noviembre-diciembre 2017 | Edición N°: año 56, nro. 1333
Por: Patricia Inés Muñoz Yi | Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, experta en participación política y ciudadanía.



En las elecciones de 2018 los colombianos tendremos la oportunidad de elegir Presidente de la República con su fórmula vicepresidencial, 102 senadores, 166 Representantes a la Cámara y, de acuerdo al trámite de los proyectos de ley conducentes a implementar el Acuerdo de Paz con las FARC, 5 senadores y 5 representantes, al menos, del naciente partido político “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”. El próximo Presidente y los integrantes del Congreso de la República, deberán afrontar temas de profunda importancia para los colombianos. Con el vaso a medio llenar, vemos estos retos: La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y los avances en los diálogos de paz con el ELN, ello en el marco jurídico que el Congreso apruebe y la Corte Constitucional avale, lo cual incluye la participación política de las FARC como partido político después de cinco décadas como grupo armado. Este sería el principal rasgo de consolidación de la democracia. El fortalecimiento de la democracia reduciendo los niveles de abstención que en las últimas elecciones alcanzó el 52% en las elecciones presidenciales y el 55% en las del Congreso, producto en buena parte de la creciente pérdida de credibilidad en los actores y en las instituciones políticas. La recuperación de los Partidos Políticos como verdaderos vasos comunicantes entre gobierno y ciudadanos por los cuales puedan transitar las necesidades y demandas sociales en búsqueda de respuestas al sistema político. La promoción de cerca de cincuenta candidaturas a la Presidencia a través de firmas, habla de la necesidad de revisar el papel que los partidos cumplen actualmente en la sociedad. El liderazgo en el combate a la corrupción que ha permeado lo público y lo privado. Enfrentar la corrupción con la convicción que se trata de un compromiso de Estado, que compromete a todos y que debe ser abordado a través de investigaciones que culminen en sanciones efectivas. La conformación de equipos de trabajo que impulsen el crecimiento económico del país y los proyectos asociados a la búsqueda de la paz y a una presencia institucional real en los territorios antes agobiados por el conflicto y hoy marcados por el crecimiento de cultivos ilícitos. El posicionamiento del país en el contexto regional y la conducción de las relaciones con Venezuela, en el marco de un creciente número de venezolanos que llegan al país demandando atenciones básicas. En consecuencia, las elecciones del año próximo deben: Dar un paso adelante en la recuperación de la política para los ciudadanos como espacio para construir lo público, dirimir los conflictos y tomar decisiones en beneficio de la sociedad. Ser una oportunidad de participación ciudadana en la toma de decisiones; asumiendo la responsabilidad como votantes, ejerciendo el derecho a incidir en la conformación del poder legislativo y acompañando a los elegidos bien apoyando, bien a través de ejercicios de control de sus actuaciones y en sus aportes al beneficio colectivo. Fortalecer la participación robusteciendo la deliberación pública y recuperar el valor de la democracia representativa, eligiendo de manera responsable a quienes trabajarán los próximos cuatro años, proponiendo y votando decisiones trascendentes para el funcionamiento del Estado. Permitir mayores niveles de inclusión de grupos, sectores sociales, jóvenes, grupos étnicos y mujeres en la conformación de Senado y Cámara. Estas elecciones pueden convertirse en vehículo de ruptura social o en camino para recomponer una sociedad fracturada, que debe buscar empujar de un mismo lado un proyecto común de nación.