Propuestas para mitigar el impacto económico del COVID – 19
La pandemia del COVID – 19 es el problema de salud pública más grave que ha enfrentado la humanidad en este siglo y el reto económico que representa es comparable. Por ahora, es fundamental proteger la economía mientras se atiende la emergencia. En el caso contrario, las consecuencias sociales serían devastadoras.
El impacto del COVID – 19 en la salud pública y en la economía será sin precedentes y su magnitud es incierta por definición. Para atender la crisis, en el diseño de las políticas públicas entrantes es fundamental considerar la salud y la economía de forma simultánea. De hecho, esta pandemia podría constituirse como la primera oportunidad histórica para considerar soluciones económicas de forma estructural en el largo plazo, dado que en el corto plazo la mejor alternativa es seguir la cuarentena, incluso con la recesión económica que ello conlleva.
Como punto de partida, es fundamental reconocer que el mayor riesgo económico es la quiebra de miles de firmas y, con ello, la pérdida de millones de empleos. A continuación, se presenta una serie de recomendaciones de política pública, creadas por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, para apoyar al Gobierno nacional en su misión de proteger la economía.
En primer lugar, es vital proteger a las familias más vulnerables, que actualmente son cubiertas por Familias en Acción y Colombia Mayor. Ahora bien, dado que estos programas cubren a cerca del 40% de la población pobre, se deben crear mecanismos para llegar a todos los trabajadores informales que no estén cubiertos, utilizando el Sisbén como herramienta de focalización. Se debe garantizar que todos los hogares tengan recursos que cubran la línea de pobreza extrema, para que cumplan la cuarentena con sus necesidades alimentarias cubiertas.
La política más directa para proteger a las empresas del riesgo de quiebra es que el gobierno asuma temporalmente los gastos y costos operativos que las empresas no alcancen a cubrir por la disminución de sus ventas.
En segundo lugar, es fundamental proteger a las empresas del riesgo de quiebra. La política más directa para minimizar este riesgo es que el gobierno asuma temporalmente los gastos y costos operativos que las empresas no alcancen a cubrir por la disminución de sus ventas. En caso de que no se cuente con la capacidad de cubrir todos los costos, se deberían priorizar los pagos de nómina. Esta propuesta está sujeta a algunos riesgos morales que se deben considerar para proteger los recursos públicos. Inicialmente, como requisito estructural para acceder a este beneficio, las empresas deberían demostrar que no realizaron reducciones de nómina durante la cuarentena. Por su parte, el Gobierno debería cubrir estos costos a través créditos condonables con 0% de interés, cuyo tope sean los gastos y costos operativos incurridos durante la coyuntura. Para ello se tomarían como referencia los gastos y costos durante los mismos meses en el año 2019, que fueran reportados en los estados financieros de ese año. El elemento estructural para que esta política sea acertada es que el valor condonable de los créditos se limite a las pérdidas económicas que las empresas demuestren que están asociadas a la disminución de ingresos por la pandemia. Para ello, el gobierno debería reglamentar un mecanismo de auditoría.
En tercer lugar, ante un eventual despido, el gobierno debería proteger a los ciudadanos que ahora se encuentran en condición de vulnerabilidad. Para ello, se sugiere implementar un subsidio de desempleo de corta duración que permita cubrir las necesidades básicas. El gobierno deberá coordinar y vigilar la implementación de esta política por parte de las cajas de compensación familiar.
Finalmente, dado que en el Presupuesto nacional no hay recursos disponibles para la implementación de estas políticas públicas, el Gobierno podría realizar un crédito interno cuyo financiamiento deberá suplirse tras resolver la pandemia mediante nuevos impuestos progresivos o la modificación de los impuestos que actualmente no lo son. La eliminación de las exenciones tributarias regresivas es una oportunidad acertada. Estas propuestas son apropiadas porque evitan la materialización los riesgos económicos a los que se enfrenta el país. Además, son eficientes porque garantizan una senda de recursos económicos e ingresos tributarios que supera las pérdidas irreversibles en caso de no implementarse.