El estado ―el colombiano― se escribe con e minúscula: con la vocal pequeñita, enana, menos potente. Un estado medio ausente y medio presente: ausente porque deja morir a sus gentes, presente porque mata a sus gentes. Un estado minúsculo.
Así́ lo escriben, lo describen y analizan las cinco investigadoras ―en femenino: politólogas, antropólogas y sociólogas― del reporte Los rastros del extractivismo y la violencia en el Alto Cauca entre 1990 y 2019.
“Esta investigación es una apuesta colaborativa junto con la comunidad: mostrando unas realidades, generando unos debates, nosotras, desde la academia, analizamos, proponemos y desarrollamos miradas sobre las formas de resistir y vivir la violencia”, dice la antropóloga e historiadora María Teresa Gutiérrez Márquez, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, vinculada al Departamento de Ciencia Política y directora de la investigación.
Vivir la violencia
En junio de 2019, Gutiérrez Márquez le propuso al Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria (ORDPA) ―conformado por grupos de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario― un estudio para caracterizar la configuración del territorio de cuatro municipios del Alto Cauca (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez y Jamundí́) desde sus contextos de violencia y movilización social. La pregunta era: ¿cómo se relacionan los procesos económicos, sociales y políticos con las formas de movilización social y las territorialidades entre 1990 y 2019?
Una vez aceptada la investigación, el primer paso fue recoger información histórica en campo, escuchando a los pobladores de estos territorios. Pero llegó la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y persistía la otra pandemia: la violencia. Así́, por seguridad y salud, las investigadoras decidieron crear una base de datos con fuentes secundarias: recurrieron a la prensa y a datos y cifras oficiales sobre la violencia en esos municipios. Durante cerca de un año buscaron y organizaron noticias del Archivo Digital de Prensa del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), y con esta información construyeron una base de noticias agrupadas en categorías: contexto político, conflicto armado y delincuencia, movimiento social, calidad de vida e iniciativas de paz y memoria.
Con base en lo anterior, trazaron los casos de desaparición forzada, los asesinatos selectivos, el despojo de tierras, las masacres, los desplazamientos y, entre otros, el número de áreas de hoja de coca cultivadas y el número de laboratorios de procesamiento de hoja de coca desmantelados por la fuerza pública. Registraron las acciones bélicas de los distintos grupos armados que intervenían e intervienen en la zona: desde la guerrilla de las FARC, el ELN, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y la disidencia de las FARC, hasta grupos paramilitares como el Bloque Pacífico, el Bloque Calima, los Rastrojos, los Urabeños, el Clan del Golfo e, incluso, el Cartel de Sinaloa, de México.
Después de sistematizar los datos, definieron una base teórica que unificara el fenómeno de violencia en estos municipios. Ahí́ llegó el concepto de neoliberalismo multicultural y, con él, tres procesos que, según las investigadoras, configuraron estos territorios: el extractivismo de la industria azucarera, el extractivismo minero-energético y el narcotráfico y los cultivos ilícitos.
“Desde nuestra perspectiva, estos procesos hacen parte de un proyecto neoliberal nacional en el que existen políticas culturales de reconocimiento de identidades (étnicas, en este caso), que se enmarcan en un modelo de desarrollo económico de carácter extractivo”, se lee en la investigación: “Las comunidades negras e indígenas y sus formas de tenencia de la tierra y el territorio no ‘cabían’ en ese ideal planteado por y para la agroindustria”.
“Nosotras, desde la academia analizamos, proponemos y generamos miradas sobre las formas de resistir y vivir la violencia”. María Teresa Gutiérrez Márquez
A esa ambivalencia entre el ‘desarrollo’ y las tenencias ancestrales de las tierras de los pobladores, sobre todo indígenas y negras, se le conoce como conflictos socioambientales: una tensión por el uso de la tierra y sus prácticas. Por ejemplo, con la llegada del neoliberalismo ―que se instauró en esos territorios a mediados del siglo XX, según las autoras―, se pasó, paulatinamente, de la finca tradicional a los parques industriales; del cultivo y la comercialización tradicionales de hoja de coca a la distribución y producción masiva de cocaína; de la explotación de la tierra con fines comunitarios a la explotación de la tierra para generar ingresos a unos pocos: empresarios y multinacionales.
“Consideramos que no ha sido una casualidad la confluencia de las dinámicas de la violencia en la región con la entrada y consolidación del proyecto neoliberal al país y a los territorios”, escriben las investigadoras.
Resistir la violencia: un territorio en disputa
Este es un año más. Durante la ultima semana de enero de 2021 y la primera semana de febrero, en Cauca, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), asesinaron a un excombatiente de las FARC y masacraron a tres personas en Argelia; encontraron el cuerpo sin vida del concejal de esta población, Fermiliano Meneses, a quien desaparecieron el 15 de enero; también secuestraron a dos indígenas en Caloto; asesinaron a un líder de derechos humanos en Corinto, y a un campesino y a sus dos hijos en Inzá; secuestraron a dos extranjeros en Páez.
Y más: desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el estado colombiano, en 2016, han asesinado más de 215 lideres sociales y más de 36 excombatientes en Cauca. En 2020 fueron asesinados ―en Cauca, también― 100 personas, entre líderes y comuneros.
“En Cauca existen, actualmente, más grupos ilegales que antes… y son más pequeños, inexpertos y jóvenes”, dice Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz, “en ese sentido, estos no solo están buscando control territorial, sino, también, control social. Por eso las amenazas y los panfletos de limpieza social ―contra prostitutas, homosexuales y drogadictos―, por eso el afán para meterse en las juntas de acción comunal, por eso las masacres. Y como son tantos grupos, las comunidades no saben quiénes son: no pueden contactarlos por temas humanitarios: para la entrada de medicina a sus territorios, para no usar las escuelas como cuarteles, por ejemplo”. Y concluye: “Las comunidades hoy están con más miedo… Aquí́ no hay alianzas. Aquí́ las tienen como enemigas. Aquí́ no se puede negociar”.
Así́, la profesora Gutiérrez Márquez dice que la violencia en Cauca no es una violencia coyuntural. En otras palabras, que la violencia es un continuum: que no es cuestión ―exclusivamente― de hechos presentes ―en un momento determinado―, sino que la violencia es histórica y política: desde un pasado que se arma en el presente, con distintos actores, con distintos líderes… Pero con las mismas víctimas ―la población― y los mismos intereses: la tierra.
“El enemigo cambia las formas de exterminarnos y milenariamente nosotros cambiamos las formas de resistir”, dice Aída Quilcué, consejera de derechos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Nosotros sabemos que los intereses de los grupos ilegales y del mismo estado son territoriales. Sí, porque el estado siempre ha sido operador de las políticas neoliberales, de las políticas extractivistas, y nosotros ―nosotros― seguimos resistiendo ante su presencia y ausencia”.*
Este es un año más. Para este artículo llamé 33 veces a Luis Acosta, coordinador nacional de la Guardia Indígena. Contestó tres veces: en las dos primeras coordinamos una cita telefónica, pero en ninguna logramos conversar. Cuando contestó por tercera vez dijo, apresurado, que habían secuestrado a dos compañeros indígenas en Caloto, y que estaba en territorio buscándolos: “Entenderá por qué no he podido hablar con usted”.
Para leer más: Arrieta Frutos, F. y Boffey, G. (eds.). Hacia la reconciliación. Una mirada compartida entre el País Vasco y Colombia. Madrid: Los Libros de la Catarata.
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Los rastros del extractivismo y la violencia en el Alto Cauca entre 1990 y 2019: un problema socioambiental.
INVESTIGADORES: Lina María Ortega van Arcken, Luisa Fernanda Uribe Larrota, María Camila Jiménez Nicholls, María Teresa Gutiérrez Márquez, Natalia Abril Bonilla
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Departamento de Ciencia Política
Semillero de investigación Formalización de los Derechos de la Propiedad Agraria
PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 2019-2021
