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Avances, problemáticas y retos de los lugares de memoria en Latinoamérica

Mónica Álvarez Aguirre1

Resumen

Los lugares de memoria confrontan problemáticas y retos similares a la construcción de la memoria histórica. Estos requieren que las víctimas, sus familiares, las comunidades locales y la sociedad en general hagan parte de su reconstrucción y de políticas gubernamentales que garanticen el derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria y a la no repetición. La preservación de los lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la creación de lugares de memoria permiten materializar ese derecho a la verdad; así, los Estados deben crear un marco jurídico para su funcionamiento, gestión, sostenibilidad, acceso y amplia participación de la sociedad. Las acciones realizadas por la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria (RCLM) buscan evitar políticas que niegan, revisan o cambian compromisos establecidos en comisiones de verdad, acuerdos de paz o instancias del derecho nacional e internacional.

Palabras clave: políticas, redes, derecho, preservación.

Los lugares de memoria confrontan problemáticas y retos similares a la construcción de la memoria histórica, en cuanto, para que estos operen, requieren que las víctimas, sus familiares, las comunidades locales y la sociedad en general hagan parte de su reconstrucción, y de políticas gubernamentales que garanticen el derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria y a la no repetición. El derecho a la verdad, además de la dimensión individual, tiene una dimensión social o colectiva, ligada con el derecho de los pueblos a conocer su pasado, por medio de una memoria histórica que cimienta su futuro. Esta verdad no es solo burocrática o formal, como la verdad judicial. Sin el apoyo de políticas gubernamentales se corre el riesgo de que los derechos a la memoria y la verdad “no se incorporen a los contenidos que se transmitirán a las futuras generaciones, quedando fuera de la memoria histórica nacional” (Edelman, 2002). En este sentido, la preservación de lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y la creación de lugares de memoria permiten materializar ese derecho a la verdad. El Estado debe crear un marco jurídico para su funcionamiento, gestión, sostenibilidad, y un amplio acceso y participación2 de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, con el fin de evitar la construcción de una memoria oficial.

La memoria permite organizar las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y en esta medida se convierte en un espacio ideológico en el que se confrontan diversas versiones de ese pasado. Estas visiones determinan identidades, porque a través de ellas se pueden restituir acontecimientos, espacios, prácticas que han sido importantes para la vida en comunidad y que pueden revitalizar los tejidos de solidaridad y pertenencia. La memoria, además de ser un recurso cultural, es un instrumento retórico, ideológico y político, el cual se puede utilizar para ejercer el poder, para criticarlo y cuestionarlo, o para generar formas de resistencia frente a él.

La memoria no se opone al olvido, porque es imposible recordarlo todo; sin embargo, existen políticas de olvido intencional o ejercido, de silenciamiento, de negación; estrategias de evitamiento, por medio de las cuales se busca que no se conozca la verdad. Estas estrategias se encuentran fundamentadas en formas de representación elaboradas desde una única perspectiva, a una escala que no permite ver los detalles o las relaciones, bajo criterios de análisis que determinan qué es relevante y su nivel de relevancia. Los lugares de memoria han buscado oponerse a esas formas de olvido, por medio de las cuales se genera la inercia, la indolencia, el acostumbramiento y la indiferencia de una sociedad frente a las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido un grupo específico.

Los lugares de memoria cuestionan los agentes y criterios selectivos que, por medio de museos, calendarios, monumentos y formas de nombrar los espacios públicos, han determinado qué debe ser valorado, transmitido y perpetuado dentro de todos los elementos que componen la cultura. En este sentido, Walter Benjamin (2008) afirma en su VII tesis sobre el concepto de historia que “no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo de barbarie”, ya que por medio de ellos se ha contado la historia de los vencedores, y por eso considera necesario “cepillar la historia a contrapelo”.

La diversidad de los espacios de memoria: sitios históricos, museos, memoriales, archivos, organizaciones territoriales o redes locales, centros de investigación de derechos humanos, galerías, jardines, permite que el visitante se impresione, más que con los objetos mismos, con el proceso que los produjo, porque en ellos se resalta cómo en la cotidianidad las comunidades han buscado formas para contar lo que les ha pasado por medio de sus propios lenguajes; porque la memoria no solo sirve para contar el dolor, sino para recuperar los saberes, el territorio y los seres que lo habitan.

La memoria es por antonomasia un antimuseo, porque de ella hacen parte no solo objetos, archivos, espacios testimoniales, sino las mismas prácticas sociales. Por esta razón, muchos de los lugares de memoria en Colombia se han convertido en una especie de circuito que recorre los muros usados antes como pizarras para dejar mensajes amenazantes y ahora en murales en los que se plasman los saberes de una comunidad; los talleres de las tejedoras, de los artesanos; los espacios en los que se han recuperado la palabra y el encuentro con los demás.

Los lugares han sido impulsados por comunidades, por víctimas directas o por sus familiares, comunidades cristianas de base, activistas y militantes de derechos humanos, agrupaciones de exprisioneras y exprisioneros, familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, y otros actores sociales que fueron afectados por hechos de violencia, quienes han asumido esta tarea como parte integral del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y el establecimiento de medidas estructurales que garanticen la no repetición. En ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece:

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. (Naciones Unidas, 2005)3

Dentro del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la memoria no está establecido con claridad, y las políticas existentes en Latinoamérica se concentran en los países del llamado Cono Sur. Estos han desempeñado un papel importante en los procesos de reforma y democratización de instituciones responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Establecer la memoria como patrimonio cultural o histórico de un pueblo es importante para garantizar la preservación y seguridad de los lugares y archivos, pero es necesario dar claridad sobre las medidas que deben seguir los Estados para evitar tesis que nieguen los efectos de actuaciones pasadas en el presente y contra patrones de persistencia de graves violaciones a los derechos humanos. Más que del olvido, los lugares de memoria buscan curar a una sociedad de la amnesia colectiva.

Avances de los lugares de memoria

Como parte de los avances de los lugares de memoria se han conformado redes que permiten generar intercambios de experiencias, coordinación de políticas, investigaciones sobre temas específicos y procesos de denuncia frente a amenazas o ataques. En Latinoamérica existe desde el 2006 la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac). La Reslac está integrada por 66 espacios de memoria en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Hace parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.

La Reslac participó en el proceso de consultas del Mercado Común del Sur (Mercosur) en el 2012 con el fin de elaborar unos principios fundamentales para las políticas públicas sobre los sitios de memoria. Y en el 2017, frente a la recién creada Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó un documento que recoge las problemáticas, los avances y los retos de los lugares.

En Colombia, desde el 2015 existe la Red Colombiana de Lugares de Memoria (RCLM). La Red está integrada por 27 lugares de memoria de origen de las comunidades y 3 del Gobierno, y hace parte de la Reslac. En ella se reúnen comunidades indígenas, negras, campesinas y urbanas, quienes empezaron a hacer memoria en medio del conflicto con los objetivos de proteger lugares y territorios de memoria en Colombia; propiciar una política pública de memoria que permita la participación, autonomía, sostenibilidad y seguridad (PASS) de los lugares de memoria, y que la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y del futuro Museo Nacional de Memoria estén conformadas en un 70 % por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, la academia y los lugares de memoria.

La Reslac se ha convertido en un espacio primordial, porque es por medio de las situaciones específicas que viven los lugares como se hace evidente que los trabajos de la memoria van más allá de periodos de justicia transicional, pues las condiciones sociopolíticas que han generado las violaciones a los derechos humanos pueden repetirse si una sociedad y el Estado, tal y como se mencionó antes, no se comprometen con su no repetición.

Problemáticas de los lugares de memoria

Los riesgos de los lugares de memoria en Latinoamérica y el Caribe se profundizan en periodos de cambios políticos en los que grupos de poder identifican la memoria como una amenaza para sus intereses económicos y políticos. Estos grupos empiezan a implementar políticas que niegan, revisan o buscan cambiar compromisos establecidos, como producto de recomendaciones formuladas por comisiones de verdad, acuerdos de paz o de su participación en instancias del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, que son el sustento para el establecimiento de políticas públicas y programas estatales en esta materia. Entre las principales problemáticas se encuentran:

1. Ausencia de iniciativa estatal.

   Existen Estados que no han reconocido las graves violaciones a los derechos humanos que padecen o padecieron sus comunidades, entre ellos están México, Haití y República Dominicana. No existe una política pública de memoria, y los procesos son realizados por organizaciones privadas por medio de trabajo voluntario, donaciones o de fondos internacionales, que se reducen en contextos de crisis económica y de proliferación de conflictos a escala mundial.

   La ausencia de iniciativa estatal también dificulta el trabajo, no solo por la financiación, sino por el desconocimiento de un conflicto, de las comunidades afectadas y porque muchas veces las organizaciones son estigmatizadas o su capacidad de incidencia es reducida. A pesar de esto, el trabajo que realizan las organizaciones es fundamental, porque recogen, protegen y publican información que está en peligro de ser borrada o destruida. Esta información se convierte en material probatorio para procesos posteriores, como comisiones de la verdad, o para la presentación de casos en instancias nacionales o internacionales.

2. Financiamiento y garantías de sostenibilidad.

   La falta de presupuesto o su disminución por parte de los Estados afecta la creación, sostenimiento y consolidación de los lugares de memoria, y el derecho de las comunidades a conocer su pasado. Países como Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Brasil están sufriendo una reducción en los presupuestos debido a los cambios políticos en los diferentes niveles de gobierno. En El Salvador y Guatemala, la reparación integral se ha reducido a lo económico y su alcance es muy limitado.

   Los museos o espacios comunitarios promovidos por organizaciones de base en los territorios de México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Perú funcionan muchas veces con participación voluntaria de personas que aportan su tiempo y sus propios recursos. En otros casos acuden a ayuda internacional, pero para algunas organizaciones de base es difícil acceder a ellos.

3. Vaivenes en las políticas oficiales.

   Los cambios de gobierno en la región en muchos casos no permiten que los procesos se consoliden, porque se generan corrientes negacionistas o revisionistas de los acuerdos establecidos. En Brasil, con el triunfo de Bolsonaro, aparecieron discursos que reivindican la dictadura; en Perú se intervino el currículo educativo para impedir el tratamiento del periodo 1980-2000, y se amedrantó a los educadores, quienes se veían limitados para abordar las graves violaciones a los derechos humanos. Estas corrientes impulsan la creación de leyes regresivas en la región, que buscan (re)instalar amnistías, reducir penas a condenados por delitos de lesa humanidad, aplicar indultos, obstaculizar o negar acuerdos de paz y medidas de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes del conflicto.

   Para proteger el derecho a la memoria es fundamental consolidar en los espacios de memoria estructuras directivas independientes de los gobiernos. En el caso de Colombia, a pesar de la Ley de Víctimas, y el Decreto-Ley étnico 4633, reconstrucción y visibilización de la historia desde las comunidades indígenas; el Decreto-Ley 4624 referente al pueblo rom, y el Decreto-Ley 4635 para las comunidades afrocolombianas, raizales, negras y palenqueras, no está garantizado ni el deber de memoria del Estado ni el derecho a la memoria de los pueblos. El cambio de gobierno ha hecho evidente la falta de independencia de espacios tan importantes como el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque han sido postulados para su dirección personas con lecturas parcializadas y negacionistas del conflicto armado.

   Los lugares de memoria de origen del Gobierno en Colombia sufren de una gran inestabilidad en los enfoques, en la forma como entienden la participación de las víctimas, en la salvaguarda de sus archivos, entre otros, y los lugares de origen de las comunidades, a pesar de su permanencia, sufren presiones y grandes dificultades económicas para llevar a cabo su trabajo. Por esto, la participación de las comunidades debe ir más allá de la mera consulta, porque se constituye en un principio transversal a todos los derechos fundamentales, sean estos civiles, políticos, económicos, sociales, espirituales o culturales. Además, porque se busca que los saberes de las comunidades, organizaciones y personas, vulneradas en su vida y dignidad, no sean utilizados en ejercicios extractivos y tergiversadores de sus experiencias, sino que se constituyan en parte integral de la construcción pluralista de las narrativas del pasado, del presente y del futuro de las regiones y del país.

4. Ataques a los sitios de memoria y amenazas a sus trabajadores.

   Los lugares sufren ataques que van desde letreros amenazantes, como ha sucedido en Mansión Seré, en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires y Villa Grimaldi en Chile; la destrucción de espacios en sus instalaciones, como ha pasado con el Ojo que Llora, en Perú, y el Parque Monumento de Trujillo; amenazas a los trabajadores y robo de información, como sucedió con el grupo de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (UDELAR), en Uruguay, y el Centro de Acercamiento para la Reconciliación (CARE), en San Carlos, Antioquia. En otros casos hay espacios y edificaciones identificados como clave en el desarrollo de la sistematicidad represiva, que afrontan problemáticas de ocupación, falta de mantenimiento, modificación o destrucción, con lo cual se elimina su valor probatorio para la justicia.

El Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala y el Lugar de la Memoria (LUM) en Perú han sufrido la destitución de sus directores por señalamientos a los trabajos que realizan. En los lugares de origen de las comunidades en Colombia, varios de sus líderes han sido amenazados y asesinados. En Guatemala se ha impuesto el discurso de que los Acuerdos no tienen trascendencia en el presente, lo que debilita su apropiación social y la demanda por su cumplimiento.

Retos

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, por medio de su trabajo de incidencia en organismos internacionales, como la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha planteado tres puntos fundamentales:

1. La valorización y el reconocimiento por parte de los Estados de los lugares de memoria, archivos y museos como esenciales para la educación de las generaciones más jóvenes en los principios democráticos.
2. La creación de un sistema de observación y monitoreo de políticas públicas de memoria.
3. La creación de un sistema regional de alerta para prevenir y dar respuesta a situaciones de riesgo para los sitios, las organizaciones y las personas que los impulsan.

Además de estos puntos, para la Red Colombiana de Lugares de Memoria es necesaria la implementación de los Acuerdos de paz, y en especial la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, específicamente en su componente de reconocimiento a los procesos de resistencia y de reconstrucción del tejido social, porque los lugares de memoria en Colombia, que nacieron antes de la Comisión de la Verdad y en medio del conflicto armado, son esencialmente:

[…] espacios para sanar, para elaborar duelos, recuperar los saberes y el trabajo en comunidad. El encuentro con los otros en estos espacios es el que va permitiendo pasar de la memoria personal a la colectiva y a la histórica, porque se va encontrando y reconstruyendo la historia de las comunidades, de sus territorios, procesos de resistencia y construcción de paz. Hacer memoria implica la pluralidad de las voces, el diálogo e intercambio de saberes: académicos, culturales, ancestrales, éticos, espirituales, artísticos y religiosos de comunidades campesinas, urbanas, negras e indígenas de diversas zonas del país. Estos saberes se expresan en diversos lenguajes, de los cuales los más potentes son los que tienen arraigo en las comunidades. (Red Colombiana de Lugares de Memoria, 2019)

En este sentido, se convierte en un reto publicar las historias de personas y comunidades que han buscado dar a conocer la verdad sobre lo que ha sucedido, a pesar del silencio, el miedo y la estigmatización; que han recuperado espacios y tiempos de encuentro, como la plaza, el parque, la cancha, la casa, el árbol de tamarindo, el camino; que han construido y preservado sus archivos y lugares de memoria. En ellos se hace evidente cómo la ciencia moderna ha dejado de lado muchas alternativas: agentes, conocimientos, proyectos; alternativas que no llegaron a ocurrir, silencios y aspiraciones impronunciables; alternativas que ocurrieron, pero que no fueron reconocidas o tenidas en cuenta como residuos; silenciamientos, epistemicidios y campañas que han trivializado o marginado los saberes de las comunidades. En los lugares de memoria se reconoce la tragedia, pero también se cuenta la epopeya de una sociedad que entiende la importancia de escribir su propia historia.

Referencias

Benjamin, W. (2008). Sobre el concepto de historia. En W. Benjamin, Obras Libro I/Vol.2 (p. 309). Madrid: Abada Editores.

Edelman, L. (2002). Apuntes sobre la memoria individual y la memoria colectiva. En Cintras, Eatip, GTNM/RJ y Sersoc (Eds.), Paisajes del dolor, Senderos de esperanza. Salud mental y derechos humanos en el Cono Sur. Buenos Aires: Polemos.

Mercosur. (2012). Principios fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria. Buenos Aires: Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

Naciones Unidas. (2005). Principios de Naciones Unidas contra la impunidad. Recuperado de https://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contra-impunidad.pdf

Red Colombiana de Lugares de Memoria. (2019). La Red Colombiana de Lugares de Memoria como un tejido social para la Verdad, la Resistencia y la Convivencia pacífica. Bogotá.

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