La pregunta que surge entonces es, ¿Cómo garantizar un derecho a la educación superior de calidad, que sea equitativa en el acceso y permanencia de mujeres diversas?

Karen Rodríguez Spell

Politóloga egresada Universidad Javeriana, Magister en Política Social Internacional del The London School of Economics

Profesional del Programa de Inclusión y Diversidad

Si bien como sociedades hemos avanzado cada vez más en el cierre de brechas de género del sistema educativo, especialmente en el acceso y matriculación de niñas, jóvenes y adultas a todos los niveles de educación (primaria, secundaria y superior), las barreras para permanecer y culminar los procesos educativos, continua como una tarea que concierne no solamente a las instituciones gubernamentales, sino a las mismas instituciones de educación, las familias y el estudiantado. 

Dentro de las barreras de acceso, permanencia y culminación de la Educación Superior persisten estructuralmente problemáticas asociadas a las violencias de género y discriminaciones, que pasan por comentarios sexistas y discriminatorios recibidos dentro y fuera de las aulas; roles de género en relación a las carreras o disciplinas académicas que son “para hombres” o “para mujeres”; preconcepciones del equipo docente frente a las capacidades y competencias de las mujeres; las exigencias diferenciadas a nivel académico; situaciones de acoso y abuso en las Instituciones de Educación; lenguajes y culturas que privilegian lo masculino; mayor deserción de los programas académicos por parte de las mujeres; embarazos no deseados; relaciones de pareja violentas; poca representación de mujeres en la ciencia; menores oportunidades de estudio a madres cabeza de familia, mujeres adultas y adultas mayores, entre otras. Ahora bien, ser una mujer transgénero, lesbiana, bisexual, migrante, indígena, afrodescendiente, joven, con discapacidad, y demás, desde una perspectiva interseccional, evidencia un aumento de las barreras en el acceso y la permanencia en la educación que se viven de manera simultánea al tener experiencias identitarias que son objeto de discriminación y exclusión. 

La pregunta que surge entonces es, ¿cómo garantizar un derecho a la educación superior de calidad, que sea equitativa en el acceso y permanencia de mujeres diversas? Si bien desde lo normativo, distintas convenciones internacionales, foros, conferencias mundiales, convenios y declaraciones en torno a los derechos de las mujeres, la eliminación de la discriminación racial y discriminación contra las personas con Discapacidad, la educación superior, y las violencias de género están puestas sobre la mesa, el quid del asunto sigue estando en la cultura y los patrones históricos sexistas e inequitativos profundamente arraigados en las cotidianidades de las relaciones humanas que han logrando permear los espacios dentro y fuera de las aulas de la educación superior. 

Entonces, ¿cómo se genera esta transformación cultural e institucional? Algunas alternativas se han venido trabajando en distintas universidades, al contar, por ejemplo, con políticas de educación inclusiva con enfoques de género y diferenciales que sean parte de los procesos misionales de las universidades, donde además se ha demostrado que estas políticas impactan de manera positiva los procesos de acreditación de alta calidad y el reconocimiento de las universidades en rankings internacionales. Otras opciones implican identificar las múltiples desigualdades que se presentan en los espacios universitarios y consolidar estrategias para tener ambientes educativos y laborales seguros, libres de discriminación y respetuosos de las diversidades. Sin embargo, cabe resaltar que, las transformaciones culturales son procesos de largo aliento, por lo cual, se promueve que equipos de apoyo, docentes, administrativos y directivos generen capacidades en sus respectivos roles para eliminar, prevenir y sancionar las violencias y discriminaciones que puedan ser identificadas en estos espacios educativos. En resumen, estos procesos implican ajustes y adaptaciones que necesariamente implican revisar los presupuestos, el talento humano, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la innovación e investigación, las comunicaciones y los servicios ofertados a la comunidad educativa universitaria. 

Para terminar, en la Pontificia Universidad Javeriana, desde hace más de 8 años de manera constante se viene trabajando en la consolidación del programa de inclusión y diversidad, que permite generar, como fin último, una mayor permanencia de las mujeres diversas en los procesos académicos, sin que en el transcurrir de la vida universitaria lleguen a ser víctimas de violencias o discriminaciones de cualquier tipo. Desde este programa de inclusión y diversidad se expidió en el 2023 el nuevo de Protocolo para la Prevención, Atención, Acompañamiento, Orientación y Seguimiento de Casos de Violencias y Discriminación y Violencias de género, y se consolidaron los componentes de educación inclusiva e intercultural, e inclusión social y poblacional con el animo de atender a la mayor cantidad de desigualdades y situaciones de discriminación “en razón de edad, raza, clase, origen étnico, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, origen nacional, creencias religiosas, ideas políticas, entre otras”. 

De manera optimista pero realista, se celebran los esfuerzos institucionales que contribuyen al logro de esta transformación cultural, y la vez, se mantiene un ojo crítico sobre las estructuras sociales y culturales sexistas e inequitativas que aún persisten, y que, en consecuencia, mueven a la comunidad educativa a visibilizar y actuar frente a las barreras de acceso y permanecía educativa que se presentan especialmente para las mujeres diversas.