El caso CONPI y la crítica al movimiento indígena en Colombia: aportes para repensar las luchas políticas contemporáneas

Rafael Esteban Gutiérrez Lopera

Comunicador social con énfasis en Comunicación - Educación. Miembro del grupo de investigación Comunicación, Paz - Conflicto, avalado por Colciencias en categoría B.

esteban.gutierrez@usantotomas.edu.co

Angie Lizeth Alvarado González

Comunicadora social con énfasis en Comunicación y Conflicto.

angiealvarado@usantotomas.edu.co

Resumen

Este artículo se propone explorar las dinámicas que caracterizan la movilización política de los sectores étnicos en Colombia, al esgrimir el concepto de interetnicidad para modelar hacia una crítica de la forma en que se han desplegado históricamente las luchas por los derechos de dichos sectores. El problema del Estado será recurrente a lo largo de la reflexión, pues se harán consideraciones sobre la compleja relación que este —como figura más o menos válida para efectuar transformaciones concretas— ha sostenido con los pueblos étnicos del país; se discutirá además, de manera menos formal, sobre el esquema económico global que trastorna dicha relación. Finalmente, se ofrecerán pistas para repensar los marcos conceptuales que delimitan las formas de hacer política y de agenciar políticamente desde el contexto colombiano.

Palabras clave: política, interetnicidad, movimiento indígena, Estado, identidad.

Introducción

El proyecto de investigación, desarrollado como modalidad de trabajo de grado de los autores, se propone como objetivo inicial explorar y analizar los procesos discursivos, conceptuales y metodológicos que surgen alrededor de la figura de los territorios interétnicos en el marco de la transición de las dimensiones del conflicto bélico que atraviesa Colombia con el avance del Acuerdo de Paz. La pregunta por la interetnicidad, inicialmente formulada para ser respondida sobre la base del estudio de las prácticas cotidianas que se gestan en el territorio, cobra una nueva ruta de proyección más amplia, que insta a los investigadores a considerar nuevos escenarios de análisis además del territorio, en aras de ofrecer reflexiones y discusiones más “completas” al respecto de lo que la interetnicidad implica en el contexto nacional. Rápidamente, la Coordinación Nacional de Pueblos Organizaciones y Líderes Indígenas (CONPI)1 deviene como unidad de análisis, abarcando, además del escenario que conjuga interetnicidad y territorio, otros marcos de análisis, entre los cuales conviene destacar los siguientes: interetnicidad y organización, interetnicidad y movilización, interetnicidad y representación, interetnicidad y política.

Metodología empleada

Durante todo el período de 2017/1 y la primera parte del 2017/2, un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Santo Tomás sostuvieron encuentros periódicos con algunos miembros representantes de la CONPI, donde se les permitió formar parte activa de las dinámicas de planeación y ejecución de iniciativas de la organización, además de la posibilidad de proponer nuevas rutas de trabajo que conciliasen tanto los intereses investigativos de los estudiantes y docentes, como los intereses de este sector de la movilización étnica representado en la CONPI.

A efectos de aclaración sobre el marco metodológico, conviene identificar que el lugar de enunciación de los miembros de la CONPI, en tanto que representantes de los intereses de las comunidades indígenas, no resulta ser estrictamente el mismo lugar de enunciación que asume el sujeto que es indígena pero no ha sido delegado para representar los intereses de la comunidad étnica a la que pertenece. Y este elemento interesa en demasía en lo que respecta a las reconsideraciones de las que ha sido objeto el concepto de interetnicidad en los investigadores. Resulta importante entender que el ejercicio metodológico de la etnografía no opera, en el caso de la investigación en cuestión, sobre la base del estudio de una comunidad étnica concreta, sino sobre un sector que ha sido llamado y delegado para representar los intereses políticos de dicha comunidad. El concepto de la interetnicidad que asume el proyecto no se agota en el análisis de la interetnicidad a nivel territorial, sino, en consideración del tipo de unidad de análisis, se extiende hacia el análisis de las relaciones interétnicas al interior de las organizaciones cuya actividad propende ser fundamentalmente política.

Desarrollo:

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las que anteriormente fueren llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y el reto político y social que constituye la implementación de lo acordado, la sociedad civil colombiana atraviesa un proceso de transformación del sentido de sus esferas públicas y privadas. Este marco histórico constituye la oportunidad más clara en mucho tiempo que tienen los movimientos étnicos para ser tenidos en cuenta en el reclamo de sus derechos a nivel institucional; un escenario ideal para que los sectores que representan a las comunidades de base se posicionen como interlocutores del proceso de transición. La gestión que han adelantado los miembros de la CONPI, en asociación con otras organizaciones provenientes de sectores campesinos, afrocolombianos e indígenas, ha consistido en la producción de un conjunto de propuestas y demandas al respecto de lo que comúnmente insisten en llamar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Propuestas que van encaminadas hacia la consolidación de garantías en un marco legislativo que ampare a las comunidades de estos sectores, procurando que no se vean particularmente afectadas –como se ha documentado en la historia de la guerra– por los intereses de poderes a los cuales ni ellos, ni la sociedad civil, han elegido.

Sobre la marcha de la transición nacional de la que somos objeto los colombianos, el valor de estudiar las relaciones interétnicas en los movimientos étnicos de un país que se quiere definir como pluriétnico y multicultural, está en contribuir a la búsqueda de nuevos marcos de referencia para hacer política en Colombia. Para efectos más prácticos, el propósito del texto es proponer un concepto de política que se acomode a la trama de circunstancias que caracterizan la relación entre los movimientos étnicos, las comunidades territoriales de base y el Estado colombiano, lo que nos lleva a estudiar a la CONPI como el resultado de dicha trama.

La CONPI se reconoce como una organización étnica disidente del movimiento indígena y en discrepancia política de organizaciones a quienes ellos mismos identifican como “oficialistas”, a saber, la ONIC y el CRIC. Tal y como expresan sus miembros, la CONPI nace en respuesta a la coagulación de un conjunto de demandas desatendidas y necesidades insatisfechas –producto de un problema de representación en el movimiento– que llevaron a ciertos sectores a emprender un proyecto conjunto pata tramitar sus intereses. Dentro de las principales denuncias que hace CONPI a la postura oficialista, destaca el hecho de que numerosos sectores dirigentes se encuentran distanciados de los verdaderos problemas que enfrentan las comunidades en los territorios, ya que generalmente terminan ocupándose de las mismas discusiones, postergando encuentros y aplazando la toma de decisiones concretas. Como lo expresan miembros de CONPI: “uno de los cuestionamientos que le tenemos a la ONIC es que ellos no van a los territorios, que no se está haciendo gestión, que hay una dirigencia amañanda” (J. Pascué, comunicación personal, 18 de julio de 2017). Igualmente, critican que algunos de estos líderes han sido asidos por el Estado y, por consecuencia, las discusiones en las que deberían estar directamente interpeladas las poblaciones de base, pues son los principales interesados y afectados, se están dando exclusivamente entre líderes y administraciones de orden local y/o nacional. En sus propias palabras, el problema no se lo adjudican a las organizaciones como tal, sino a los dirigentes que ostentan el poder otorgado décadas atrás por las comunidades.

Este escenario de descontento constituye las condiciones de emergencia de organizaciones como la CONPI, que expone su matriz ideológica tal que así:

(...) afrontamos el detrimento de la legitimidad de algunos dirigentes y el desvío de los principios de las organizaciones indígenas, los constantes señalamientos a comuneros, la corrupción y la cooptación de algunos dirigentes por parte del Gobierno Nacional. (…) Es importante re direccionar la posición ideológica y política de las organizaciones indígenas. Consideramos que el movimiento indígena debe construirse bajo los principios de unidad, tierra, autonomía y cultura para avanzar en la construcción colectiva para el Buen Vivir. (CONPI, S.f, párr. 2).

En suma, el caso CONPI es la materialización de una crisis de representación que actualmente sufre el movimiento indígena a nivel nacional y que fragmenta las voluntades de lucha y transformación de las condiciones de desigualdad que han aquejado históricamente a las comunidades étnicas. La tarea de los investigadores estuvo orientada por un conjunto de cuestionamientos que pretendían rastrear el lugar en el escenario ideológico y político que ocupan tanto la CONPI, como otras organizaciones relacionadas. Para dar respuesta a esta cuestión y ubicar a la organización en situación, no podemos dejar de pensar en la CONPI como parte de una voluntad más general reconocida en el proyecto indígena.

En el contexto del siglo XX, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) surge para aglutinar las voluntades, hasta entonces inconvenientemente desarticuladas, de reivindicación territorial de las comunidades indígenas y campesinas. Y los reclamos estaban orientados a extender un marco de posibilidad para recrear la autonomía y autodeterminación de las comunidades en el territorio nacional. Este tipo de reclamos, orientados hacia la autodeterminación de los pueblos étnicos, son esencialmente sugestivos para pensar la identidad política del movimiento indígena y las relaciones entre éste último y el Estado colombiano, que no ha sido capaz de integrar la totalidad del territorio nacional en el amparo de su institucionalidad, pues allí, donde no tenía presencia el Estado, rápidamente brotaban expresiones de violencia (paramilitarismo, autodefensas, subversión armada) ante la falta de un orden institucional autoevidente que se arrogase los monopolios de la fuerza, la justicia y la tributación.

Es muy común, en los esfuerzos que se han hecho por documentar el surgimiento del movimiento indígena, encontrar expresiones como las ya conocidas: autonomía y autodeterminación, junto a otras como institucionalidad indígena y poder propio. El Centro de Memoria Histórica publica en el año 2012 un compendio de textos bajo el título Nuestra vida ha sido nuestra lucha. En el texto, Pablo Tattay, a propósito del recorrido que ha tenido el proyecto indígena desde la creación del CRIC hasta la primera década del siglo XXI, explica:

No se ha renunciado, en estos cuarenta años a tener en cuenta las normas del Estado ni a exigir el cumplimiento de las obligaciones que éste tiene para con la población. Sin embargo, el acento se ha puesto en ir fortaleciendo las estructuras tradicionales con que cuentan los pueblos indígenas y en poder ofrecer una resistencia al sistema de dominación que nos rige. (Tattay, 2012, p. 52).

A renglón seguido, puntualiza:

Se trata de la progresiva construcción de un poder propio que busca no sólo integrarse en igualdad de condiciones al Estado existente, sino ir poniendo las bases, junto con los demás sectores sociales, de un nuevo país y un nuevo Estado, sin exclusivismos, con la participación de todos. (Tattay, 2012, p. 53).

Por otra parte, incumbe remitirnos a la cartilla Propuestas interétnicas de Diálogos de Paz, producida por la CONPI con motivo del Acuerdo de Paz. E interesa, entre otras razones, para responder al estudio analógico entre los presupuestos ideológicos con los que se crea el CRIC en 1971 y las redirecciones que promueven los voceros de la CONPI en la actualidad. En la cartilla que contiene las propuestas del sector del movimiento que representa la CONPI, esta organización demanda:

En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio (…). (CONPI et al, 2017, p. 6).

Tenemos aquí un aspecto sobre el cual concierne ahondar. Aspecto en el que ambos sectores, a pesar de devenir políticamente discrepantes, parecen coincidir. Se trata de la demanda por la autonomía de la que han de ser objeto las comunidades indígenas y sus autoridades, propendiendo, por un lado, por constituir un ‘poder propio’ que tome distancia frente a las relaciones del poder tradicional y los controles ejecutivos, legislativos y judiciales que pueda ejercer el Estado en las dinámicas de gubernamentalidad indígena, a propósito de su derecho de autodeterminación y autonomía, y paralelamente, por el otro lado, apelando a la responsabilidad que tiene el Estado de brindar la protección institucional adecuada a las comunidades en sus territorios, apoyar el crecimiento y mantenimiento de la institucionalidad indígena; en síntesis, que el Estado fomente y fortalezca la construcción de un orden institucional distinto, paralelo e igualmente capaz a él mismo. Y aquí hay que tener mucho tacto para pensar en las repercusiones y posibilidades reales del escenario que se nos plantea, pues las exigencias –sospechan los investigadores– están encaminadas a contraponer a un Estado vigente y de labor reprochable, con una voluntad política que entiende que su proyecto institucional ‘sin exclusivismos y con la participación de todos’, no es replicable en ese Estado, razón por la cual conviene crear un marco institucional distinto y en igualdad de potestades que sí haga posible las demandas de autonomía de las comunidades étnicas.

Pensar la interetnicidad en este escenario, aunque no riña con el propósito de fortalecer la institucionalidad indígena, sí implica, cuando menos, sospechar de que dicha institucionalidad se asuma ‘en igualdad de condiciones al Estado existente’, habida cuenta de que la interetnicidad supone tomar identidades culturales distintas y conciliar sus intereses políticos, no confrontarlos. La idea de que sobre identidades culturales distintas es posible levantar identidades políticas coincidentes es, precisamente, lo que aporta la interetnicidad al análisis, razón por la cual es susceptible de cuestionarse el argumento según el cual la autonomía de los pueblos indígenas sólo es replicable bajo el amparo de una estructura institucional indígena culturalmente distinta a la figura del Estado, precisamente porque las identidades étnicas y las nacionales no tienen por qué ser contradictorias a la hora de afrontar problemáticas políticamente comunes, y al igual que los pueblos étnicos pueden velar por los intereses de aquellos a quienes reconocen como sus ‘hermanos menores’, lo mismo puede ser, a condición de la interetnicidad, en el sentido contrario –pues la equivalencia interétnica es política, no cultural–, ya no abogando por la creación de un nuevo aparato que, sin ser el Estado, goza de potestades estatales –asumiendo de forma arrebatada que los propósitos políticos de las comunidades étnicas y de los sectores no étnicos de la sociedad civil son irreconciliables para el Estado–, sino transformando nuestros marcos de referencia políticos al interior del Estado per se. Y es que si un proyecto político requiere, para materializar sus reclamos de autodeterminación, romper relaciones con el esquema estatal y levantar una figura ‘distinta pero en igualdad de condiciones al Estado’, ese es un proyecto que no acepta la proposición interétnica de equivaler –política, y no culturalmente– el reclamo de sus derechos con los reclamos de otros sectores oprimidos de la sociedad.

Parte de la mirada reflexiva que pretenden sostener los autores está en interpretar la situación que atraviesa el movimiento étnico, y sus demandas de autonomía, desde el lugar de la sospecha. Lo cierto es que la voluntad que tiene el movimiento indígena, desde su aparición, por emanciparse del orden que proporciona el Estado, delata una posición que no es del todo estratégica, además de resultar potencialmente contraproducente, mal que nos pese, pues amenaza la supervivencia de los miembros de las comunidades indígenas que sufren las consecuencias de la desinstitucionalización estatal allí, en el territorio, y no tanto la de los sectores que forman parte de su cúpula organizativa y cuyos domicilios se registran regularmente en las ciudades más centralizadas del país y con la mayor presencia del Estado. La historia del país nos ha demostrado que la ausencia del Estado es el caldo de cultivo perfecto para la emergencia de todo tipo de conflictos violentos en el territorio, y que, en últimas, los más afectados por este desamparo institucional serán las comunidades de base. Casos como el de la población indígena Wayúu, víctima del insuficiente modelo económico desplegado en la Guajira, el caso del Alto Naya, donde el abandono de la institucionalidad del Estado ha convertido a la región en una zona de alta influencia de actores armados, donde las FARC constituían la figura más clara a la cual las comunidades pudiesen aspirar a reconocer como autoridad, o el caso de las comunidades territoriales (indígenas, afrodescendientes y campesinas) que habitan el Chocó, un referente común a la hora de hablar de desigualdades sociales y abandono estatal en Colombia, son experiencias que sugieren que el Estado –más aún el Estado colombiano– parece ser un paquete completo, cuya presencia es posiblemente censurable, pero su ausencia lo es aún más.

En ese sentido, retomando la situación de fragmentación del movimiento indígena, por lo que debería abogarse es por la reconciliación entre la sociedad civil, incluyéndose, en toda su diferencia cultural, a las comunidades étnicas y territoriales –pues la sociedad civil no es una comunidad cultural, sino política–, y el Estado de Colombia, quienes han sostenido históricamente una relación de divorcio, dando cabida a la proliferación de expresiones de violencia que se despliegan ante la ausencia de una autoridad estatal clara. Y aquí, para pensar en los valores que guían –o que podrían guiar– las luchas políticas del movimiento, la concepción gramsciana de lo que es y lo que implica la hegemonía está más viva y es más válida que nunca2; la conquista por los aparatos del Estado y por la hegemonía, como el conjunto de ideas que configuran el sentido común de las sociedades civiles, son conquistas que deben encontrarse en función de no convertirse en despropósitos.

En un escenario donde la política empieza a ser concebida como la oportunidad para disputar la hegemonía y el sentido común de la sociedad civil en su conjunto, y se reconoce que dicha disputa pasa necesariamente por la conquista de los aparatos ideológicos del Estado. La izquierda latinoamericana y los movimientos étnicos y progresistas, quienes se han convertido en verdaderos expertos y laureados en ser opositores de quienes tradicionalmente han gobernado, ahora más que nunca están llamados a la tarea de aprender a gobernar. Ya no solamente para consolidar un ‘gobierno propio’, cuya determinación actúe exclusivamente en ciertas comunidades muy particulares, sino emprender la labor de sustentar un gobierno válido para todos, y esa es una perspectiva que desborda el reclamo de autonomía del movimiento indígena. La realización de una idea como el ‘poder propio’ no se recreará, bajo el panorama planteado, como un poder paralelo al Estado e igual de capaz a él. La realización del poder propio se resuelve al interior del Estado, no simplemente exigiendo la aparición de un ‘gobierno de transición’, sino ocupándose de las labores en el aparataje estatal para crear las condiciones materiales e ideológicas que lo hagan posible, es decir, siendo parte de dicho proceso de ‘gobierno transicional’. Y de allí emerge el valor de la interetnicidad e interculturalidad; que logre construir una voluntad común donde se vean reconocidas las luchas de todos los sectores sociales. Es en este escenario donde la interetnicidad e interculturalidad importan más como valores políticos, pues el indígena debe reconocer, al igual que lo ha hecho con las luchas negras y campesinas, que las luchas de los trabajadores, de los homosexuales, de los pobres, de las mujeres, de los estudiantes, son también sus luchas.

Convendría, en ese sentido, desembarazarse de la idea de que el mayor enemigo de las comunidades étnicas es la institucionalidad estatal y volcar la mirada hacia el agenciamiento neoliberal globalizado, un modelo en el que los sectores que ocupan los lugares privilegiados de las estructuras de dominación se han insubordinado al Estado de Derecho y al contrato social, secuestrando las instituciones estatales para hacerlas operar en función de los intereses privados de minorías. Y este enemigo ha demostrado que no se vendrá abajo con el aglutinamiento de voluntades antiestatistas y subalternistas que reclamen autonomía frente al Estado3.

Reflexiones finales

Frente a las consideraciones que surgen a partir de la crítica contenida en el texto, un apartado conclusivo sólo podría ser una apartado propositivo, y los autores están interesados en aportar a la construcción de un marco conceptual de la actividad política que sirva como referente regulativo dispuesto para su apropiación por parte de los sectores organizados del movimiento indígena de Colombia y de otros sectores comprometidos con la causa política por dignificar sus condiciones de vida. De tal modo, entendemos por política la actividad mediante la cual los sujetos construimos nuestras condiciones sociales e históricas de posibilidad. La actividad política nos permite mediar en las relaciones de poder que envuelven nuestra cotidianidad, para abogar por que estas relaciones de poder no se conviertan en relaciones de dominación.

Teniendo en cuenta la incursión respecto de la concepción que tienen ciertos sectores políticos del movimiento indígena sobre la figura del Estado, interesa rescatar la idea de que el Estado resulta ser, no la única fuerza, pero tal vez sí la más capaz para hacer frente, cuando menos como frente defensivo, al que ya hemos identificado como el verdadero enemigo de las comunidades territoriales de base, aun considerando que en la mayoría de los casos en el continente –por no decir en el globo– el Estado se encuentra supeditado a su voluntad: a falta de un nombre mejor, hemos dado en llamarle neoliberalismo a este enemigo que eleva el poder a una instancia incluso mayor que la que ocupa el Estado y que convierte a las instancias democráticas en las maquinarias que le legitiman socialmente.

Por otra parte, frente a la fragmentación que sufre actualmente el movimiento indígena, resaltar la idea de que se trata de una polarización que no ha sabido contribuir a la evolución política de las organizaciones que conforman al movimiento y representan los intereses de las comunidades territoriales. No se ha encontrado aún, en la cúpula política del movimiento, la forma para hacer de la polarización un escenario funcional para el surgimiento de, en palabras de José Pascué, “una política diferente que unifique”, esto es, la movilización política en torno a una voluntad común, capaz de abanderarse en las luchas, las inconformidades y los intereses de las mayorías y recoger en su seno la confianza política del otro, ese otro que, a pesar de no ser indígena, también se encuentra asido del lado equivocado de un sistema de desigualdades, lo que nos lleva a pensar en la siguiente consideración: la disposición para entrar en el juego por la construcción de mayorías. La construcción de mayorías se resuelve en la capacidad que han de tener los sectores políticos de la sociedad para ofrecer a las poblaciones un relato explicativo de la realidad social que se sienta tan cercano, incluyente y compatible con la cotidianidad como para lograr el encuentro entre diversos sectores de la sociedad, incluso aquellos cuyos intereses primordiales puedan parecer irreconciliables, y, al mismo tiempo, tan legítimo, aceptado y fortalecido como para desvirtuar la existencia de otros relatos posibles, a condición, incluso, de engullir en su propia explicación otras explicaciones, es decir, de obligar al antagonista a readaptar su juego en virtud de sobrevivir en el terreno ideológico que se ha construido4. Cabría preguntarnos quién ha construido el terreno ideológico al cual nos vemos instados a adaptar nuestro juego; cuál es el relato más ‘sólido’, cercano y legítimo que estructura nuestra realidad actualmente. Esto no es otra cosa que la descripción de cómo opera la disputa por la hegemonía, donde la política es el terreno de lucha más significativo –pero, nuevamente, no el único terreno–.

Por último, y más que como conclusión, lo que se enuncia debe servir como incentivo –o como provocación–, reconocer que las condiciones de posibilidad de quienes se han conformado con ser opositores frecuentes de los gobiernos más tradicionales, están siendo configuradas desde el Estado por ese mismo conjunto de minorías a las que se oponen, pero que, no obstante, han sabido reconocer cuál es el valor que se contiene en el ejercicio de gobernar. Y es que si algo ha de reconocérseles a aquellos a quienes hemos dado por llamar élites o casta, es que han asumido, con todas las contraindicaciones que puedan ser sugeridas, la tarea de gobernarnos. Y bajo la urgente necesidad de que los sectores progresistas de Latinoamérica aprendan a ser gobierno, se comprende la demanda por reconciliar la relación entre el Estado y la sociedad civil.

Referencias

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CONPI (s.f.). Quiénes somos. Recuperado de: https://www.conpicolombia.org/p/quienes-somos.html

CONPI, Poder Ciudadano, MASEAQCH, FEDEMICHICÓ, CONPAZ y CONAFRO. (2017). Propuesta Interétnica de Diálogos de Paz. [Folleto].

García, N. (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Recuperado de: https://teoriasantropologicasucr.files.wordpress.com/2011/05/garcia-canclini-nestor-diferentes-desiguales-y-desconectados-mapas-de-la-interculturalidad.pdf

Gobierno de Colombia (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Colombia. Recuperado de: https://www.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/acuerdo-final-habana.pdf

Gramsci, A. (1984). Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Jaramillo, E. (2011). Los indígenas colombianos y el Estado: Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad. Recuperado de: https://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0558_libro_los_indigenas_y_el_estado_2011_COMPLETO.pdf

Laclau, E. y Mouffe, C. (2006). Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Recuperado de: https://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/laclau_hegemonia_estrategia_socialista_3.pdf

Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

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