La guerra va a la escuela, un proyecto de periodismo en transición

Juliana Castellanos Díaz

Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales. Dirige la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

julicastediaz@gmail.com

Resumen

La búsqueda incesante del gobierno de Juan Manuel Santos por encontrar una salida negociada al conflicto armado produce transformaciones sociales y políticas profundas, que dan luz a lo que se ha nominado, en momentos particulares de la historia de otros países, periodismo de transición. La necesidad de advertir desde la experiencia lo que esa forma periodística implica en Colombia conduce a la realización del proyecto periodístico La guerra va a la escuela, cuyo fin es explorar el impacto del conflicto armado en la educación básica y media en el país, entre 2000 y 2015. El determinante rol que desempeña la educación en la reconstrucción del tejido social, no obstante los marcados golpes de guerra que lleva a cuestas, la convierten en un objeto de indagación apropiado para intentar hacer periodismo de transición desde la universidad.

Palabras clave: periodismo de transición, conflicto armado, educación, víctimas.

Periodismo en transición

Hace una década, Rodrigo Uprimny manifestaba en el libro ¿Justicia Transicional sin transición? la dificultad de utilizar el concepto transición en el proceso de desarme de las estructuras paramilitares, liderado por el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez, debido a que a esa fecha no habían acercamientos con otros actores del conflicto armado y, en consecuencia, la guerra no cesaría (2006, p.14). No obstante, la historia reciente sí conduce al país por senderos de transformación. El 26 de septiembre de 2016 gobierno y guerrilla firmaron seis acuerdos de paz, que el 2 de octubre del mismo año serían rechazados por el 50,21% de votantes del plebiscito, al que convocó el gobierno para que fuera la ciudadanía quien aceptara o rechazara lo convenido. La cadena de hechos que de lo acaecido se desprende no fractura la transición, por el contrario, la convierte en parte de ella, debido a que gobierno y grupos opositores abrieron espacios de diálogo para mediar las diferencias, mientras las Farc aceptaban el resultado del plebiscito sin levantarse de la mesa de negociación.

Entre tanto, jóvenes universitarios y asociaciones de víctimas convocaron a marchas exigiendo la continuidad de la búsqueda de la paz; consecuencia lógica del agotamiento colectivo que produce un conflicto armado de más de 50 años, del que también la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN) quiere salir, al aceptar iniciar un proceso de paz, que anunciaron el 10 de octubre de 2016.

De esta manera, Colombia vive un estado de transición de facto, que conlleva modificaciones en el modo de hacer periodismo, debido a que los aconteceres sobre los que los periodistas trabajan están complejizándose desde decisiones gubernamentales, legales y ciudadanas, que van dibujando un nuevo panorama sociopolítico; tanto por la llegada de actores del conflicto cuya presencia en los relatos mediáticos era consecuencia, cuatro años atrás, de la objetivación de su lucha a través de actos bélicos, de las referencias que sobre ellos hacían fuentes oficiales, como de las narraciones de sus víctimas, de las que también hasta hace poco se escuchan sus voces.

Lo anterior converge con la postura de Manuel Martín Serrano, sobre las mediaciones que intervienen en la representación del cambio social:

La transformación del entorno social establece relaciones nuevas entre Sistema Social y Sistema de Comunicación. Este devenir también desplaza a toda institución mediadora de su posición social, como a cualquier otro sujeto del cambio histórico. La supervivencia de cada institución que se dedique a la comunicación pública se identifica con su capacidad para corregir el rumbo del medio de comunicación en función de los cambios tecnológicos, sociológicos y políticos. (2009, p. 160).

Por consiguiente, es sustancial que en Colombia se produzca también una transición periodística, que implica, entre otras cosas, explorar cómo se supera la guerra desde el establecimiento, los desmovilizados, las víctimas y la sociedad; sin abandonar las historias que tejieron el conflicto y que faltan ser contadas, es decir, ser parte de la reconstrucción de la verdad de todas las encrucijadas que constituyen un enfrentamiento tan largo. Bien lo expresa Luis Jorge Garay al plantear que “dentro de una agenda de transición que posibilite alcanzar la paz, se debe tener claro (…) cuál es el tratamiento que la sociedad le ha de dar a un tema delicado para alcanzar la reconciliación: el castigo, el perdón, el olvido, la incorporación social. Por supuesto, este es un tema no meramente legalista, es un tema profundamente político y social” (2001, p. 6). En ello, el periodismo juega un rol determinante, y por eso debe pasar del relato superficial que anuncia acontecimientos, a una información profunda desde la que los ciudadanos se formen.

En consecuencia, es necesaria la pregunta: ¿cuál es el periodismo que debe acompañar la transición del conflicto al posconflicto? Porque el periodismo que ha estado en la lucha entre el Estado y los grupos armados ilegales no puede ser el mismo que acompañe la reconstrucción social, y de esto dan cuenta los que ahora hablan de un periodismo para la paz y de un periodismo para narrar la memoria. No obstante, la poca reflexión sobre la cuestión ya produce en el país lo que algunos directivos de medios y centros de pensamiento denominan periodismo de militancia, en el que el equilibrio informativo declina ante posiciones políticas explícitas. Aplica para este caso la reflexión que hace Helena Lima (2012), desde el Centro de Investigación de Medios y Periodismo de la Universidad de Porto, sobre los medios en la transición portuguesa: “El resultado sería una progresiva radicalización del discurso periodístico, que a su vez obedecía a la lógica de una propaganda desfasada de la vocación primaria de la información equilibrada y libre”.

Académicos españoles y portugueses trabajan con ahínco la línea de investigación del asunto en discusión, tras sus experiencias en el tránsito de las dictaduras a las democracias. En 2012, durante el XII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación sobre Transición democrática y comunicación internacional que se desarrolló en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, se reconoció que hablar de periodismo de transición no es un abuso retórico, a pesar de que la línea que lo separa del periodismo de guerra es muy endeble.

Se suma a lo anterior la postura de Martín Serrano en su Teoría Social de la Comunicación, en la que expone que “la transformación de la comunicación pública afecta al cambio social y viceversa” (2009, p. 59). Encuentra, entonces, que ambos sistemas tienen una relación de interdependencia, que implica, como principio sustancial, la autonomía de cada parte. Sin embargo, se crea una interdependencia materializada en las implicaciones que tienen las transformaciones sociales en la comunicación pública, y las consecuencias que tiene en el sistema social lo que acontece con el sistema de comunicación. Para el caso cita un ejemplo, aplicable a lo que ocurre actualmente entre los dos sistemas colombianos: “cuando en el ecosistema social surgen otros sujetos, objetos y situaciones a propósito de los que comunicar y se transforman las evaluaciones que se consideran legítimas o deseables, en los productos comunicativos es probable que aparezcan y desaparezcan ciertos temas, determinados personajes, unos u otros juicios de valor” (2009, p. 60-62).

Quienes relatan a la ciudadanía los cambios que se vienen produciendo tras la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado ya se enfrentan a lo expuesto. Basta estar atentos a la participación que hoy tienen los periodistas en los escenarios de las Farc, y los guerrilleros en los relatos mediáticos.

Transición en el periodismo universitario

Las transformaciones a las que se ha visto abocado el periodismo justificaron el proyecto, académico y periodístico, La guerra va a la escuela, con el que se pretendió experimentar los cambios que la transición nacional le exige al oficio.

El primer reto fue la búsqueda de la historia, debido a que, desde la postura de un periodismo en transición que se asumió en la gestación del proyecto, era necesario que le permitiera al público comprender la compleja trama del conflicto desde aconteceres poco visibilizados, cuyas consecuencias fueran transversales al futuro del país. La exploración condujo a la educación como un sector vital para la reconstrucción del tejido social, pero con marcados golpes de guerra. Además, coincidía el momento de la búsqueda temática con los años finales del proyecto del milenio Educación Para Todos, concertado por 164 gobiernos del mundo en Dakar (Senegal), quienes en el comienzo del siglo XXI se propusieron que en el año 2015 se debían haber eliminado las brechas creadas por el analfabetismo, y por lo tanto todos los niños debían contar con educación gratuita y de calidad.

Los resultados parciales del proyecto global, que la UNESCO publicó en 2011, fueron sólidas pistas para hacer de la educación el objeto de análisis del proyecto. Bajo el título Una crisis encubierta: conflictos armados y educación, se desarrolló una importante denuncia sobre las dificultades para ofrecer educación en países con problemas bélicos. Otra conclusión era que gobiernos, medios y académicos indagaban poco sobre el impacto de los conflictos en el sector. La siguiente cita resume el planteamiento:

No es frecuente que la educación figure en la evaluación de los daños causados por un conflicto. La atención de la comunidad internacional y de los medios de comunicación suele centrarse en las imágenes más inmediatas que muestran el sufrimiento humano, no en los costos ocultos y las secuelas duraderas de la violencia. Pero en ningún otro ámbito son esos costos y esas secuelas más evidentes que en el sector educativo (2011, p.149).

Colombia se constituye en ejemplo de lo expuesto, incluso se halla en el grupo de 30 países clasificados y observados desde 2009 por la Global Coalition to Protect Education From Attack. De la región, también México se encuentra en el listado. Sin embargo, el caso colombiano es crítico por las más de cinco décadas que cumple el conflicto, en el que se han irrespetado las normas internacionales que velan por la protección de los menores y su derecho a la educación.

La convergencia de lo nombrado condujo a la construcción de la pregunta ¿cuál es el impacto social del conflicto armado en la educación básica y media en Colombia, entre los años 2000 y 2015? Las fechas seleccionadas respondían a la vigencia del proyecto Educación Para Todos. Sin embargo, en estos temas es difícil guardar la estrechez del tiempo, razón por la cual hay momentos de la investigación en los que se tomaron datos desde 1985, fecha estipulada por el gobierno para el reconocimiento de las víctimas del conflicto.

El método

La combinación de las formas tradicionales de indagación periodística y la propuesta de construcción de información del denominado periodismo de datos marcaron la ruta metodológica. “El periodismo de datos plantea una nueva manera de narrar las historias. Antes reinaban los estilos discursivos tradicionales: explicación, descripción, narración y argumentación. Ahora se complementan con las herramientas que proporcionan los medios digitales para analizar en profundidad y corroborar o comprobarlo casi todo” (2014, p. 92).

Por consiguiente, se hicieron entrevistas a fuentes primarias y secundarias, categorizadas en: testimoniales, expertas y oficiales. También se hizo revisión documental de leyes sobre víctimas, políticas económicas y sociales (Conpes), libros de rendición de cuentas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), informes de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y los Planes Nacionales de Desarrollo de 2015 y 2016.

Se consultaron los datos abiertos de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Registro Único de Víctimas, El Departamento de Planeación Nacional y El MEN. Finalmente, se solicitó información mediante derechos de petición a entidades públicas responsables de la educación y las víctimas en el orden nacional y local; lo local vinculado con el Putumayo, debido a que en el proceso de la investigación se decidió indagar por uno de los departamentos más golpeados en el conflicto, en aras de presentarlo como un caso de estudio. El departamento seleccionado cuenta con un número elevado de hechos victimizantes, en comparación con otros, de acuerdo con los datos abiertos del Registro Único de Víctimas.

La reportería de la primera etapa (el proyecto lleva a la fecha dos capítulos) duró siete meses, y el diseño y montaje cuatro. Ambas labores se ejecutaron con estudiantes de Comunicación social y periodismo, y con docentes y estudiantes de Diseño gráfico de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

La guerra va a la escuela

El trabajo de campo condujo a un producto en el que convergen cifras, historias y análisis, tal como señala el periodismo de datos. El multimedia en el que se visibilizan los resultados del trabajo se encuentra en el link: guerrayescuela.poligran.edu.co1.

En el siguiente aparte se entrega un resumen de los resultados del proyecto, no sin advertir que la riqueza de los hallazgos se puede visibilizar en la dirección expuesta: entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015 se cuentan, aproximadamente, 7.821.641 víctimas del conflicto armado. De ese total, 1.901.011 personas vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Para los expertos en educación consultados, cualquier hecho de violencia que repercuta sobre un menor tiene entre sus consecuencias la alteración de la vida académica. Manifiestan que en el marco de las violencias del país las dos las grandes complejidades que atraviesan la educación son el desplazamiento, que obliga al abandono de las aulas, y la vinculación de menores de edad a grupos armados ilegales.

Con relación a la vinculación de menores a filas de grupos armados, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atendió, entre los años 1999 y 2015, a 5.850 niños y adolescentes desvinculados del conflicto. De esa cifra, el 71% son hombres y el 29% mujeres. En este contexto, el gobierno nacional generó la Política Económica para la Prevención del Reclutamiento de Menores de Edad, correspondiente al período 2010-2014, por un monto de 353.394 millones de pesos, que incluyó recursos entregados por la nación, presupuesto de las entidades y dineros de cooperación. El total general corresponde a 360 mil millones de pesos. El MEN fue la entidad que recibió más recursos para esta acción, por un total de 209.580 millones de pesos.

En el ámbito escolar también los docentes y directivos han pasado a la lista de víctimas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), manifestó que a diciembre de 2015 contaba con aproximadamente 6 mil docentes amenazados, 1.100 asesinados, 70 en el exilio y 50 desaparecidos. Los sindicatos de docentes más golpeados por el conflicto son: Antioquia, Córdoba, Risaralda, Nariño y Putumayo.

Putumayo, un caso para pensar

La Secretaría de Educación del Putumayo manifestó que en los últimos seis años 155 maestros han sido víctimas de amenazas. Entre el año 2012 y 2015, 41 docentes fueron declarados en riesgo extraordinario, mientras que 23 tuvieron que ser trasladados por seguridad a otros departamentos. Los municipios en los que se reporta un número importante de denuncias por el riesgo en el que se encuentran los formadores son: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Villa Garzón.

Estudiantes y maestros del departamento se enfrentan constantemente a la realidad del conflicto en el escenario escolar cuando, además de las amenazas, quedan en medio de combates y encuentran en sus terrenos artefactos explosivos. Las comunidades académicas también denuncian la presencia de actores armados en el interior de los establecimientos, y alertan sobre menores que son seducidos para ingresar a filas de grupos armados ilegales. La siguiente tabla corresponde a las denuncias que en 2015 hicieron las directivas de diferentes centros educativos del Putumayo, por acciones de grupos armados ilegales y legales; esto se constituye en prueba sustancial del impacto del conflicto sobre la educación básica y media en las zonas rurales de Colombia.

Tabla 1. Comunidades educativas del Putumayo víctimas del conflicto armado en 2015

Comunidades educativas del Putumayo víctimas del conflicto armado en 2015
Municipio	Institución educativa	Evento
Valle de Guamuez	Institución educativa rural El Tigre	Presencia de grupos armados ilegales y de la fuerza pública en el área escolar. Denuncia de un atentado a un oleoducto cercano a la institución, que coloca en riesgo la vida de 456 estudiantes.
Valle de Guamuez	Institución educativa rural Jordan Guisia	En los alrededores del río Jordán, cercano a la institución, la guerrilla entra en contacto con los estudiantes. Aproximadamente 491 menores están en riesgo. El rector de la institución ha sido amenazado.
Valle de Guamuez	Centro educativo rural Las Malvinas	El 6 de julio de 2015 se produjo un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército. Tomaron como trinchera la escuela. El Ejército manifestó que la zona escolar se encuentra totalmente minada.
Puerto Asís	Centro educativo El Teteye	Se reportó la caída de artefactos explosivos en predios de la institución.
Puerto Leguízamo	Institución educativa rural Luis Vidales	El 27 de mayo se produjeron enfrentamientos entre las Farc y las fuerzas de la tropa naval. La fuerza oficial se atrincheró en la institución educativa, colocando en riesgo la vida de 86 niñas y niños, y la de 6 maestros

Fuente: datos entregados por la Secretaría de Educación del Putumayo

Todos los datos encontrados en la investigación permiten comprender que el paso de la guerra por la escuela deja a menores al margen de la formación académica. También, maestros desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados y asesinados. Escuelas afectadas en su estructura por el impacto de balas y elementos explosivos; minadas y tomadas como trincheras durante combates o como lugares de campamento por grupos armados legales e ilegales. Y, de cara a toda esta escena, familias de zonas rurales que han decidido que sus hijos no recorran el camino a las aulas para evitar que sus nombres sean fijados en las listas de víctimas.

Lecciones para un periodismo universitario de transición

1. Los cambios que se perciben en el país precisan de un periodismo universitario capaz de plantearse temáticas transversales al pasado y al presente, con afectación al futuro del país.
2. La sociedad requiere información en profundidad sobre temas que superen las generalidades. No basta con hablar de las víctimas, hay que acercar la lupa a todo aquello que les ha dado esa nominación para que la sociedad dimensione lo acaecido.
3. Las lógicas económicas y las rutinas de las grandes empresas de la información no dan tiempo para exploraciones profundas. El periodismo universitario sí lo tiene, y es una fortaleza de la que se debe valer en este periodo de transición.
4. La transición periodística que se visibiliza en el oficio debe repercutir en el hacer periodístico universitario. Los cambios que palpitan en el país exigen que los reporteros en formación salgan del éxito endogámico que los suele caracterizar, y que los distancia de otras comunidades a las que su trabajo también debería impactar.

Referencias

Castellanos, J. (2016). La guerra va a la escuela. Recuperado de: https://guerrayescuela.poligran.edu.co/

Garay, L. (2001). La paz y la transformación de la sociedad. Cuadernos de economía, 20(34). Recuperado de: https://www.scielo.org.co/pdf/ceco/v20n34/v20n34a08.pdf

Guillamet, J., y Salgado, F. (2014). El periodismo en las transiciones políticas. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Lima, H. (2014). Elementos de censura en la prensa durante la transición democrática portuguesa. En: J. Guillamet y F. Salgado (eds.). El periodismo en las transiciones políticas. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Martín Serrano, M. (2009). La producción social de comunicación. Madrid: Alianza Editorial.

Morelo, G., Castrillón, G., y Behar, O. (2014). Pistas para narrar la paz. Periodismo en el posconflicto. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer.

UNESCO. (2011). Una crisis encubierta: conflictos armados y educación. París: UNESCO.

Uprimny, R., Saffon, M., Botero, C., y Restrepo, E. (2006). ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación. Bogotá: Ediciones Antropos.

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