Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

Del salario mínimo y la Ley de Financiamiento

Col David Suárez

La negociación del salario mínimo entre el gobierno, los gremios y los sindicatos es una ceremonia que nos recuerda cada diciembre a Nietzsche cuando hablaba del eterno retorno de lo igual: las partes llegan a la mesa con propuestas para el aumento que difieren considerablemente; luego, el gobierno presenta un balance de la economía y revela los cálculos de productividad e inflación en aras de acercar las expectativas, para, al final, dar paso a las discusiones que desembocan la mayoría de las veces en un desenlace conocido, con mayores o menores variaciones en su desarrollo: el fracaso de la negociación y la determinación del salario mínimo por decreto (algunas veces, sin embargo, las partes llegan a un acuerdo, como el que anunció el presidente Duque en días pasados: en los últimos 18 años, ese consenso se alcanzó solamente en seis ocasiones).

Para dificultar aún más el ya complicado asunto, el gobierno actual logró la aprobación en el Congreso de una nueva reforma tributaria que tiene como núcleo la reducción de impuestos a las empresas: se reduce la tarifa del impuesto corporativo y se marchita la renta presuntiva en los próximos años; se permite el descuento por pagos de IVA en bienes de capital sobre el impuesto de renta; se establece un régimen especial de tributación para grandes proyectos (mega inversiones) a expensas de revivir el instrumento de dos caras que son los contratos de estabilidad tributaria; y se establecen beneficios tributarios considerables para sectores específicos sin mayor justificación, a partir de la idea curiosa pero difusa (ahí está su peligro) de la economía naranja.

Esta reforma nunca se presentó de forma clara, y en medio del frenesí del gobierno para buscar el financiamiento de su primera lista de compras, cambió radicalmente en los últimos cuatro meses y dio para todo: en su primera versión, la ley buscaba compensar los recursos que dejan de pagar las empresas aumentando lo que pagaba la clase media en IVA, lo que de inmediato generó preocupaciones sobre su impacto en los salarios y dejó como estela iniciativas que se tramitan en el Congreso para facultar aumentos extraordinarios del salario mínimo desde el ejecutivo y primas focalizadas en los trabajadores de más bajos ingresos, que desconocen las dinámicas del mercado laboral de nuestro país y que se administrarán (de ser aprobadas) a través de un sector financiero que hace esfuerzos por acercarse a la población pero es visto con recelo por gran parte de ella.

Aunque es un hecho que las empresas en Colombia pagan en impuestos una proporción mayor con relación a los estándares internacionales, y que los niveles de informalidad rampante pasan constante factura a las dinámicas del mercado laboral, en Colombia la competencia tributaria desatinada se mezcla con el sistemático error de utilizar la productividad total de los factores en vez de la productividad media del trabajo cuando se calcula el alza del mínimo (lo que explica en gran medida las diferencias entre las propuestas de gremios y sindicalistas), deprimiendo la demanda agregada y concentrando cada vez más la carga tributaria en los trabajadores y sus salarios en favor de los rendimientos del capital y de ganancias poco estructurales y relativamente exiguas en competitividad, crecimiento económico o mejoras en los indicadores de desigualdad.

La búsqueda de la competitividad no pasa solo por ser un destino con tarifas tributarias atractivas o mano de obra barata, y el gobierno aparentemente lo sabe: el lema de la administración del nuevo presidente durante su campaña era “menos gasto público, menos impuestos, más salarios”. Más allá de este lema, el resultado de la negociación es favorable como ejemplo de consenso, pero puede ser una oportunidad perdida para que se consigan aumentos importantes que repercutan en el bienestar del trabajador y se redistribuya un poco el beneficio dado a la población de más ingresos entre los miembros de la sociedad que, de una u otra forma, hacen posible su riqueza.

La protección al trabajador, y más ante las incertidumbres de los tiempos en que vivimos, debe ser una de las prioridades de toda sociedad que se precie de ser justa, y en ese sentido el salario mínimo se vuelve una de las premisas de lo que se conoce como “trabajo decente”. Más allá de los efectos que este popurrí fiscal tuvo en la negociación, el tema merece un análisis más reposado y de más contenido: ¿qué pasa con los contratos temporales, que no se rigen por el Código de Trabajo y se pueden firmar por valores inferiores al mínimo? ¿La determinación del salario responde solamente a la productividad del trabajador? ¿Qué pasará cuando la subsistencia dependa cada vez menos del trabajo, como resultado del desempleo tecnológico? ¿Es el salario mínimo la única herramienta para garantizar un piso digno de ingresos?


Coletilla.
Más allá de los métodos para calcular los ajustes, que parten del supuesto discutible pero operativo de la función tipo Cobb-Douglas, preocupan los resultados obtenidos: el ajuste del salario mínimo real teórico no alcanza a ser ni del 2%.

 


*Economista, docente y asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.

De la creación académica a las industrias creativas

De la creación académica a las industrias creativas

La cruzada ambiciosa del Gobierno nacional para robustecer la economía naranja plantea que las industrias creativas aumenten del 3,4% al 6% su participación en el producto interno bruto (PIB) a través de la producción de cine y televisión, literatura, música, artes visuales, turismo cultural y el desarrollo de software, entre otras formas de generación de contenidos. Estos temas no son ajenos a las universidades, que tenemos mucho que decir y aportar desde distintas perspectivas.

Si bien la Ley 1834 de 2017 y la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja constituyen los principales mecanismos para cumplir ese objetivo, se deben sumar otros esfuerzos valiosos que se han adelantado en las universidades y en Colciencias en los últimos años para reconocer en la producción artística y creativa las posibilidades de trascender las fronteras del conocimiento y lograr transformaciones sociales, culturales y, por qué no, en materia económica.

Las universidades, dentro de ese ecosistema creativo, desempeñan funciones fundamentales, ya que fomentan espacios de encuentro entre diferentes actores, forman nuevos talentos, producen de manera reflexiva información sobre el quehacer artístico y la dinámica de la industria, y generan política pública que impacta al sector gracias a la conformación de la Mesa de Artes, Arquitectura y Diseño, que permitió la inclusión de los productos de creación en estas áreas en el modelo de medición de investigadores y grupos de investigación de Colombia (por solo mencionar un ejemplo).

Además, y no menos significativo, la academia es un lugar privilegiado para la creación experimental que no está ocurriendo en otros contextos en los que, por la presión de la competencia, se corre el riesgo de repetir fórmulas para responder a las exigencias del mercado. Quienes viven de su arte no siempre tienen la posibilidad de explorar con tanta libertad los límites de la creación. Por tal razón, lo que queremos en el país, y promovemos especialmente en la Pontificia Universidad Javeriana, son espacios de experimentación para que los creadores, poco a poco y a su ritmo, alimenten de nuevos contenidos las industrias creativas.

Algunas de esas apuestas las pudimos socializar en la más reciente versión del Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad realizado en 2018. Ocho universidades participantes, cuatro invitados internacionales, decenas de emprendedores creativos y más de 1.300 asistentes dialogamos alrededor de estos retos, compartimos los resultados de creación-investigación de diferentes disciplinas y algunos emprendimientos jóvenes se presentaron ante actores de la industria cultural. Fue una constante conversación desde diferentes expresiones, estilos y perspectivas con inquietudes alrededor de una forma diferente de acercarse a la producción de conocimiento.

Es claro entonces que el tema de las industrias creativas no es nuevo para nuestra universidad, como tampoco lo es para otras entidades académicas del país. Desde hace años hemos participado tanto en el impulso y la dinamización de este sector como en la reflexión sobre sus prácticas. Por eso, además de celebrar que el Gobierno nacional realce su interés en este sector, invitamos a aprovechar este contexto para que la política pública y las acciones gubernamentales se alimenten de lo que ocurre dentro de los salones y talleres universitarios.

Es posible que no sea fácil conciliar la mirada crítica y los tiempos pausados de las universidades con las velocidades de la economía. Sin embargo, no hay que descartar la necesidad de incorporar en esa articulación sectorial a la academia, ya que contamos con una riqueza de contenidos de valor para entrar en diálogo con la industria y así tender puentes entre la creación más experimental y reflexiva, y aquella orientada a públicos y usuarios, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores y como lo estamos haciendo con una infraestructura robusta y con los recursos humanos dedicados a ello en nuestro Ecosistema de Innovación y Emprendimiento Javeriano.


Luis Miguel Renjifo Martínez
Vicerrector de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana