La manera en la que nombramos, recordamos y explicamos hechos violentos del pasado siempre está en disputa. Por ejemplo, en Colombia nos plegamos al discurso de los derechos humanos por lo que denominamos la confrontación entre el Estado, las guerrillas y otros grupos ilegales como conflicto armado interno.
Entretanto, Perú también tuvo una confrontación entre el Estado y la guerrilla Sendero Luminoso a finales del siglo XX, pero en ese país se refieren a estos hechos como “la época del terrorismo” o la “época de violencia”. Llamarlo de otro modo “tiene una etiqueta negacionista” para ciertos sectores políticos y sociales de la cultura peruana, explica Liza Fernanda López, profesora del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali.
López, junto al profesor Freddy Guerrero, del Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad, desarrollan desde finales de 2024 un proyecto de investigación que analiza, de manera comparada, los procesos de memoria y la construcción del sujeto víctima en Perú y Colombia. Inspirados en sus trabajos previos y con el marco de estudio de los procesos de justicia transicional y de memorialización, plantean que es clave comprender cómo se configura la relación entre las víctimas y el Estado, así como los efectos de esa interacción.
Estudiar a las víctimas, para ellos, supone entenderlas en una serie de dimensiones. La primera es la social, que parte del reconocimiento de su identidad: las víctimas suelen provenir de contextos de pobreza, con un marcado impacto sobre comunidades étnicas y una vulneración particular sobre las mujeres. En el caso peruano, un alto porcentaje se identificó como quechua-hablantes; mientras que, en el colombiano, predominan los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas.
La segunda es la dimensión jurídica, que se centra en la lucha por el reconocimiento de las víctimas y en sus derechos a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición. La tercera dimensión es la política, en la que el centro es la búsqueda de participación y representación en escenarios públicos que recojan sus intereses como víctimas, así como en su capacidad de interpelar otras problemáticas que les permitan ser reconocidos como ciudadanos plenos. Finalmente, desde el abordaje académico está la dimensión ética. Para los investigadores, su labor implica acompañar los procesos organizativos de estos sujetos,, lo que redunda en su dignificación y en un compromiso con las realidades de los dos países.
Según explican López y Guerrero, en contextos como los de Colombia y Perú, la lucha de las víctimas ha tenido un énfasis en su derecho a la verdad, sobre todo a una verdad extrajudicial e histórica, que toma forma en procesos de memoria. El profesor Guerrero explica una de sus hipótesis de la siguiente manera: “Si bien las víctimas son ciudadanos parciales porque les suprimieron gran parte de sus derechos, estos procesos de memoria les abren condiciones de posibilidad para decir sobre su dolor, pero también para demandar justicia y denunciar a los responsables. Es decir, avanzar hacia una ciudadanía plena”.
Lupa en la forma como se gestiona la memoria y el lugar de las víctimas
Para un artículo que publicaron en 2025 en la Revista del Museo de Antropología, de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Guerrero y López entrevistaron a víctimas, revisaron archivos y estudiaron la construcción de dos espacios en honor a las víctimas en el Valle del Cauca: el Parque Monumento, de Trujillo, y la Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, en Cali. En la elaboración de estos guiones museológicos, que describen qué y cómo se exhibe en un espacio, hubo procesos de participación, tensión y negociación; además del influjo de normas, políticas públicas y hasta presión internacional. A todo este proceso los investigadores lo llaman ‘gestión de la memoria’.
La pregunta es cómo en los procesos de representación del pasado es posible la construcción de una ciudadanía empoderada
Freddy Guerrero
El primer espacio nació como acción de reparación por la masacre ocurrida en el municipio de Trujillo entre finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, que dejó al menos 245 víctimas. Además de ser uno de los primeros lugares de memoria y uno de los procesos emblemáticos de lucha por la verdad en Colombia ―el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)―, “permite explorar esa red de relaciones y esa constelación de actores que intervienen en estos procesos”, afirma López.
En este caso, los familiares de las personas asesinadas, desaparecidas y torturadas participaron en la construcción del guion del parque monumento. De allí que los investigadores javerianos lo llamen un proceso de memoria ‘desde abajo’.
En contraste, la Casa de las Memorias nació por iniciativa de la Alcaldía de Cali y, aunque convocó a las víctimas a mesas de concertación, Guerrero y López reseñan que algunos sectores ven ese espacio distante, burocrático y sin vida. Los investigadores argumentan que, si bien se intentó promover un proceso participativo, este respondió en gran medida a una lógica ‘desde arriba’, en la cual las autoridades locales tienen mayor poder de decisión e implementan lo que ocurre con ese lugar de memoria, sin descartar cierto nivel de negociación con las víctimas.
Fotografía: archivos de la ANFASEP
Lejos de plantear un falso dilema entre dos caminos únicos para gestionar la memoria, los investigadores proponen un modelo para estudiar esa constelación de actores, como señala López. De hecho, sostienen que en Colombia estos procesos se han llevado a cabo con dinámicas tanto ´desde arriba` como ‘desde abajo’, en los que no pueden obviarse las tensiones profundas que atraviesan las representaciones y la gestión de los lugares de memoria.
Como ejemplo, mencionan el guion de la exposición itinerante Voces para transformar a Colombia, parte del aún en ciernes Museo de Memoria de Colombia, que contó con la participación de organizaciones de víctimas y luego recorrió varias ciudades del país. Cuando, durante el gobierno de Iván Duque, el entonces director del Centro Nacional de Memoria Histórica intentó censurar parte de su contenido, fueron las propias víctimas quienes acudieron a recursos judiciales para mantener y proteger el guion construido de manera participativa.
Ahora bien, Guerrero advierte: “La gran pregunta es cómo, en los procesos participativos de construcción de unas formas de representación del pasado, es posible la construcción de una ciudadanía empoderada que no solamente pueda hablar del pasado, sino que a través de esa memoria se plantee escenarios de futuro”.
Esa es una de las preguntas con las que están enfrentando las siguientes fases de su investigación. Su siguiente publicación será un análisis comparativo de los procesos de memoria en los dos países. Hasta ahora pueden adelantar que, “comparativamente con Perú, en Colombia sí se ha generado una participación diferencial de las víctimas”. Su mirada, además de interdisciplinar, será esencial para entender cómo la construcción de memoria contribuye a atender las demandas de las víctimas e, incluso, a empoderarlas.
Para leer más:
- Guerrero Rodríguez, F. A., López Aristizábal, L. F. y Reyes Sanabria, M. A. (2025). Gestionar y representar la memoria: lugares de memoria en la experiencia colombiana. Revista del Museo de Antropología, 18(1), 211-224. https://doi.org/10.31048/fv2m7z73
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Análisis comparativo del sujeto víctima y su relación con la reforma institucional del Estado y la construcción de memoria histórica en los contextos de justicia transicional de Colombia y Perú (2000-2024)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Freddy Guerrero
CO-INVESTIGADORA: Liza Fernanda López Aristizábal
Departamento de Ciencias Sociales Departamento de Ciencia Jurídica y Política. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2025 – actualmente
