\/p>\n\n\n\n

\u201cHoy podemos contarnos con los dedos de una mano los que permanecemos aqu\u00ed. Muchos murieron de tristeza en Bucaramanga, encerrados en los apartamentos de los hijos, lejos de las labores del campesino\u201d, agrega.<\/p>\n\n\n\n

No fue sino hasta junio de 2023, en cumplimiento del acuerdo de paz<\/a>, que el Congreso de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 la Jurisdicci\u00f3n Agraria y Rural tras ocho meses de discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Con esta reforma, el Art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n, que establece la lista de quienes administran justicia, agrega los tribunales y jueces agrarios. Esto abre la ventana para que exista una justicia especializada que tramite los conflictos agrarios en el pa\u00eds. Adem\u00e1s, incorpora el Art\u00edculo 238-a que contiene la idea de que a la poblaci\u00f3n campesina se le garantice un acceso real y efectivo a dicha justicia.<\/p>\n\n\n\n

Para el acad\u00e9mico uno de los principales retos en la materia, es el de formalizaci\u00f3n de propiedad en las zonas rurales. O sea, qui\u00e9n es y c\u00f3mo se hace a la propiedad de la tierra.  Si es el Estado, si es un campesino por haber ocupado un terreno por un determinado periodo de tiempo y se hizo a esa propiedad, si es bald\u00edo \u2014propiedad del Estado\u2014, o si hay una ocupaci\u00f3n debe definir si tiene fundamento jur\u00eddico. <\/p>\n\n\n\n

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\u201cNuestro caso es bien particular porque las tierras que reclamamos, ya han tenido dos tenedores anteriores. El Incora nos dio las escrituras, pero por la presencia de diferentes actores armados, han tenido que abandonarlas\u201d, relata Bernardo Castro, otro de los reclamantes del Cesar. \u201cEn casi 30 a\u00f1os no nos han dado ni un grapa para colocarle a la cerca. No tenemos v\u00edas, recursos, luz, no hay presencia del Estado\u201d, agrega.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, la acci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n agraria no es sencilla. Relata el profesor Garc\u00eda, que tuvieron que pasar casi cien a\u00f1os para que los conflictos agrarios sean resueltos mediante jueces especializados que apliquen la legislaci\u00f3n nacional, y no por actores armados que ejercen el control territorial.<\/p>\n\n\n\n

La Unidad de V\u00edctimas<\/a> reporta que, desde 1985, 37 087 personas fueron despojadas de sus tierras forzosamente en el pa\u00eds, y que 126 409 perdieron sus bienes inmuebles en el marco del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n

Desde la sanci\u00f3n de la ley de v\u00edctimas en 2011, se han radicado 30 331 solicitudes de restituci\u00f3n de tierras por m\u00e1s de un mill\u00f3n y medio de hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras – URT, entidad encargada de las demandas de restituci\u00f3n a nombre de las v\u00edctimas, ha presentado 20 845 demandas ante la justicia, de las cuales solo 8559 han tenido sentencia favorable. Es decir, en 12 a\u00f1os, solo a un 28 % de las v\u00edctimas les han sido devueltas sus tierra<\/p>\n\n\n\n

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“A veces decimos que, as\u00ed como se heredan las enfermedades de nuestros padres, tambi\u00e9n se heredan los desplazamientos y los casos judiciales”.<\/p>\nLeticia Marrugo, l\u00edder del departamento del Cesar<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

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La Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la PUJ ha acompa\u00f1ado ocho casos jur\u00eddicos en diferentes regiones del pa\u00eds. Foto Shutterstock.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La Cl\u00ednica Jur\u00eddica sobre Derecho y Territorio <\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Las m\u00faltiples investigaciones y an\u00e1lisis adelantadas desde la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas de la Pontificia Universidad Javeriana evidencian las fallas en la infraestructura estatal, en los procesos, y las limitaciones que presentaban las instituciones para responder a las v\u00edctimas de este tipo de delitos.<\/p>\n\n\n\n

La poblaci\u00f3n civil, no solo es la m\u00e1s afectada por amenazas, desplazamiento, despojo de las tierras; sino que, adem\u00e1s, no cuenta con los recursos econ\u00f3micos suficientes para enfrentar los largos procesos jur\u00eddicos de la reclamaci\u00f3n de sus tierras. <\/p>\n\n\n\n

\u201cSolo venir de nuestras veredas al casco urbano, nos cuesta. Y muchas veces ni as\u00ed nos sirve porque aqu\u00ed en el pueblo las autoridades no pueden hacer mucho. Nos toca movernos a los juzgados o a las agencias nacionales en Valledupar. Ah\u00ed s\u00ed que nos sale m\u00e1s caro. Mientras tanto los que nos han quitado las tierras viven all\u00e1, viajan a Bogot\u00e1 y les queda f\u00e1cil contratar abogados que den la batalla jur\u00eddica\u201d, relata Gloria.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, afirma que muchos de los procesos de compa\u00f1eros suyos se han perdido porque las comunidades no est\u00e1n en capacidad de moverse hasta la capital de departamento como lo requieren las autoridades. Esto no solo evidencia la desigualdad de condiciones que ofrece la justicia ordinaria, sino que deja presente la desconexi\u00f3n entre la pol\u00edtica p\u00fablica y las realidades de las comunidades. <\/p>\n\n\n\n

Por ello, en 2009, un grupo de profesores decidi\u00f3 poner el conocimiento jur\u00eddico acad\u00e9mico al servicio de las comunidades. Inspirados en una experiencia similar argentina, los profesores Roberto Vidal, Liliana S\u00e1nchez y Juan Felipe Garc\u00eda, junto a varios estudiantes, crearon la Cl\u00ednica Jur\u00eddica sobre Derecho y Territorio.<\/p>\n\n\n\n

Este  grupo de abogados acompa\u00f1a a comunidades con escasos recursos econ\u00f3micos, pol\u00edticos y jur\u00eddicos que se enfrentan a la amenaza del despojo o afectaci\u00f3n de los territorios habitados tradicionalmente por ellas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe llama Cl\u00ednica Jur\u00eddica sobre Derecho y Territorio porque nos interesa defender la posibilidad que tienen las personas y grupos humanos de permanecer en los lugares donde quieren desarrollar su vida, que es, en s\u00edntesis, la mayor afectaci\u00f3n del desplazamiento forzado\u201d, explica Joaqu\u00edn Garz\u00f3n, su director.<\/p>\n\n\n\n

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Desde entonces este proyecto ha acompa\u00f1ado a comunidades de los departamentos de Bol\u00edvar, Cauca, Caquet\u00e1, Cesar, algunos municipios del Magdalena medio, y ciudades como Bogot\u00e1 y Buenaventura. All\u00ed, la cl\u00ednica se ha articulado con otras obras de la Compa\u00f1\u00eda de Jes\u00fas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTodo nuestro trabajo se hace a partir de una profunda investigaci\u00f3n de contexto hist\u00f3rico, antropol\u00f3gico, geogr\u00e1fico, cartogr\u00e1fico, ecol\u00f3gico. Toda esa investigaci\u00f3n interdisciplinaria se pone a disposici\u00f3n de los casos elevando los materiales que se presentan ante las cortes respectivas\u201d, sostiene el profesor Juan Felipe Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Las comunidades que han recibido el acompa\u00f1amiento y asesor\u00eda de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica, reportan avances en los procesos que por a\u00f1os estuvieron parados. \u201cDesde que la Universidad lleg\u00f3 aqu\u00ed, ya no somos tan ignorados y sentimos un respaldo jur\u00eddico serio para ver si en alg\u00fan momento, se hace justicia con nosotros\u201d, dice Gloria. <\/p>\n\n\n\n

El conflicto armado en el departamento del Cesar es tan complejo que la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz abri\u00f3 un macro caso para aclarar y juzgar los cr\u00edmenes relacionados con empresas privadas, paramilitares y agentes del Estado en el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena)<\/p>\n\n\n\n

 El trabajo investigativo de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica sobre Derecho y Territorio no solo ha aportado en los procesos judiciales de reclamaci\u00f3n de tierras de varias comunidades del Cesar, sino que tambi\u00e9n ha llamado la atenci\u00f3n de la JEP<\/a>, quien ha recibido informes sobre los asuntos relacionados con las tierras en este subregi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Una nueva oportunidad para el pueblo Yukpa<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

A la lucha por el territorio que se vive en el Cesar, se suma que hay grandes empresas que han vulnerado los derechos de las comunidades de esta regi\u00f3n. La Cl\u00ednica Jur\u00eddica ha asesorado procesos de reclamaci\u00f3n de tierras, de protecci\u00f3n y defensa del r\u00edo Magdalena y conflictos relacionados a la miner\u00eda y exploraci\u00f3n de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de los m\u00faltiples logros que ha obtenido el equipo, se destaca que el pasado 25 de septiembre, la Corte Constitucional fall\u00f3 una tutela a favor del pueblo Yukpa. En esta, se ordena a las multinacionales Drummond y Prodeco realizar el proceso de consulta y posconsulta, que no realiz\u00f3 en su momento, y reparar a la comunidad por las afectaciones producto de la actividad minera a cielo abierto.<\/p>\n\n\n\n

La alta corte, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses, consider\u00f3 que, por la magnitud de las minas, el tiempo de ejecuci\u00f3n y las fuentes h\u00eddricas que fueron intervenidas, el pueblo Yukpa no pudo acceder a sus lugares sagrados y se vio afectado en su seguridad alimentaria.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPara nosotros como pueblo Yukpa, sin territorio no hay educaci\u00f3n, ni salud. Somos reconocidos como n\u00f3madas, entonces necesitamos un territorio amplio para conseguir la pesca, la caza. Hoy nos sentimos acorralados, encerrados, no nos podemos mover porque dicen que estamos en territorio ajeno, a pesar que durante siglos ha sido territorio nuestro, como lo cuentan nuestros abuelos\u201d, dice Alfredo Pe\u00f1a, Gobernador del Cabildo Resguardo Iroka. <\/p>\n\n\n\n

Para el gobernador ind\u00edgena la acci\u00f3n extractiva tan amplia que se desarrolla en el departamento ha causado serios impactos en los ecosistemas. \u201cLas minas han espantado a los animales que cazamos para alimentarnos. Ya no hay r\u00edos limpios. Para nosotros las monta\u00f1as son \u00e1rboles, y ya no hay. Es que ya ni aire limpio tenemos para respirar\u201d, asegura.<\/p>\n\n\n\n

En ese mismo sentido fall\u00f3 la corte, ya que afirma que los efectos de la actividad minera contribuyen a agudizar las afectaciones de salud que aquejan a la comunidad ind\u00edgena, en la que se presenta un alarmante n\u00famero de muertes de ni\u00f1os y ni\u00f1as Yukpa. \u00abEl n\u00famero de muertes de menores Yukpa se incrementa anualmente y la mayor\u00eda de los decesos ocurren por causa de enfermedades prevenibles, como la diarrea y las infecciones respiratorias agudas\u00bb, dice la sentencia.<\/p>\n\n\n\n

Para la corte, esta situaci\u00f3n se ha producido como resultado de la inexistencia de una pol\u00edtica estatal que solvente la \u00abfalta de tierra, producto del despojo\u00bb y del \u00abdesv\u00edo de los r\u00edos, pues esta comunidad es predominantemente dedicada a la caza y la pesca\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstamos ante un fallo hist\u00f3rico para Colombia. Primero porque a pesar de que los proyectos mineros ya est\u00e1n en curso, han sido explotados por a\u00f1os, la corte le otorga el derecho al pueblo Yukpa a ser consultados. Debi\u00f3 ser una consulta previa; con este fallo, queda claro que despu\u00e9s de que se inician los proyectos tambi\u00e9n se debe surtir el proceso\u201d, explica el investigador Garz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La segunda raz\u00f3n es que el pueblo Yukpa es reconocido como un pueblo n\u00f3mada, que por las din\u00e1micas del conflicto armado y la acci\u00f3n minera, est\u00e1n en peligro real de ser exterminados f\u00edsica y culturalmente. Este fallo protege la existencia de una poblaci\u00f3n ind\u00edgena y obliga a las empresas a reparar los da\u00f1os ocasionados durante a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTambi\u00e9n, muy importante el hecho de que las empresas no se pueden ir sin reconocer que hab\u00eda unas afectaciones, que deben ser evaluadas y que deben ser compensadas\u201d, agrega Garz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para Juan Felipe Garc\u00eda, es motivo de orgullo, no solo por la victoria jur\u00eddica, sino porque tres mujeres, estudiantes de pregrado, fueron quienes prepararon las piezas judiciales. Muchos de los argumentos que ellas desarrollaron, fueron acogidos en la decisi\u00f3n de la corte.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa metodolog\u00eda de caso, que usamos en la cl\u00ednica, en la que profesores y estudiantes se involucran en la investigaci\u00f3n, los pone en contacto con la realidad y cualifica de manera estrat\u00e9gica los saberes de quienes todav\u00eda est\u00e1n estudiando su carrera profesional\u201d, asegura Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Por todo eso, el acad\u00e9mico reitera su llamado para fortalecer la jurisdicci\u00f3n agraria con personal, infraestructura, y presupuesto. Pero tambi\u00e9n para que el pa\u00eds entienda que la paz est\u00e1 directamente ligada a lo que pasa en el campo, y c\u00f3mo se resuelven los conflictos por el territorio. <\/p>\n\n\n\n

Las fuentes consultadas por Pesquisa Javeriana en la regi\u00f3n coinciden en que a pesar de que hay pol\u00edticas p\u00fablicas desde el nivel central, a nivel local los procesos de reclamaci\u00f3n de tierras no avanzan. Y que en algunos casos que s\u00ed lo han hecho, los favorecidos han sido grandes terratenientes que no hacen producir las tierras. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, todos quieren volver al campo con sus familias y tener all\u00ed su sustento. Pero para ello, requieren y demandan del Estado, que se revise la legislaci\u00f3n y su aplicaci\u00f3n en el nivel local. <\/p>\n\n\n\n

\u201cA futuro, yo quisiera vivir en mi parcela, con mis nietos y mis cinco bisnietas, trabajando la tierra, criando gallinas, puercos. Quisiera que mi descendencia viviera en el campo porque la gente del campo es muy noble y servicial, todo el tiempo est\u00e1 pensando en los vecinos. Uno lo que quiere es dejar el pedacito de tierra a los hijos cuando uno muera\u201d, afirma Gloria. <\/p>\n\n\n\n

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