Legalización de Altos de la Florida una iniciativa académica de responsabilidad social universitaria
Tres de los cuatro sectores que conforman la comunidad Altos de la Florida, en Soacha, fueron legalizados gracias al compromiso de docentes y estudiantes que participan en la Proyección Social de la Facultad de Ingeniería.
Hace más de treinta años llegaron los primeros pobladores al territorio conocido hoy como Altos de la Florida, una comunidad que poco a poco construyó un barrio en los límites entre la zona urbana y rural del municipio de Soacha/Cundinamarca. En este territorio viven aproximadamente cinco mil personas que finalizaron el año 2019 con una de las noticias más esperadas por ellos: la legalización de los tres primeros sectores que integran esta comunidad.
El 30 de diciembre, la Secretaría de Planeación Municipal presentó públicamente la resolución y firmaron las actas que legalizan los sectores uno, dos y cuatro. Así mismo, explicaron que el sector
tres no logró legalizarse bajo este mismo proceso, dado que está declarado como zona rural protegida dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Este importante avance para la comunidad es el resultado del trabajo conjunto entre la coordinación de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería, de la Pontificia Universidad Javeriana, dirigida por el sociólogo Antonio Acosta Sarmiento, la Casa Pastoral Nuestra Señora del Camino, coordinada por la politóloga Angie Elizabeth Buitrago, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los líderes comunitarios.
Los miembros de la JAC trabajaron años para suplir las necesidades básicas del barrio, como crear un acueducto con mangueras u organizar escuelas para que los niños asistieran a la primaria. Sin embargo, en el año 2012 la Alcaldía Municipal de Soacha declaró esta zona con alto riesgo de deslizamiento, lo que dificultó cualquier avance en pro de mejoras estructurales.
“Para identificar cómo la Facultad de Ingeniería podía aportar al proceso de transformación social que adelantaban los habitantes de Altos de la Florida, nos reunimos con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Corporación Opción Legal, quienes han atendido ampliamente a las familias que se asentaron en este territorio ubicado en la comuna 6 del municipio de Soacha. En estas reuniones identificamos que el problema estructural, del cual se desprendían otras problemáticas que impiden el progreso social de estas comunidades, era la legalización de los cuatro sectores”, comentó el sociólogo Antonio Acosta S.
De acuerdo con la información de la politóloga Angie Buitrago, el primer paso para la legalización de Altos de la Florida fue firmar un convenio de apoyo interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería y la Compañía de Jesús, el cual permitió iniciar el estudio de suelos del sector e iniciar diálogos con distintos funcionarios de la Alcaldía Municipal.
Incidencia académica parala transformación social
A partir de la firma del convenio, los ingenieros Carlos Eduardo Rodríguez Pineda y Luis Alberto Jaramillo Gómez, docentes del departamento de Ingeniería Civil asumieron el liderazgo técnico del proyecto como ejercicio académico de la asignatura Proyecto Social Universitario.
“Como para los líderes la legalización era vital, porque el barrio no cuenta con servicios públicos como el acueducto o el alcantarillado, ACNUR durante diez años había adelantado gran parte de los estudios de suelo, entonces hicimos una transferencia de toda la información que había recolectado ACNUR a los ingenieros civiles de la Universidad, para que completaran los estudios y continuar con el proceso”, explicó Angie Buitrago.
“Durante los años 2018 y 2019 la Universidad Javeriana realizó múltiples estudios, con orientación de la Guía Metodológica para Zonificación de Amenazas elaborada por el Servicio Geológico Colombiano, ejercicios que fueron apoyados por estudiantes en práctica social y voluntarios de las universidades Javeriana y Nacional. Con la aplicación de estos estudios se logró precisar el nivel de vulnerabilidad de los cuatro sectores y modelar un mapa de amenaza de riesgo”, explicó Antonio Acosta S.
Con la aplicación de estos estudios se logró precisar el nivel de vulnerabilidad de los cuatro sectores y modelar un mapa de amenaza de riesgo.
Por su parte, mientras la Facultad de Ingeniería hacía todo el proceso técnico, la Casa Pastoral fue el enlace entre los líderes y la Universidad y los líderes de las JAC se encargaron de mantener la comunicación con la alcaldía y con la misma comunidad. “Para realizar los estudios que llevaron a la legalización del barrio se necesitó de la participación y el acompañamiento de la comunidad. Ellos llevan más de diez años trabajando en esto y lo justo es apoyarlos desde lo que sabemos, pues ya han recorrido un gran camino”, afirmó Buitrago.
Finalmente, en noviembre de 2019 en una reunión en las instalaciones de la Universidad Javeriana, luego de casi dos años de trabajo se entregó al alcalde del municipio de Soacha, en ese momento Eleazar González Casas, los estudios y planos finales, los cuales fueron presentados y avalados por el Comité de Riesgo de la Secretaría de Planeación Municipal.
Con este aval, los profesores Carlos E. Rodríguez y Luis A. Jaramillo, junto con los líderes representantes de la comunidad en este proceso, firmaron los planos y fue el momento en el que la Casa Pastoral Nuestra Señora del Camino y la coordinación de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería alcanzaron el objetivo que se habían propuesto: propiciar un proceso académico, responsable y participativo que resolviera esta problemática estructural de la comunidad.
“En este ejercicio fue vital la participación de la comunidad liderada por los presidentes de la JAC de los cuatro sectores del barrio. Este es un paso importante para que se continúen garantizando los derechos básicos, entre ellos el derecho a un barrio y una vivienda digna”, comentan los profesores Carlos Eduardo Rodríguez y Luis Alberto Jaramillo. El reto ahora, para el año 2020, es iniciar los estudios estructurales, arquitectónicos y de habitabilidad de las viviendas, necesarios para la legalización de cada uno de los predios ubicados dentro de los tres sectores legalizados.