El Catatumbo, un desafío regional más que una sin salida de orden público

La situación de desplazamiento forzado en la región del Catatumbo, Norte de Santander, fruto de la confrontación entre grupos armados organizados no es nueva y mantiene una persistencia en relación al control del territorio. 

Con este control se da una regulación de los mercados ilegales, como la producción de hoja de coca y pasta base al igual que minería ilegal, flujo de divisas no legalizadas, tráfico de personas y mercado de armas cortas. Dichas situaciones ya no pueden ser adjudicadas con simplicidad a una causa determinante o un actor objetivo generador de violencia, sino a una combinación de factores de violencia en un contexto de alta importancia geopolítica regional, debido a la frontera con Venezuela y a la gran influencia en el flujo de bienes y personas en la región del Caribe colombo-venezolano. 

En efecto, al no existir un actor específico como causa objetiva, el análisis tiende a establecer una lectura que los generadores de violencia suponen una relación de cierta reticularidad compleja de intereses. Así, actores internacionales, como carteles mexicanos o miembros del gobierno venezolano, al igual que funcionarios públicos colombianos -entretejiendo intereses con los actores armados- establecen que la disputa por los recursos legales e ilegales muestran la incapacidad de respuesta del Estado ante la violación sistemática de los derechos fundamentales de las poblaciones con mayor vulnerabilidad social. 

Este microconflicto, que adquiere por sus particularidades una dinámica específica con una suerte de autonomía y dinámica sublocal propia, evidencia que la recuperación del territorio no puede realizarse por simple ocupación de la Fuerza Pública. Si bien es necesario el esfuerzo de las capacidades operacionales y tácticas de las Fuerzas militares y de Policía, para establecer presencia institucional desde su función constitucional, también se requiere de una estrategia de seguridad que debe suponer comprensiones igualmente complejas a las formas de composición y expresión de este fenómeno de violencia. 

Sin duda, la autonomía regional en el marco de una política social coordinada con el gobierno nacional, advierten que la integralidad de la gestión pública con la población vulnerada, tanto en pobreza rural y urbana, requieren el despliegue de los gobiernos locales con suficientes recursos. Lo anterior sumado a un entretejido técnico de instituciones públicas y privadas de educación superior y observatorios especializados que logren no sólo alcanzar una nueva mirada de las potencialidades regionales para la realización de estrategias sociales de desarrollo, que establezcan a esta región como un gran laboratorio de paz, por medio del consenso de la diversidad de los involucrados y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Estado, como una verdadera gobernanza para la paz y el posconflicto en Colombia. 

*Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Universidad