A la memoria de Alfonso Patiño Rosselli, abogado javeriano, promoción 1945   

El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 a. m., la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sesionaba para discutir la demanda de inconstitucionalidad contra el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos (Ley 27 de 1980). Los magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y Alfonso Patiño Rosselli —este último, presidente de la Sala— debatían sus ponencias. Era la única sala reunida ese día. Los hechos que siguieron abrieron una herida que, cuarenta años después, no cicatriza.  

Durante más de veintiocho horas, Colombia presenció el horror de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un ataque no solo al edificio sino al corazón mismo de la democracia. Entre 1979 y 1991, “aproximadamente un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron un atentado”, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Rochela vs. Colombia, 2007). El Palacio fue el episodio más brutal de un exterminio sistemático del poder judicial. 

Un año antes, en 1984, el Consejo de Estado había advertido lo impensable. Los consejeros Betancur Jaramillo y Low Murtra escribieron en un salvamento de voto: 

“Nos acostumbramos a leer el texto constitucional recortado y a menudo creemos que las autoridades están solo para proteger, pero no para ser protegidas. Por eso tal vez, y porque nuestro poder judicial goza de un inmemorial complejo de inferioridad, a nadie se le ocurre pensar que un juez merezca o necesite protección.” 
(Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de junio de 1984, C. P. Bernardo Ortiz Amaya, Exp. 11.014). 

En 2010, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia publicó su informe final, una reconstrucción de lo innombrable. Documentó el vacío de los desaparecidos y la secuencia de una violencia narrada como daño colateral en defensa de la democracia. El país heredó entonces un perdón sin verdad. La Corte Interamericana, en la sentencia Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia (2014), fue categórica: hubo responsabilidad del Estado no solo por omisión, sino por acción directa y aún hoy, la mayoría de hechos continúan sin ser esclarecidos.  
 

El sinsentido de lo ocurrido aún duele, se filtra en la piel, se instala como silencio en las conversaciones cotidianas. 

Las políticas de memoria —como la Ley 1056 de 2006, que declaró el 6 de noviembre Día Nacional del Derecho a la Vida— constituyen un gesto necesario, aunque insuficiente. La memoria no se archiva: se activa con preguntas. Desde Gwangju, Han Kang formula algunas que también nos conciernen: ¿qué significa ser humano?, ¿Qué debemos hacer para no dejar de serlo?, ¿cómo resistir el horror de vernos sólo como cuerpos sin alma? 

El Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y la Comisión de la Verdad han mantenido vivo ese esfuerzo. En 2021, por ejemplo, la exposición Huellas de desaparición, fruto de la alianza entre la Comisión y Forensic Architecture, nos obligó a mirar —en tres dimensiones— lo que preferimos olvidar: que la justicia puede arder en cuestión de horas. 

“Todos somos responsables de todos”, escribieron Betancur Jaramillo y Low Murtra en su salvamento de voto. Su advertencia no era retórica: proteger a quienes imparten justicia, cuestionar las violencias y construir memoria son tareas políticas y colectivas. 

Cuarenta años después, el Palacio sigue interpelándonos. La pregunta no es si recordamos, sino qué hacemos con ese recuerdo. 

“¡Que cese el fuego!”, clamó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sus palabras aún retumban. Que cese el fuego en Colombia, porque allí donde las armas gobiernan el cuerpo y la memoria, la víctima principal somos nosotros mismos.