Universidades serían clave para que la paz total funcione: Luis Felipe Vega, profesor javeriano

Una de las propuestas más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro es la de la “paz total”, con la que le apuesta a negociar con tantos grupos armados como le sea posible durante sus cuatro años de mandato para, según él, terminar el conflicto en el país. Estas incluyen a las guerrillas y grupos criminales de diferentes regiones.

El pasado 4 de noviembre, el presidente sancionó su primera ley, la prórroga a la ley 418 de 2022, que define la política de la paz total y crea el servicio social para la paz, entre otras disposiciones. Este texto faculta al gobierno nacional a iniciar diálogos y negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y bandas criminales como el Clan del Golfo–.

En este marco se darían beneficios como rebajas de penas y la no extradición, a cambio de dejar las armas, información de las rutas del narcotráfico y entregar bienes y dinero producto de actividades ilícitas.

Al cumplirse los primeros cien días de este gobierno, Pesquisa Javeriana habló sobre la paz total con Luis Felipe Vega, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en temas de seguridad y defensa y exasesor de las fuerzas militares.

¿Cómo analiza la puesta en marcha de la paz total del gobierno de Gustavo Petro?

El gobierno se montó en la dinámica de seguridad humana, que es un concepto de la ONU de 1998. La paz total es un concepto que suena muy propositivo, pero pareciera ser humo: el Ministerio Defensa Nacional no tiene herramientas para ponerla en marcha. El viceministerio de planeación no tiene claridad sobre cuáles son las necesidades en el término concreto y real para empezar a garantizar ocupación y control del territorio.

Tampoco hay una línea horizontal de interinstitucionalidad. Por ejemplo, en Alemania, gran parte de la política de seguridad y convivencia la hace el Ministerio de Educación. Hay equipos y grupos de investigación que están permanentemente analizando las nuevas amenazas y las mutaciones de esas amenazas. No la hacen las entidades de inteligencia porque no tienen las herramientas para hacerlo, y por eso se basan en información y análisis que entregan los equipos de las universidades.

Aquí el gobierno lanza un concepto de paz total pero no ha hecho una política pública de seguridad y defensa, entonces no sabe qué necesita, para dónde va, con cuántos, con qué, no tiene una línea base para mirar logros. Por ahora todo está muy crudo.

Son muchas negociaciones al mismo tiempo, con muchos intereses, interlocutores que el Estado no logra conocer profundamente y que no tiene capacidad institucional, ni instrumentos, ni plata para negociar.

La paz total no tiene clara una línea de seguridad, no tiene una estructura fuerte que les permita tener una política que les garantice planes locales y nacionales para que haya interinstitucionalidad en términos sociales y políticos.

Tenemos registradas 28 masacres en lo que va corrido del año. Entonces uno se preguntaría, ¿los grupos al margen de la ley están presionando a través de masacres, eliminación de líderes sociales para entrar fuertes a una negociación con el gobierno?

El propio ministro de defensa, Iván Velásquez, anunció un recorte de $ 800 000 millones para el sector…

Es una medida un tanto populista porque sin saber qué necesita, manda un mensaje diciendo: vamos a dejar de concentrar el presupuesto en el gasto militar y vamos a ampliarlo en sectores sociales, sobre la idea de que la inversión social genera nuevas comprensiones de seguridad.

Entonces les quita presupuesto a las regiones. Pareciera que están centrando la plata de inversión para tratar de mantener un control burocrático y echar mermelada, pero a todas las tostadas. En términos reales, la seguridad de las regiones es disfuncional en cuanto a seguridad humana, de inversión social, de desarrollo. La paz total empieza a tener vacíos institucionales muy grandes.

¿Qué pasa con la estrategia contra los cultivos de uso ilícito?

El gobierno no tiene catastro multipropósito, ni una base de datos para saber cuántos cultivadores son o dónde están. Los territorios de frontera están en una incapacidad de control territorial porque tienen un alto número de artefactos de explosión improvisados. Con esta cartografía y con un mapa de riesgo que hicimos hace tres años, cuando yo era asesor de contrainteligencia, nos dimos cuenta de que la situación es muy crítica en buena parte del territorio nacional.

Para mantener o para reducir estas amenazas se necesita una política clara, el gobierno no la tiene. Hay 107 invasiones de tierra. ¿Con qué fuerza las va a desmovilizar? No hay tanto pie de fuerza y los comandantes de policía no tienen unos lineamientos claros para accionar en esos casos. El país estaba en una situación preocupante.

¿Es factible una negociación con el ELN?

Como están planteadas, son negociaciones de nunca acabar porque va a ser muy difícil establecer consensos mínimos en solo cuatro años. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha venido expandiendo militarmente. En Norte de Santander son una cosa, en el norte antioqueño otra, en el Chocó otra, en Arauca otra. Lo hacen para llegar con la mayor presencia territorial posible y pedir negociaciones regionales.

De las cinco personas del comando central de esta guerrilla, solo una es militar. Hay un líder político, otro económico, otro social, otro internacional y el último es militar. Si fue difícil negociar con las Farc, que tenía una estructura vertical y unificada y que se acordó una sola agenda, pensarlo con tantas personas parece imposible. Porque, además, no es negociar con el ELN, es negociar agendas diferentes con cada fragmentación regional. 

¿Y el Clan del Golfo?

Vuelve a lo mismo, son jefes militares regionales. O sea, ¿qué garantiza que un jefe militar del clan del Golfo siga los lineamientos del que sucede a Otoniel? Es un personaje con poder, negocios y ejércitos propios. Si fue difícil en el 2005 con las autodefensas, que entre ellos mismos tuvieron que hacer su propia depuración para poder negociar… A eso se suma que va a ser más difícil porque hay presencia de grupos mexicanos del narcotráfico.

¿Qué es lo que se va a negociar? Habría que hacer una agenda regional para que ellos acepten, que las comunidades y los actores sociales que van a participar en la construcción de esa agenda los consideren interlocutores válidos. Para negociar se tienen que definir actores. Y después, ¿cuál es la agenda? Yo lo veo muy complicado.

Para llegar a una negociación de este tipo se tiene que tener fortaleza, no militar, sino institucional para garantizar un proceso de negociación en un periodo de tiempo que sea realizable.

¿Qué ha pasado en la relación del presidente Petro con las fuerzas armadas?

Petro logró lo que no lograron Duque y Santos. La fuerza militar estaba partida en líneas. La salida de los 52 generales lo que hizo fue todo lo contrario, los unificó. Él proletarizó, le dijo al soldado que puede llegar a ser general, cosa que es impensable porque no conoce la estructura interna de la fuerza.

El problema no es sacarlos, antes de hacerlo tenía que saber qué hacer para reemplazar ese vacío. Usted tiene calculado que al sacarlo va a tener unidades vacías, y lo que hizo fue quitar algo, pero no pensó en cómo lo iba a reemplazar. 

Yo no soy de esos discursos de que le quitaron la moral a las fuerzas, eso es carreta. Este ejército se acomoda al comandante que llegue. La fuerza está en una situación muy cómoda.

Hubo una barrida de generales. Eso es lo de menos, los de abajo ascienden. Pero 400 suboficiales han pedido la baja ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será que se van a la casa a ver películas? ¿Qué va a pasar con todos esos conocimientos militares? ¿Debemos preocuparnos porque se vayan a otro tipo de empresas? Surgen muchas inquietudes al respecto.

¿Y la propuesta de profesionalizar el ejército colombiano?

La profesionalización del ejército inició en el 2011 con un documento del Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI). Una propuesta de generación de capacidades dentro de la fuerza para cambiar las estructuras internas. Ese fue el primer paso para profesionalizar.

Si el ejército no fuera profesional, no hubiese sido miembro aliado de la OTAN, así de sencillo. Con el paso de los años se ha hecho todo el proceso de tecnificación con la doctrina Damasco (lineamientos tácticos, operacionales y estratégicos), revisión y actualización de manuales, cambios en el plan educativo Minerva (proceso de educación y doctrina militar). Eso se ha trabajado desde hace años.

Ahora, si quieren dejar solo soldados profesionales, eso es otra cosa. Y si lo entienden así, tienen dos problemas que resolver. Uno es el gasto público porque el soldado profesional cuesta. Y si se muere, también cuesta porque deja una pensión, así la pareja tenga 20 años. El segundo es quién maneja las logísticas internas de las unidades. ¿Quién va a hacer las guardias en las garitas, a comprar la gasolina, a llevar las remesas? Seguramente eso no lo harán profesionales.

¿Entonces por dónde podría ser el camino para viabilizar la paz total?

Si yo fuera Petro y voy a entrar a una negociación, lo que hago es construir una red de universidades públicas y privadas y les pido investigación aplicada sobre temas específicos en cada región y le llego a los grupos armados con una agenda concreta. Las universidades tienen unos grupos de investigación en temas medioambientales, económicos, de salud, de derechos humanos que pueden decir cuál es el grueso del problema microrregional o regional.

El Estado no tiene información clara. Darse cuenta es tan fácil como entrar a la página del DANE. Se encuentran cifras de 2019 y 2020. No hay actualización. Si uno quiere negociar, debe tener información y cartografía activa cada tres meses, como mínimo. Los fenómenos sociales son así de vertiginosos. Sin conocimiento de la situación en tiempo real, lo que está haciendo es un discurso político, que en el fondo es un recambio de élites regionales que significan continuidad de violencia.

Creo que antes de empezar a hacer anuncios, debe pensar en una estructura institucional. Todavía está a tiempo de hacerlo, no necesita una cosa muy elaborada. Puede hacer una reforma a las fuerzas militares, al Ministerio del Interior, mesas de trabajo con los departamentos, alianzas estratégicas con centros de pensamiento y universidades, construir una red para que la paz funcione. Este gobierno todavía está pensando en las formas de construcción de paz propias de las guerras civiles del siglo XIX, en las que se sientan jefes militares y negocian cargos y plata.

Me parece bien que plantee la paz total, pero no salga a decir que va a dar indultos a todo el mundo. Primero necesita una base de datos para saber quiénes son, dónde están, cuáles son los temas prioritarios en cada región y microrregión. Eso no lo puede hacer solo la Fiscalía porque no tiene la capacidad. No ha podido con la judicialización del crimen cotidiano. Por ahora quedan muchas preguntas, ojalá tenga la capacidad para oírlas y plantear un escenario mucho más favorable, realista y práctico para esas negociaciones.