Análisis del discurso de las instituciones públicas y los grupos comunitarios en los encuentros participativos de la Comisión Ambiental Local 2019, en la localidad 19, Ciudad Bolívar

Yeismy Amanda Castiblanco Venegas¹Candidata a doctora en Comunicación, Lenguajes e Información, Pontificia Universidad Javeriana. Docente investigadora en temas de comunicación-educación, memoria social, biocultural e histórica. Vinculada a procesos académicos y comunitarios de defensa ambiental. Contacto: castiblancovyamanda@javeriana.edu.co y John Freddy González²Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Libre de Colombia. Mayor de la Comunidad Muisca del Tunjo. Contacto: camaleoncromo@gmail.com

Resumen

Entablar discusiones frente a la posición discursiva de instituciones públicas, en contraste con la de los grupos comunitarios, deja entrever puntos convergentes y divergentes, según sea el tema en cuestión. Para el caso específico de esta investigación, que cumple con los requisitos de las posturas nombradas, se propone analizar la conformación de dichos discursos, construidos en las mesas instaladas de la Comisión Ambiental Local de la localidad 19, Ciudad Bolívar, en 2019.

Con el fin de develar las tensiones discursivas que hay frente a los procesos ambientales de la localidad, se exploran las categorías conceptuales discurso burocrático, discurso ambiental y discurso de las resistencias sociales comunitarias, en confrontación con el método del análisis crítico de discurso (acd), de Fairclough (1989), comprometiendo el estudio del lenguaje desde una práctica social, que observa la construcción de las estructuras de poder desde la función identitaria, la función relacional y la función ideacional.

Lo anterior muestra la transformación del escenario discursivo con palabras en muchos casos incomprensibles, o regidas por leyes, normativas y decretos estipulados, que se enuncian desde la inamovilidad, argumentando decisiones no consensuadas y reforzando las formas de imposición del poder desde lo externo (institucional) hacia lo interno (procesos y redes comunitarias).

Palabras clave: análisis crítico del discurso, institucionalidad, comunidad, medio ambiente.

Introducción

La Comisión Ambiental Local (cal) es un escenario de participación local, representado por mesas de articulación entre instituciones públicas encargadas de la gestión ambiental, los líderes comunitarios ambientales y los actores involucrados en procesos que afecten las condiciones ambientales de la localidad. Dentro de las comisiones se eligen delegaciones para la Mesa Distrital de Educación Ambiental y la Mesa Distrital de Humedales, entre otras, que conforman así el Consejo Consultivo de Ambiente, una entidad para que el alcalde o la alcaldesa distrital emita conceptos sobre sus propuestas en la dimensión ambiental.

Según el Decreto 575 de 2011, la función de la cal es “articular las acciones de los actores estratégicos de la localidad hacia el fortalecimiento de la gestión ambiental local, bajo el principio de sostenibilidad, buscando el mejoramiento de las condiciones ambientales” (Decreto 575, 2011) que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida del territorio y de los sujetos de la misma localidad.

En este sentido, las mesas instauradas se plantean como encuentros interinstitucionales comunitarios que dialogan por un fin común: la salvaguarda de los espacios naturales mediante acciones coordinadas. Sin embargo, en la instauración misma de la mesa, y según se estipula su conformación (once representantes institucionales y siete representantes comunitarios) se puede percibir una apuesta de sobrevaloración del discurso externo, burocrático, institucional, sobre el discurso interno, que, en el caso específico de Ciudad Bolívar, se representa como un discurso de resistencia comunitaria, por parte de quienes habitan, viven y sienten el territorio, y que, por supuesto, lo representan en la cal.

Aunque la construcción del espacio de la cal propuesto por la Alcaldía debe ser dialógico, propositivo y consensuado, en algunos escenarios se percibe la solución a las problemáticas ambientales acusadas por la comunidad desde la normatividad, invisibilizando la voz de gestores, los líderes ambientales y los demás sujetos que vigilan el territorio. De esta forma se imponen a la fuerza discursiva acciones, decisiones y procesos por trabajar frente al tema ambiental en la localidad.

Lo anterior obliga a plantearse el interrogante: ¿Cómo se construye el discurso de los procesos ambientales entre las instituciones gubernamentales participantes de la Comisión Ambiental Local, mesa Ciudad Bolívar, y los representantes comunitarios en 2019?

Marco conceptual

El discurso por la defensa del medio ambiente se ha situado desde instituciones burocráticas, que, en el tiempo, encuentran el sustento de acciones en voces particulares para poder entablar una relación discursiva entre comunidad e institucionalidad. Por lo anterior, se presenta una breve mirada a la instauración y la validación del discurso.

En primer lugar, cabe enunciar las afectaciones primarias que, tras la Revolución Industrial, trastocan todos los ecosistemas del globo, y entendiendo que a partir de allí se aceleran las prácticas de consumo y, por ende, de destrucción ambiental. Aunado a esto, el modelo capitalista, en su afán de expansión y acaparamiento del capital, despliega sus fuerzas burguesas mediante los gobiernos y las colonias cuyo material primario se sustenta en la explotación del suelo y la naturaleza (Mateos, 2009; Di Pietro, 2017; Silva, 2019).

Lo anterior trajo consigo la primera preocupación sentida por el medio ambiente, en la década de 1960; preocupación la cual, según Cuesta (2016), se presentó ante la densificación del consumo y su despliegue publicitario de mercado. Sin embargo, fue hasta el decenio de 1970 cuando, desatada la crítica al modelo capitalista desde el escenario ambiental, según Castaño (2012), se alzaron las voces preocupadas en la Conferencia de Estocolmo 1972, la cual propuso otorgar especial atención a los problemas que afectaban al medio ambiente. A partir de la misma […] La comunidad mundial ante la creciente y preocupante degradación del entorno natural había tomado conciencia de la urgente necesidad de afrontar este grave problema” (Niño, citado por Castaño, 2012, p. 99).

Los acuerdos surgidos a raíz de esta conferencia tuvieron gran influencia en la preocupación mundial por el medio ambiente y fueron reflejo de un nuevo escenario, constituido en 1992, tras la Conferencia de Rio. Su resonancia se dio, según Guimaraes (1992), en las afectaciones ambientales y la urgencia por legislaciones que ayudaran a su protección; en ese marco, se instauraron, en los diferentes países participantes de la cumbre, mecanismos de acción y participación que acudan al llamado de preocupación por la naturaleza.

En este sentido, se da apertura a posibilidades participativas globales que se inscriben también en el ámbito local, lo que, en definitiva, comienza a tejer un discurso comunitario ambiental que admite voces de propuestas y resistencias para su contexto cercano. En el caso de Bogotá, la construcción del discurso burocrático medioambiental local se dio en la primera reforma, realizada en 1990, la cual desencadenó en la apertura del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (dama), cuyas funciones proponen, vigilan y participan en políticas nacionales y prometen, entre otras acciones, el cuidado y el manejo ambientales.

El dama, con miras a acercar a la ciudadanía a espacios políticos de participación, propone el escenario de los Comités Ambientales Zonales en el Distrito Especial de Bogotá, a través del decreto 228 de 1991, los cuales fueron precedidos por las Comisiones de Ambiente Local (cal), reglamentadas por medio del Decreto 697 de 1993. De esta forma, se hicieron las primeras invitaciones “participativas” a la comunidad que dialogaban en torno a lo ambiental desde las localidades.

El surgimiento de las cal, en principio, correspondía a una participación estática de veeduría no corresponsable, con la inclusión de propuestas frente al territorio; sin embargo, en 2007 el acuerdo 274 del Consejo de Bogotá, implementaría nuevas funciones, que no partían de la observación, sino de la acción, la denuncia, el cuidado y la preservación del medio ambiente desde las localidades y las cuales reúnen a diversos funcionarios y entes gubernamentales, tanto locales como distritales, para la concertación de acuerdos frente a los procesos adelantados en cada una de las localidades de Bogotá.

De esta forma, la construcción del discurso de las comunidades en torno a la inclusión participativa de las acciones territoriales gestionada por las instituciones se enmarca en las mismas resistencias comunitarias que han abierto paso a la inclusión. Sin embargo, y ante este escenario histórico de pugna por el reconocimiento del discurso comunitario, es necesario analizar las formas de actuación discursivas, tanto de las comunidades, como de las instituciones, con el fin de ver si, doce años después de la inclusión participativo-democrática, se mantienen las relaciones jerárquicas que sobrevaloran el discurso externo institucional.

Lo anterior permite aterrizar el escenario de investigación propuesto, desde su estructura histórica, descubriendo la conformación del discurso participativo de las comunidades en sus problemas cercanos, como lo es el escenario de las cal. Así mismo, da la apertura a las categorías conceptuales que se detallan seguidamente, y que sustentan la investigación desde el componente discursivo manejado por los participantes del proceso.

Discurso burocrático

La construcción del discurso burocrático se ciñe a figuras universales creadas desde el mismo Estado, como la instancia que diseña, crea e implementa legislaciones que, si bien pueden ser vistas como participativas, mantienen una estructura específica institucional (Bourdieu, 1993), lo que, en suma, será el reflejo de una apuesta impositiva de “regímenes de representación” (Pérez-Marín, 2016).

En primer lugar, se define la burocracia, en palabras de Petrella (2007), como una “organización fundamentalmente mecanicista y racionalista, que ha sido el soporte del desarrollo de grandes organizaciones durante buena parte del siglo xx fundamentalmente en el ámbito del Estado, pero también en el ámbito privado” (p. 5). En este sentido, la burocracia responde a la base de funcionamiento y permanencia institucional que se acopla a ordenes mecánicas de esta. Desde allí se construye un discurso propio motivado por un lenguaje supeditado a políticas internas.

Este lenguaje es motivado por, según Leone (2015), “un filtro de mediación semio-lingüística entre los sujetos disjuntos de la agentividad social, los cuales quieren apropiarse de ella para lograr un efecto en la colectividad” (Leone, 2015, p. 126), lo cual suscita un cambio en el discurso burocrático, que mantiene sus ideales planteados desde una modificación y una adaptación lingüísticas.

De esta forma, como lo plantea Leone, (citando a Lotman) en su obra Los decabristas, “el lenguaje se volvía burocrático en el sentido que tomaba rasgos que le atribuían un carácter de oscuridad y de misterio” (Leone, citando a Lotman, 2015, p. 127), enunciando, desde el lugar de poder, un lenguaje que juega con la retórica como articulación discursiva que transforma, opaca, direcciona, amplia o disminuye el sentido de la información atinando a la dirección solicitada.

La institucionalidad en su proceso de inclusión, de forma casi imperceptible —aludiendo a la construcción participativa y consensuada—, mantiene las formas simbólicas e ideológicas que representan tal institución desde labores enfocadas en los grupos que las conforman; para ello, se puede definir, como lo plantea Bourdieu. La mejor constatación del hecho de que el pensamiento del pensador funcionario es atravesado de cabo a rabo por la representación oficial de lo oficial, es sin duda la seducción que ejercen las representaciones del Estado que, como en Hegel, hacen de la burocracia un grupo universal dotado de la intuición y de la voluntad de interés universal. (Bourdieu, 1993, p. 141)

Finalmente, se debe plantear que la instauración de este discurso burocrático se debe a la necesidad de mantener la institucionalidad y, con ello, el poder de representación, que actúa sobre los actores no comunitarios desde un lenguaje motivado, direccionado y correlacionado, a fin de fortalecer la estructura de la institución.

Discurso ambiental

El discurso ambiental se construye ante la constante preocupación por la naturaleza; comenzó su recorrido desde los años setenta, cuando “los cambios ambientales alrededor del mundo permitieron la introducción, de una manera más sistemática, de las preocupaciones ambientales como reflejo de las políticas internacionales en relación con la situación ambiental global” (Ulloa, 2005, p. 96). A raíz de ello, se plantearon estrategias que suponen la atención hacia la naturaleza y su discurso.

Sin embargo, la preocupación que se sigue manteniendo es externa; es decir, no solicita la voz de la naturaleza, sino que la imagina, la actúa y la representa desde los escenarios que permiten la actuación sobre ella. De esta forma, los discursos ambientales, como lo plantea Pérez (2012) “se han construido, propagado, institucionalizado y legitimado como medio y factor dinamizador de un discurso más amplio, denominado “discurso del desarrollo” (p.440), desde diferentes lugares históricos.

Para el caso del análisis del discurso en espacios cuya mediación se ve sujeta a las relaciones con el ambiente, se pueden encontrar, como lo enuncia Pérez-Martín (2016), tres tipos de opresión discursiva que pueden legitimarse, a su vez, desde discursos burocráticos, lo que permite su imposición, más que el consenso, en las comunidades cuya preocupación se ciñe a la vida y al sentir de la naturaleza.

La opresión discursiva, ya nombrada, se direcciona en tres lugares. El primero es desde la recurrencia en los regímenes de representación, los cuales se imponen desde la institucionalidad, como una manifestación de bienestar común; el segundo lugar es desde la contradicción que busca la legitimación con discursos de cambio, desarrollo y mejora, los cuales traslapan las realidades naturales, con un discurso disfrazado, nuevamente, de “bien común”. El tercero es desde la inclusión o la eliminación, lo cual define los actores participantes del proceso y, de antemano, genera garantías de participación acomodada (Pérez-Marín, 2016, p. 141). Por lo anterior, se propone repensar el discurso ambiental desde el elemento natural, que se descubra como sujeto de derechos, que, más que buscar voces externas, recurra a fundar una epistemología propia.

Discurso de resistencias sociales en Colombia

La realidad colombiana se recrea desde la marginalidad social, que ha configurado el territorio al calor de la guerra, ubicando un foco de gran importancia desde la propiedad de la tierra, que, a su vez, trasfigura la explosión demográfica surgida desde los años sesenta y setenta y responde a la dinámica nacional de colonización forzada por la violencia política, económica, social y medioambiental, entre otras, que ha vivido el país.

Sumado a ello, frente a la inmensa riqueza del país, sus extensos recursos naturales y su estratégica localización geográfica, se configuran intensos lugares de disputas de diferentes actores armados, corporativos e institucionales, nacionales e internacionales, que han presionado y marginalizando aún más a las comunidades queriendo, en palabras coloquiales, “echar mano de las tierras” (Fals, 2010).

Lo anterior crea escenarios de participación, bien sea legitimada, con el visto bueno de las entidades gubernamentales y de las instituciones cercanas, o informales, creados bajo los intereses en resistir por los territorios de las comunidades locales. Sin embargo, como lo mencionan, Gómez et al., la gestación de una oposición social se halla históricamente ligada a los contextos sociopolíticos de cada región o cada país, a las capacidades organizativas y a los medios de los que se disponga (Gómez et al., 2014, p. 78), lo que lleva a proponer y a entender las resistencias como formas de organización colectiva que logren vincular a diversos actores afectados con las formas trasgresoras ambientales, y que, ante dicha organización, propongan espacios participativos de interacción entre las instituciones y la comunidad (Aparicio et al., 2018).

En el caso específico de resistencia ambiental comunitaria por la salvaguarda del Complejo de Humedales del Tunjo, liderado por el Centro Experimental Juvenil, se reúne y se convoca a colectivos, organizaciones y colegios locales que estén interesados y comprometidos con el espacio ambiental para ser parte del colectivo. Su constitución de base es la comunidad Muisca Tunjo, conformada por adultos mayores, sabedores, jóvenes y mujeres que hacen parte de este territorio.

Su resistencia se ha ocupado por más de 20 años de la preservación y la salvaguarda de los humedales, y ha logrado ingresar a las mesas de participación local y mantener allí procesos ambientales, políticos, económicos y sociales, que se visibilizan en las instituciones públicas.

Metodología

Se propone el análisis del discurso desde el proceso discursivo de Fairclough (1989, p. 25), el cual muestra cómo el contexto y la interacción establecen las condiciones sociales de producción discursiva conformando nuevos ambientes de exégesis, lo que, como describe Franqueza,

[…] condiciona los procesos de producción por parte del emisor y de interpretación por parte del receptor, que en conjunto constituyen la interacción. Finalmente, es a partir de esta interacción que emerge el texto como el producto final de las condiciones contextuales e interaccionales. (Franqueza, 2002, p. 450)

Lo anterior es planteado desde la teoría fundamentada (tf), que permite la exploración abierta de los datos, para que estos, dado su análisis, permitan construir argumentos teóricos desde la observación. En tal sentido, la tf, según Charmaz (2006), se construye desde un mundo concatenado, donde investigador y participantes construyen teoría. Así mismo, requiere construir, desde la recopilación inicial de datos, el alimento, la formación y la transformación de las categorías (Páramo, 2015).

Para ello, en el presente trabajo se recurre al uso del software Nvivo, como apoyo a la investigación, el cual requiere, en primer lugar, la codificación de los documentos por analizar, conformando el corpus de estudio; y posteriormente, la redacción de memorandos por acta, describiendo el proceso y la interpretación de cada documento codificado, y se apoya en los procedimientos que se detallan a continuación.

Levantamiento de información

Para llevar a cabo el presente proyecto, se recurrió al Centro Experimental Juvenil (cej), de la localidad de Tunjuelito. Desde allí se facilita el acceso a los documentos de gestión ambiental de 2019, los cuales reposan en la Secretaría Distrital de Ambiente y en los archivos digitales de los participantes y los firmantes de cada reunión. La compilación de los datos se realiza con base en las actas de trabajo de las mesas de Comunicación Ambiental Local (cal), Ciudad Bolívar, celebradas entre enero y diciembre de 2019.

Conformación del corpus

El corpus de análisis está conformado por: doce actas de reuniones mensuales, nueve oficios de respuesta de entidades distritales ante peticiones generadas en cada una de las mesas y tres actas de orden generalizado, en torno a la Mesa Distrital de Humedales de Bogotá. Cada una de las mesas que recogen las actas está conformada, en promedio, por ocho representantes de las instituciones públicas distritales, seis representantes comunitarios y los sujetos cuyos intereses están mediados por los espacios ambientales, como lo son empresas del sector minero, de proyectos de infraestructura o de participación comunal.

Codificación

En el software Nvivo se realiza línea por línea, mostrando intervenciones de los diversos actores participantes de las mesas de la cal en 2019, para terminar con la creación de memorandos por acta. El término de la codificación arroja un total de 209 códigos, agrupados en doce categorías, los cuales se soportan desde diversas formas de representación, pero que, al no ser catalogados, buscan una línea de caracterización diferente. Por ejemplo, cuando se habla de la característica “quejas” es necesario delimitar la dirección a la que pertenecen (comunidad-institución), lo que obliga doble codificación.

Resultados

Los códigos que manejan mayor grado de información son: comunidad e institucionalidad, frente a acciones de humedales; problemas ambientales; y denuncias. Todos estos se desarrollan así:

La comunidad y el discurso de denuncia: Se reiteran las dificultades propias de la localidad y se presentan denuncias hechas frente a procesos institucionales, que, en su mayoría, son atribuidos a falta de información, de conocimiento, de reconocimiento de la comunidad, así como adjudicaciones y permisos de explotación en el territorio, sin consentimiento.

• Lo anterior muestra un tipo de violencia simbólica que, en diversos escenarios, es construida desde el silencio institucional. Al convertirse el espacio de las cal en un escenario de tensiones constantes, por la envergadura de las problemáticas por las que pasa el territorio frente a lo ambiental, algunas respuestas recurrentes se enuncian como: “Ese problema no nos compete”, “La próxima reunión invitaremos al responsable”, “Es una instancia regulada o normativizada”
• El discurso de exigencia de información, participación y respuesta por conocimiento: La primera categoría responde a la comunidad, quien conoce el territorio y los procesos adelantados en la localidad, y mantiene su responsabilidad política ante ello; por lo tanto, exige veeduría a proyectos inconclusos; documentación que argumente propuestas y acciones ambientales, y respuestas a los ecocidios ocurridos en la localidad. Si bien desde la década de 2010 se atenúa la construcción de espacios “democráticos”, que permiten formas de actuación comunitaria, se atiende a la propuesta de una conformación del espacio artificial que, en algunos casos, denota el “despliegue de acciones estratégicas para la conformación de una mayor legitimidad democrática y el respectivo control de la participación ciudadana por parte de órganos de representación política” (Espinoza, 2009, p. s.p.).
• La segunda categoría, más importante, responde a la institucionalidad, la cual tiene una línea muy diferenciada dentro de sus mismos códigos; entonces, se encuentra que el más resaltado es “respuesta a la comunidad con normativas”. Ante constantes quejas, preguntas e inconformidades de los líderes comunitarios en las diferentes mesas, se puede ubicar un tipo de respuesta, manifestada en constantes ocasiones, que se articula con decretos, leyes y normas preestablecidas “inamovibles” que no parten del sujeto funcionario —es decir, de quien responde como institución, sino de la institución—.
• Un ejemplo muy claro es la constante interrogación de la comunidad en las mesas distritales, ante la presentación del Decreto 565 de 2017 (Política Distrital de Humedales), el cual concreta la transformación de los humedales, ya que modifica la definición y los condicionamientos de recreación pasiva y uso de estos ecosistemas con obras de embellecimiento turístico. Este fue constantemente repetido por los líderes ambientales locales, en rechazo a las obras por agresión a los ecosistemas. Sin embargo, ante la pregunta de las voces comunales acerca de la posibilidad de derogación, la respuesta siempre fue la referencia a lo estipulado en el Decreto 565 de 2017; por tanto, es imposible revertir el proyecto.
• Un último código recurrente en la institucionalidad parte de compromisos realizados con la comunidad y de las respuestas a preguntas y de todo lo relacionado con la presentación de proyectos terminados, en curso y futuros, junto con las proyecciones de gestión ambiental para los siguientes años.

Discusión

Respecto a la discusión de la construcción de los dos discursos, el institucional y el comunitario, se pueden observar diversos elementos que atienen a la propuesta de Fairclough y Wodack (2000), la cual sugiere abordar los siguientes ejes que descubren las problemáticas sociales de fondo, en la construcción del discurso:

1. Discurso y poder: El nicho en las relaciones dialécticas que se construyen en escenarios se consolida en la conformación discursiva. Se tejen como elementos de poder, que limita su voz a la voz de la institución, lo que, a su vez, responde a las características propuestas por Foucault respecto a la consideración de resistencias nacientes de dicho poder (Giraldo, 2006). Lo anterior muestra en el ejercicio las discusiones contestatarias que emergen ante el discurso impuesto, como en el caso del Decreto 565; la imposición de este conforma la resistencia, aun en escenarios absortos de poder.
2. Discurso y elementos culturales: En la consideración de esta premisa se expone que, según Stecher (2010), el discurso es configurado acorde a sus capacidades de producción, y se legitima con especificidades culturales que pueden entablar relaciones por medio del discurso; en otras palabras, su validación y su puesta en escena se consolidan bajo convenciones culturales que subyacen al contexto y su apropiación.
   Lo anterior demuestra la transformación del lenguaje, que pretende explicar escenarios ambientales de la comunidad (externos) bajo lógicas discursivas. Sin embargo, en el plano de las problemáticas, el discurso sustraído de la institución no alcanza a descubrir al detalle esas realidades. Esto invalida, de algún modo, las afectaciones reales, que desde afuera solo pueden ser contadas.
3. Ideología en el discurso: Para entablar relación con este apartado, se entabla discusión con la propuesta de Althusser (1975) y los aparatos ideológicos del Estado. Desde aquí, y tomando como base la posición asumida por los empleados institucionales, se muestra un empoderamiento claro del discurso institucional que somete al trabajador (institución), quien asume “comportamiento práctico y, además, participa de ciertas prácticas reguladas, que son las del aparato ideológico del cual ‘dependen’ las ideas que él ha elegido libremente, con toda conciencia, en su calidad de sujeto” (Althousser, 1975), en este caso, participante de la institución.
   En este sentido, “el poder de los grupos dominantes puede estar integrado en las leyes, las reglas, las normas, los hábitos e, incluso, en el consenso general” (Van Dijck, 2016, p. 207), lo cual invalida “al otro” que está construido fuera de la norma; es decir, fuera del poder.
4. La interpretación: Según Fairclough y Wodack (2000), el discurso es interpretativo y explicativo; se lo puede entender no solo desde la temática específica, sino desde las formas de actuación; en palabras de Van Dijck (2016), “la toma de turnos en la conversación, los recursos retóricos y las estructuras narrativas (entre muchas otras estructuras discursivas) pueden ser controladas por miembros de grupos poderosos, profesionales, organizaciones o instituciones” (p. 207), lo que en la estructura propia de la CAL condiciona las posiciones del otro, bajo regulaciones y sometimientos propios del espacio. Por ejemplo, se evidencia la permisión de intervenciones comunitarias al finalizar la reunión, lo cual guarda una intencionalidad, más allá de un orden.

Las formas de administrar poder en los escenarios de “participación” gestionados por la institucionalidad pueden ser imperceptibles en comunidades cuya base y cuya formación política no sean muy definidas. Para el caso específico de los participantes de la cal de Ciudad Bolívar, cuya es voz es reconocida por las resistencias sociales libradas en y por el territorio, la transformación del espacio se ubica en relaciones de constante tensión.

Territorios golpeados, saqueados, burlados —respecto a lo ambiental, pero no solo desde allí— pueden sustentar parte de estos vejámenes en la imposición de un discurso normativo, legislado, imperativo, que no permita la construcción participativa del espacio. La construcción de este discurso burocrático se apoya en las figuras universales de creación institucional.

A su vez, el discurso anterior alimenta las voces de la resistencia que compromete la organización política y democrática comunitaria, como una forma de responder en y por el territorio. De esta forma, el discurso de las resistencias aparece, como lo plantea Foucault, posibilitando la conformación de tensiones frente a la imposición del poder institucional, tanto público como privado, lo cual se apoya en las intervenciones de los líderes que plantean discusiones precisas y argumentadas.

Así mismo, el análisis responde a imaginarios mal sustentados, que dibujan a las comunidades desde el sentido asistencial. Lo que descubre la investigación es que las necesidades materiales no son enunciadas con fuerza en las cal: antes bien, se las puede tornar como peticiones de quinto grado. Contrario a ello, las exigencias y las solicitudes corresponden a procesos, a información omitida, a veeduría de proyectos inconclusos y a respuestas ante malos procesos y malas prácticas realizadas desde lo ambiental. Lo anterior da cuenta de la organización política comunitaria que discute en torno a otros discursos que trascienden lo material.

Finalmente, el discurso que se maneja desde la institucionalidad plantea escenarios de cambio, transformación y desarrollo, que desde lo ambiental pueden trasgredir los ecosistemas. Sin embargo, al tornarse desde agentes externos, que suponen miradas territoriales, silencian, en primer plano la voz de la naturaleza y, por otro lado, desconocen realidades de lo local silenciando también a la comunidad. Lo anterior se reafirma en proyectos urbanísticos sobre los humedales o la explotación de la tierra que compromete ecosistemas a lo largo y ancho del territorio.

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