La propuesta del gobierno de Iván Duque que buscaba hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia generó una respuesta social que hace mucho no se veía en el país. Miles de personas se volcaron a las calles de ciudades y pueblos a manifestarse en contra de la propuesta que pretendía generar una carga impositiva adicional a los colombianos. En algunas capitales se presentaron desmanes que llevaron a enfrentamientos con la fuerza pública.
A partir de allí y durante varios días, la violencia en las confrontaciones ha ido escalando. No fue suficiente que el gobierno retirara del Congreso el proyecto de reforma tributaria, pues las manifestaciones continuaron exponiendo inconformidades sociales por la nueva reforma a la salud, la pobreza y desigualdad que crecieron según el último informe del DANE, entre otros.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta el 4 de mayo se registraban 24 muertos, once por presunta responsabilidad de la Policía Nacional, once con responsable desconocido y dos más que relacionan en su informe como “desconocido” o “no aplica”. La mayoría de los casos fueron registrados en el departamento del Valle del Cauca.
Por su parte, la ONG Temblores registra 1181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de fuerza, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias y 12 víctimas de lesiones en los ojos. Todo esto, durante los primeros cinco días de protestas.
Seguimos registrando con muchísima preocupación el incremento de la violencia por parte de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones sociales en Colombia. pic.twitter.com/RWgr4cNdFt
— Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) May 5, 2021
Estas agresiones por parte de la fuerza pública han sido rechazadas por la ciudadanía colombiana y también por la comunidad internacional. “Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal”, manifestó Juliette de Rivero, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en Colombia, quien además denunció que su comisión fue atacada por la Policía mientras investigaban las protestas en Cali.
#Hilp Mientras dábamos seguimiento a situación de #DDHH #Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 4, 2021
Además, la Unión Europea condenó la violencia y pidió a las fuerzas de seguridad evitar la mano dura a través de su portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano. Desde el Departamento de Estado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también rechazaron la violencia contra los manifestantes.
Por otro lado, se han prendido las alarmas por la decisión presidencial de enviar al Ejército Nacional a acompañar a la Policía en la atención de las protestas, pues se intensificarían las tensiones. Pero, ¿cómo se podría explicar este accionar estatal frente a las manifestaciones?
Para Luis Felipe Vega, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y experto en temas de defensa, “se acaba de demostrar que es una Policía que le falta capacitación, mando, organización y estructuración institucional interna”. Explica también que dentro de la institución no hay una profesionalización del manejo de los conflictos internos, por lo que luego de varios días se pierde el control unificado.
Vega asegura que la institución tiene poca capacidad de aprendizaje de experiencias previas porque “no tenían ni siquiera los planes alternativos de contingencia en casos como el incendio de Cais, situación que ya habían enfrentado el año anterior”.
Además, señala que es evidente la improvisación, como en el caso del aterrizaje de un helicóptero en el colegio Claretiano de Bosa para poder mover y sacar policías y munición, por lo que insiste en que es necesaria una reforma para profesionalizar a la Policía.
Argumenta también que la falta de experiencia y experticia del ministro Diego Molano en temas de defensa desempeñan un papel importante en estos hechos, pues repercute la falta de reconocimiento dentro del mando de la fuerza pública. “El ministro tiene seis generales en Cali y no ha podido resolver la situación de seguridad y convivencia interna”, manifiesta.
¿Estrategias del siglo pasado?
Vega cuestiona la decisión presidencial de habilitar al Ejército como acompañante para enfrentar las protestas, pues para él “es apagar el incendio echándole gasolina. Es el escenario que siguen visualizando desde un gobierno muy técnico, pero poco político. Continúan subestimando la capacidad que tienen los grupos organizados de campesinos indígenas, afrodescendientes, mujeres y estudiantes para movilizar personas”.
Para el profesor, se siguen inculcando en la formación de la fuerza pública los modelos de la guerra fría. “Tienen una estructura en la cual esas movilizaciones son, para ellos, el enemigo interno, y están buscando quién está detrás, quiénes son los determinadores de que la gente salga a marchar, desconociendo las capacidades organizativas de los movimientos sociales”.
Expone que dichos modelos funcionaron en políticas como el estatuto de seguridad del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) porque se hacía oculto. Hoy en día, con las redes sociales es mucho más fácil visibilizar estas situaciones, por lo cual, mucha más gente está pendiente y haciendo seguimiento al actuar de la fuerza pública.
En esto coincide también Christian Fajardo, profesor del Departamento de Ciencia Política de la PUJ y coordinador del semillero Teorías Políticas Críticas, quien hace su análisis desde lo discursivo. Para él, la ideología dominante se está desmoronando y esto es visible en la ruptura de dos discursos: uno que naturalizaba la desigualdad; y el otro que cohesiona a la sociedad en torno a un enemigo interno.
Así entonces, las personas que sufren la aprensión social ya no se resignan a vivir así y buscan mejorar su calidad de vida. Y por otra parte la doctrina del enemigo, ya no funciona igual que hace unos años. “Esos discursos han perdido eficacia y lo demuestran los hechos. Hace unos 15 años decir que hay infiltrados en las manifestaciones y grupos armados de izquierda luchando contra el status quo tenían cierta eficacia, pero hoy no tienen efecto en la opinión pública”, dice.
Este hecho le resulta definitivo para entender la coyuntura actual, pues cuando se caen los discursos dominantes, como los dos ya mencionados, al Estado no le queda otra cosa sino reprimir con el uso de la fuerza.
“Es una decisión totalmente equivocada porque entre más se reprima una protesta social que tiene argumentos sólidos, se acrecentará la indignación popular y esto a su vez provocará una reacción cada vez más violenta de las fuerzas del orden”, opina.
Otro punto que le resulta problemático es que la Policía esté adscrita al Ministerio de Defensa, igual que el Ejército. “Debería ser un organismo cívico que en gran medida esté desarmada o con armas de letalidad reducida: y como en otros países democráticos, debería estar inscrito en otros ministerios, por ejemplo el del Interior”. También explica que, ante un exceso de un policía, por su fuero militar, es juzgado como si fuera un militar en guerra.
¿Y ahora?
Luego de todo lo sucedido, surgen interrogantes sobre hacia dónde debería dirigir el gobierno el manejo de las protestas. Ambos docentes coinciden en que la mejor salida será un diálogo social que permita encontrar propuestas que representen a la mayor cantidad de personas posible.
“Creo que la única solución es que el gobierno desista de su afán de decir que es quien tiene la autoridad y caer en la cuenta de que la soberanía, en últimas, recae sobre los ciudadanos reales”, afirma Christian Fajardo.
Sin embargo, para Vega, dicho diálogo cambiará en sus condiciones. “Un escenario de concertación nacional que ya no va a ser con los líderes de los partidos. Los líderes sociales van a replantear la agenda política del gobierno porque ya saben que pueden gobernar desde las calles”, asegura.
Para ambos expertos, la opción de declarar un estado de conmoción interior-una iniciativa que ha surgido desde las filas del uribismo- es el peor de los escenarios, pues cerraría cualquier opción de conversar con los diferentes sectores sociales y aceleraría los procesos de violencia urbana. Por lo que finalizan haciendo un llamado al gobierno para que permita un diálogo intersectorial para buscar alternativas negociadas.