Treinta días. El artículo 163 de la Constitución Política de Colombia establece que los trámites de urgencia de un proyecto de ley propuesto por el presidente de la República deben resolverse en el Congreso en máximo treinta días. El 20 de julio de 2020 Iván Duque radicó la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú, sin embargo, el pasado 20 de junio finalizó el periodo legislativo y el convenio no se sometió a votación, lo que significa que su ratificación se hundió en el Congreso sin siquiera estar en la agenda.
Algunos senadores como Iván Cepeda insistieron en la necesidad de incluirlo en las sesiones extraordinarias, pero no se hizo y con esto Colombia incumplió un compromiso internacional que ya había sido asumido el gobierno de Iván Duque.
Anuncio que enviaré comunicación al secretario general de la ONU, António Guterres, informando que Duque incumplió compromiso ante la Asamblea General de hacer que el Congreso aprobara el Acuerdo de Escazú. En su convocatoria a sesiones extraordinarias no incluyó esa ratificación
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 21, 2021
Recientemente, con el inicio de la nueva legislatura, y aunque ha sido en las comisiones segundas del Congreso en donde se ha discutido el acuerdo, la Comisión Quinta (a quien le competen temas ambientales) citó un debate de control político para que el Gobierno aclare qué gestiones ha hecho para ratificar el acuerdo. Sin embargo, el futuro del acuerdo en Colombia aún no es claro, pues a pesar de que la intención expresa del ejecutivo es ratificarlo, aún no hay fechas para su votación.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es la forma corta de nombrar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica y que entró en vigencia el pasado 22 de abril. Aunque lo han firmado 24 países, 12 aún no lo ratifican, entre ellos, Colombia.
#Recomendado | Documento publicado por UNICEF para conocer a profundidad el Acuerdo de Escazú, su importancia y todos sus artículos en un lenguaje sencillo 👇 #EscazúAhoraColombia https://t.co/xm9tyHIgTp @uniceflac @UNICEFColombia pic.twitter.com/qwbLw3WohO
— ForoNacionaAmbiental (@FNAmbiental) November 26, 2020
El documento plantea algunos objetivos para proteger el medioambiente y a quienes le apuestan a su conservación en América Latina y el Caribe al garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, así como a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
La propuesta también procura “la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Se trata del primer convenio regional en materia de políticas ambientales y, como lo sostiene en el prólogo del acuerdo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “tiene el potencial de catalizar el cambio estructural y dar respuesta a algunos de los principales desafíos de nuestros tiempos. Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”.
¿Cuáles son los aspectos claves?
“En principio, el objetivo del acuerdo es fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano”, explica Natalia Gómez Peña, abogada con máster en Estudios Legales Internacionales de la American University Washington College of Law, oficial de incidencia para América latina de Civicus (una organización sin ánimo de lucro dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo) y representante del público en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.
Para Gómez Peña este instrumento es clave porque sienta unas bases regionales en regulación ambiental. “Hay una gran diferencia entre los estándares de unos países frente a otros. Argentina tiene una ley de acceso a la información específica para el sector ambiental, Colombia cuenta con leyes generales de acceso a la información, pero hay otros del Caribe que no las tienen, así que es una unificación de estándares”.
Además, según Gómez Peña, el acuerdo también brinda instrumentos de cooperación internacional para facilitar la implementación y seguimiento de estos compromisos.
Más garantías para los defensores del medioambiente
En julio de 2020, el mismo mes en el que Iván Duque llevó el acuerdo al Congreso, la ONG Global Witness documentó que en 2019 Colombia fue el país en el que más defensores del medioambiente fueron asesinados: 212. Además, el Atlas de Justicia Ambiental, un proyecto que documenta y cataloga los conflictos sociales en torno a problemáticas ambientales ubica al país en el sexto lugar, con 130 casos reportados, detrás de India, Brasil, Estados Unidos, México y China.
La situación para los líderes ambientales en Colombia es alarmante pero no es menor para los otros países de la región, pues 7 de los 20 países con más casos reportados en el Atlas de Justicia Ambiental, son latinoamericanos.
“El Acuerdo de Escazú da protección a los activistas ambientales, quienes están siendo amenazados y asesinados”, explica Carlos Devia, profesor asociado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. “Este acuerdo da más garantías al acceso a la justicia ambiental porque pondría bajo la mirada internacional todo lo que sucede en términos ambientales en Colombia”.
Y es que el documento señala y destaca el papel que desempeñan aquellos que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que en ocasiones son vistos como “piedras en el zapato” del llamado “progreso”. “Muchos de los ataques a defensores y defensoras se dan en un marco de estigmatización y criminalización, donde los Estados no reconocen su rol sino que les dicen opositores al desarrollo y se les criminaliza, así que el acuerdo le hace frente a ese discurso y propone una narrativa más positiva”, explica Natalia Gómez Peña.
Para la abogada, aparte del reconocimiento de su labor, el acuerdo logra avances en términos de acceso a la justicia ambiental, pues “habla de autoridades y cortes especializadas. Este tipo de tratados, al ser ratificados, entrarían a ser parte del ordenamiento jurídico nacional, lo que hace que su cumplimento sea exigible en las cortes”.
¿Por qué no se ratificó el acuerdo de Escazú?
Principalmente porque no fue considerado por el legislativo como un tema prioritario, lo que llevó a la dilación de las discusiones y a que no se votara, aunque el presidente Iván Duque haya radicado la propuesta con mensaje de urgencia.
La Comisión Segunda del Senado, en donde se llevó a cabo el debate sobre la ley que sancionaría el Acuerdo, hacia finales del año pasado, realizó varias sesiones en las que participaron, además de los congresistas, representantes de los empresarios y colectivos ambientalistas.
En la sesión del 4 de noviembre de 2020, por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, intervino diciendo que había “comunidades que exigían la consulta previa del Acuerdo, entre ellas, comunidades afro, el Consejo Comunitario Mayor del Río Pepe, el Consejo Comunitario de Curvaradó y el Consejo Comunitario de Llanobajo”, y que por eso aún no tenía una postura de apoyo o rechazo, puesto que hacía falta una socialización del documento.
Sesiones de discusión sin votación
Desde entonces se convocaron varias sesiones en las que la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) y el Consejo Gremial Nacional, por ejemplo, han recomendado archivarlo o rechazarlo.
Las razones que expusieron pasaron desde la vaguedad en algunos términos usados en el documento hasta el argumento de que Colombia ya tiene mecanismos robustos de acceso a la información y justicia ambiental.
“Nos preocupa ese artículo (el 7.2), porque sería casi que extender la consulta previa a cualquier proyecto. Desde abrir un pozo profundo a permisos para mover tierra, eso nos generaría presión, sobrecostos y la frontera agrícola que se quiere desarrollar va a ser afectada”, intervino Carlos Eduardo Gómez, presidente de FENAVI.
El artículo reza que “cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones (…) relativos a proyectos y actividades (…) que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”. Para el presidente de FENAVI la vaguedad está en el concepto de “impacto significativo”.
Por su parte, Sandra Forero, expresidenta del Consejo Gremial Nacional, aseguró en la sesión del 23 de noviembre de 2020 que “en Colombia ya hay un marco normativo suficiente que garantiza muchas de las cosas que plantea el acuerdo, el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Eso está en el acuerdo, pero Colombia ya lo tiene”
Pero para Rafael Jaimes, de la Fundación Agenda Social para el Cambio de Norte de Santander, “es falso decir que el Estado colombiano tiene herramientas suficientes para garantizar el derecho del acceso a la información y de participación de las comunidades. En Norte de Santander es conocido el caso de la sentencia T880 que le ordenó a Ecopetrol la suspensión de la explotación mineroenergética en el pozo Álamo 1 en la comunidad del pueblo indígena motilón barí. Esta tutela se dio porque no hubo un mecanismo de consulta ni de participación que permitiera a las comunidades fijar su posición y ser consultada”.
Otra de las preocupaciones que expresaron los empresarios fue que el Acuerdo no puede tener modificaciones, así que de ratificarse, hay que suscribirlo en su totalidad. “El artículo 23 establece que no se pueden hacer reservas. No participamos, no nos notificaron y cuando levantamos la mano por la vaguedad del idioma nos estigmatizan por no querer proteger el medioambiente”, señaló el presidente de FENAVI.
¿Cuál es el paso a seguir?
Natalia Gómez Peña también es la autora del informe Colombia y el Acuerdo de Escazú, en el que detalla el proceso que duró más de ocho años. “Desde 2016, la posición de Colombia fue, generalmente, regresiva, con los argumentos de que ya tenía leyes de acceso a la información, de participación ciudadana ambiental. Hubo un artículo sobre la creación de un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento en el que se estaba pidiendo que la sociedad civil y el público pudiera mandar comunicaciones acerca del cumplimiento o no, y eso no se incluyó por países como Colombia”.
Por su parte, para el profesor Carlos Devia, “el Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta perfecta para salvaguardar intereses de orden nacional asociado a los recursos naturales que están siendo cooptados por unos pocos y de manera irregular. La mitad del país son mares, la cuarta son bosques, pero no hay un compromiso real sobre el uso adecuado de esos recursos y se están perdiendo. Los defensores de ellos se convierten en piedras en el zapato para las personas que quieren hacer usos inadecuados de esos territorios, son objeto de persecución y asesinato. Si se ratifica sería un acto muy claro del gobierno de comprometerse con la sociedad y los recursos naturales”.
La alternativa es que el Acuerdo de Escazú vuelva a ser parte de la discusión en el siguiente periodo legislativo.