El impuesto a las bolsas plásticas en Colombia
Las bolsas plásticas son los empaques más utilizados en nuestra sociedad; al año se consumen en el mundo entre 500 billones y un trillón de ellas y menos del 1% se recicla (EPA, 2017), aunque debe considerarse que se generan más gases de efecto invernadero cuando se recicla una bolsa plástica que cuando se produce una nueva.
El problema es de carácter global: el uso, consumo indiscriminado y disposición final de bolsas plásticas en ecosistemas naturales (terrestres y acuáticos), están generando serios problemas de contaminación. Se calcula que el 60% de todas las especies marinas las han consumido en algún momento (WWF, 2016). El mundo está llamando la atención sobre dos sustancias generadas por el plástico, el Bisfenol A (BPA) y los Ftalatos, también llamados disruptivos endocrinos, que afectan de manera considerable los seres vivos incluyendo al ser humano, siendo urgente las regulaciones asociadas a la manufactura, distribución, uso, consumo y posconsumo.
El País cuenta con dos importantes instrumentos para la gestión ambiental de las bolsas plásticas, el primero de ellos es la reglamentación sobre el uso racional, promulgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución 668 de 2016, en donde se establece que las bolsas menores de 30 x 30 centímetros deben salir de circulación y aquellas que siguen produciéndose tendrán que incluir mensajes de cuidado al planeta.
El segundo instrumento es el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, creado por la Ley 1819 de 2016 que tiene como finalidad desincentivar el consumo de las mismas. En él se establece que para el año 2017 se pagaría $20 por cada bolsa plástica y su valor se incrementaría en $10 por cada año hasta el año 2020. El Impuesto se genera cuando el establecimiento comercial entrega cualquier bolsa plástica para llevar productos. Estos deciden si venden la bolsa o la entrega gratuitamente.
Con el impuesto, los recursos que recaudó la DIAN en el año 2017 superaron los 6.500 millones de pesos, los cuales fueron aportados por más de 30.000 contribuyentes. El destino final de estos dineros es el Presupuesto General de la Nación, pero hay que considerar que el Ministerio de Ambiente, promotor de este impuesto, debería ser el administrador de éstos recursos. Es lo más razonable, teniendo en cuenta que apoyarían las acciones de mitigación, restauración y protección del patrimonio natural del país, que realiza el ente rector.
Con estas medidas, el país se une a la lista de naciones que han establecido acciones para desestimular el uso de las bolsas plásticas, entre ellas Irlanda, país pionero en el tema, que ha logrado una reducción del 90% en su utilización y México (Ciudad de México) que prohibió la entrega de bolsas en supermercados, las cuales son remplazadas por empaques biodegradables.
Según la encuesta de percepción ciudadana realizada por el Departamento Nacional de Planeación, después de la aplicación del impuesto a la bolsa plástica, Cali y Bogotá son las ciudades donde se registra la mayor disminución en el consumo, con porcentajes superiores al 79%, mientras que en Barranquilla es del 65,3% y en el Valle de Aburrá del 68,5%. Estos datos muestran que en Colombia las medidas están siendo efectivas en varias ciudades y en todos los estratos socio-económicos, donde las bolsas plásticas están siendo revaluadas en su consumo y uso.
La industria colombiana de los plásticos está en una transición hacia productos menos contaminantes y con criterios de sostenibilidad, apostándole a otros empaques, como bolsos, cajas, bolsas reutilizables y de material biodegradable, que se vienen elaborando en el país hace diez años, pero con una lenta incorporación y aceptación.
Se requiere entonces promover una cultura ciudadana, orientada a modificar nuestros patrones de producción y consumo consciente de productos y servicios asociados a las bolsas plásticas, para contribuir al bienestar de la población y al desarrollo sostenible integral. Todos tenemos responsabilidad: el Gobierno, los consumidores, los sectores productivos y la ciudadanía en general, para resolver este problema que afecta “nuestra casa común”.