LA CIDH y la conflictividad social: memorias para el futuro
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos – OEA. Tiene como función primordial promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos -DD.HH en las Américas. Así, sirve como órgano consultivo en todo lo relacionado con este tema.
La Comisión, en cumplimiento de su mandato, ejecuta varias funciones. Entre ellas está recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alega que Estados Miembros de la OEA – que han o no ratificado la Convención Americana – han violado Derechos Humanos. De igual modo, visita los países para analizar en profundidad la situación general y para investigar una situación específica. Comúnmente, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los Derechos Humanos observada. Este informe se publica y presenta ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
El pasado 8 de julio la CIDH hizo públicas las recomendaciones para Colombia en materia de Derechos Humanos, fruto de su visita entre el 8 y el 10 de junio de 2021. El contexto discutido de esa visita fue el de las manifestaciones sociales de diversa índole que se presentan desde abril en el marco del Paro Nacional convocado por sectores muy diversos.
Durante las protestas se dio un balance confuso, poco halagüeño, sobre violaciones a los Derechos Humanos de los manifestantes. Más allá de cifras que se presentan contradictorias, y que la CIDH analizó, la más sui generis de las situaciones fue la discusión sobre la entrada del organismo a realizar la verificación que le corresponde. El alto gobierno colombiano, en un principio, aceptó la visita de la Comisión para un plazo muy posterior al de los eventos, para luego recular en medio de las protestas y permitir su entrada. De esta manera se consiguió que, al menos en parte, la CIDH pudiera oír voces distintas y las correspondientes interpretaciones sobre hechos muy graves sucedidos en el marco de la protesta.
El informe parte de reconocer que la situación de los Derechos Humanos en Colombia no ha cambiado para mejor con respecto a las reivindicaciones que motivaron las protestas en 2019 y 2020. Entre otras, la eliminación sistemática de líderes y lideresas de Derechos Humanos, y el que más de 28 millones de personas en Colombia se encuentren en situación de pobreza (7,5 de las cuales están en condiciones de pobreza extrema). Lo anterior debe llamarnos la atención sobre varios puntos:
- Es típico de países en transición de un conflicto armado a la paz que se presenten protestas pacíficas. Algunas de ellas se van a tornar violentas. (Según el Global Peace Index de la organización Visions of Humanity, en 2020 hubo 60 países en donde la protesta social se tornó violenta en algún momento). Las respuestas deben ser ajustadas a un marco de un estricto respeto de los Derechos Humanos, con una fuerza pública que ha de actuar proporcionalmente. La legislación de los Derechos Humanos está por encima de todas las demás.
- Una discusión que pretende balancear acciones de las partes implicadas pone sobre la mesa que los derechos de todos deben ser respetados. Y así es. No obstante, el actuar de la fuerza pública se supone ajustado al Derecho de los Derechos Humanos, en tanto institución garante. Por ende, una violación por parte de la fuerza pública es tanto más grave en cuanto la institución debe ser guardiana de derechos.
- La política de diálogo social no se puede reducir al tratamiento de la protesta. Hay una deuda institucional importante, consignada además en el Plan de Desarrollo del actual gobierno, que debería dar respuesta a los múltiples reclamos de nuestras transiciones democráticas. Las conflictividades sociales actuales requieren de visiones complejas para ser abordadas y de acciones de construcción de consenso creativas y distintas del uso de la fuerza.
- Además de lo anterior, y habida cuenta de la importancia del diálogo social, se ha de reconocer la necesidad de cambios estructurales en el orden de nuestra sociedad. Las reivindicaciones sociales de hoy son por los Derechos Humanos de sectores amplios de la población. Y por lo mismo no pueden ser ignoradas. Las reclamaciones por la equidad no pueden equipararse a “discursos de odio”.
Lo anterior recalca la importancia de la visita y de las recomendaciones de una entidad internacional como la CIDH. No sólo tendremos que entender su presencia en el país como una fiscalización, sino como una veeduría internacional. Las recomendaciones deben entenderse como creativas: son consejos no vinculantes que recogen debates actuales y de vieja data. Quienes han desoído de plano sus recomendaciones han sido regímenes calificados como dictaduras.
Un informe que apenas dio tiempo de ser leído desató reacciones políticas, propias de una competencia electoral que comienza. Leído con paciencia, más bien debería producir reflexiones. No es verdad que el informe no condene las acciones violentas ni los bloqueos que ponen en peligro la vida de muchos (párrafo 154). Y es cierto, por ejemplo, que los múltiples usos desproporcionados de la fuerza deben, por lo menos, llevarnos a reflexionar sobre la institución de carácter civil que es la Policía de Colombia. Las recomendaciones de la CIDH, acogidas con humildad, pueden ser comprendidas como posibilidades de prevención, sobre todo aquello que no debemos repetir. Y la medida es el respeto de nuestros derechos fundamentales.