Una ley que busca el respeto por los ciudadanos
Entrevista con la Alta Consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa
En el marco de las Jornadas de Derecho Administrativo que realizó la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, entre el 14 y el 15 de marzo, la Alta Consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, María Lorena Gutiérrez Botero, ofreció una completa exposición sobre el “Impacto del Estatuto Antitrámites”, que expidió el Gobierno Nacional en enero.
Sobre este conjunto de disposiciones y otras estrategias que buscan erradicar la tramitomanía, la Alta Consejera accedió a dar una entrevista con la estudiante de Derecho María Paula Vargas.
¿Cómo comenzó la iniciativa para la creación del Decreto Antitrámites?
En el Estatuto Anticorrupción -Ley 1474 de 2011- se le dieron unas facultades al Presidente de la República para suprimir y racionalizar trámites que estaban por ley, con excepción de aquellos relacionados con el medio ambiente. De esta forma, el origen de la política anti tramites se basa en tratar que la gestión pública y el servicio al ciudadano sean mucho más eficientes, disminuyendo la corrupción y presumiendo la buena fe de los ciudadanos, en otras palabras, que el ciudadano no sea responsable por procesos que son propios de la gestión pública.
El Decreto está dirigido a entidades públicas o privadas que cumplan funciones públicas.
¿Cuál será la estrategia para trasladar las disposiciones de este decreto a las entidades privadas?
Promoción. Los ciudadanos se quejan mucho de que a veces es más difícil hacer trámites con entidades privadas como las compañías de celular o los bancos, que con la misma DIAN. Yo creo que ha ido calando el mensaje. Yo personalmente he ido trabajando con los entes privados porque la idea es contagiar. No podemos regular, pero podemos, a través de las superintendencias que regulan entidades privadas, crear circulares que logren un mejor servicio al ciudadano.
¿Qué tipo de sanciones que se aplicarán en caso del incumplimiento de estas disposiciones?
Se realizará un informe de las denuncias que han presentado los ciudadanos a través de la Urna de Cristal, de la línea
1800, de la Web y de cartas. Queremos incentivar un control ciudadano y volver públicas las denuncias a través de la rendición de cuentas de las entidades que no cumplan. El Gobierno no puede imponer sanciones directamente porque es competencia de la Procuraduría, o de las oficinas de control interno disciplinario, pero estamos haciendo un proceso pedagógico.
¿Cuál es el paso a seguir por parte del Estado?
Hay trámites que no necesariamente hay que cambiarlos por ley, por eso tenemos un plan de trabajo sobre trámites que se pueden cambiar por resoluciones o por decretos. Y tenemos un proyecto muy grande que estamos liderando desde la Alta Consejería que se llama “El reto por la eficiencia” y es un trabajo con todas la entidades del orden nacional para que sean mucho más eficientes desde el interior, entonces estamos en el trabajo de antitrámites interno.
En su opinión, ¿Cuál es el top 5 de trámites suprimidos o modificados por el Decreto?
1) El certificado de supervivencia, por lo que implica a personas de tercera edad y a los familiares; 2) La revisión técnico mecánica; 3) La programación de citas médicas y en general, la prestación del servicio por las EPS; 4) Las autenticaciones de documentos en la administración pública; y 5) La convalidación de títulos
*Estudiante de quinto semestre de Derecho.