Ley de Utilidad Pública: hacia un nuevo enfoque de justicia

Las condenas a cárcel de las mujeres cabeza de familia, no las sufren solo ellas. La nueva Ley de Utilidad Pública aborda la relación con sus hijos, con su familia, las actividades de resocialización y a lo que se dedicarán tras salir de prisión.

Por: Nicolás Martínez y Miguel Martínez 

El número de mujeres en las cárceles de Colombia ha descendido sostenidamente desde el 2019. Los datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec– , revelan que, a octubre de 2023, en las cárceles del país hay 2007 mujeres sindicadas y otras 4648 condenadas.

Una investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México y el Comité Internacional de la Cruz Roja, concluyó que los impactos para las mujeres y sus entornos son diferentes a los de los hombres tras la condena.

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Ilustración: María Camila Botero con IA

Las consecuencias de la prisión también recaen en la familia

El primer hallazgo del estudio, desarrollado a partir de la aplicación de 1236 encuestas aplicadas a mujeres en diferentes cárceles del país, determinó que la mayoría tienen un perfil socioeconómico bajo, y casi la mitad abandonaron su casa antes de los quince años, principalmente por violencia intrafamiliar hacia ellas o hacia su madre. La necesidad de trabajar para sobrevivir y los embarazos adolescentes hicieron que no terminaran la educación secundaria.

El 67 % de las mujeres encuestadas en prisión son de estratos 1 y 2.

El resultado más revelador del estudio es que el 75 % de las mujeres que actualmente pagan una condena en las prisiones colombianas, son madres cabeza de familia. Al ser las únicas responsables del cuidado y económicamente de sus hijos, los impactos sociales y psicológicos, para ellas y su familia, son muy diferentes a otros casos.

Por ejemplo, según sus respuestas, un 38 % de los hijos abandonó la escuela para hacerse responsables del cuidado de sus hermanos. Además, de los que siguieron estudiando, casi un 80 % registró un bajón en el rendimiento escolar tras la condena de su madre.

Diversas investigaciones en el mundo muestran una tendencia al inicio temprano de consumo de drogas y alcohol cuando la madre llega a prisión.

Entrevistas a mujeres que ya pagaron su condena, realizadas en esta investigación, señalaron que una vez la madre sale y retoma el cuidado de los hijos, el nivel escolar vuelve a subir. “Mi hija perdió dos veces sexto. El año pasado lo estaba haciendo por tercera vez, cuando yo salí, a mitad de año, también lo iba perdiendo. De ahí en adelante comenzaron a subir las notas, así nomás, notas de 4,0 y 5,0”, dijo una pospenada a los investigadores

Una investigación de la Universidad Javeriana abrió el camino para la recién aprobada Ley de Utilidad Pública, una medida alternativa a la prisión que abre el debate sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la política criminal y carcelaria de Colombia.
Mujeres en Cárcel distrital de Cartagena Foto: Nicolás Martínez - Pesquisa Javeriana

Impactos psicológicos tras la condena de madres

El alto porcentaje de mujeres condenadas a pena privativa de la libertad en centro carcelario que son las únicas responsables del cuidado y manutención de los hijos contrasta con solo un 4 % de los hombres condenados en Colombia que son los cuidadores principales de los hijos.

Ello trae consigo unos impactos psicológicos tanto para ellas, como para la familia cercana. “Lo que más le duele a una mujer, en todas las entrevistas que hicimos, es el tema de sus hijos. Es decir, la salud mental de una mujer en la cárcel es directamente afectada por cómo se desarrolle la relación con sus hijos que, dadas las circunstancias, necesariamente cambian”, explica Leonardo Rodríguez Cely, doctor en Criminología y Delincuencia Juvenil y profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador en este proyecto.

Después de la detención, los hijos de madres encarceladas quedan bajo el cuidado de la familia extensa, principalmente la abuela en el 43 % de los casos, y de otros familiares en el 17 %. Para los integrantes de la familia extensa, asumir el cuidado de los hijos de mujeres privadas de la libertad implica múltiples dificultades. Por ejemplo, ayudar a los niños a manejar sus problemas psicológicos y emocionales, derivados del trauma de la separación de su madre o reexaminar su relación con la interna, dice la investigación.

Casi un 40 % de las mujeres infractoras manifestó que nunca ha recibido visitas de sus hijos y solo un 20 % recibe visita cada 15 días, siendo esta la frecuencia más alta. Las principales razones por las que las visitas no son más frecuentes son que viven lejos del lugar de reclusión y que no tienen dinero suficiente para movilizarse.

El 52 % de las encuestadas sufrió la ruptura de la relación afectiva que tenía antes de la detención.

El 60 % de las mujeres encuestadas en prisión señaló que sus visitantes se han quejado de los tratos que reciben al ingresar a las cárceles, principalmente porque les destruyen los alimentos, reciben malos tratos verbales por parte de los guardias, les revisan cavidades corporales íntimas o tienen que desnudarse parcial o totalmente en las requisas.

Para Rodríguez, estos reclamos implican una carga extra para las mujeres, que las hace sentir más culpables. “Cuando se dan cuenta de lo que la familia tiene que vivir, gastar y desplazarse para entrar a la cárcel, ella sufre muchísimo. Muchas de ellas prefieren que su familia no vaya a visitarlas para evitarles todos esos procedimientos incómodos”, sostiene Rodríguez.

Dice el experto que el contacto de las internas con sus redes de apoyo, familias y en especial con sus hijos, constituye un enorme aliciente, baja los niveles de ansiedad y disminuye los riesgos de suicidio y de agresiones entre internos en los penales.

Una investigación de la Universidad Javeriana abrió el camino para la recién aprobada Ley de Utilidad Pública, una medida alternativa a la prisión que abre el debate sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la política criminal y carcelaria de Colombia.
Foto: Cortesía Fundación Acción Interna

¿Hay una verdadera resocialización en las cárceles de Colombia?

La ley 65 de 1993, que expidió el Código Penitenciario y Carcelario en el país, ordena en su artículo 9 que, “La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación”.

Sin embargo, para los investigadores javerianos, la ejecución de las penas en los centros carcelarios para la resocialización de las internas es una meta que difícilmente se logra.

Sobre la atención en salud mental de las internas, la investigación evidencia que el 63 % nunca ha solicitado atención psicológica durante su tiempo en prisión. El 21 % la ha recibido cuando la ha solicitado y el 12 %, aunque la solicitó, no la ha recibido.

“Cuando revisamos los sistemas carcelarios de otros países, nos encontramos con equipos que cuentan con psiquiatra, psicólogo, trabajador social, pedagogo, toxicólogo. Entre todos hacen un seguimiento personalizado a cada interna sobre la relación con la familia, uso de medicamentos, atención a la salud mental, consumo de drogas y alcohol, adaptaciones para evaluar otro tipo de medidas que les permitan salir de las cárceles”, afirma el investigador Rodríguez.

Para el psicólogo, este tipo de atención es mucho más efectiva en la lucha contra la reincidencia porque ofrece oportunidades integrales que evitan que las mujeres recaigan en el delito.

“Creo que invertir en esos equipos técnicos y en programas que atiendan integralmente a las internas, ahorrarían mucho dinero. Si lo que cuestan los y las internas del país, se usara para garantizar que tengan una buena relación con su familia, con su pareja, que tengan un buen trabajo, que se eduquen en su paso por las cárceles, son personas que no van a reincidir porque seguramente no van a querer repetir la difícil situación de estar en una cárcel”, expone el académico.

Para Rodríguez, el punto de la resocialización no es el tiempo que paguen los condenados, sino las experiencias que allí se viven. Asegura que hoy en día los internos pagan sus condenas con su salud mental y con experiencias traumáticas para su cuerpo y cerebro. Pero que finalmente, esto no garantiza que cuando salgan de pagar sus penas, quieran evitar cometer otros delitos.

Por su parte, Astrid Liliana Sánchez, vicerrectora de Investigación de la Universidad Javeriana e investigadora principal, los programas de resocialización que se ofrecen actualmente en las cárceles del país no están planificados acorde al mercado laboral.

“Estos programas no necesariamente estaban mejorando los niveles educativos de las mujeres de manera significativa, ni sus posibilidades de inserción después en el mundo laboral. Muchos están relacionados con actividades que son típicamente feminizadas y que no necesariamente tienen buenos ingresos en el mercado laboral. Por ejemplo, producción de peluches, bordados, manillas. Difícilmente les permiten a ellas salir con un valor agregado para el mercado laboral”, asegura

“Yo no me imagino viviendo de hacer peluches, yo creo que por eso es la reincidencia… porque es muy duro ver a los hijos sufriendo por no tener que comer”. (Interna Buen Pastor)

Esto resulta doblemente problemático una vez salgan, pues por un lado, no mejoran sus habilidades, y por otro, son estigmatizadas por haber estado pagando una pena en prisión. “En las entrevistas con mujeres pospenadas, nos contaban que por el solo hecho de haber estado en la cárcel, les ofrecen menos salario o jornadas más largas. También les recriminaban, o les decían que agradecieran que les estaban dando una oportunidad”, relata la vicerrectora.

Ambos investigadores javerianos son enfáticos en que se requieren programas que les permitan mejorar sus capacidades laborales y de oficio, que la política carcelaria incluya asociaciones con fundaciones, entidades públicas y privadas, para que una vez salgan, encuentren una oportunidad de trabajo con condiciones dignas para que puedan autosostenerse y cuidar de sus hijos.

La Ley de Utilidad Pública: hacia una justicia restaurativa

Esta investigación javeriana fue el principal insumo para que en marzo de 2023 fuera sancionada la Ley de Utilidad Pública, un proyecto para que las mujeres cabeza de hogar que están en las cárceles del país, puedan pagar su pena en libertad mediante la prestación de un servicio comunitario.

“El Ministerio de Justicia está intentando promover aproximaciones más profundas desde la perspectiva de Justicia Restaurativa, que por supuesto, creo que tienen que robustecerse y fortalecerse para que logren una implementación adecuada”, dice la vicerrectora. “Tener en mente esos enfoques, es por lo menos, muy interesante para replantear el sistema penal”, agrega.

En su opinión, aunque el país cuenta con normas que permiten programas de justicia restaurativa desde el año 2000, pensar la justicia desde un nuevo enfoque es muy retador. “El gran reto es cómo generar un cambio cultural, tanto en los funcionarios judiciales, como en la sociedad en general, para que entiendan que estas medidas buscan reparar el daño, más allá de solo privar de la libertad a las infractoras”, sostiene.

El psicólogo Rodríguez opina que la cárcel, más que ser un lugar, debe ser una sanción moral que debe asumir el infractor sobre algo que hizo mal, y parte de esa sanción debería ser la reparación para las víctimas. Por lo tanto, también cree que se debería seguir insistiendo en medidas que promuevan un nuevo enfoque en el que la cárcel no necesariamente se entienda como sinónimo de justicia.

Camilo Eduardo Umaña, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, asegura que el factor de reincidencia que hay en privados de la libertad, es cercano al 50 %. Por lo tanto, si con la ley de utilidad pública se logra una reincidencia menor, los resultados serán positivos.

Por ahora, afirma, hay unas 2500 plazas listas para las mujeres que, tras orden de un juez, puedan acceder a este programa. Como la ley ya tiene sanción presidencial, corresponde a las mujeres que crean cumplir los requisitos, presentar la solicitud, y a los jueces de la república estudiar cada caso y decidir si se pueden acoger a los beneficios.

Una investigación de la Universidad Javeriana abrió el camino para la recién aprobada Ley de Utilidad Pública, una medida alternativa a la prisión que abre el debate sobre la necesidad de cambiar el enfoque de la política criminal y carcelaria de Colombia.
Mujeres en Cárcel distrital de Cartagena Foto: Nicolás Martínez - Pesquisa Javeriana