Más allá de las cifras: venezolanos en cárceles colombianas
Al hostil ambiente y a las precarias condiciones que se viven en las cárceles del país, se suman la estigmatización y los obstáculos administrativos que padece la población venezolana. Estos son algunos datos para entender la situación.
Las cárceles y otros centros de reclusión en Colombia están desbordados. Hacinamiento, violaciones a los derechos de la población interna y obstáculos para el acceso a beneficios son tres de los problemas más denunciados. Estas situaciones, que son ya difíciles para los nacionales, empeoran para los extranjeros.
En este reportaje se abordarán las dificultades que tienen los reclusos extranjeros, especialmente la población venezolana, para comunicarse con sus familias, acceder a servicios de salud, obtener asesoría jurídica, recibir medicamentos; además, se presentarán testimonios de la estigmatización y discriminación que sufren dentro de los penales por su lugar de procedencia.
Un contexto migratorio
La sensible crisis económica y social en Venezuela ha llevado a que millones de sus ciudadanos migren a distintas partes del mundo. Según el Gobierno colombiano, alrededor de dos millones de ellos se encuentran en Colombia.
Los cierres periódicos de la frontera entre ambos países han hecho que un número indeterminado de venezolanos crucen hacia Colombia informalmente para luego recorrer cientos de kilómetros, ya sea a pie o en bus, y llegar a diferentes ciudades en busca de un presente mejor.
Muchos de ellos, que a veces conforman familias completas, arriban a Colombia con su equipaje al hombro, pero sin tener regularizada su situación legal. No cuentan con pasaporte u otros documentos que les permitan trabajar formalmente en el país, por lo que terminan ocupándose en labores informales.
La precariedad económica, sumada al desarraigo, la xenofobia y el abandono de su propio país, que apenas ofrece servicios básicos y limitados de consulado (operados por el Gobierno de Juan Guaidó y no el de Nicolás Maduro, al que no reconoce el Gobierno de Iván Duque), pone en aprietos la situación de los migrantes.
En este escenario, reforzado por el paso de los días en prisión, viven más de dos mil venezolanos que están en proceso de condena o que ya fueron sentenciados a cumplir una detención intramural en Colombia. Sin embargo, el sistema carcelario nacional tiene otros problemas que acentúan la vulnerabilidad de los migrantes para la garantía de sus derechos humanos.
Hacinamiento desbordado en las cárceles del país
Las cifras entregadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que se encarga de la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, indican que a corte de marzo de 2022 había 97.080 privados de la libertad en las cárceles. De ese número, 68 433 se encuentran condenados y 21 317, sindicados.
Además, en el país hay otras 72 240 personas con detención domiciliaria, que no alcanzan a aliviar el 19,97 % de sobrecupo en las cárceles.
Para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, la causa principal del hacinamiento de estos lugares es la detención de los sindicados, es decir, aquellas personas que aún no han sido condenadas, pero que, por precaución y para que no incidan en el juicio, se les impone la medida de aseguramiento.
Por eso “en 2021 fueron trasladadas más de 45 000 personas desde estaciones de policía y URI (Unidad de Reacción Inmediata) a establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON)”, dijo el ministro en rueda de prensa el pasado 6 de abril.
A finales del mes de marzo, el Inpec informó que había 2859 extranjeros condenados o en proceso de juicio en las cárceles colombianas que representan el 2,9 % de la ocupación total. De estas, 2398 personas proceden de Venezuela, lo que representa el 2,.4 % del total de privados de la libertad. Es decir, el 0,1 % de los casi dos millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia desde enero de 2020.
Los otros países con mayor presencia de internos en las cárceles de Colombia, después de Venezuela, son Ecuador (con 110), México (42), Costa Rica (31) y Nicaragua (28).
En el caso de Bogotá, la alcaldesa Claudia López ha manifestado que en la ciudad hay más de 3000 privados de la libertad en estaciones de policía y en las URI de la Fiscalía General de la Nación.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la situación es realmente crítica en algunos de estos centros. En noviembre de 2021 realizó un recorrido por las localidades del distrito y encontró que la URI de Engativá presentaba un hacinamiento del 442 % y la de Puente Aranda, del 776 %.
De igual forma sucedió con las estaciones de policía, como la de Bosa, que tenía capacidad para 30 personas y registró 227 detenidos, presentando así un hacinamiento del 656 %, o la estación de Kennedy, con un hacinamiento del 1016 %.
En estos lugares los detenidos deberían permanecer como máximo 36 horas, pero en ocasiones sus estancias llegan a dos años. Allí “no se dan las condiciones mínimas para que habite una persona. Se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y alimentación, entre otras”, sostuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo tras la visita.
Ante este panorama, la administración distrital anunció a finales de 2021 la construcción de tres nuevas URI y puso en funcionamiento el nuevo Centro Especial de Reclusión (CER). Este último es un espacio temporal para sindicados que esperan su condena, el traslado a una cárcel o su puesta en libertad. El CER tiene capacidad para 489 personas y reduce el hacinamiento en un 29 %, según la administración distrital.
Construimos el primer centro de reclusión especial del país para fortalecer la seguridad y justicia de todos, hacer cumplir sanciones judiciales y ofrecer segundas oportunidades.
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 26, 2022
Le cumplimos a Bogotá y a Puente Aranda, que ha tenido múltiples beneficios y ningún impacto negativo pic.twitter.com/DAn6Q0HRNB
Los delitos con más condenados en el país, extranjeros y nacionales, son homicidio, hurto, concierto para delinquir, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y porte de armas de fuego.
Según cifras del Inpec, con corte a marzo de 2022, el 64 % de las personas privadas de la libertad han sido procesados por alguna de estas conductas.
¿Un problema solo de sobrecupo?
La Corte Constitucional ha señalado que aunque esta problemática existe desde hace años en las cárceles del país, la política criminal sigue sin resolver los temas de fondo.
“El hacinamiento no es el único problema del sistema penitenciario y carcelario del país. Sin embargo, toda la inversión presupuestal se ha dirigido únicamente a la creación de nuevos cupos carcelarios. Esta estrategia es insuficiente, ya que se abandona la atención de otras problemáticas igual de importantes”, manifiesta la Corte en la sentencia T-762.
Además, esta sentencia critica el manejo y la atención de diversas situaciones que producen una violación masiva de los derechos de los presos en Colombia y expone que el hacinamiento es apenas uno de los muchos problemas del sistema.
La adecuación y puesta en práctica de programas de resocialización, la adecuada prestación de los servicios de salud, el acceso a agua potable, la prevención de enfermedades en los penales, la adecuación de espacios salubres e higiénicos y la garantía de seguridad y vigilancia para las personas privadas de la libertad son algunos de los temas que, según la Corte, tienen al sector penitenciario en crisis.
Otro punto importante que revela la sentencia es la tendencia al populismo punitivo, que se basa en la creación de nuevos delitos y el incremento de penas mínimas y máximas para delitos existentes. Esta combinación provoca el aumento de personas privadas de la libertad y que estas permanezcan más tiempo en prisión.
Solo entre 2000 y 2011 se crearon 47 nuevas conductas penales y se aumentaron las penas para 80 delitos, indica la sentencia. Para esto fueron expedidas 36 leyes que modificaron el Código penal, de las cuales 11 fueron promovidas por el ejecutivo y 2, por la Fiscalía General de la Nación; llama la atención que 20, más de la mitad, fueron iniciativa del Congreso de la República.
De acuerdo con Norberto Hernández, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y conjuez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, “el legislador debe dejar de utilizar la ley penal como una herramienta para saciar ciertas pasiones que tiene la ciudadanía y obtener votos. Se deben tener criterios racionales y mucho más técnicos en la implementación de las leyes penales para que haya menos entrada de personas a los establecimientos de reclusión”.
Para el conjuez, no se trata solo de construir cárceles, que sería una medida a mediano plazo, pues la verdadera solución consistiría en hacer un cambio en la política criminal del país para que, por una parte, se penalicen menos delitos con medida de prisión intramural y, por otra, el aumento de penas deje de ser una estrategia política para mejorar la imagen pública de congresistas.
Una crisis de institucionalidad
Actualmente, el Inpec enfrenta fuertes cuestionamientos por diversos escándalos. En marzo de 2022, la entidad fue muy criticada tras conocerse que el recluso Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia acusado de soborno y otros delitos para favorecerse en un proceso legal, gozaba de permisos irregulares que le permitían salir de la cárcel de La Picota y llegar hasta su antigua oficina en el norte de Bogotá sin mayores controles o vigilancia. Este hecho causó la destitución del entonces director del Inpec, el general Mariano Botero.
Por si fuera poco, unos días después el país se enteró de la fuga de Juan Larrison Castro, alias Matamba, en el mismo centro penitenciario. En este caso, el cabecilla del Clan del Golfo salió vestido de dragoneante, de lo que puede deducirse un acto de complicidad de algunos guardias del Inpec.
A inicios de abril del 2022, el general Tito Yesid Castellanos, director del Inpec, reveló que en los primeros cuatro meses del año se han fugado 363 hombres y mujeres que tenían medida de detención o prisión domiciliarias.
Los escándalos provocados por las fugas de Aída Merlano o de Óscar Camargo, alias Pichi, se suman a una larga lista de denuncias en las que se acusa a miembros del Inpec de corrupción, pues presuntamente evadían controles a cambio de sumas de dinero. Según datos de la Corporación Excelencia por la Justicia, en 30 años de funcionamiento, el Inpec ha tenido 19 directores, uno cada 1,4 años, muchos de ellos retirados del cargo tras alguna denuncia por irregularidades.
Norberto Hernández explica que una de las propuestas que más suenan es la liquidación del Inpec, pero no le parece funcional a futuro. “El sistema debe ser administrado por una entidad centralizada. Seguramente lo que sí se debe ajustar es el perfil de las personas que la dirigen, y también que quienes estén a cargo de los establecimientos carcelarios tengan un perfil más humanista”, propone.
Adicionalmente manifiesta que se deben aumentar los sistemas de control para que sean más efectivos, en especial, porque el sobrecupo y hacinamiento imposibilitan una administración adecuada del sistema.
Para conocer más historias y análisis de expertos sobre la situación de acceso a la justicia, justicia indígena, población LGBTI, maternidad en cárceles y qué pasa con los pospenados venezolanos en Colombia, visite los siguientes capítulos de este especial.
El reportaje periodístico fue resultado de un trabajo colaborativo entre distintos medios y otros aliados interesados en temas de migración en Colombia.
