“Me convertí de la noche a la mañana en una persona que no tenía derechos”: Jennifer Ohep Garzón

Historia de un proyecto de investigación que ayuda a comprender y atender las consecuencias de la pérdida de la nacionalidad de las personas retornadas desde Venezuela.

Por medio de las redes sociales Jennifer Ohep Garzón, venezolana hija de colombianos, conoció historias de personas a quienes les habían cancelado su cédula de Colombia. “Por incertidumbre y consejo de una amiga, decidí revisar la página de la Registraduría; ahí me topé con el peor de los señalamientos: en ese momento mi cédula se encontraba cancelada por “falsa identidad”. Lo más difícil de la situación fue ver cómo el gobierno nunca se pronunció y el registrador señaló y juzgó”.

Esta es la historia de más de 40 mil venezolanos, hijos de colombianos, que debido a la situación política y económica del país vecino decidieron venir a Colombia a construir un nuevo proyecto de vida, demostraron cumplir los requisitos para obtener la cédula colombiana y, luego de obtenerla, de un momento a otro pasaron a ser “indocumentados”.

Los abuelos de Jennifer a inicios de los 70 decidieron emigrar a Venezuela con tres hijas, una de ellas su mamá, quién creció e hizo toda una vida en ese país. En 2016 Jennifer decidió venir a Colombia. “Realicé todo el proceso únicamente con mi pasaporte y mi nacionalidad venezolana -como lo hacen muchas personas-. Trabajé para optar por la nacionalidad colombiana a través de mi mamá. Cumplí con todos los requisitos que ellos solicitaban y el 30 de enero de 2017 logré tener mi cédula de ciudadanía, lo que me permitiría tener un trabajo formal”. 

Cuando Jennifer se enteró de que a sus conciudadanos les estaban cancelando la cédula colombiana pensó: “Por supuesto que no era para mí, que las acusaciones no recaerían sobre alguien que hizo todo correctamente y siguió todos los procedimientos para optar por la nacionalidad. Cabe resaltar que solo mi generación es la primera en nacer en Venezuela, los demás miembros de mi familia son colombianos. Pero me convertí de la noche a la mañana en una persona que no tenía derechos, porque no existía, no tenía voz. Y, por segunda vez, me estaba quedando sin patria, primero Venezuela y ahora Colombia”.

En el momento que profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana conocieron esta realidad se propusieron trabajar en el reconocimiento de las luchas jurídicas y sociales que estas personas, muchas de ellas, hijas y nietas del exilio, han llevado a cabo para recuperar su nacionalidad. 

Wooldy Edson Louidor, director de la Maestría en Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas, contó que “nos dimos cuenta de que la mayoría eran colombianos o que tenían vínculos con Colombia y que era una población invisibilizada, familias colombo-venezolanas que no las estaban atendiendo”. 

Para ello, se creó una alianza entre las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y la Oficina de Responsabilidad Social de la Javeriana, junto con el Servicio Jesuita a Refugiados. Estas unidades crearon el proyecto de investigación que lleva por nombre: Por la reconciliación de la Colombia dentro de Colombia con la “Colombia fuera de Colombia”: el caso de los colombianos transgeneracionales que retornan desde Venezuela.

El objetivo principal del proyecto fue comprender y atender las consecuencias de la pérdida de la nacionalidad de las personas retornadas desde Venezuela, analizando el impacto de la cancelación de los registros de nacimiento de ciudadanos colombianos de segunda y tercera generación por la Registraduría Nacional del Estado Civil en su Resolución 7300 de julio de 2021. Decisión que afectó a más de 43.000 colombianos.

El padre Juan Enrique Casas, S.J., del Servicio Jesuita a Refugiados y líder del proyecto, reflexionó sobre lo que significa ser colombiano: “una pregunta que se ha vuelto urgente en los últimos años, especialmente en el contexto que enfrentan aquellos que han retornado a Colombia desde Venezuela con obstáculos en el reconocimiento de su nacionalidad y de su identidad. Sentirse extranjeros en su propia tierra”. 

Jennifer Ohep Garzón aseguró: “cuestionemos el término “colombiano de segunda”. Los venezolanos y colombianos retornados no somos colombianos de segunda. Tenemos el derecho de permanecer, de volver y de estar como cualquier otra persona en el territorio colombiano”.

El abordaje de este proyecto consistió en la recopilación y análisis de historias de vida a través de entrevistas semiestructuradas con un grupo de 23 colombianos transgeneracionales retornados. Julia Peralta Prieto, líder del equipo de investigación, aseguró que “compartimos con ellos momentos de mucho dolor y también momentos de alegría. Desde un inicio nos propusimos abrir todas las puertas necesarias para solventar con ellos los problemas que se les estaban presentando. No fue meramente un proyecto de investigación, fue un proyecto en el que trabajamos los temas jurídicos. Muchos tenían aún problemas sin resolver y su cancelación de sus documentos de identidad. Además, se les brindó apoyo psicológico. El equipo de investigación estuvo respaldado por estudiantes”.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Juan Carlos Botero, expresó: “la cadena se rompe por el eslabón más débil, así que identificar al eslabón más débil es una de las tareas que la Universidad nos ha inculcado. Este proyecto nos cruza transversalmente, nos muestra lo que somos. Uno muestra lo que es en la manera como trata al más débil”.

Luego del trabajo de investigación, de las entrevistas, del apoyo psicológico con las personas migrantes y del trabajo jurídico, la Javeriana presentó el pasado 11 de junio los hallazgos y las reflexiones teóricas y jurídicas del proyecto ‘Por la reconciliación de Colombia dentro de Colombia’.

Uno de los hallazgos fue el que determinó que el retorno y la radicación en Colombia plantean retos que requieren respuestas coordinadas y adaptadas que garanticen una reintegración exitosa.

Además, durante el proceso la Universidad, junto con la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y Dejusticia, presentaron un documento a la Corte Constitucional donde se muestra que las medidas adoptadas por parte de la Registraduría Nacional afectaron a 41 mil personas. Esta demostración hizo que la Corte interviniera, asegurando que era un “escenario sistemático de vulneración de derechos fundamentales” y que afectó de manera especial a la población migrante.

El padre Juan Enrique Casas, S.J. dijo que “este trabajo nos ha brindado una mirada profunda y conmovedora sobre las vidas, porque no se trata de números; se trata de rostros, de nombres propios, de historias, de anhelos y de futuros y de estas personas colombo-venezolanas que han experimentado el desplazamiento forzado, la discriminación y la violación de los derechos fundamentales. Desde el dolor de la xenofobia hasta la lucha por los derechos por su nacionalidad colombiana, estas personas han representado desafíos, pero su determinación, resiliencia y búsqueda de paz y justicia, resultaron para todos nosotros inspirador”.