Aunque el calendario electoral oficial establece que sólo hasta el próximo 31 de enero de 2026 inicia formalmente la campaña a la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia, que el plazo para inscribir candidaturas será hasta el 13 de marzo del mismo año, y que la elección se realizará el 31 de mayo siguiente, en la práctica el proceso electoral ya arrancó.   

Este inicio tan anticipado se da porque, en parte, el país político -tanto en el gobierno como en la oposición- acordó tácitamente -incluso desde finales de 2024- pasar por alto las normas al respecto y trasladar las disputas por la estancada agenda reformista a un escenario en el que cada uno cree que se podrá imponer ante su contraparte. Además, las actividades de los aspirantes también se han intensificado tempraneramente, porque desde el 31 de mayo pasado se abrió la posibilidad de registrar comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, lo que implica que quienes opten por esta ruta pueden iniciar la recolección de firmas para demostrar su apoyo ciudadano y para, en la práctica y sin eufemismos, alargar el período en el que pueden hacer campaña. En todo caso, las consultas internas e interpartidistas también permiten extender en la práctica el período de exposición pública y difusión de sus aspiraciones presidenciales de quienes toman el camino de buscar el aval de los partidos.  

Así las cosas, algunos llevan entonces varios meses en “tareas pre-electorales” y en el sonajero se pueden contar varias decenas de aspirantes de todas las corrientes, regiones, sectores, partidos y orillas del espectro ideológico. Como se dice popularmente, “hay de todo como en botica”. Por ahora, aunque Bolivar, Vicky y Fajardo se destacan sólo un poco por encima del resto,  lo cierto es que la gran mayoría de la intención de voto se mantiene muy dispersa entre tantas opciones, por lo que el panorama sigue bastante abierto a nuevas candidaturas o a que las alianzas o coaliciones catapulten alguna de las ya existentes.   

Además del inicio prematuro, la carrera presidencial fue sacudida por el terrible atentado contra el senador y pre-candidato Miguel Uribe Turbay.  Este suceso de violencia política provocó el rechazo general y una oleada de llamados a bajar el tono de la enconada confrontación política y social. En este contexto, el proceso electoral que ya está en marcha presenta numerosos desafíos que nos involucran a todas y todos. Al menos cinco (5) grandes retos sobresalen en el escenario descrito: 

1. Rodear el proceso electoral promoviendo la confianza en la organización, el desarrollo y los resultados de las elecciones.  

¡Sin duda el más importante de todos! Ello es así, porque, superadas todas las tensiones y contradicciones -que seguirán existiendo-, es de la confianza en el manejo del proceso electoral que depende en buena medida la legitimidad misma de sus resultados. Por ello, que gobierno y oposición acepten dichos resultados, sean los que sean, permitirá una transición algo menos turbulenta y ayudará a disipar, tanto el delirio opositor con la posibilidad de extender el período del actual presidente, como la paranoia gobiernista sobre un establecimiento que buscaría evitar su proyecto reformista a toda costa. Los actores políticos deben actuar responsablemente y no sembrar dudas al respecto, por lo que deben reiterar públicamente su respaldo a la Registraduría y su confianza en un proceso que, más allá de todas las mejoras deseables, tiene protocolos claros, mecanismos de seguridad y verificación robustos, y es reconocido por su fiabilidad nacional e internacionalmente.    

2. Seguridad de candidatas y candidatos de todas las corrientes y regiones.  

Por supuesto, la confianza en el proceso también pasa por la posibilidad de todas y todos los candidatos de realizar sus actividades de campaña con la seguridad pertinente. Ello se hace más complejo considerando el mencionado atentado contra el pre-candidato Miguel Uribe Turbay y que, -a pesar de que este hecho criminal recuerde la violencia de las décadas de los 1980s y 1990s -marcadas por magnicidios de candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro León Gómez y Álvaro Gómez Hurtado-; lo cierto es que la violencia política en el país nunca ha desaparecido. Como explican los colegas del Observatorio Cali Visible de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, aunque en el primer cuarto del siglo XXI se ha presentado una notable reducción de la violencia política, en el 28% de los municipios del país aún persiste el riesgo por violencia en las elecciones; en territorios como Bogotá, Guaviare, Arauca, Caquetá y Cauca los niveles de riesgo son extremadamente altos, y recientemente esta violencia ha afectado especialmente a lideres sociales, ambientales y firmantes del acuerdo de paz. Por ello, y considerando que la carrera por la presidencia estará acompañada por la propia campaña al Congreso de la República -cuyas elecciones se realizarán el 8 de marzo de 2026-, garantizar la seguridad de líderes locales y regionales que apoyan las campañas, o que aspiran al Congreso, es tan importante como proteger a las candidatas y candidatos presidenciales.     

3. Manejo responsable de la información por parte de las campañas.  

En medio de la turbulencia por los hechos de violencia y por la polarización política, es cada vez más importante exigir que todos los actores políticos tengan un manejo prudente, responsable y ético de la información. Para promover la deliberación democrática, las campañas deben privilegiar el debate sobre las propuestas de política en lugar de enfocarse en los ataques sobre las personas, y en cualquier caso abstenerse de promover información falsa o discursos de odio de cualquier naturaleza. Para ello, cada campaña debe incluir en sus equipos personas y protocolos que garanticen la verificación de la información que producen y difunden. Aún más, las campañas deben manejar la información bajo estándares éticos que ponderen la oportunidad y el beneficio nacional, más que el personal.  
 

4. Coaliciones y consultas interpartidistas.  

Aunque por ahora hay varias decenas de aspirantes, se espera que las opciones se vayan reduciendo razonablemente a partir de los mecanismos internos de selección de candidatos, las alianzas y coaliciones, y las consultas interpartidistas. Esto es fundamental porque, como se ve hasta ahora, un alto número de opciones puede generar una alta dispersión de preferencias y votos, resultando en un bajo respaldo y gobernabilidad de quienes se elijan. Por su parte, como mostró el proceso anterior, las consultas interpartidistas aparejadas con elecciones a congreso pueden tener un enorme impacto en los resultados de una y otra contienda.  

5. Ciudadanía informada, involucrada y capaz de deliberar con respeto por la diferencia.  

En un contexto de tensión y polarización social y política, una alta participación en las elecciones señalará el respaldo a las diferentes agendas de reforma y facilitará la transición al nuevo gobierno. Para ello, es fundamental promover el involucramiento y la participación ciudadana en todo el proceso electoral, tanto en la votación misma como en la deliberación democrática sobre las propuestas de campaña. Por ello, son de gran valor social todas las estrategias y mecanismos que contribuyan a una participación informada, crítica y propositiva. En ello tienen un especial papel las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, gremios y entidades privadas y, por supuesto, las universidades. Es precisamente con este propósito que la Pontificia Universidad Javeriana ha desarrollado el espacio denominado Colombia 2050: Propuestas de País en el que, a través de una serie de entrevistas, se busca comprender con mayor profundidad la visión y propuestas de políticas de las y los líderes nacionales, de todas las tendencias, presentes en las encuestas de intención de voto para la presidencia de la República.  

El proceso electoral que arrancó prematura y convulsionadamente nos presenta diversos retos como sociedad, y nadie esta exento de responsabilidad. Es primordial la confianza en el proceso electoral -especialmente en los resultados-, así como la seguridad de candidatas y candidatos -tanto al Congreso como a la Presidencia- de todas las tendencias y regiones. También es fundamental evitar la desinformación, las noticias falsas y los discursos de odio, por lo que campañas y candidatos deben acogerse a altos estándares éticos. Los mismos estándares y responsabilidades nos aplican a todas y todos los ciudadanos; por ello debemos asumir, entonces, el reto ciudadano de participar de manera informada y con respeto por la diferencia.