Los pueblos indígenas del Cauca y la opinión pública
A mediados de julio, comuneros del municipio indígena de Toribío (Cauca) decidieron obligar a los soldados del Ejército colombiano a retirarse de sus puestos militares en el cerro Berlín y en el casco urbano municipal. Este hecho ocurrió tras numerosos ataques de la guerrilla dentro del municipio, que afectaron gravemente a la comunidad, debido a lo cual, ésta solicitó públicamente la retirada del Ejército. El Gobierno respondió que, por el contrario, aumentaría la presencia militar. Públicamente, las autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, solicitaron a todos los actores armados detener los enfrentamientos y retirarse. Nuevamente, el Gobierno respondió que, en vez de retirarse, aumentaría su presencia. Una vez más, las organizaciones indígenas solicitaron al Gobierno, a la Defensoría del Pueblo y al Delegado en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconocer el derecho de los pueblos indígenas para solicitar a las Fuerzas Militares retirarse de sus territorios. Finalmente, tras sufrir las consecuencias de los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, la comunidad decidió obligar a los miembros del Ejército a retirarse.
De inmediato los medios de comunicación y la opinión pública reaccionaron de manera furiosa. Algunos afirmaron que la comunidad indígena había cometido un acto de violencia contra el Ejército, empujando y cargando a los soldados para sacarlos de allí, agrediéndolos con palos y machetes. Otros estaban conmovidos por las lágrimas de los soldados. Otros afirmaban que los indígenas no querían ser colombianos, o querían serlo por conveniencia: para que el Gobierno les diera dinero cuando lo necesitaban. Otros afirmaban que los indígenas estaban siendo cómplices de la guerrilla, al solicitar la retirada del Ejército. Varios periódicos y cadenas radiales afirmaban que la guerrilla atacaba desde las casas indígenas. Algunos columnistas de opinión tuvieron el acierto de recordar el racismo con que se acusaba a los indígenas de ignorantes, por solicitar la retirada del Ejército. Otros acusaron al Gobierno de no ser lo suficientemente fuerte como para imponer su legitimidad. Y algunos señalaron que los indígenas no respetan al Gobierno, porque no les ha llevado el desarrollo.
Muchos han opinado sobre el tema: lo han hecho el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, el Gobernador del Cauca y el Delegado para Colombia de OACNUDH. Las organizaciones indígenas sólo han sido consultadas para dar su opinión en pocas oportunidades. Les han negado la palabra porque se sospecha que son demasiado “salvajes” para explicar cualquier cosa. Pero las organizaciones indígenas tienen algo que decir sobre el asunto. Ellas tienen la capacidad de explicar mejor que nadie lo que está ocurriendo, y no los antropólogos, los periodistas, ni los analistas políticos. Aunque éstos participen del debate, son las comunidades indígenas las que deben explicar cómo viven diariamente la angustia de una confrontación armada que pone sus hogares, mercados, iglesias y cultivos en medio; explicar en qué consiste vivir siendo un campesino, que se levanta diariamente a cultivar, pero en el camino veredal es tratado como sospechoso; o explicar cómo temen hablar en público, pues tras decir lo que piensan, podrían ser señalados.
¿A quién tienen ellos que darle esta explicación? A quienes en nuestros hogares de clase media nos arrogamos el derecho de opinar sobre las vidas de personas que no conocemos, cuya vida cotidiana, miedos y experiencia ignoramos, porque son “indígenas”. O a quienes olvidan que buscar la solución al conflicto armado incrementando la presencia de las armas es un argumento que carece de lógica. O a quienes están tan acostumbrados a ver las armas de cerca, que han olvidado las consecuencias de la guerra.
Las organizaciones indígenas han solicitado la retirada de sus territorios y comunidades al Ejército, argumentando principios del DIH y la Constitución Política de Colombia. En algunos casos se han dirigido públicamente al Gobierno. En otros casos se han dirigido a los actores armados ilegales, pero los medios de comunicación pocas veces han divulgado estas solicitudes, o las califican de descabelladas. Pienso que es justo escuchar mejor a los pueblos indígenas. Posiblemente ellos no siempre estén de acuerdo entre sí. Pero con seguridad, sus argumentos superarán nuestra ignorancia
*Director del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana.