La reforma a la educación superior, un proyecto al que le falta cocción y discusión
El Gobierno Nacional abrió el debate al presentar su propuesta de reforma a la Ley 30 de educación superior. El proyecto ha encontrado muchos “peros”, en la comunidad académica, sobre los cuales habla el Rector de la Universidad Javeriana, Padre Joaquín Emilio Sánchez García, S.J.
¿Por qué se ha armado este debate con la reforma a la Ley 30 de la educación superior? El debate obedece a que el Gobierno ha querido que el proyecto lo conozcan distintos actores de la sociedad, las universidades, los alumnos, los profesores, los padres de familia, los políticos, los empresarios… Ha querido el Gobierno hacer un debate nacional alrededor de la Ley de Educación, que hubiéramos querido que se hiciera antes. Yo creo que habría que afinar mucho más el proyecto para poderlo llevar a la aprobación del Congreso. La reacción de la gente ha sido muy fuerte porque el proyecto tiene puntos muy estratégicos que tocan la vida de las universidades.
¿Cuáles son esos puntos y cuáles son las dificultades que tiene la reforma? El primero de todos creo que es la autonomía. El proyecto mismo tiene un carácter intervencionista. La intención no es esa directamente, la intensión es organizar la educación, actualizar muchas normas, responder a las necesidades de cobertura, y resolver el problema de la financiación, pero no hay dinero para abrir cupos en las universidades públicas y eso lleva al Gobierno a proponer un proyecto dando cabida a las universidades con ánimo de lucro.
La Ministra dice que el Gobierno pretende que la empresa se involucre en la universidad pública y que financie la investigación en las universidades. ¿Eso no llevaría a que la empresa privada determine qué se investiga? No, eso ya es un poco de imaginación que se le quiere meter al proyecto. ¿Qué es lo que sucede? El Gobierno no tiene plata para invertir en la universidad pública, cosa que me parece muy grave. Frente a eso hay una propuesta poco feliz del Gobierno, porque propone que la universidad pública para poder tener recursos adicionales a los que les da el Estado, debería hacer alianza con las empresas privadas. Eso se ha vuelto un escándalo, cuando a la hora de la verdad, todas las universidades tenemos vínculos con el sector privado, para hacer alianzas, investigaciones, consultorías y no hemos con eso empeñado nuestra autonomía, ni las empresas nos han dicho qué tenemos que enseñar o qué tenemos que investigar.
¿Qué tanta razón tienen los estudiantes que salen a las marchas a protestar diciendo que el Gobierno Nacional quiere desaparecer la universidad pública? Consideraría al Gobierno muy tonto si fuera a acabar con la universidad pública, entregándosela al sector privado. Yo no creo que eso sea posible. Ese parece que no es el propósito de la reforma que plantea el Gobierno. Ciertamente, la universidad pública necesita recursos, la calidad cuesta y el Estado debe darle los recursos para desarrollarse autónomamente, no condicionado a que tiene que recibir dos mil estudiantes más.
¿Y respecto a la universidad privada? En cuanto a la universidad privada la situación es muy complicada, porque se crea una especie de competencia con entidades con ánimo de lucro que entran en el mercado para poder ofrecer más cupos. La pregunta mía es ¿qué calidad de educación van a ofrecer esas nuevas universidades? ¿Van a tener doctores, grupos de investigación? Eso no es negocio, eso cuesta mucho, van a ofrecer programas baratos, programas que no requieren más que tiza y tablero, porque ellos necesitan tener un negocio que dé utilidades. Las universidades sin ánimo de lucro reinvertimos las utilidades en la misma universidad. Seguramente vendrán universidades privadas con ánimo de lucro que van a ofrecer lo mismo que hay ahora. ¿Cuáles son las reglas de juego? Están resolviendo un problema de cobertura con un problema de baja de calidad. Por otro lado la financiación privada hay que defenderla también, porque nosotros no recibimos recursos del Estado, la inversión que hacemos en investigación, en laboratorios, en planta física… la pagan los estudiantes con sus matrículas. No vemos con buenos ojos que el proyecto de ley le indique a la universidad privada que no puede incrementar las matrículas más del IPC, ¿quién trabaja si el IPC educativo es mucho más costoso que la canasta familiar?
Otro tema que plantea la reforma es la discriminación entre lo que se va a llamar universidad y lo que se va a llamar institución de educación superior. Algunas van a perder su rango. Les dan cinco años. La pelea va a estar en que ellas van a exigir el derecho a mantener su estatus. No les pueden exigir regresarse a ser instituciones de educación superior por el hecho de no acreditarse, además porque la acreditación es voluntaria, no es obligatoria. Yo soy partidario de graduar la acreditación de las universidades. Puede haber instituciones educativas de alta calidad acreditadas, puede haber institutos tecnológicos y técnicos que tangan su acreditación igualmente. Ojalá se pudiera abrir un poco más el concepto de acreditación. Puede haber instituto expertos solamente en ingeniería, o modelaje, o gastronomía, que podrían acreditarse. La discusión está en la calidad. Estamos jugándonos la calidad de la educación superior y la autonomía y por eso nosotros estamos preparando un proyecto de ley estatutario, para proteger la autonomía universitaria.
Otras voces
Jaime Cataño, Director Jurídico de la Universidad Javeriana Lo primero que hay que decir, es que la universidad y la educación superior en Colombia en los últimos 19 años han sufrido unos cambios radicales y por lo tanto ni el sector, ni el gobierno están procediendo en un momento inoportuno y no respondiendo a una necesidad.
Sin embargo, la reforma se queda corta. Es bien intencionada, porque habla de resolver un problema de cobertura; habla de calidad, pero el punto de discordia es tratar de resolver esos problemas aplicando lo que el Presidente Santos dice en el Plan Nacional de Desarrollo: “El estado hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible”. ¿Realmente para Colombia la educación superior está en un momento de madurez para regirnos por las reglas del mercado, desmontando las protecciones y los compromisos que tiene el Estado? Nosotros pensamos que no, digo nosotros Universidad Javeriana y digo nosotros Consejo Nacional de Rectores. No es una resistencia a que venga capital privado al sector, es el cómo venga. No puedo pensar yo que la manera de tener más cupos en la educación superior es con capital privado, porque este es un sector que tiene unas especificidades muy complicadas, como por ejemplo el tema ideológico; si nosotros dejamos al azar del mercado la visión ideológica estaríamos lesionando gravemente la formación de nuestros líderes. Lo que uno vislumbra no es que se vayan a generar nuevas universidades sino que se van a comprar las que ya están, y no va a ser Harvard la que compre, va a ser el inversionista de Centro América… y lo que eso significa sobre todo para universidades regionales pequeñas.
Lo otro que uno ve es que la reforma tiene contradicciones complicadas, la más preocupante es la relacionada con la acreditación. La reforma dice que para ser universidad hay que estar acreditado, y en un aparte dice que la acreditación es voluntaria, ¿o es un requisito o es voluntaria? Hay también artículos muy puntillosos que generan angustia como la conformación de los consejos directivos; el mundo de la universidad hace que quienes gobiernen la universidad sean ellos mismos, no externos, esa no es la lógica universitaria. En resumen, es una reforma oportuna y bien intencionada a la que faltó tiempo de cocción; el texto no estaba listo para salir a la luz pública y ser debatido, entre otras razones porque en la lógica universitaria este tipo de propuestas no deben ser de iniciativa unilateral. Tiene que haber una reforma, pero tiene que ser la mejor para todos, no la que diga el Gobierno, y hay que dar la pelea con argumentos, no con emotividad, no con protestas, en eso estamos ahora.
Carlos Arturo Gaitán Riveros, Decano Académico de la Facultad de Educación En general uno pensaría que hay aspectos positivos y aspectos problemáticas. Empezaría por lo segundo: yo echo de menos en esa reforma que no se distinga la universidad de otras instituciones de educación superior. Al poner en el mismo saco todas las instituciones, se le quita a la universidad su lugar particular, su función social, cultural, política. Es importante que la universidad mantenga un estatus diferente, más autónomo. El tema de la financiación es un tema problemático. La ley propone crear unas instituciones que denomina con ánimo de lucro, que tendrían el grave problema de no garantizar su calidad, entendiendo la educación como un negocio y no como un derecho y un servicio público. La financiación también tiene un problema para instituciones privadas, en cuanto a que limita la posibilidad del aumento de las matrículas por encima del índice de precios al consumidor (IPC). Las universidades privadas tienen sus planes de desarrollo, de inversión en infraestructura, en capacitación de profesores, en investigación, en condiciones de bienestar para los estudiantes… esos componentes se verían afectados si la educación se convierte en un asunto donde prima el componente económico.
Me parece importante que se le pida a la universidad transparencia en su gestión, que haga públicos sus balances, sus inversiones, sus estados de cuentas, eso ayuda a poner de presente cómo la universidad debe invertir sus réditos y utilidades en el mejoramiento de ella misma, sin embargo este propósito se desdibuja cuando la reforma le da importancia al control y la fiscalización, en un sentido a veces más punitivo que de fomento, atentando contra la autonomía universitaria. Ascun, por ejemplo, ha sugerido que el tema de la vigilancia y control lo hagan las mismas instituciones, la misma comunidad académica, sin lesionar la autonomía de la universidad, que puede verse intervenida por el gobierno de turno, según sus intereses o conveniencia. Esta reforma no soluciona el asunto del déficit que traen de hace años las universidades públicas, que se han sentido pocos consideradas en su necesidad financiera, y lo que ha hecho el gobierno es tratar de hacer a un lado su responsabilidad mandándoles la pelota a las empresas. Esta reforma ha tenido muy poca participación de la comunidad académica, la organizó el Ministerio y la presentó de una forma cerrada. Pienso que debemos promover un debate general, participando con altura, con argumentos, sin llegar a extremos que invaliden una protesta legítima. La educación como bien público debe ser discutida por todos los actores y no sólo por el Gobierno.
Ana Cristina Miranda, asistente para el aseguramiento de la calidad y el currículo Hay dos miradas que debemos tener en cuenta. Por un lado, me parece oportuno que se haya abierto el debate en torno a la educación superior; estábamos muy quietos. Desde la década del noventa se había frenado la discusión y se había dejado al Gobierno la posibilidad de tomar todas las decisiones sin discutirlas. Creo que todo este debate es oportuno para modificar las universidades. Con respecto a la propuesta de reforma quisiera opinar desde mi campo de competencia, que es el aseguramiento de la calidad; pienso que el país ha evolucionado mucho en este tema, y que lo que se está tratando es de dar un marco jurídico a la temática, pero falta desarrollo en el concepto. Al contrario, se desdibuja la noción de aseguramiento de la calidad, prima la inspección y la vigilancia, y aquello que nos corresponde a las universidades por la vía de la autonomía y de la responsabilidad social, no es algo que se regule desde el Estado.
Esta es una ley que trata de respaldar jurídicamente la función de inspección y vigilancia y llega a reglamentar cosas que por convicción no se nos debería reglamentar, sino que, por el contrario, todos deberíamos estar comprometidos en hacerlas. En el tema de aseguramiento, uno identifica que esa apuesta por la inspección y vigilancia va a aumentar algunos estándares, pero también va a desdibujar mucho el papel de la educación superior, se aprovecha para imponer modelos, que no necesariamente son los mejores, y que generan mucha discusión desde el punto de vista educativo y pedagógico.