Corrupción: más allá de una consulta
Una vez más, el flagelo de la corrupción ha ocupado en Colombia las primeras planas de los periódicos y ha sido el tema de foros y análisis por parte de columnistas y académicos. En el pasado reciente, grandes escándalos como el asociado con la constructora Odebrecht o con las obras que se realizaron en la calle 26 de Bogotá, llamaron especialmente la atención de la opinión pública. Lo mismo puede decirse de los casos que se han conocido como ‘el carrusel dela contratación’ o ‘el cartel de la toga’, que hacen referencia a situaciones concretas de problemas de corrupción en áreas particulares del sector público. Sin embargo, la última oleada se debe, por una parte, a la reciente campaña presidencial en la cual este asunto fue recurrente en los debates; y por otra, a la iniciativa que surgió hace unos meses para realizar una consulta popular anticorrupción, la cual tuvo lugar el pasado domingo 26 de agosto y que, a pesar de una abstención cercana al 70%, alcanzó más de 11 millones de votos, cifra realmente considerable. En un país tan polarizado como el nuestro, este ejercicio democrático identificó con prontitud amigos y enemigos, que no lo eran tanto de la lucha contra la corrupción, como de sus promotores o detractores, lo cual influyó en el proceso. No podría decirse, sin faltar a la sensatez, que quienes no se acercaron a las urnas apoyaban la corrupción en Colombia,que sentían algo de simpatía hacia este fenómeno, o lo que sería aún más grave, que fueran corruptos. Un planteamiento así sería en verdad una ligereza pues son diversos factores los que pueden explicar la falta de participación en la consulta, en un país que históricamente ha tenido niveles considerables de abstención a la hora de acudir a las urnas. En general, puede afirmarse que todas las personas se oponen a la corrupción y exigen que se tomen medidas radicales para combatirla y asegurar transparencia en la gestión pública. Lo hacen incluso los corruptos, cosa que pareciera absurda, pero que no lo es porque estos individuos, inclinados a las prácticas deshonestas y las mentiras, realizan sus actividades en la sombra, bajo la mesa. El resultado de la consulta, histórico de todas formas, ha evidenciado la preocupación de los ciudadanos por este grave problema que mina significativamente las arcas del Estado, dinero que pertenece a todos los colombianos.
La labor educativa debe acompañarse de la acción pronta y oportuna de la justicia, de tal forma que sea una realidad el imperio de la ley y no el de la astucia.Ahora bien, para la solución de un problema tan complejo, que desafortunadamente se ha hecho crónico y ha alcanzado magnitudes impresionantes, se requieren estrategias múltiples que demandan perseverancia, lo mismo que un continuo seguimiento. Con frecuencia se habla del papel que al respecto tiene la educación. Debe recordarse que los valores de una sociedad se inculcan primero en el seno de la familia y luego se afianzan en las aulas del colegio y la universidad, todo ello en el contexto de las enseñanzas que provienen del entorno social, en especial de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, la labor educativa debe acompañarse de la acción pronta y oportuna de la justicia, de tal forma que sea una realidad el imperio de la ley y no el de la astucia. En nuestro país,la contradicción entre un legalismo extremo y una cultura dela ilegalidad, se ha hecho cada vez más notoria. Nosotros, como una Universidad que se ha empeñado particularmente en la transformación de la sociedad colombiana, hemos insistido en la formación ética de los javerianos, de tal forma que, además de tener los conocimientos y las destrezas propios de una profesión o disciplina, adquieran y fortalezcan un carácter recio que les permita trabajar con rectitud, honorablemente, en la cotidianidad de su vida laboral. También hemos apoyado los estudios relacionados con estos asuntos, su discusión académica, como viene haciéndolo la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Sin duda alguna, nuestra tarea como país, tiene que ser la promoción eficaz, no solo de una cultura de la legalidad, sino también de una cultura de la honradez, del esfuerzo y la responsabilidad. De la misma forma, debemos lograr que todos los ciudadanos comprendan que son ellos las víctimas de los desfalcos al Estado. Sí, urge defender a Colombia de quienes sin el menor escrúpulo atentan contra su patrimonio y saquean el erario público. Sí, se debe combatir la corrupción, decididamente, por encima de intereses políticos o partidistas. Realizada la consulta, debemos mantener el tema en lugar destacado de la agenda de Colombia y exigir a los Poderes Públicos que respondan al clamor de un pueblo que claramente ha expresado su indignación en las urnas.