Aún es pronto para hacer una medición precisa de los avances del nuevo Gobierno de Gustavo Petro en temas de justicia porque, en general, las principales discusiones y proyectos legislativos se han direccionado hacia la reforma tributaria y el proyecto de ley de “paz total”, que fue el primero en sancionar.
Ese es uno de los aspectos que señala Norberto Hernández, conjuez de la Corte Suprema de Justicia y director del semillero penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, y quien contrasta para Pesquisa Javeriana cuáles fueron las propuestas de campaña del presidente, Gustavo Petro, lo que está redactado en su plan de gobierno —en donde hay temas como la reforma a la justicia, el fortalecimiento de la justicia restaurativa y la reforma al sistema penitenciario y carcelario— y cuál ha sido la voluntad de llevarlos a cabo en los primeros cien días de gobierno.
¿Hasta el momento se han cumplido algunas de las propuestas en campaña?
Entre las que han tenido cierto cumplimiento o que por lo menos tienen algún avance, está la implementación de justicia restaurativa. El ministro de Justicia ha anunciado constantemente que se va a aplicar. Ya hay un proyecto de ley que parece que van a radicar, pero todavía no está listo. Otro punto tiene que ver con este tema de la paz y el sometimiento a la justicia, que también está en curso, hay negociaciones y demás, pero todavía no tiene ley específica o proyecto.
Sobre la reforma a la justicia no ha hecho nada todavía, que era otra de las propuestas. No se ha eliminado ni modificado la Justicia Penal Militar, y tampoco se ha hecho ninguna modificación específica en materia de feminicidio y de violencia contra la niñez. Había otra propuesta que tenía que ver con la participación ciudadana para el fortalecimiento de la contratación pública como parte de la administración de justicia, pero tampoco ha tenido ninguna implementación. Entonces, para concluir un poco, el único avance que ha tenido el Gobierno en materia de justicia ha sido, por un lado, la implementación de justicia restaurativa con el proyecto de ley que planea radicar. Y por el otro, el tema de paz total y de sometimiento a la justicia respecto a algunos delitos, que también es un proyecto que está en trámite.
¿Qué es lo más importante de lo que se prometió que no se ha cumplido? ¿En qué se debe trabajar?
De las cosas más importantes, y que no se han cumplido y que son indispensables o que, digamos, generan un impacto significativo, es la reforma a la estructura de la administración de justicia o reforma a la justicia en general. No ha tenido ninguna implementación y es algo en lo que se debe trabajar. Hasta el momento no se tiene conocimiento de ningún proyecto de ley en ese sentido, salvo implementación de justicia restaurativa pero que no es directamente una reforma a la justicia.
Con tantas otras prioridades que tiene el Gobierno, ¿habrá tiempo no solo para aprobar esa reforma sino también para implementarla?
Esa ya es pregunta para una bola de cristal. Hay tantas cosas y tantos proyectos que se vienen tramitando que uno podría anticipar que seguramente no va a alcanzar el tiempo, pero es muy difícil establecerlo sin ver el resto de proyectos y sin ver tampoco la radicación de un proyecto sobre este tema específico. Repito: no se ha publicado nada al respecto.
En el plan de Gobierno se habla de diferentes espacios alternativos para cumplir penas como “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, así como cárceles restaurativas municipales. ¿Qué opina de estas propuestas? ¿Cómo está el panorama para crearlas?
No creo que tengamos un buen panorama para implementar penas alternativas y de justicia restaurativa. Parte de la base de que inclusive en delitos muy graves, como se da en el contexto de Justicia Especial para la Paz —JEP—, se están aplicando criterios de justicia restaurativa y eso no impediría que en materia de justicia ordinaria también aplicáramos esta clase de criterios, de alternativas a las penas privativas de la libertad.
El ambiente es favorable, teniendo en cuenta no solo la propuesta que nace del presidente, sino también de la integración del Ministerio de Justicia, de quienes hacen parte a nivel de la Dirección de Política Criminal y del Viceministro de Justicia. Además, pareciera haber un ambiente favorable al interior del Senado, de la Cámara de Representantes y de la Comisión Accidental en materia de prisiones, que necesariamente tienen que acudir a esta clase de mecanismos y a esta clase de alternativas para dar una respuesta a la crisis carcelaria.
Se está hablando de una reforma al sistema penitenciario y carcelario, que viene ligado a unas propuestas de campaña sobre el acceso a programas de resocialización y educación, ¿qué opina de esa reforma? ¿Hay intención en avanzar en ella?
Creo que sí hay intención por todos los debates que se han hecho: las diferentes audiencias ante el Congreso de la República, un debate de control político, otro que abordó el tema de la crisis carcelaria, que necesariamente implica una reforma al sistema penitenciario, especialmente en la forma como se va a administrar y la forma como se van a imponer las sanciones. Pero adicionalmente, algo que siempre genera mucho ruido, y que se ha escuchado en estas sesiones también al interior del Congreso, son las eventuales modificaciones que va a haber en el órgano que administra el sistema penitenciario y carcelario, el INPEC —Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario—, y el órgano de los recursos, la USPEC — Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios—, que han estado de alguna forma relacionados con críticas sobre corrupción. Entonces creo que eso de alguna forma tiene que tener alguna modificación también y que va a haber alguna propuesta en ese sentido.