¿Son las migraciones climáticas un “problema” para nuestra humanidad?
Las realidades y preocupaciones recientes alrededor del calentamiento global y sus efectos nefastos para el planeta han llevado a los gobiernos del mundo a considerar en las agendas y políticas nacionales e internacionales las migraciones climáticas como uno de los retos más grandes que afronta la humanidad. Informes institucionales y científicos presentan cifras alarmantes de millones de migraciones forzadas futuras en los escenarios más pesimistas de cambio climático. Así pues, se considera, sobre todo en los países del Norte global, que las migraciones asociadas a los cambios climáticos extremos, traducidos en desastres repentinos o de evolución lenta, se han convertido en un “problema” en la ausencia de soluciones concretas para frenar o acompañar este fenómeno de movilidad humana. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las migraciones han constituido históricamente una respuesta adaptativa de las comunidades en todo el mundo a las transformaciones de sus entornos socioambientales y por tanto no son un problema per se.
Lo que resulta problemático es el hecho de que el cambio climático antrópico amplifique las amenazas climáticas, las cuales, a su vez, intensifican los escenarios de vulnerabilidad producidos por situaciones de dominación estructural y abandono estatal de comunidades, resultando al final en desastres que desencadenan las migraciones forzadas. En ese sentido,
Lo que parece problemático es que se “naturalicen” las causas de estas migraciones concediendo una influencia exclusiva, e incluso excesiva, al factor climático.
Ya que la vulnerabilidad anterior a los desastres, resultante de desigualdades sociales, está directamente asociada a decisiones políticas basadas en procesos históricos de exclusión y marginalización de grupos. Esto pues, conduce a ocultar las responsabilidades de los Estados en la producción de los desastres y de las migraciones.
También es preocupante el que no se tome en cuenta el derecho de las comunidades a permanecer en sus lugares de origen, pese a las amenazas que las acechan, debido a la ausencia de un Estado que garantice la seguridad y la protección de las personas y sus medios de vida, mucho antes de que ocurra un evento climático extremo.
Resulta también ser un problema el que los Estados actualmente consideren estos movimientos como simples traslados o evacuaciones de personas a un lugar seguro lejos de los desastres, sean estos traslados planificados por los gobiernos o auto-organizados por las comunidades, como ocurre muchas veces. Es simplista puesto que la migración se convierte en un nuevo desastre, ya que para las personas y las comunidades no solo se trata de daños y pérdidas materiales. La migración forzada implica el abandono de su territorio y, por tanto, desarraigo y duelo social para quienes lo viven. Más allá de ser un movimiento de cuerpos y objetos desencarnados socialmente, las migraciones en estos contextos se acompañan de un entrelazado complejo de historias, memorias, añoranzas y anhelos que migran al mismo tiempo que las personas, hacia la incertidumbre y lo desconocido.
Es demasiado reductivo resumir las migraciones asociadas a desastres a emergencias humanitarias, tomando como pretexto, el hecho de que las personas retornan la mayoría de las veces a sus lugares de origen, una vez terminado el desastre. Es reductor que se considere la supervivencia desde una concepción minimalista que tome como criterio principal (y único) la satisfacción de las necesidades fisiológicas y materiales. Esto pues, ya que la supervivencia no es una lucha por mantener los cuerpos biológicos en vida, también por alimentar y reconstruir vínculos sociales y nuevos significados en los nuevos contextos.
Es también un problema pues se corre el peligro de producir estándares entre el “buen” migrante, es decir, una figura que cumpla con las características asignadas por las instituciones que le otorgan ayudas de supervivencia, y aquellos que no cumplen con esos requisitos y que quedaran sin protección; así como de introducir una jerarquía entre los diferentes tipos de migrantes, ya sea por conflicto, y que van quedando en el olvido, y los nuevos migrantes climáticos, que se van volviendo protagonistas (o viceversa) al ritmo de las agendas políticas.
Es igualmente un problema el que no se considere como parte de los procesos migratorios la llegada de las comunidades expulsadas a los lugares de destino, e ignorar el hecho de que estos territorios estén habitados por comunidades residentes que muchas veces hacen frente a situaciones de pobreza estructural y de abandono estatal. Se juntan pues, a menudo, dos grupos de marginados que no hacen más que acumular exclusiones, en lugar de transformarse en escenarios de oportunidades para ambos grupos.
Finalmente, resulta problemático es el que no se tome en cuenta la vivencia, la experiencia y los saberes de las comunidades al momento de anticipar o formular soluciones frente a los procesos migratorios asociados a los cambios climáticos. Esto se traduce a menudo en la formulación de políticas y acciones desconectadas de las realidades, necesidades y procesos locales, reproduciendo al mismo tiempo los esquemas tradicionales de dominación y de poder de las instituciones que deciden del destino de las comunidades, y que pueden conllevar a generar más daño que antes de la intervención institucional.
Colombia vive un momento histórico ya que se encuentra en segundo debate en el Congreso de la Republica un proyecto de Ley sobre desplazamiento climático (299/2022) que busca el reconocimiento de estos procesos, así como la formulación de las líneas orientadoras para la implementación de acciones de atención y protección de poblaciones desplazadas por efectos del cambio climático. Esto puede ser una oportunidad para el país y un ejemplo para toda la región si se toman en cuenta los elementos que he compartido brevemente y que me llevan a una última consideración y es que esta Ley y futura política no podrán ser exitosas si no se incluye el reconocimiento social, en términos de derechos humanos basados en la dignidad, la justicia social y ambiental, como fundamento de cualquier otro tipo de reconocimiento estatutario.